El Comité de Expertos acaba de hacer pública la lista de los veinte aspirantes con mayor puntuación para dirigir RTVE. El listado de finalistas llega después de más tres meses de trabajo en los que han evaluado los currículos y los proyectos de los 95 candidatos aceptados en el concurso público. Los veinte candidatos seleccionados tendrán que comparecer ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso, como paso previo a que el parlamento designe a los diez integrantes del Consejo de Administración y, entre ellos, la futura presidencia de la Corporación.

El BOE de 23 de julio de 2018 ha publicado el Real Decreto-ley 4/2018, de 22 de junio, por el que se concreta, con carácter urgente, el régimen jurídico aplicable a la designación del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su Presidente, aprobado en Consejo de Ministros el día anterior.

Estos son los documentos legales sobre RTVE que dejan claro la necesidad de cumplir la ley y aprobar un reglamento que permita el concurso público para la elección del presidente y de los consejeros en el proceso de reforma que se está dilatando innecesariamente por la presión y los intereses de algunos grupos políticos.

Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos.

Congreso de los Diputados: Informe en relación con el desarrollo normativo de la ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos.

Teledetodos elabora un informe jurídico para entender las claves de esta situación.

[El País, 17 de enero 2017]

CABE ESPERAR QUE TODOS LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CUMPLAN EL MANDATO DE LA LEY QUE APROBARON PARA ELEGIR A UN PRESIDENTE POR CONCURSO PÚBLICO

“La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España”.