La Comisión Europea decidió hoy llevar a España y otros cuatro Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por no haber transpuesto a sus legislaciones una directiva sobre servicios de comunicación audiovisual revisada y pidió "sanciones económicas" contra los cinco.
Los otros países a los que el Ejecutivo comunitario lleva ante el tribunal con sede en Luxemburgo son la República Checa, Irlanda, Rumanía y Eslovaquia, informó la Comisión en un comunicado.
Esa directiva, revisada en 2018 y cuyo plazo de transposición terminó en noviembre de 2020, regula la coordinación en toda la Unión Europea de la legislación nacional sobre todos los medios audiovisuales.
Estas nuevas normas de la UE pretenden crear un panorama audiovisual "más seguro, justo y diverso", afirmó la Comisión.
En concreto, "refuerzan la protección de los espectadores, prestando especial atención a la seguridad de las personas más vulnerables, como los menores, amplían las normas sobre contenidos nocivos a las plataformas de intercambio de vídeos y promueven la diversidad cultural en los medios audiovisuales".
Además, la directiva introdujo requisitos adicionales de independencia para las autoridades nacionales de regulación de los medios de comunicación.
Bruselas consideró que, debido al retraso en la transposición, los ciudadanos y las empresas de los cinco países denunciados no pueden beneficiarse de las disposiciones de la directiva, como la concurrencia equitativa para los diferentes tipos de servicios de medios audiovisuales.
La directiva también garantiza la independencia de las autoridades reguladoras de los medios de comunicación nacionales y preserva la diversidad cultural, al exigir a los servicios de vídeo a la carta que incluyan al menos un 30% de obras europeas en sus catálogos.
Además, protege a los niños y a los consumidores en general, por ejemplo, al establecer normas sobre la protección de los menores frente a los contenidos nocivos o contra el odio racial, religioso o de otro tipo, la incitación a la violencia o la provocación pública para cometer un delito de terrorismo, recordó la Comisión.
Junts per Catalunya y PDECat han presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados una batería de enmiendas al proyecto de ley de comunicación general audiovisual para tratar de proteger las competencias autonómicas en esa materia y la producción audiovisual en catalán.
La diputada de JxCat Pilar Calvo ha asegurado que desde el grupo plural presentan "enmiendas ambiciosas" para "salvar el catalán". "No podemos aceptar acuerdos de mínimos", afirman desde Junts, que ha registrado 80 enmiendas al articulado de la ley tras un trabajo conjunto con Plataforma per la Llengua y Òmnium Cultural.
Además, JxCat reclama que el regulador catalán en la materia, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), tenga competencias respecto al control y supervisión de los contenidos emitidos en línea o en plataformas. “A estas alturas, la ley no lo blinda, haciendo que el CAC pase a no tener legalmente control ni siquiera sobre los contenidos de los medios públicos online”, lamenta Calvo.
Por otra parte, desde Junts piden que las plataformas ayuden a financiar las corporaciones de medios públicos de comunicación, como ya se hace en el caso de RTVE. "Proponemos que el 1,5% que recibe éste se reparta al 50% con los otros medios públicos autonómicos", afirman desde la formación en un comunicado.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el acuerdo por el que se solicita la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia del proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, según se recoge en la referencias del Consejo de Ministros.
El Ejecutivo quiere acelerar así los plazos parlamentarios y aprobar definitivamente el proyecto de Ley, que transpone la Directiva audiovisual europea al ordenamiento jurídico español. Esta reforma está recogida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, aprobó en noviembre de 2021 la remisión al Congreso de los Diputados del proyecto de Ley. La Comisión Europea había dado un ultimátum a las autoridades españolas en septiembre para que, en el plazo de dos meses, tomaran las medidas necesarias para transponer plenamente a la legislación nacional las normas europeas en materia de servicios audiovisuales, en vigor en la UE desde septiembre de 2020.
El Grupo Vasco ha decidido retirar su enmienda de totalidad con texto alternativo al Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual tras, constatar en las últimas horas, según asegura, "avances" en las posiciones del Gobierno y confirmar que existe "voluntad" de negociación y "margen" para el acuerdo.
Así, y con el objetivo de "generar un clima de entendimiento" entre ambas partes, el Grupo Vasco ha procedido a retirar su enmienda de totalidad, cuyo debate estaba previsto para este jueves a las 09.00 horas a las 9h en el pleno del Congreso y confía en "que la senda de negociación abierta con el Ministerio continúe a lo largo de las próximas semanas y se sustancie en un acuerdo satisfactorio", según ha informado la formación.
El Grupo Vasco recuerda que presentó una enmienda de totalidad con texto alternativo con el propósito de "mejorar" el Proyecto de Ley, buscando una redacción "más equilibrada" que establezca, en los márgenes de la directiva europea que se transpone, un marco jurídico actualizado para el sector que respete las competencias de las comunidades autónomas y la gobernanza de las televisiones autonómicas, proteja la pluralidad cultural y lingüística del Estado y fomente la producción de obras audiovisuales europeas en las lenguas propias de las autonomías.
Finalmente, señala que afronta con "optimismo" y con la "máxima predisposición a la negociación y el acuerdo".
El Grupo Vasco en el Congreso ha presentado una enmienda de totalidad con texto alternativo al Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual. La propuesta del PNV parte del texto aprobado por el Gobierno español, al que propone cambios de distinto calado con el objetivo de mejorarlo, según ha anunciado el partido en una nota de prensa.
Los jeltzales dan tres razones para rechazar el texto. En primer lugar, y de acuerdo con el portavoz del Grupo Vasco en la materia, Joseba Agirretxea, el proyecto de ley del Gobierno español “plantea una recentralización inaceptable”, que además “no mejora en absoluto la ley vigente, e invade competencias de la Comunidad Autónoma Vasca en la materia”. En segundo lugar, el Proyecto de Ley “se entromete en la gobernanza de las televisiones autónomicas de una manera que no corresponde a una Ley estatal”. En tercer lugar, el Grupo Vasco denuncia que “no tiene en suficiente consideración al euskera o a las lenguas oficiales del Estado español”.
Las productoras independientes han vuelto a acusar al proyecto de Ley General Audiovisual, actualmente enviado por el Gobierno al Congreso pero aún sin tramitar, de primar la inversión internacional por encima de la local y de buscar convertir a las empresas españolas en una «industria auxiliar de los grandes proveedores de contenidos internacionales» marginando el carácter cultural del sector al contrario de lo que están haciendo otros países de la Unión Europea.
La Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes (PAP), nació en 2021 y está formada por AECINE, DIBOOS, MAPA, PIAF, PROA y PROFILM, representando al representa el 90% de la producción audiovisual independiente en España actualmente. La misma ha emitido un comunicado reprobando el texto en manos del Congreso actualmente y pidiendo que no sea aprobado en los términos que está redactado en estos momentos.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una consulta pública para conocer la opinión del sector audiovisual y estudiar la “posibilidad de encuadrar” a los creadores de contenido audiovisual en internet “como prestadores de servicios de comunicación audiovisual sujetos a la regulación sectorial audiovisual”, es decir, a la misma ley que regula la televisión tradicional.
El PP y Vox unieron ayer sus votos en la Asamblea de Madrid para ratificar como administrador provisional de Telemadrid al polémico José Antonio Sánchez, votante confeso del PP que figura en los papeles de Bárcenas. El acuerdo consolidó tanto la mayoría parlamentaria con la que Isabel Díaz Ayuso espera sacar adelante los Presupuestos de 2021 (están vigentes los prorrogados de 2019) como su dependencia de la extrema derecha. A cambio de su apoyo a Sánchez, que garantiza que el PP y Vox controlen la televisión y la radio públicas, el partido de extrema derecha logró que la financiación de la compañía se reduzca en un 10% a partir de 2022.
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En seis meses al frente del ente público ha renovado la parrilla y el organigrama que dejó Rosa María Mateo. “Si los partidos facilitaran pactos de Estado a largo plazo, la gestión de RTVE sería más sencilla”, afirma
Entrevista en El Mundo: https://www.pressreader.com/mexico/el-mundo-ec25/20210915/281505049347813 |
El PP ha aprovechado el verano para tomar las riendas de Telemadrid y controlar todos sus resortes. El mes y medio que ha transcurrido desde que Isabel Díaz Ayuso nombró al polémico José Antonio Sánchez como administrador provisional del ente ha servido para eliminar cualquier vestigio de la dirección anterior, que recuperó la audiencia y el prestigio de la cadena tras ser elegida por la asamblea. El cambio es drástico. Un viaje al pasado. Fruto del entendimiento del PP con Vox, en la Telemadrid de Díaz Ayuso vuelven a mandar quienes construyeron la TVE de Mariano Rajoy entre denuncias de manipulación, y los cargos de responsabilidad periodística están siendo ocupados por profesionales de perfil conservador.
Artículo completo: https://elpais.com/espana/madrid/2021-09-01/de-tele-espe-a-tele-ayuso.html |
¿Cómo ha encontrado RTVE tras esta larga interinidad? Con muchísimas expectativas y con una esperanza contenida. Mi función es abrir paso a la esperanza y acabar con la interinidad y la zozobra. ¿Cuál fue su primera decisión? Entrevista: https://www.20minutos.es/noticia/4806475/0/jose-manuel-perez-tornero-rtve-gente-ve-tele-sofa-pasado/ |
RTVE ha lanzado este lunes ‘La gran consulta’, una ambiciosa e inédita campaña transmedia de participación ciudadana para conocer cuál es la radiotelevisión pública que quiere la gente y la función que los ciudadanos esperan de ella.
Una campaña que va a ser, no solo analógica y en la calle, sino también digital, para llegar a la ciudadanía española de todas las edades y que podremos ver en medios digitales, RRSS y en todas las pantallas de RTVE. Es la primera vez en España que se pregunta a la población sobre el papel que debe jugar un medio de comunicación público.
Iniciativas parecidas se han hecho antes en países como Francia, Gran Bretaña o Luxemburgo. RTVE ‘sembrará’ España con un código QR que lleva inserta la encuesta ciudadana para poder opinar. Un total de 36 ciudades ya se han adherido a la campaña, que cuenta con la colaboración de la FEMP, y otras tantas están ya en proceso para sumarse en los próximos días desde sus redes sociales, marquesinas, tótems, autobuses y otros soportes. La campaña ha arrancado esta mañana con la colocación de un QR gigante en una gran lona que se ha instalado en la plaza de la Independencia en Madrid.
Hoy se ha instalado una lona con el código QR en Madrid Con el fin de conseguir la máxima participación posible y recoger el sentir real, ‘La gran consulta’ se prolongará hasta enero y se acompañará de una serie de actos para recabar la opinión de sectores representativos de la sociedad y actores sociales. También contará con un estudio móvil que recorrerá la península próximamente. Esta consulta pública concluirá con la redacción de un Libro Blanco sobre RTVE que recogerá las conclusiones de la encuesta y servirá de base para la elaboración del Nuevo mandato marco sobre el que ha de pivotar la nueva radiotelevisión pública. En redes sociales se usará el hashtag #LaGranConsulta y la encuesta está disponible en https://lagranconsulta.rtve.es/
Urbano García Alonso ha sido nombrado director de Innovación y Digital de RTVE. Ha desarrollado su carrera profesional principalmente en el Centro Territorial de RTVE en Extremadura y en la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales.
Urbano García (Plasencia, 1965) es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Inició su carrera profesional en la Cadena COPE y El Periódico Extremadura. En 1986 ingresó en Radio Cadena Española. Continuó en RNE hasta septiembre de 1989, cuando se incorporó a TVE, coincidiendo con la apertura del Centro Territorial de Extremadura. Allí ejerció de redactor, editor y presentador de programas informativos, deportivos y de entretenimiento.
En 1991 desempeñó la labor de jefe de Informativos y entre 1996 y 2002 fue director de TVE Extremadura. De 2008 a 2011 ejerció como jefe de Planificación y Deportes de Canal Extremadura TV, donde también dirigió y presentó los programas ‘SOLODXT’ y ‘Zona Champions’. Regresó al Centro Territorial de RTVE en Extremadura en enero de 2012, cuya dirección asumió poco después hasta 2017.
Desde octubre de 2017 y hasta el pasado 7 de julio ha sido director general de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA). Una trayectoria que ha compatibilizado con sus tareas como embajador de la Sociedad del Aprendizaje de Extremadura, mentor del programa ‘Extremadura Open Future/ La Atalaya’, miembro de Kairós (Equipo para la Transformación Educativa y Social sostenible), y especialista y divulgador de Periodismo Móvil.
Nuevo varapalo judicial en la larga batalla que mantienen Telefónica, Orange y Vodafone por la tasa del 0,9% de sus ingresos que les impuso el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hace más de una década para financiar RTVE tras la eliminación de la publicidad de la televisión pública en 2009, lo que vino a eliminar a su vez la competencia del ente público por obtener ingresos. La Audiencia Nacional acaba de rechazar los recursos presentados por las tres operadoras contra el pago de este tributo, que les ha supuesto un desembolso de en torno a 1.600 millones de euros desde su instauración en 2010.
Aunque las sentencias se refieren a la liquidación del impuesto en los años 2010, 2011 y parcialmente la de 2012, su alcance se hace extensivo al resto de ejercicios hasta 2021 inclusive, en el que los tres operadores abonaron por este concepto una media de 140 millones de euros, lo que eleva la factura total a en torno a 1.600 millones de euros.
La pandemia ha impedido que RTVE ingresara 24 millones de euros más de lo finalmente registrado en 2020, según reconoce la corporación en sus cuentas anuales.
De esa cifra que se ha dejado de ingresar, la mayor parte corresponde a las aportaciones de las operadoras, que entregaron 17 millones menos a RTVE por la reducción del negocio de este tipo de compañías obligadas a participar en la financiación de la radio televisión pública.
Por este concepto, RTVE recibió 113 millones de euros de las operadoras de telecomunicaciones, que tienen que aportar el 0,9%% de sus ingresos brutos de explotación (en 2019 fueron 120 millones). Otros 40 millones procedieron de los canales de TV en abierto (47 millones en 2019) y 22,9 millones de las TV de pago (casi la misma cantidad que en el ejercicio anterior). De igual manera, estos dos tipos de operadoras están obligadas a entregar entre un 1,5% y un 3% de sus ingresos de explotación a RTVE.
Otra de las vías de ingresos de RTVE que el COVID lastró el año pasado fueron los acuerdos comerciales. Esta línea de negocio se vio minorada el año pasado en 10 millones de euros, según estima la entidad pública. Repercutió negativamente la menor venta de canales, la suspensión temporal de la emisión de los resultados de la Lotería y la reducción de patrocinios deportivos por la suspensión de competiciones. Eso sí, durante el año pasado RTVE tuvo un ingreso extra de 3 millones para compensar el segundo dividendo digital.
Pese al lastre del COVID, lo cierto es que RTVE aumentó sus ingresos totales hasta los 1.000 millones de euros, ligeramente por encima de los 987 millones de 2019. Este crecimiento fue posible gracias a que la subvención por compensación de servicio público se vio incrementada un 9% hasta los 366 millones de euros (30 millones más que en 2019).
Además, RTVE recibió del Estado otros 380 millones de euros en concepto de tasa sobre la reserva del dominio público radioeléctrico (misma cantidad que 2019) y 11,3 millones de euros adicionales para el sostenimiento de la Orquesta y el Coro de RTVE.
Así pues, de los 1.000 millones de ingresos que tuvo RTVE en 2020, un total de 939 millones de euros son en concepto de subvenciones, tanto públicas como privadas.
En el capítulo de gastos, en RTVE estiman que la pandemia ha posibilitado que los costes de personal se hayan recortado en 6 millones de euros de la cantidad inicialmente prevista. Esto ha sido así por la reducción de la producción de contenidos durante el estado de alarma y por las bajas por enfermedad derivadas del COVID. En cuanto al gasto en programas, en la corporación presuponen que esta partida se habría reducido en otros 10 millones por la pandemia.
Sin embargo, estas estimaciones de ahorro no han evitado que los gastos reales asociados a la plantilla escalaran el año pasado hasta los 437 millones de euros (+2,8%); mientras que la compra de programas también creció hasta los 310 millones (+3,3%).
Con todo esto en cuenta, RTVE aumentó el año pasado sus números rojos hasta los 31,5 millones de euros, por encima de las pérdidas cosechadas en 2019, que fueron de 29,6 millones de euros.
Ver informe: https://www.rtve.es/contenidos/corporacion/2020_Cuentas_anuales_CRTVE_e_informe_de_gestion.pdf
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