Radiotelevisión Española (RTVE) arrastra serios problemas, tanto en su dependencia crónica de los poderes políticos o en su situación económica como en su conversión en un servicio público de comunicación multiplataforma y multimedia, vital para el próximo futuro, y en su incapacidad de involucrar a la ciudadanía en una participación activa en sus medios públicos.
La actual administración única, pensada como provisional, no ha podido lógicamente abordar un plan estratégico de la Corporación ni la negociación de un nuevo mandato marco y un contrato programa actualizados; y, con un presupuesto fuertemente recortado en los últimos años, apenas ha comenzado a recuperar una programación de servicio público, mientras RTVE continúa perdiendo influencia social y audiencia y es incapaz de abordar el plan de futuro y la transformación digital que el servicio público de comunicación estatal y la sociedad necesitan. Pero el concurso público que debía resolver el eterno problema de su gobernanza, para alcanzar una independencia real frente a los gobiernos de turno, ha quedado paralizado por la disolución de las Cortes Generales, aunque haya sido traspasado oficialmente al próximo Parlamento.
En definitiva, el espacio público de comunicación necesita una profunda regeneración y su existencia, como la de la educación o la sanidad, debería estar a salvo de cualquier lógica económica o partidista. Un servicio público de comunicación es, o debería ser, sinónimo de igualdad, accesibilidad, objetividad y todos aquellos valores que vertebran una sociedad formada e informada, más justa, solidaria e igualitaria. Y resulta más indispensable que nunca en una época caracterizada por la proliferación de ofertas radiotelevisivas pero también de deterioro de su calidad, en la que sólo los medios públicos pueden garantizar un acceso universal y gratuito a la información, la cultura y los valores democráticos en los que se funda la ciudadanía.
Por todo ello, y como organizaciones cívicas comprometidas con la democracia y el progreso de nuestra sociedad, y ante la convocatoria de elecciones generales, los abajo firmantes nos comprometemos con los siguientes acuerdos mínimos, que exigimos asuman los partidos políticos en sus programas electorales:
-- Respeto a los resultados del concurso público que se convocó con la anuencia de todos los grupos parlamentarios y su participación que, aun respetando la soberanía y representatividad del Congreso y el Senado, designó a 20 candidatos para la Presidencia y el consejo de administración de RTVE.
-- Compromiso explícito de culminar ese proceso inmediatamente después de las elecciones para recuperar la independencia y profesionalidad de RTVE, con la elección de los órganos directivos por mayoría reforzada de dos tercios en el Parlamento español, sobre la base del citado concurso.
-- Es necesario un proceso urgente de rearme financiero del servicio público y de reforzamiento de sus misiones como tal, incluyendo las que responden a las nuevas demandas sociales en las redes y dispositivos digitales.
-- Compromiso expreso de abrir, tras la constitución de próximo Parlamento y el Gobierno, un proceso de discusión pública abierto y transparente, con participación de profesionales, expertos y organizaciones sociales, para abordar la reforma en profundidad del servicio público de comunicación y de la regulación del sistema audiovisual en todas sus dimensiones, exigida por los cambios tecnológicos y sociales de la última década y por la calidad de nuestra democracia.
Firman:
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Declaración en castellano (pdf)