Netflix y HBO deberán destinar parte de su catálogo a obras cinematográficas españolas y tendrán que cumplir con otras reglas que las equiparan a las televisiones privadas en España. Pero la nueva legislación que fija el nuevo marco para estos operadores, la Ley General de Comunicación Audiovisual, no cubre la financiación de Radio Televisión Española (RTVE), un aspecto que sí respetan cada año televisiones que emiten en abierto y cerrado en España, desde las de los grandes grupos mediáticos (Atresmedia y Mediaset) hasta las de los operadores de telefonía (Movistar+).
Se trata, por tanto, de un agravio comparativo para el resto de operadores. Desde que TVE renunció a financiarse vía publicidad, cadenas como Telecinco y Antena 3 — también televisiones autonómicas y locales, con alguna excepción— están obligadas a dedicar un porcentaje de su negocio a la cadena pública, como compensación por poder aprovechar parte del mercado al que renuncia la corporación.
Con el objetivo de implementar la transposición de la directiva europea, todos los prestadores de servicios audiovisuales deben aportan el 5% de sus ingresos en España. Al menos el 70% de esa cantidad se destinará a producciones independientes. En el caso de que superen los 50 millones de euros de facturación se reservará un mínimo del 40% a obras de cualquiera de las lenguas oficiales de nuestro país.
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