Miércoles, Junio 03, 2020
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[La Vanguardia]

El Tribunal de Cuentas asegura no tener constancia del plan estratégico de RTVE en materias como programación o las aportaciones a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) destinadas a la prestación del servicio público esenciales de radio y televisión y ha denunciado que esta falta de contrato programa tiene consecuencias económicas y de gestión.

Según el informe de fiscalización realizado a la Corporación en referencia a su actividad entre los años 2014 y 2016, al que ha tenido acceso Europa Press, el Tribunal "no tiene constancia de que la Corporación haya instado al Gobierno o haya realizado actuaciones para alcanzar el acuerdo" sobre este contrato, que debe pasar por las Cortes, según se prevé en la Ley de RTVE.

Es por ello que el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda no acepta las alegaciones de RTVE, que asegura que sí tiene un documento con el que gestionar su actividad interna y, más concretamente, la de producción.

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[El Español]

El Tribunal de Cuentas acaba de hacer público su Informe de Fiscalización de la Contratación de la Corporación RTVE para los ejercicios 2014 y 2015. En el texto se cuestionan una serie de procedimientos realizados por la televisión pública y se sugieren soluciones para ajustar el sistema de contratación a los parámetros de la administración general del Estado. Se ha detectado la contratación con empresas con certificados de Seguridad Social caducados, defectos técnicos y disparidades de fechas en la formalización de contratos.

El Tribunal de Cuentas ha detectado fallos incluso en los procedimientos formales. Las respectivas relaciones certificadas de contratos que han sido remitidas por la Corporación RTVE (CRTVE), “no fueron elaboradas observando las previsiones que recoge la Instrucción General del Tribunal de Cuentas sobre remisión de extractos y de expedientes de contratación”.

En la fiscalización se observa que, en la mayor parte de sus contratos, la Corporación aplica, como criterio único de selección, el precio ofertado por los licitadores, en detrimento de la aplicación de otros criterios de valoración de las ofertas. En este punto, el Tribunal ha identificado varios supuestos en los que la aplicación exclusiva del citado criterio -el precio- no estaba suficientemente justificada.

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