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Martes, 29 Noviembre 2011 07:49

¡Vivan las Caenas! (privadas)

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No es ningún secreto que la legislación audiovisual en España, y muy especialmente la de los últimos años, ha sido altamente beneficiosa para las televisiones privadas.

Es cierto que, en su momento, la conversión de Canal Plus en una televisión en abierto (Cuatro) y la aparición de La Sexta, no fueron seguramente una buena noticia para las cadenas ya instaladas (Antena 3 y tele 5).

Tampoco parece que haya sido muy beneficioso para ellas el modelo adoptado para la TDT con su elevada proliferación de canales, lo que ha obligado a los operadores consolidados a multiplicar su oferta para evitar nuevos entrantes, agotando el espectro en detrimento de aspectos como el correcto desarrollo de la HD. 

Pero no lo es menos que la Ley general de la Comunicación Audiovisual está hecha a su medida (o, al menos, a la medida de los principales prestadores del servicio). Que prácticamente no se les ha exigido el cumplimiento de los compromisos contraídos con motivo del apagón analógico, ni desde el punto de vista tecnológico ni desde el punto de vista de los contenidos. Y que la eliminación de la publicidad en la televisión pública ha permitido a las privadas compensar en parte la caída publicitaria producto de la crisis.

 De cara a los meses venideros, el problema de las televisiones privadas se llama televisiones autonómicas. Un oportuno estudio de Deloitte realizado para la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA)[1], que pone de relieve cifras como las pérdidas de 489 millones de euros en 2010 de las televisiones autonómicas, los 1.504 millones de su deuda bancaria, los 1.389 millones de euros de subvenciones públicas o la drástica pérdida de inversión publicitaria (de 900 millones en 2008 a 250 millones en 2010 con previsión a la baja), ha permitido a las televisiones privadas echar su cuarto a espadas antes del final de la legislatura proponiendo, grosso modo:

  • Un modelo de programación para las autonómicas “que genere un mayor retorno a la economía de los recursos aportados en su financiación (…) con mayor énfasis en la producción de programas propiedad de los operadores y con menos peso de los programad de producción ajena o en las retransmisiones deportivas”.
  • “La integración o compartición de contenidos y recursos industriales entre las diferentes entidades que configuran la televisión pública en España”
  •  “La contracción del gasto por parte de las entidades que gestionan el servicio de televisión pública en España”
  • “una modificación de la regulación (…) que incluya la posibilidad de externalizar servicios y elementos de la cadena de valor (…) que permita (…) la creación de nuevos operadores o aumentar los recursos de los existentes que impulse una industria que soporta el sector de producción televisivo de las autonomías y del conjunto del Estado”.

Pero la solución al actual panorama de televisiones públicas autonómicas no es sencillo. La propuesta del PP de desregular el actual marco legal para que las Comunidades Autónomas que lo deseen puedan privatizar sus actuales cadenas supone para las privadas un desembolso económico (por accesible que sea el precio) si quieren blindarse y evitar la aparición de nuevos entrantes en el negocio audiovisual, teniendo que asumir, al menos en un primer momento, plantillas de trabajadores de no menor importancia.

Una solución más satisfactoria para las privadas, el cierre de las autonómicas (o de algunas de ellas) no parece en principio muy plausible como solución generalizada, por razones tanto laborales como industriales y estrictamente políticas.

Queda una tercera alternativa, que evitaría la competencia de las públicas en lo que más importa y beneficiaría mucho a las privadas: que, siguiendo la estela de RTVE aquéllas eliminaran la publicidad de sus parrillas. Sin embargo, esta solución pondría seguramente en pie de guerra a los anunciantes, dejaría a mucha publicidad autonómica y local sin sus soportes naturales de difusión y aumentaría el déficit presupuestario de las Comunidades.

Ante esta tesitura, la solución podría pasar por la drástica reducción de recursos en las televisiones autonómicas. Ya se ha planteado desde diferentes foros (y no sólo desde UTECA) la vuelta al espíritu del la Ley del Tercer Canal, con una cadena pública de ámbito estatal que admitiera desconexiones territoriales en las Comunidades Autónomas que así lo deseen. También pueden ser un ejemplo los recortes anunciados en Asturias, País Vasco o Cataluña; en TV3, por ejemplo, se plantea un aumento de la producción propia, el abandono de la puja por los derechos deportivos y cinematográficos, la eliminación de canales y, tarde o temprano, reducciones de personal. Puede que a alguna privada con intereses en la producción externa y en los eventos tipo fútbol y fórmula 1 no le venga bien y que, de carambola, alguna grande a punto de abrir las fauces se le enfríe el almuerzo, pero todo sea por el ¡Vivan las caenas! (privadas).

 


[1] Véanse el V Informe Económico sobre la Televisión Pública en España y el volumen La Televisión en España. Informe 2011, ambos promovidos por UTECA.

 

Alejandro Perales

Presidente de AUC y Profesor de Programación e Investigación de Audiencias de la Universidad Rey Juan Carlos

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