Licenciado en Ciencias de la Información y en Documentación. Es técnico de archivo y Documentación en Televisión Española y fue asesor del Comité de Expertos para la reforma de los medios de titularidad pública.
El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha expresado su “profundo malestar” tras conocer las propuestas de cada grupo parlamentario para renovar el Consejo de Administración de la RTVA y el Consejo Audiovisual de Andalucía. Dicho Colegio muestra su “indignación” por el “uso partidista, propagandístico, político y casi esperpéntico que desde el Parlamento andaluz se sigue dando a la radiotelevisión autonómica y al Consejo Audiovisual de Andalucía”.
La Ley del año 2006 de la radio y televisión de titularidad estatal, basada en el informe del “Consejo de Sabios”, estableció la elección parlamentaria, por mayoría de dos tercios, de sus órganos de administración y gobierno –salvo dos consejeros cuya propuesta correspondería a los sindicatos más representativos a nivel estatal–, con la idea de reforzar y garantizar su independencia. Dada la importancia política y social de la Corporación de RTVE, se pretendía así asegurar que en tal elección participase siempre la oposición. Con ello, esta regla se constituyó en un principio estructural del funcionamiento de la Corporación RTVE y uno de los fundamentos de la instauración de un modelo de radio y televisión pública, independiente, plural, viable y de calidad.
El Consejo de Ministros del pasado 21 de diciembre aprobó un Real Decreto por el que se aprobaban y desarrollaban las obligaciones del servicio público de noticias de titularidad estatal encomendado a la agencia EFE. La agencia, fundada en 1939, carecía hasta ahora de un desarrollo legislativo acorde con la Constitución española y con la legislación europea, sin una definición clara de su misión de servicio público ni un contrato-programa aprobado por el Parlamento, ni contaba con estructuras de gestión que garanticen el pluralismo y el control de sus obligaciones. La única reforma destacada en el período democrático fue la realizada con el traspaso de las acciones, en mayo de 2001, desde el Patrimonio del Estado a la SEPI, que pasó así a constituirse en su único accionista, al amparo de lo dispuesto en la Ley 2/2001, de modificación de la Ley de Patrimonio del Estado.
En sus 62 años de existencia RTVE ha sobrevivido a los más crudos avatares. Curiosamente, ni la irrupción de las televisiones privadas, ni la asfixia financiera, ni la dirección errática de numerosos gestores, ni siquiera la manipulación sistemática a la que la han sometido la mayoría de sus gobiernos de turno durante décadas, han llegado a cercenar un servicio público que, a pesar de sus preocupantes fluctuaciones de audiencia, sigue entrando cada día en millones de hogares. Ya sea por tradición, por apego a contenidos de notable aceptación, o quizás para no tener que digerir los cortes publicitarios de sus competidores privados, multitud de oyentes y espectadores, incluso aquellos que lamentamos la deriva de manipulación y deterioro que ha tomado RTVE en los últimos años, seguimos pulsando a diario los primeros dígitos almacenados durante años en su mando a distancia.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, con 340 votos a favor (todos los presentes en la Cámara), tramitar en lectura única la proposición de ley del Grupo Socialista para recuperar el sistema de elección parlamentaria del Consejo de Administración de RTVE, que establece que la designación del mismo requerirá una mayoría cualificada de la Cámara. La iniciativa por tanto ha salido adelante por unanimidad, situación bastante insólita en la actual legislatura.
RTVE tendrá que facilitar los gastos de su participación en el festival de Eurovisión de 2015, al no estimar el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Madrid el recurso interpuesto por el ente público para evitar facilitar dicha información, tras aceptar el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la reclamación interpuesta por un ciudadano. .
Un ciudadano solicitó a RTVE información sobre los gastos que la participación en Eurovisión 2015 ocasionó al ente público. Dicha solicitud no fue respondida –algo muy habitual en el comportamiento de este organismo- por lo que se presentó reclamación ante el Consejo de Transparencia.
El 14 de junio los suizos han sido llamados a referéndum en una práctica habitual en esta nación europea. En Suiza, el uso del referéndum a nivel federal es algo bastante habitual desde 1848 y suele haber unos diez al año. Existen cuatro tipos posibles de consulta y en este caso nos interesa el denominado referéndum facultativo que sirve para ratificar (o no) cambios legislativos. A toda ley aprobada por el Parlamento suizo se le puede exigir que sea sometida a referéndum. Para ello deben reunirse al menos 50.000 firmas o pedirlo ocho cantones en los primeros 100 días desde la publicación de la nueva ley.
La RAI (la Radiotelevisión pública italiana) acaba de celebrar hace poco su 60 aniversario, ya que comenzaron sus emisiones televisivas en 1954. A diferencia de España, en tan sólo tres años se consiguió que la señal llegara a todo el territorio contribuyendo de forma decisiva a la formación del sentimiento unitario de la nación a la vez que se convertía en una gran industria cultural que difundía la lengua y cultura italiana, pues no olvidemos que en los años 50 existía una alta tasa de analfabetismo en ese país.
Murcia se ha convertido en la primera comunidad autónoma que externaliza completamente su televisión pública, gracias a las reformas legales impulsadas por el PP poco después de su llegada al poder.
El día 31 de marzo de 2015, Juan Carlos Ruiz, consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación de la Comunidad Autónoma de Murcia, y Raúl Berdonés, presidente del Grupo Secuoya, firmaron el contrato mediante el cual entra en vigor, desde el día 1 de abril, la gestión indirecta de la Televisión de Murcia por parte de dicha compañía audiovisual.
El pasado 13 de marzo tuvo lugar en Lima (Perú) la segunda marcha contra la telebasura (puede verse un resumen aquí), una manifestación ciudadana promovida por el Colegio de Periodistas del Perú cuya finalidad primordial es pedir que se respeten los horarios de protección al menor (establecidos en la ley de Radio y Televisión N° 28278 del año 2004 y en el Código de Ética de 2006 que la desarrolla) y protestar por la emisión en televisiones privadas en abierto de contenidos que vulneran lo legalmente establecido.
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