La primera manifestación tuvo lugar el 27 de febrero de este año y tuvo un amplio seguimiento entre grupos juveniles, lo cual no es extraño ya que fue inicialmente promovida por el colectivo "Salgamos A Las Calles Perú" en Facebook el 30 de enero de 2015, un colectivo que ya había estado muy activo en las protestas contra la ley de régimen laboral juvenil de Perú.
En muchos sitios de Facebook era ya corriente los comentarios de descontento con la excesiva atención que se daba en los medios a todo lo relacionado con los realities show, algo no muy diferente a lo que pasa en España, aunque aquí la reacción de hartazgo parece que no se produce. La convocatoria recibió el apoyo de 75.000 personas en las redes sociales y se creó el hashtag #PerúSinTVBasura.
En Youtube pueden verse varios montajes de video con escenas de conocidas películas, como "El Señor de los anillos" o "Braveheart" que llaman a protestar contra la telebasura.
Este malestar fue recogido y apoyado por el Colegio de Periodistas de Lima, que avaló en una rueda de prensa el 2 de febrero la convocatoria de una manifestación, lo que luego fue apoyado por la Federación de Periodistas del Perú, el Colegio de Psicólogos del Perú, Colegio de Periodistas de Perú y otras organizaciones ciudadanas.
El decano del Colegio de Periodistas, Max Obregón, afirma que "Existe una ley y un artículo que se está violando sistemática y permanentemente. Se están mostrando contenidos que agreden a los menores", dijo en conferencia de prensa. Obregón consideró esencial que los medios respeten esta franja horaria, ya que, según un estudio del Consejo Consultivo de Radio y Televisión (Concortv) realizado en julio y agosto del año pasado en 20 ciudades del país, la mayoría de niños ve televisión sin control de un adulto.
Teresa Machado, decana nacional del Colegio de Psicólogos, consideró que los comportamientos de las figuras televisivas en ese horario "son nocivos" para los niños y no son referentes positivos para que aprendan de ellos imitándolos.
El mismo presidente Ollanta Humala respaldó la marcha el 26 de febrero y aseveró "Yo quisiera ir a la marcha, ojalá tenga tiempo; yo tengo hijos y me preocupa; estoy trabajando, pero tengo que estar pensando: ojalá que mis hijos no estén viendo televisión". Ollanta señaló que la televisión no solo debe ser un negocio, sino también una fuente generadora de valores en la sociedad.
Un proyecto aparcado
Mientras tanto, en el Congreso permanece estancado un proyecto de ley que ayudaría a mejorar la programación en señal abierta, una iniciativa presentada a mediados del 2014 y que cuenta con el dictamen favorable de la Comisión de Transporte y Comunicaciones del Congreso, pero continúa a la espera de ser aprobada en la Comisión de Cultura. El proyecto de ley plantea entre otras medidas que los medios televisivos estén obligados a destinar como mínimos dos horas de su programación diaria a programas educativos.
Las dos horas de programación cultural deberán ser programadas entre las 3:00 p. m. y las 8:00 p. m. para evitar que coincidan con el horario escolar. La iniciativa fue presentada por el congresista Agustín Molina, que afirma el proyecto es perfectamente viable ya que se apoya en el artículo 14 de la Constitución, que establece que los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural.
Además, la Comisión de Transporte y Comunicaciones, que aprobó el proyecto por mayoría el 9 de diciembre del 2014, explicó en su dictamen que "el interés público es un principio que se utiliza para generar legislación reguladora, lo cual no constituye violación al derecho de la libertad de empresa" y apuntó que aunque "la normatividad actual ya establece que los medios de radiodifusión colaboren con la educación y formación moral y cultural (...) el único canal que transmite programas culturales es el canal del Estado".
El anteproyecto de todos modos requiere bastantes mejoras, particularmente en lo relacionado con las fuentes de financiación y el sistema de elección de los directivos del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), dos de las cuestiones básicas a la hora de garantizar la autonomía e independencia de una televisión pública.
La televisión pública
En toda esta polémica el fortalecimiento de la televisión pública se erige como una medida imprescindible para garantizar una oferta plural y de calidad frente a los seis canales privados que representan intereses muy concretos, como es habitual en Iberoamérica.
La televisión estatal TV Perú –que inició sus transmisiones en 1958- pasa por un buen momento, aunque tiene en común con RTVE en que justo también en 2009 se le quitó la publicidad para beneficiar a los canales privados y que también, al igual que la nuestra, es de mediana calidad y muy dependiente del Gobierno.
El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) es un organismo público que goza de autonomía administrativa, económica y financiera. Está formado por TV Perú, Radio Nacional y Radio la Crónica.
Según la ley, el IRTP tiene por finalidad:
- Ejecutar actividades y acciones a nivel nacional de difusión de contenidos educativos, informativos, culturales y de esparcimiento.
- Informar en forma oportuna y veraz a la población y crear espacios para que la sociedad participe emitiendo libremente opiniones y propuestas con el objeto de fortalecer la democracia y una cultura de respeto y paz.
- Desarrollar acciones de producción, emisión y difusión de programas de radio y televisión con el fin de promover las expresiones multiétnicas y pluriculturales de la Nación para coadyuvar a la integración de todos los peruanos y afirmar nuestra identidad nacional.
- Operar los medios de radiodifusión sonora y por televisión de propiedad del Estado.
En enero del 2012, se decidió adscribir el IRTP a la Presidencia del Consejo de Ministros, según se dijo dada su función de promover la cultura, la información, el esparcimiento y la educación a la población a nivel nacional.
En resumen, un complicado panorama con un Estado pasivo (o al menos indolente) y un empresariado soberbio y audaz al que no le importa quebrantar la ley, debido a lo primero.
Soluciones posibles están ya sobre el papel y en discusión y quizás el empuje de la ciudadanía harta de concursos-basura lleven a los poderes públicos a tener un rol más activo en las políticas de comunicación, sin caer en la censura. Tampoco se excluye que las cadenas privadas, por su propio interés de negocio, se vean obligadas a escuchar las protestas y pongan límites al periodismo amarillista y a diversificar sus fórmulas para obtener rentabilidad.
