El Consejo de Ministros del pasado 21 de diciembre aprobó un Real Decreto por el que se aprobaban y desarrollaban las obligaciones del servicio público de noticias de titularidad estatal encomendado a la agencia EFE. La agencia, fundada en 1939, carecía hasta ahora de un desarrollo legislativo acorde con la Constitución española y con la legislación europea, sin una definición clara de su misión de servicio público ni un contrato-programa aprobado por el Parlamento, ni contaba con estructuras de gestión que garanticen el pluralismo y el control de sus obligaciones. La única reforma destacada en el período democrático fue la realizada con el traspaso de las acciones, en mayo de 2001, desde el Patrimonio del Estado a la SEPI, que pasó así a constituirse en su único accionista, al amparo de lo dispuesto en la Ley 2/2001, de modificación de la Ley de Patrimonio del Estado.

La Agencia France Presse (AFP) ejerce "una misión de interés general". Así han terminado reconociéndolo en la Comisión Europea, tras dos años de instrucción del expediente que lo cuestionaba. Desde luego, es importante para la agencia EFE y otras agencias de información general; asimismo para los medios que en inglés denominan PBS (Public Broadcasting System), es decir para la radiotelevisión pública. Vuelve a quedar clara la necesidad de financiación estable de los grandes medios públicos, como mecanismo clave de las democracias europeas.