Jueves, Marzo 28, 2024
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[Valencia Plaza]

El debate -aparentemente- ni existe. Al menos entre quienes deben tenerlo. La cultura es un apéndice rotativo de las estructuras públicas. No es que no posea un ministerio o una conselleria propias, es que se sitúa como una cartera añadida de cualquier otra base imponible y superior. Por ejemplo, en el caso valenciano, dentro de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. La misma cuenta con un presupuesto algo superior a los 4.000 millones para 2016; la cultura apenas pesa 80 (sobre todo, después del último tijeretazo impuesto por Montoro). Ese es el estadio económico que, en el caso de la Comunitat Valenciana, ha sufrido desde el año 2000 la mayor regresión de toda España; de tener un gasto público cultural muy por encima de la media a caernos hasta los últimos escalones proporcionales.

¿Y si la cultura tuviera que tener su propia entidad en las estructuras públicas, cuál sería la idónea? Para el catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Enrique Bustamante, está claro: "en un Ministerio de Comunicación y Cultura". En conversación con Valencia Plaza aclara que nada "distinto a lo que debería ocurrir en las comunidades autónomas". De hecho, la primera de sus respuestas sobre el estado de la cultura en la región es preclara: "no se puede hacer un plan estratégico cultural si no se articula con la radiotelevisón pública", entendiendo ésta además como "un medio de comunicación transmedia".

A Bustamante, vicepresidente de la Asociación de Investigadores en Comunicación tras un extenso curriculum de publicaciones, investigaciones y cargos, muchos le recuerdan como miembro del consejo de sabios que nombró el Gobierno de José Luis Rodríguez de Zapatero y que impulsó la primera gran reforma de Radiotelevisión Española (2004-2005). No obstante, ayer visitó Valencia para presentar en el Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM) el tercer Informe sobre el estado de la cultura en España. Bajo el título La cultura, motor del cambio, el documento auspiciado por la Fundación Alternativas vuelve a suponer una vasta recopilación de datos, escenarios económicos y conclusiones sobre el ámbito para el país, en un trabajo de 19 investigadores que él ha coordinado. De todo ello habló -junto a otras interesantes intervenciones- en el encuentro promovido por ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació) que reunió a un centenar de personas entre las que también se encontraban profesionales, asociaciones y productores.

-Si el hecho de rehacer la radiotelevisión pública valenciana es una oportunidad como servicio y como empresa, ¿de qué no se debería privar a la misma? ¿Qué errores se deberían evitar?
-De su vinculación con la cultura. No se puede hacer un plan estratégico cultural si no se articula con una radio y televisión públicas. Una radio y televisión públicas concebidas ya en el entorno digital, como un medio de comunicación transmedia; no se puede privar tampoco de ser multipaltaforma. Pero si no se hace así, conectándola con toda la industria cultural, el esfuerzo presupuestario en ambos casos será baldío. Una vez más vemos como la radiotelevisión pública depende de una presidencia y la cultura está en una conselleria. Dicho de otra forma, la cultura es un florero que hay que colocar en algún sitio, a veces en educación, a veces en investigación o ciencia, y los medios de comunicación públicos resulta que tienen que estar controlados directamente por los gobiernos. El problema puede llegar a ser repetir este esquema, cuando el plan cultural puede ser una parte significativa y que aporte al modelo de la radiotelevisión pública. No se puede permitir que no estén articulados entre sí, que no haya conexión cuando ambos son elementos vitales para su supervivencia.

-Ahora nos queda lejos lo del supuesto ministerio de comunicación y cultura...
-En España cuando el PSOE llegó por primera vez a la Presidencia del Gobierno quiso implantar un Ministerio de Comunicación y Cultura. En las últimas elecciones, Podemos, Izquierda Unida y PSOE prometieron articularlas en los mismos organismos... otra cosa es ver si luego lo iban a cumplir. La idea esencial es que no es posible imaginar una actuación seria en el campo de la cultura sin medios de información con capacidad independiente. Estoy al corriente y de acuerdo con que la situación que se ha vivido en RTVV durante los últimos años es catastrófica, terrible, dramática... Pero se tiene la ventaja de que, en lo que se refiere exclusivamente a la creación de un modelo de radiotelevisión, se parte de cero. Se puede construir un modelo de verdad y no tiene porque ser muy caro, que precisamente la idea de multimedia y multiplataforma puede parecer esto y ha de servir justo para lo contrario. Ha de contar con la producción audiovisual independiente y no solo valenciana, sino la que se hace en el resto del Estado porque también influye esto en que sirva para el lanzamiento hacia fuera de una cultura propia. Estoy de acuerdo en que es una gran ocasión, pero solo si se sabe salvar la gran tentación, la permanente tentación por parte de los partidos, de controlar la radiotelevisión políticamente. Hasta ahora en España lo que hemos vivido es la tradición de colocar a militantes y a poder ser sin cultura audiovisual, que así son más flexibles. Si volvemos a caer en esto, apaga y vámonos.

-Este año se cumple una década de la puesta en marcha real de la reforma legal que idearon para Radiotelevisión Española y el escenario, por ejemplo en aspectos como la financiación o la elección de su consejo directivo, parece haber sido incluso regresivo.
-Hay que destacar que el Gobierno de Zapatero, que impulsó la reforma, contempló el 90% de las recomendaciones del informe. Lo que dejaron fuera, que parecían detalles, luego ha tenido muchísima repercusión. Como por ejemplo el tema de la elección de miembros del consejo de administración por mayoría simple, algo que con la llegada del Partido Popular al Gobierno acabaría por desnaturalizar la propia ley. Pero no cabe olvidar que es el propio Gobierno de Zapatero el que en 2009 ya empieza a hacer una contrarreforma. Por ejemplo, elimina la publicidad sin una memoria seria, crea corsés para RTVE con máximos de presupuesto. Y todo ello por la presión de las televisiones privadas que, para cuando se reforma la ley general del audiovisual en 2010, llega a incluir límites a la televisión pública en el product placement, patrocinios y publicidad.

Basta con recordar que la UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas) agradeció públicamente a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega lo mucho que les había ayudado. Pero lo más grave llegó con el cambio de Gobierno y los brutales recortes del presupuesto y los cambios de la ley. Siempre digo que el retroceso es histórico, pero no a niveles previos a 2005, sino hasta niveles previos al estatuto de 1976. Si tuviera que destacar algo en positivo del periodo 2005 a 2009 diría que se ha hecho un importante cambio tecnológico, que se ha comprobado que el consumo ha cambiado y que hay una posibilidad real de servicio público online que ha de ser multiplataforma, donde caben programas para minorías y en los que la tecnología tiene un papel esencial.

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[La Vanguardia]

El Consell ha acordado manifestar a Les Corts su criterio favorable a la toma en consideración de la Proposición de Ley del Servicio de Radiodifusión y Televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat, presentada por los grupos parlamentarios Podemos-Podem, Compromís y Socialista.

Según ha informado la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo autonómico, esta Proposición de Ley consta de 48 artículos, 6 disposiciones transitorias, una derogatoria y una final.

En su articulado, la iniciativa define los principios generales y el marco de gobierno de la nueva Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, que habrá de asegurar la prestación del servicio público de radiotelevisión en la Comunitat Valenciana.

También el marco normativo básico y líneas estratégicas para la producción, contenidos y emisiones, su régimen económico y de recursos humanos, además de los mecanismos de control a que deberá estar sometida, según recoge el preámbulo del acuerdo.

Sobre cuál es la postura del Consell respecto a los extrabajadores de RTVV, Oltra ha afirmado que "la ley (para una nueva radiotelevisión) se está debatiendo en Les corts. El Consell no quiso redactar un proyecto de ley porque quiso que éste saliese de Les Corts porque quiere una televisión no gubernamental, al contrario de lo que ha sucedido en los últimos 20 años".

"El Consell ejecuta lo que Les Corts legislan, es sano desde el punto de vista de la separación de poderes, más aún en un asunto tan sensible como los medios de comunicación", ha concluido.

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[ABC]

El PSOE aragonés ha aprobado este jueves, de forma pactada con Podemos -y en algunos puntos con el respaldo del PP y de otros grupos-, la nueva ley que regula la radiotelevisión autonómica. El nuevo texto desplaza a la oposición del control del ente, al quedar marginado del órgano que decide qué asuntos se tratan o no en el consejo de administración de esta empresa pública, según ha denunciado el PP.

La aprobación de la nueva ley, consumada este jueves en las Cortes de Aragón, ha generado polémica en el arco parlamentario. Crea, tal y como pedía Podemos, la creación de un nuevo órgano, el «consejo asesor» integrado por representantes de múltiples colectivos sociales, uno de cuyos miembros, además, pasa a tener voz y voto en el consejo de administración del ente.

El PSOE y Podemos -con diferencias de matiz y de entusiasmo en sus respectivas versiones- han coincidido en presentar esta nueva ley como una avance hacia la «despolitización» y la «independencia» de la radiotelevisión autonómica. Ni PP, ni Ciudadanos ni el PAR lo ven así. De hecho, los tres grupos han acusado en bloque al PSOE de no avanzar en la pretendida «despolitización», y los tres han coincidido en reprochar a los socialistas el mínimo número de enmiendas que han sido aceptadas de entre todas las presentadas por la oposición.

 

Ley TV Aragón

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[Finanzas]

El Consejo de Ciudadanía de la futura Radiotelevisión Valenciana -el órgano asesor en materia de programación y contenidos- estará formado por trece miembros y no por veintiuno, como se había planteado inicialmente, que además serán seleccionados en un proceso público y abierto.

Esta es una de las novedades introducidas por la ponencia encargada de la elaboración de la futura ley de servicio público de RTVV en el borrador inicial, en un informe que se debatirá y votará el próximo lunes en la comisión de Les Corts de RTV y del Espacio Audiovisual, y al que ha tenido acceso EFE.

La ponencia ha atribuido además a ese Consejo la función de ejercer la defensa de la audiencia, por lo que recibirá e instruirá las quejas de la ciudadanía, y contribuirá a capacitar a la audiencia "para un ejercicio crítico, activo y exigente en su demanda por un proceso comunicativo democrático y de calidad".

La selección de sus miembros la hará el Consejo Rector, previa convocatoria pública en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en la que se podrán inscribir quienes acrediten un "entendimiento claro de lo que representa el servicio público" de radiotelevisión y experiencia en trabajo colaborativo en los diferentes campos de la actuación social.

La composición del Consejo habrá de garantizar la paridad de género, sus informes no serán vinculantes, se reunirán al menos una vez cada tres meses -y no cada cuatro, como se había planteado-, y se ha incluido que sus miembros podrán percibir dietas o indemnizaciones si se establece así en su reglamento.

También se han marcado ya la incompatibilidades para formar parte del Consejo, como ser representante político o sindical, desempeñar funciones orgánicas en partidos políticos, empleados de la propia Corporación y trabajadores de otros medios de comunicación y quienes ostenten o hubiesen ostentado cargos en organizaciones profesionales de profesionales de la comunicación.

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[El Economista]

El nuevo director de Informativos de Telemadrid, Alipio Gutiérrez, se ha planteado los objetivos de "devolver la credibilidad a la televisión pública de todos los madrileños" y hacer "visible" el canal a través de un cambio en la programación del que ha dado hoy cuenta en sede parlamentaria.

Gutiérrez ha comparecido en la Asamblea de Madrid a petición del grupo de Podemos para informar sobre los planes con los que encara su nueva etapa en la cadena.

Alipio Gutiérrez ha argumentado que en la etapa anterior los seis espacios informativos de la cadena funcionaban como "burbujas independientes" que contaban cada una con su director y sus editores, lo que ha calificado de "excesivo".

Por ello, su idea inicial era "evitar" esos "reinos de taifas" y establecer una programación con "armonía" y "apuestas de cadena", sin que cada uno de los informativos fuera independiente.

Para ellos, decidió prescindir de uno de los programas englobados en informativos -Ciudadano Cake-; eliminar Madrid Despierta y apostar por un magacín matinal, Madrid Contigo; dar una nueva imagen a los Telenoticias, y modificar el Diario de la Noche para abandonar su formato de análisis y debate y convertirlo en un espacio informativo de resumen de la jornada y avance del día siguiente.

Los cambios, ha resumido el director de informativo, buscan apostar por la información local, buscar un perfil de audiencia más joven y más femenino, potenciar la información sanitaria y contar con más medios para "sacar los informativos a la calle".

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[El Mundo]

El Parlament abrió ayer la puerta a modificar las leyes de TV3, Catalunya Ràdio y el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) para tratar de despolitizar la gestión de los medios públicos dependientes del Govern. En concreto, la oposición propone que sus consejeros sean escogidos por dos tercios del Parlament y no por mayoría absoluta, y que los candidatos acrediten hasta 15 años de experiencia en el sector. Exigencias que Junts pel Sí no bloqueó a sabiendas de que perdería la votación ante el resto de grupos de la cámara.

Ahora, Ciutadans quiere que el nombramiento de los consejeros de TV3, Catalunya Ràdio y el CAC sume dos tercios de la cámara. Es decir, que Junts pel Sí no pueda hacer valer su acuerdo con la CUP y tenga que convencer a otro grupo para escoger a los responsables de los medios de comunicación. En total, la votación requeriría hasta 90 escaños, un mínimo que la oposición considera adecuado para despolitizar los medios públicos catalanes. «El consenso es sinónimo de calidad democrática», aseguró ayer el diputado de Ciutadans, David Mejía, en la defensa de la iniciativa presentada por el partido naranja.

Asimismo, la proposición plantea que los candidatos a formar parte del consejo de gobierno de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals -ente que gestiona TV3 y Catalunya Ràdio- sean profesionales de la comunicación con más de 15 años de experiencia profesional acreditada. También que el contrato programa entre el Govern y el organismo público tenga una vigencia de cuatro años prorrogables, como mucho, en uno más.

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Government has set out reforms to the BBC to make sure it remains a valued public broadcaster for years to come.

The BBC is governed by a Royal Charter, with the current Charter due to expire at the end of 2016. Following an open and transparent consultation, the Government has now set out its plans for reform in “A BBC for the future: a broadcaster of distinction” ahead of publishing a new Charter.

The Government has set out a new framework for the BBC that:

allows it to focus on high quality, distinctive content which informs, educates and entertains while also serving all audiences;
enhances its independence whilst also making it much more effective and accountable in its governance and regulation;
makes support for the UK’s creative industries central to the BBC’s operations – while at the same time minimising any undue negative market impacts;
increases the BBC’s efficiency and transparency; and
supports the BBC with a modern, sustainable and fairer system of funding.
Secretary of State for Culture, Media and Sport, John Whittingdale MP, said:

The proposals that we are publishing are the result of one of the largest and most open consultations ever conducted. We have taken on board extensive views and evidence from those who watch and listen to the BBC - those who love it, those who can be frustrated by it and those who feel underserved by it.

These reforms will embolden the BBC to take risks, to create confidently and unashamedly the highest quality, distinctive content for all audiences. It will provide the foundations for a stronger, more independent, more distinctive BBC that will inform, educate and entertain for many years to come.

The proposals take into account views from more than 190,000 people who contributed to the Government consultation, an independent review of the governance and regulation of the BBC led by Sir David Clementi, a public opinion study considering in particular the views of underrepresented groups, and a review of the BBC’s market impact. In total, more than 300 organisations and experts have engaged in the Charter Review process.

The key reforms announced include:

A new mission statement for the BBC.
This will empower the to make even more great programmes for audiences to enjoy, and with a focus on more distinctive output that informs, educates and entertains.

Overhaul of how the BBC is governed and regulated.
A new, strong unitary board for the BBC will be established, consisting of between 12-14 members. In contrast to the previous BBC Governors and the current BBC Trust, where appointments were made under the public appointments system, the BBC will be responsible for appointing at least half of the board members. Ofcom will become the external independent regulator of the BBC following recommendations by the independent review from Sir David Clementi.

Ofcom is the widely respected and experienced media and telecommunications regulator. Given fundamental changes to governance and regulation, there will need to be a smooth transition and therefore the current Chair of the BBC Trust will continue as Chair of the BBC through to the end of their current term.

An 11-year Charter to separate future Charter Reviews from the political cycle, but also provide long-term stability and independence for the BBC.
This will be the third longest Charter in history. Given the changes planned and the fast-paced media environment, there will be a ‘health check’ at mid-term of the Charter period to make sure things are working as they are supposed to.

Increase the licence fee level in line with inflation for five years from 2017/18 so that the BBC can continue to provide high quality, distinctive content for all audiences.
This means the BBC will remain one of the best-funded public service broadcasters in the world. The licence fee will also be modernised to require all those who consume BBC on-demand content (e.g. on BBC iPlayer) to pay the licence fee and the BBC will introduce more flexible payment plans for paying the licence fee. The Charter will also empower the BBC to pilot some elements of subscription in addition to their current services.

Introduce a new regularised process for setting the licence fee, giving the BBC the financial certainty it needs by setting the licence fee every five years.
This will ensure that future licence fee settlements can be informed by independent advice for the benefit of licence fee payers.

Further strengthening the BBC’s editorial independence with specific clauses in the new Royal Charter.
This will enshrine the BBC’s independence as a whole, as well as specific protections for the BBC’s Editor in Chief, the Director-General. Government will also protect the BBC’s impartiality by making it clear in the organisation’s overall mission for the first time. This will make sure the BBC remains the most trusted provider of high quality news for audiences in the UK and abroad.

Open the BBC’s programme-making to greater competition by removing the in-house guarantee for all television content spend except news and news-related current affairs.
This will provide hundreds of millions of pounds of new opportunities for the independent sector, help drive efficiency savings and provide new creative opportunities for the BBC.

Establish a new contestable public service content fund of up to £60m to create new opportunities for others to provide the best public service broadcasting content in the UK.
This could include programmes for black and asian minority ethnic audiences, and children’s TV which has seen investment reduce by a fifth since 2009.

Enhance the efficiency of the BBC and make it more transparent.
The new BBC Board will be required to investigate issues relating to excessive management layers and overall staffing levels, which could deliver significant further efficiency savings. The BBC will have to set out more information to help licence fee payers understand how the broadcaster spends its budget between different types of programming, and details of pay and benefits to talent paid over £450,000. The National Audit Office (NAO) will become the BBC’s financial auditor and scrutinise BBC spending and value for money given the £3.7 billion of public money that it spends.

Ensure that the BBC serves all nations and regions in the UK.
This will be through a clear focus on the BBC’s obligations set out in a new ‘operating licence’, clear board-level responsibilities, and a continued commitment to the out-of-London production targets.

Enshrine a commitment to diversity in the Charter.
This is part of a new overall commitment to ensuring the BBC serves all audiences. Government believes the BBC should be at the forefront of representing diversity both on and off screen.

Make sure the BBC supports and invigorates local news provision across the UK.
This will be through the delivery of proposals to work in partnership with the local news industry to support local democracy, including an additional 150 local news journalists.

Protect the BBC World Service, which is one of the BBC’s most distinctive services and hugely valued by audiences across the globe.
Reaching more than 246 million people worldwide, it is a vital part of the UK’s ability to lead the world in terms of soft power and influence. The Government will therefore make sure that the BBC protects licence fee funding for the World Service at its current level of £254 million a year, plus a total of £289 million additional funding until 2020 to help promote Britain and our values around the world.

 

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[Levante]

La comisión de Radiotelevisión y del espacio Audiovisual de las Corts ha aprobado esta mañana la propuesta de texto normativo que servirá de base para la futura ley de RTVV. El proceso que inicia hoy el Parlamento valenciano durará aproximadamente seis meses y culminará con la recuperación de las emisiones.

PSPV, Compromís y Podemos aseguran que la ley es una de las más avanzadas mientras que el PP la rechaza y Ciudadanos discrepa. Uno de los puntos que más fricción provoca es el de los derechos de los extrabajadores que accedieron por oposición.

Tras aprobarse el borrador de 68 páginas fruto de las cinco reuniones que ha celebrado la ponencia se pone en marcha el trámite legislativo de urgencia, que busca acortar los plazos a la mitad, ya que la recuperación del servicio público es uno de los objetivos declarados del Consell que sustentan PSPV y Compromís con apoyo de Podemos en las Corts.

El borrador dibuja ya cómo será la futura Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, que estará adscrita orgánicamente a Presidencia de la Generalitat pero actuará con plena autonomía e independencia.

El documento incluye, además, numerosos frenos para evitar que en el futuro pueda repetirse una situación similar a la que ocurrió en los gobiernos del PP cuando el ente público alcanzó una deuda que esta semana los liquidadores cifraban en 2.100 millones.

Uno de esos frenos es que los miembros del Consejo Rector cesarán en caso de que la liquidación del presupuesto anual recoja un déficit igual o superior al 10 % de la compensación que otorgue el Consell para la prestación del servicio. También abandonarán su cargo si se produce una disminución de más del 25 % de los ingresos propios previstos en el presupuesto anual, salvo causa justificada y previo informe de la Sindicatura de Comptes. La nueva corporación sólo podrá recurrir al endeudamiento para la financiación de inversiones en inmovilizado material e inmaterial y para atender desfases temporales de tesorería.

 

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[Observacom]

El Senado aprobó la capitalización de US$ 47 millones para la TV pública de Chile, Televisión Nacional de Chile (TVN), así como la nueva señal para la emisora, denominada “señal 2” o “señal cultural”, que requerirá US$ 18 millones más para su puesta en marcha según informó La Tercera. Se prevé que la iniciativa sea tratada en la Cámara de Diputados luego de las elecciones presidenciales del 19 de noviembre y antes de fin de año.

Otra de las cuestiones de la Ley N° 19.132 que modificó el Senado, es que se devolvió a la Contraloría el rol de fiscalización de los recursos que se asignen a la emisora pública. Además, el canal debe reportar al Ministerio de Hacienda sus gastos y rendir cuentas ante el Congreso una vez por año, de acuerdo con Diario Financiero.

“Hay dos afirmaciones que quedaron claras. La primera: todo el mundo está a favor de que exista en Chile televisión pública y, segunda, nadie quiere que estos recursos vayan a un saco roto”, aseguró Ricardo Solari, Presidente del directorio de TVN en entrevista con La Tercera.

 

Ley TV nacional Chile

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El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el primer día de agosto el Proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía, el cual será remitido al Parlamento autonómico para su aprobación definitiva. La norma, que desarrolla en algunos aspectos la legislación básica de ámbito estatal, ha recogido alegaciones presentadas por diferentes grupos de interés al anteproyecto, entre ellas algunas propuestas por la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) de modo particular y en el marco del Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía. Esta plataforma, no obstante, ha mostrado su insatisfacción con el Proyecto, especialmente por lo que atañe al tratamiento que se otorga a los medios comunitarios1.

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