El cierre abrupto de Canal Nou en la Comunidad Valenciana el 29 de Noviembre de 2013 se ha convertido en el acontecimiento más terrible de este retroceso del servicio público y la libertad de expresión en España, una especie de símbolo “a la griega”. Pero la RTV Madrid podría seguir los mismos pasos pronto, si el aberrante proceso de externalización que ha emprendido que, tras expulsar por un ERE a la inmensa mayoría de sus empleados, concede de forma opaca las principales funciones del servicio público a empresas privadas, es condenado por los tribunales (ver >Bustamante, E., 2013. “Historia de la Radio y Televisión en España. Una asignatura pendiente de la democracia”. Gedisa. Barcelona).
En términos aparentemente menos dramáticos pero mucho más generales está la súbita involución democrática de RTVE en sus cargos de gestión y control, en la dirección de sus informativos y sus programas, combinada con recortes brutales en sus subvenciones públicas; o el proceso similar realizado en la Corporació Catalana de RTV (en ambos casos con una alianza contra natura entre dos derechas nacionalistas aparentemente confrontadas); o los recortes de más de un 40 por ciento de los presupuestos de gastos sufridos como media en dos años por los terceros canales autonómicos; o la externalización abusiva que alcanza incluso a la información, corazón del servicio público, en radiotelevisiones autonómicas como IB3 en Baleares, o RTV Murcia, según modelos en los que los “editores” públicos se convierten en simples censores al servicio del poder del partido gubernamental (Ver Bustamante, E., 2013. El servei public de RTVE sota el govern de Rajoy. L´Espill. 2ª época. Valencia). En tiempos de cinismo oficial inconmensurable, podría citarse como una culminación la reciente regulación de la “transparencia” en TV3 mientras desprofesionaliza su Consejo de Administración abriendo la vía a cualquier compatibilidad con los intereses privados.
Profunda regresión de la democracia :
Tal regresión a niveles anteriores a la Constitución de 1978, y al Estatuto de la radio y la televisión de 1980, propiciada por las reformas del Gobierno del PP sobre la Ley General del Audiovisual de 2010, viene a sumarse a los efectos de una situación de oligopolio agravado en el polo privado que, si en la radio acumula un 92,8 por ciento del mercado publicitario sobre tres cadenas, culmina en la televisión, con un 90 por ciento de la facturación publicitaria en dos grupos, dotados de un poder omnímodo que asfixia al resto de los competidores, con quiebras y cierres generalizados de sus canales (desaparición de Veo, de Net, de Marca, Intereconomía…). Un monopolio de consecuencias terribles sobre los precios y condiciones del mercado publicitario, pero también sobre los derechos de los consumidores (regulación de la publicidad), sobre los productores audiovisuales y, especialmente, sobre los ciudadanos-usuarios, su derecho al pluralismo y la diversidad. La eliminación, antes de nacer, del Consejo Audiovisual previsto en la legislación, en favor de una pintoresca Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de múltiples funciones difusas y nula independencia política, pero en beneficio sobre todo de un poder total del ejecutivo sobre el control “externo” del servicio público” y sobre las licencias privadas, completa este cuadro de autoritarismo gubernamental que desmiente toda apariencia de libertad de expresión.
Hasta ahora, con mayores o menores dosis de indignación o resignación, las críticas sectoriales y puntuales a esta situación en España, se han ceñido al ámbito nacional, “resignadas” a una dinámica estrictamente española o regional que sólo podía apelar a futuros vuelcos electorales. Mientras que los partidos de la oposición, especialmente el PSOE e Izquierda Unida, olvidaban o marginaban sus críticas y alternativas en este campo, bien por su tradicional incomprensión del papel de la comunicación masiva o por su propio oportunismo en la utilización de las escasas “rendijas” mediáticas disponibles para su visibilidad.
Derechos fundamentales en Europa :
Y sin embargo, habíamos olvidado, quizás llevados por la incredulidad general hacia Europa en la crisis económica, que formábamos parte de la Unión Europea, cuyos derechos fundamentales y regulaciones resultan de obligado cumplimiento en los Estados-miembro:
*En primer lugar, está la Carta de los derechos fundamentales (Estrasburgo, 2007), cuyo artículo 11 proclama la libertad de expresión e información que, se precisa, “comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones e ideas, sin que pueda haber interferencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras”; mientras su punto 2 obliga a respetar “la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo”.
*En el Tratado de Lisboa, con valor de texto constitucional (Bruselas, 12-11-2012; 6655/7/08), se vuelve a destacar que “las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actividad de la Unión”; y cabría añadir la obligación de apoyar a la cultura (art. 167, Tratado); o la de garantizar “un grado elevado de protección de los consumidores” (art. 38, Carta).
*Como anexo al Tratado, se recoge el antiguo protocolo de Amsterdam de 1997 (protocolo 29 ahora), sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados- miembros”, que reconoce que está “directamente relacionado con las necesidades democráticas, sociales y culturales y con la necesidad de preservar el pluralismo de los medios de comunicación”.
Queda, por tanto, la instancia de la Unión a la que pertenecemos, como el Parlamento que en diversas ocasiones ha condenado ya la tergiversación democrática de los medios nacionales (en la Italia de Berlusconi, en la Hungría autocrática). Pero también cabe apelar a la Comisión y al Consejo, e incluso a los tribunales de justicia europeos que tan diligentes se han mostrado a la hora de definir las obligaciones del servicio público “de interés económico general” y sus limitaciones de financiación mientras olvidaban las conclusiones sobre la concentración mediática privada …desde 1992 (Libro Verde sobre la concentración y el pluralismo, impulsado por Mario Monti).
Esperanzas: la Unión Europea está obligada a intervenir:
Algunos síntomas dan alas a la esperanza en este campo, alejándonos del síndrome de la utopía sobre cómo debería ser la Europa social y no sólo la económica, o la financiera, o la “Europa de los mercaderes”. Por ejemplo, el pasado mes de Abril, el Diario Oficial de la U.E. publicó una resolución solemne, aprobada por la comisión de Cultura del Parlamento Europeo el 25 de Noviembre de 2010 y reiterada por el pleno en 2012 (522 votos a favor contra 22 votos, y 62 abstenciones), que proclama el papel fundamental “de un sistema dual europeo realmente equilibrado en radio y televisión” (DO-UE, 3-4-2012. 2012/C99 E/11). En esta decisión, se reafirma la necesidad de “un servicio público de radiodifusión independiente, fuerte y vivo, que se adapte a las demandas de la Era Digital”, se señala la prioridad de los Estados Miembro de apoyar la independencia, las misiones y la financiación de este servicio público, y su compromiso con estos criterios europeos., y se recuerda el carácter imprescindible de una “financiación apropiada, proporcionada y estable”; recomienda además que los directivos y consejeros sean nombrados “sobre la base de su competencia y conocimiento del sector de los medios de comunicación” , y que la supervisión sea realizada por “reguladores independientes”. Pero sobre todo, se “demanda a los Estados- miembro que pongan fin a las injerencias políticas en lo tocante a los contenidos ofrecidos por las organizaciones de servicio público”.
La gran novedad, y esperanza en esta línea, es un informe reciente del Grupo de Alto Nivel sobre la libertad de los medios y el pluralismo, nombrado por la Comisión europea en Noviembre de 2011. Entre sus recientes recomendaciones detalladas figuran: medios públicos “con estrictas reglas que prohíban las interferencias gubernamentales”, una provisión de fondos públicos suficientes para ellos y, finalmente, la existencia y supervisión de reguladores independientes, “que representen a todos los stakeholders”
Pero sobre todo, en el informe se destaca que, pese a ser una competencia de los Estados-miembro, la U.E. y sus instituciones tienen también un papel importante que jugar, especialmente en caso de que sean traicionados los derechos fundamentales que consagra por restricciones a la libertad de expresión y el pluralismo. Y proclama en consecuencia, que “la libertad y el pluralismo de los medios deberán ser respetados”, precisando que el Consejo está legitimado para actuar directamente, aunque sea como último recurso (artículo 7 del Tratado) “cuando un Estado-miembro se pone en seria y persistente ruptura con los valores del Tratado” (Vike-Freiberger, V. et alii, 2013. “A free and pluralistic media to sustain European democracy”. High level Group on Media Freedom & Pluralism. Bruselas. ; ver: http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital- agenda/files/HLG%20Final%20Report.pdf ).
Evidentemente, la aplicación de este compromiso se dilucidará después de las elecciones europeas del 25 de Mayo próximo, en función de sus resultados ideológicos y políticos: Una razón más para ser muy exigentes con los programas de los partidos políticos a esas elecciones; Un suplemento de motivación para votar con libertad y responsabilidad, pero también con reivindicación plena en esa convocatoria. Porque es preciso recordar, por si alguien lo ha olvidado, que la libertad de expresión y de comunicación activa es un espacio decisivo para la defensa o la derrota de todas las demás reivindicaciones en pro de una sociedad democrática y humana.
Enrique Bustamante
