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Martes, 24 Marzo 2020 10:46

Ante el Servicio Público, en plena crisis sanitaria: GOBIERNOS POPULISTAS, POLITICOS GAMBERROS

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Las situaciones de crisis sirven también para desnudar las reacciones y personalidades de los políticos y gobiernos más demagogos que, a pesar de sus esfuerzos de maquillaje, no se resisten a revelar su auténtica naturaleza populista. Especialmente, sus reacciones ante el servicio público de comunicación, más vital que nunca en situaciones de incertidumbre como la actual que exigen una información fiable y rigurosa, muestran una cara gamberra que debería alertar por sí sola a los ciudadanos.

En el plano internacional pueden ponerse como ejemplo las amenazas poco veladas de Boris Johnson y sus ministros que, nada más ganar las elecciones declararon el boicot a Radio 4´s Today, acusado de informaciones antitory, y elevaron el diapasón de sus presiones a la BBC entera advirtiendo que podrían dejar de exigir legalmente el pago del canon (licence fee) que financia al prestigioso servicio público (blindado legalmente hasta 2027) en lo que se estima restaría inmediatamente unos 200 millones de libras a la producción y la oferta audiovisual de esta entidad.

Más brutal e inmediata ha sido la decisión del Presidente de Ecuador, Lenin Moreno, quien anunciaba esta pasada semana el cierre y eliminación de la Empresa de Medios Públicos, con el pretexto de recortar el gasto público. Antiguo vicepresidente con Rafael Correa, tristemente recordado por su impresentable comportamiento ante el caso de Julian Assange, a quien entregó a la justicia británica violando la legislación internacional y tras permitir su espionaje sistemático y el de su defensa legal, la decisión del Presidente Moreno ha sido criticada por el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, como un grave atentado al pluralismo.

Gobiernos autonómicos gamberros:

Los casos recientes de comportamientos irresponsables ante el servicio público y su especial relevancia actual, se prodigan también en el Estado autonómico español. En la memoria mediática de las últimas semanas, figuran por ejemplo los ataques directos de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a RTV Madrid, en entrevistas y hasta en una carta dirigida a su director, en la que cuestionaba su independencia –y se quejaba contradictoriamente de sus críticas- y consideraba al servicio público regional como “no esencial” para los madrileños. Paradójicamente, la presidenta ha venido lanzando simultáneamente sus insidias contra las medidas frente al coronavirus del Gobierno central, mientras mantenía silencio absoluto respecto a las graves consecuencias sobre la sanidad pública o las residencias de ancianos de Madrid de los recortes y privatizaciones de sus admirados antecesores Esperanza Aguirre y Francisco González.

Otro caso espectacular ha sido el de la Junta de Andalucía, gobernada por el PP y Ciudadanos, que también ha prodigado los ataques “nacionalistas” a la política sanitaria del Gobierno Sánchez, a pesar de que Andalucía no se contaba entre las comunidades más afectadas y de que sus reclamaciones podrían leerse en clave insolidaria. Pero, además, en plenos inicios de la crisis sanitaria (BOJA de 12-3-2020) se permitía lanzar un decreto ley escoba cuya supuesta finalidad era “agilizar” la economía y “fomentar la actividad productiva”. Entre esas medidas figuraban modificaciones sustanciales de la Ley Audiovisual de Andalucía (aprobada por unanimidad en 2018) para “favorecer la flexibilidad y la consolidación del sector audiovisual” , como permitir  que entidades privadas gestionen los servicios públicos de comunicación local, permitir sin informes previos del Consejo Audiovisual de Andalucía los negocios jurídicos de emisoras (compraventas, arrendamientos) y eximirles de tener estudios de producción en el territorio; la gamberrada de la Junta llega hasta el punto de permitir expresamente la difusión o contratos de comunicaciones comerciales (se supone que publicidad, incluso institucional) con servicios que no dispongan de título habilitante, es decir con emisoras ilegales y piratas.

Con razón, la asociación EMA-RTV, que agrupa a un centenar de emisoras locales andaluzas permitiendo el esfuerzo mancomunado y la sinergia entre sus asociadas, ha calificado al decreto ley como una perversión del “mapa de la radio y la televisión local en Andalucía” y de la propia Ley de Comunicación Audiovisual.

Se puede establecer la hipótesis de que Gobiernos y políticos populistas que ostentan sus posiciones contrarias al servicio público, son precisamente los más opuestos a una política informativa transparente que pueda poner de relieve sus propias vergüenzas, y los que más recurren a las insidias informativas como cortinas de humo de sus mismas carencias.

 

Enrique Bustamante Ramírez

Visto 12160 veces Modificado por última vez en Lunes, 21 Junio 2021 09:36

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