La reforma de los organismos reguladores que se llevó a cabo en la Ley de Economía Sostenible "no consiguió garantizar la independencia de estos organismos", según el PP. Por ello, en la iniciativa incluye una cláusula en una disposición transitoria que, según fuentes del PP consultadas por el ELMUNDO.es, supone toda una declaración de intenciones si gana las elecciones.
"A partir de la entrada en vigor de la presente ley, todos los miembros de los organos reguladores que no hayan sido nombrados por el procedimiento previsto en el artículo único de esta ley cesan de su cargo y quedan en funciones hasta los nuevos nombramientos", señalan.
Según estas fuentes, la cláusula no se dirige contra los consejeros del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que cuentan ya con un procedimiento específico, pero sí "contra todos los actuales y posibles nuevos consejeros nombrados en esta legislatura en la Comisión Nacional de Competencia (CNC), Comisión Nacional de la Energía (CNE) y Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT)". También afectará a nuevos organismos de regulación postal y del juego.
Según explican en el PP, si llegan al Gobierno impulsarán que las cúpulas de estos organismos sean designados por una mayoría cualificada del Parlamento y tras un procedimiento de examen previo como sucede en Estados Unidos para dotar a los reguladores de mayor independencia.
El presidente de cada organismo regulador tendría que ser designado, según el PP, por una mayoría cualificada de tres quintos (210 de los 350 diputados que integran el Congreso) y los consejeros por mayoría absoluta (176 votos). Todos ellos deben ser elegidos entre personas "de reconocido prestigio y competencia profesional" en el área correspondiente.
Precisamente, el Consejo de Ministros tiene previsto nombrar a, entre otros, la ex vicelehendakari del Gobierno vasco Idoia Zenarruzabeitia como consejera de la CNE. Si el PP llega al poder, esta militante del PNV quedará automáticamente cesada.
La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, explica en esta iniciativa que el nombramiento de esos cargos por el Gobierno no les permite desempeñar con independencia su tarea, que debe ser "estrictamente supervisora de las funciones reguladoras" que tengan encomendadas.
El PP también propone la supresión del Consejo Estatal de medios Audiovisuales. Plantea que sus funciones, que deben ser sólo de carácter técnico regulador, las desempeñe el Comité Audiovisual de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Asimismo, en la proposición de ley de los populares se establece la preeminencia de la Comisión Nacional de la Competencia sobre los organismos sectoriales, debido a su carácter horizontal sobre la actividad económica española.