[Editorial El País]

En toda democracia consolidada, los medios de comunicación públicos cumplen unas funciones que van más allá de las meramente informativas, educativas o de entretenimiento. Las radios y televisiones estatales son un instrumento para promover la cohesión territorial y la diversidad lingüística y cultural, contribuyen a preservar los derechos de las minorías y de los menores y fomentan la libre expresión de las ideas. Por su propia condición, estos medios deben estar al servicio de los ciudadanos, a quienes tienen la obligación de rendir cuentas a través de sus legítimos representantes en el Parlamento.

En España, los medios audiovisuales de titularidad pública —ya sean de ámbito estatal, autonómico o local— no puede decirse que estén completamente homologados a las corporaciones europeas prestigiosas, como la BBC o la ZDF, motivo de orgullo para británicos y alemanes, respectivamente. En España, estos entes públicos son una anomalía en términos democráticos. Tradicionalmente han actuado como un apéndice del poder, abdicando de su función básica, que no es otra que la de preservar su independencia respecto al poder político.