Sin embargo, este proceso, debido a la complejidad que supone su novedad y a las garantías que debe ofrecer, se puede prolongar, a tenor de los plazos necesarios para su desarrollo, al menos, entre seis meses y un año. Esto no debe ser motivo de sorpresa ni desánimo, puesto que un cambio tan profundo en una empresa tan compleja como RTVE no es fácil ni debe ser tomado a la ligera. Dicho de otra manera: es muy difícil contar con un presidente o presidenta elegidos por este procedimiento antes del verano del año próximo. Esto abre el debate sobre el nombramiento de una Presidencia y un Consejo “provisionales”, sobre el carácter que deben tener y sobre las condiciones bajo las que deben hacerse dichos nombramientos.
La reciente modificación de la ley indica, en este momento y antes de someterse a nuevas modificaciones, la posibilidad de cambiar la Presidencia y el Consejo en el momento de su publicación. Dice también la proposición de ley en tramitación que se seguirá el procedimiento actual para su elección, es decir, que bastaría con una mayoría (en segunda votación) para elegir dichos cargos, lo que indica que, además de existir la obligación legal, también existe la obligación política (previo consenso de los partidos necesarios para alcanzar esa mayoría) de la elección de una Presidencia y un Consejo provisionales. No tendría sentido aprobar una ley que tarde tanto en cumplirse que sus efectos queden diluidos por esa tardanza; en este sentido queremos recordar que los contratos- programa, que el gobierno está obligado a elaborar por ley desde hace casi diez años nunca se llevaron a cabo. Sin embargo, para utilizar este procedimiento es imprescindible justificarlo plenamente y hacerlo de modo que no contravenga el espíritu de la ley en tramitación.
La urgencia de la adopción de medidas viene avalada por la multitud de opiniones que ponen de relieve la necesidad de corregir inmediatamente el más que notable deterioro de RTVE, manifestado en su falta de operatividad y en la ausencia de una financiación adecuada y suficiente, denunciadas por los sindicatos; en su falta de pluralismo, denunciada por los Consejos de Informativos; y en la dramática disminución de su audiencia, puesta de manifiesto por los muchos estudios que se han hecho públicos recientemente. Existen otros motivos que no voy a enumerar, puesto que los ya mencionados son más que suficientes para justificar la urgencia de la mencionada actuación y lo inconveniente de dejar que RTVE continúe en las condiciones actuales por más tiempo.
Sin embargo, esos nombramientos provisionales no pueden ser hechos de cualquier manera, puesto que no serán políticamente viables las actuaciones que desvirtúen las modificaciones de la ley que apruebe el Parlamento. Es decir: cualquier nombramiento provisional que se lleve a cabo debe considerarse vinculado por las modificaciones aprobadas y garantizar que la actuación de las personas elegidas provisionalmente sirva para gobernar RTVE en la nueva dirección que marca la ley. Esto solo es posible añadiendo a los nombramientos un mandato de mínimos, acordado entre los partidos que los apoyen y que especifique y limite la actuación de dicha Presidencia y Consejo provisionales. Lo contrario, es decir, nombrar Presidencia y Consejo sin someterlos a un mandato concreto, no sería más que reproducir los defectos de la estructura actual y, lo que es peor: hacer lo contrario de lo que se propone, lo que a su vez pondría en duda la intención misma del cambio.
Como es lógico, este mandato no puede tener cualquier contenido, pues solamente será válido si es útil para alcanzar los objetivos que propone la ley en cuanto a transparencia, pluralismo y desgubernamentalización (objetivos que no se han alcanzado con el existente mandato-marco, lo que ha provocado la necesidad de los presentes cambios legislativos). Por lo tanto, esas medidas recogidas en el mandato que debe hacerse por parte del Parlamento a esa hipotética dirección provisional deben contemplar, al menos, la inmediata y total transparencia en todo cuanto determina la Ley y su organismo de control: el Consejo de Transparencia y, especialmente su aplicación en los detalles referentes a contratos y convenios. También es inaplazable la implantación de la independencia informativa, mediante el sometimiento del nombramiento de los directores de informativos a la aprobación del colectivo de trabajadores de RTVE que desempeña tareas de información (actualmente lo designa directamente el presidente) y, por último, es también imprescindible que la dirección provisional se comprometa a facilitar activamente, y en la medida de sus posibilidades y recursos, la transición al nuevo modelo. Simultáneamente a este proceso, será necesario desarrollar otros que garanticen la independencia de RTVE, como son su financiación, el establecimiento de un nuevo mandato-marco, etc., puesto que, como se ha dicho en reiteradas ocasiones, no será suficiente el cambio de la Presidencia para lograr las mejoras deseables en RTVE.
Es lógico pensar que, si hace un año las medidas eran urgentes, ahora mismo son vitales, y que deben ser esas y no otras las que formen el mandato que haga a una posible dirección provisional que, dicho sea de paso, debería contar con el apoyo de los trabajadores y trabajadoras de RTVE para llegar a buen término. A fin de cuentas, si no va encaminada al objetivo de facilitar la transición a un nuevo modelo de radiotelevisión pública, la elección de una dirección provisional no estaría justificada y no serviría para este fin. No queremos si quiera pensar que los partidos que han sido capaces de acordar las modificaciones de la presente ley no serán capaces de ponerse de acuerdo en el nombramiento de un presidente provisional alejado de los intereses partidistas que, a su vez, deberá ser capaz de trasladar esta imparcialidad a los diferentes escalones de mando de RTVE.
Los partidos políticos tienen en sus manos mostrar su generosidad democrática y su capacidad de diálogo nombrando, con un amplio acuerdo, un presidente de RTVE independiente y capaz de llevar a buen término el necesario cambio en la radio y la televisión públicas. No hacerlo sería tanto como predicar y no dar trigo a una ciudadanía que, hace ya mucho tiempo, está hambrienta de información veraz, de transparencia en la gestión y de independencia informativa.
Roberto Mendès
