Así, la ley implementó una tradición de televisión pública gubernamentalizada y débil, desarrollada a la sombra de los canales privados radicados en Buenos Aires que comenzaron a funcionar en la década de 1960 tras el golpe de estado que derrotó al general Perón. Mientras estos consolidaban un modelo basado en la lucha por las audiencias masivas, la televisión pública nunca supuso una amenaza, en términos de audiencia y de reparto de la tarta publicitaria, para los medios privados.
Durante la última dictadura cívico-militar argentina de Jorge Rafael Videla y sus sucesores (1976-1983) se publicó el Decreto-Ley Nacional de Radiodifusión n° 22.285. Entre los objetivos que la nueva regulación encomendaba al Servicio Oficial de Radiodifusión (SOR) destacamos, por su claro carácter propagandístico, los de "informar a la población acerca de los actos de gobierno" y "difundir la actividad nacional al exterior".
La ley, asimismo, mantenía el control gubernamental del SOR bajo la órbita de un nuevo órgano, el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), dirigido por un directorio de siete miembros en representación de organismos tan dispares como el Ejército Argentino, la Armada Argentina, la Fuerza Aérea Argentina, la Secretaría de Información Pública, la Secretaría de Estado de Comunicaciones, la asociación de licenciatarios de radio y la asociación de licenciatarios de televisión. Tras el fin de la dictadura, el COMFER siguió controlado por los gobiernos democráticos que le sucedieron que designaron para su gestión a interventores nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional.
Desde la concepción europea del servicio público de radiotelevisión resulta, cuanto menos, alarmante que el Decreto-Ley de Radiodifusión se mantuviera vigente en pleno proceso democrático hasta el año 2009.
La sanción de una ley modelo
Conscientes de la necesidad de un cambio en la regulación de sus medios de comunicación, bajo mandato de Cristina Fernández de Kirchner se sanciona, en 2009, la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). La norma presenta un diseño institucional de la autoridad de aplicación y de los medios públicos más participativo y menos dependiente del Gobierno y marca como uno de sus principales objetivos devolver el prestigio al primer sector de comunicación audiovisual.
La principal simiente se remonta a 2004, momento en que se constituyó la Coalición por una Radiodifusión Democrática, responsable del manifiesto "21 puntos básicos por el derecho a la comunicación", el cual reivindica una nueva legislación que garantice el pluralismo informativo y cultural y la existencia de medios públicos fuertes, al servicio de los ciudadanos y no de los gobiernos. El documento, a partir de la idea de que la comunicación es un bien público, reivindica unos medios con contenidos diversos, que garanticen la participación ciudadana y atiendan las necesidades de la población.
En su artículo 10, la LSCA crea "como organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) como autoridad de aplicación de la presente ley", con plena capacidad jurídica para fiscalizar y sancionar y que debevelar por el desarrollo de una sana competencia y la existencia de medios diversos. Su independencia se garantiza tanto en que los mandatos de su presidente y directores deben estar desacoplados del mandato presidencial (es decir, que sus designaciones no coinciden temporalmente) como en que éstos sólo podrán ser removidos de sus cargos por incumplimiento o mal desempeño de sus funciones.
La LSCA también crea el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, encargado, entre otras funciones, de fiscalizar y asesorar al AFSCA en el ejercicio de su tarea; y el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, dos organismos que tienen como objetivos recibir y canalizar consultas, reclamos y denuncias del público y, asimismo, fomentar una visión de la comunicación que prevalezca el carácter cultural y humano sobre el mercantil.
En cuanto a la televisión pública, se repite una vez más la dependencia gubernamental. Así en su artículo 199, se crea "bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo nacional, Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E.), que tiene a su cargo la administración, operación, desarrollo y explotación de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva del Estado nacional". La ley establece que la dirección y administración de la RTA S.E. estará a cargo de un directorio de siete miembros cuyo director y presidente serán designados por el Poder Ejecutivo nacional, hecho que, de ninguna manera parece garantizar la independencia gubernamental en la gestión. Sin embargo, es importante señalar que esta ley recoge, por primera vez, el deber de respetar y promover el pluralismo político, religioso, social, cultural, lingüístico y étnico.
Clave en el devenir de la televisión pública argentina es también la publicación en paralelo, en 2009,del Decreto 1148/09 del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios (en adelante MinPlan) que creó el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVDT). La transmisión a través del sistema de televisión digital terrestre trajo consigo la aparición de cinco señales estatales nuevas que conforman un total de siete canales públicos con cobertura nacional: Encuentro (creado en 2005), PakaPaka, DeporTV, ACUA Mayor, ACUA Federal, Tecnópolis TV y la TV Pública.
Si tenemos en cuenta el mercado televisivo argentino, el impulso a una televisión pública de calidad adquiere vital relevancia en las políticas de comunicación: en términos de audiencia, mientras la penetración de la televisión de pago ha ido aumentando, la de la televisión pública muestra una caída anual constante que la ubica en un share del 65,55% en 2005, frente al 34,45% de la televisión de pago; y que ha disminuido al 47,52% en el año 2015, frente al 52,48% de la televisión de pago para este mismo año, según datos de LAMAC (Latin American Multichannel Advertising Council).
Una serie de catastróficas decisiones
Las decisiones en materia de comunicación tomadas por el ejecutivo de Mauricio Macri, tras su llegada a la presidencia de la nación argentina el 10 de diciembre de 2015, no parecen aventurar un futuro esperanzador para la televisión pública argentina. Este mismo día, el hasta entonces Presidente de RTA, Tristan Bauer, cuyo mandato finalizaba en 2017, renuncia al cargo tras unas declaraciones del presidente electo en las que aseguraba que Bauer "debía dimitir por su condición de militante y por carecer de condiciones de técnico profesional para ejercer el cargo".
Tan sólo un día después de iniciar el mandato, el Ejecutivo de Macri modifica la Ley de Ministerios mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) n°13. A partir de este momento se producen dos hechos determinantes: el AFSCA queda a cargo del nuevo Ministerio de Comunicaciones y se crea el Sistema Federal de Medios Públicos, en el que se inscribe la RTA. ¿Al frente?: Un político amigo, Hernán Lombardi, ingeniero de titulación y empresario de profesión, con una amplia trayectoria política radical (partido opositor al Peronismo) y, aunque con experiencia en el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en el período 2007-2015 de gobierno macrista, nos atreveríamos a decir que, poco o nada, capacitado para garantizar unos medios públicos al servicio de la ciudadanía.
Podríamos pensar que, al menos, la existencia del AFSCA como organismo de control independiente garantizaría la intervención de los medios públicos ante una mala praxis profesional pero, como regalo anticipado de Navidad, el 23 de diciembre de 2015 se publica el Decreto 236/15 que interviene el organismo por 180 días. Además, se retira al Consejo Federal de Comunicación Audiovisual la potestad para renovar el directorio ejecutivo que, hasta el momento presidía Martín Sabbatella, quien aunque ha recurrido ante la justicia la inconstitucionalidad de ambos decretos, ha sido desalojado de su puesto de trabajo, acusado, cómo no, de militancia política. El resto de trabajadores del organismo también han sido desocupados ante la clausura judicial del organismo.
La intervención del AFSCA supone un claro ataque al pluralismo y la independencia de los medios de comunicación como garantes de sistemas democráticos sostenibles. Y no sólo eso, la aprobación el 30 de diciembre de un nuevo DNU que crea el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) mediante fusión del AFSCA con la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), organismo creado a partir de la Ley 27.078 "Argentina Digital" (2014) para regular las telecomunicaciones, augura un nuevo sistema de medios privados convergentes, un paso atrás en el modelo que había instaurado la LSCA.
El 4 de enero (después de Papa Noel ya saben ustedes que llegan los Reyes Magos) Mauricio Macri designó a Miguel de Godoy, un ex publicista y empresario, vocero del equipo del ex presidente Fernando de la Rúa cuando éste desempeñaba el cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del ENACOM.
Los dos regalos navideños de Macri anunciaban un panorama desolador que, con sus matices y particularidades, nos recordaba a los cambios introducidos por el gobierno de Mariano Rajoy cuando decidió suspender la puesta en marcha del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), creado por la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010, mediante su absorción por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), un nuevo organismo de carácter transversal y no especializado que deja intencionadamente en el olvido el objetivo del pluralismo.
Por suerte para los argentinos pero, también, para el resto de los que mirábamos como ejemplo la LSCA, el pasado 11 de enero, dos jueces federales aceptaban los recursos presentados por Sabatella dejando sin efecto los tres decretos que permitieron la intervención y disolución del AFSCA y suspendiendo todas las medidas llevadas a cabo por el nuevo Ministerio de Comunicaciones. Pero, como la alegría en la casa del pobre siempre dura poco, apenas cuatro días después, un tribunal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal resolvía que, mientras se revisaba el trámite, en proceso de apelación por el Ejecutivo de Macri, el gobierno podrá seguir aplicando las modificaciones que establecen los decretos.
En medio de la guerra judicial, los perjudicados, cómo no, los medios públicos y los ciudadanos; los beneficiados, los medios privados. Así, el 21 de enero, el gobierno volvió a tomar una decisión catastrófica: se semiprivatizaba el programa Fútbol Para Todos, una de las medidas estrellas del gobierno kirchnerista que aseguraba la emisión en abierto por la Televisión Pública de todos los partidos de la liga de fútbol, anteriormente gestionados exclusivamente por canales de servicio por cable. Pero con la decisión de Mauricio Macri, a partir de ahora los partidos más importantes serán retransmitidos por los tres canales abiertos privados principales de Buenos Aires, Clarín, Telefé y América, mientras que para la parrilla de la TV Pública se dejan las migajas, los partidos de menor repercusión. Este hecho no sólo es grave a nivel estructural, ya que deja en evidencia el escaso apoyo que la televisión pública tendrá a partir de ahora, sino que su emisión ya no se podrá garantizar a través de la TDA y se invertirá dinero público en el desarrollo de medios privados pues el Estado venderá los derechos a estos canales por un coste menor del real y permitiéndoles que ellos se beneficien de los ingresos publicitarios.
El nuevo modelo, en pro de unos medios privados desregulados, queda también en evidencia en otros aspectos de la nueva normativa ya que el DNU 267/15 modifica los artículos que establecen límites a la concentración de la propiedad en radio, tv abierta y tv cable; amplía el plazo de explotación de todas las licencias audiovisuales y habilita cruces entre grupos audiovisuales, de telecomunicaciones y de telefonía, para ofrecer tv por cable. Además extiende de 10 a 15 licencias de radio y tv abierta como cantidad máxima por explotador y permite la transferencia de licencias.
En palabras del Profesor Martín Becerra, quien realiza un detallado y crítico análisis de la situación en su blog, "el nuevo gobierno cambia el objetivo de la política estatal: en lugar de adecuar los grupos a la ley, adecua la ley a la estructura y necesidades de los principales grupos". En esa línea, Becerra asegura que "los desafíos de un sector crecientemente globalizado, convergente, concentrado, financierizado, conglomerizado y reticular y las obligaciones estatales de proveer al conjunto social (no sólo a los propietarios de medios) del derecho a la libertad de expresión fueron, hasta ahora, desatendidos por las medidas adoptadas a golpe de decreto por el presidente argentino".
Dada la gravedad de los hechos relatados, en estos momentos, desde la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante las denuncias interpuestas por el ex presidente del AFSCA y la Defensoría del Público, se está analizando si las medidas macristas atentan o no contra los estándares internacionales de libertad de expresión.
Sin dudas se trata de una disputa interminable por los bienes culturales y todo lo que ellos transmiten. Mientas aguardamos con cierta inquietud el siguiente capítulo de esta historia, le pedimos al nuevo gobierno que, como próxima sorpresa, nos regale menos, pero mejor.
Carolina Rubini es investigadora y maestranda en Industrias Culturales: políticas y gestión de la Universidad Nacional de Quilmes y miembro del proyecto de investigación "Industrias culturales y espacio público: comunicación y política en la Argentina".
