Tras casi 30 años desde la aprobación de la Constitución española, 28 años después de la recuperación de las libertades en España, se aprobó la Ley 17/2006 de la Radio y la Televisión de titularidad estatal, que acabó con el que hasta ese momento había sido un modelo de televisión gubernamental, hija de una televisión pública concebida como un medio de propaganda del régimen dictatorial franquista.
La Televisión Pública en España, con la aprobación de la Ley 4/1980 de Estatuto de la Radio y la Televisión, mantuvo como práctica heredada, la designación por los Gobiernos de turno de los directores generales y miembros del Consejo de Administración del ente público RTVE. Los diferentes Gobiernos nombraban y cesaban a su antojo a la máxima dirección del ente público radiotelevisivo y de este modo se perpetuaba un control férreo de RTVE, como si fuera un instrumento de comunicación del propio Gobierno, al servicio de los intereses de esos Gobiernos, que no necesariamente eran los del conjunto de la sociedad española.
El periodo que va desde 1980 hasta 2003, aún suponiendo un claro avance en la gestión de la radiotelevisión pública, sigue caracterizándose por un férreo control político por parte de los distintos Gobiernos, lo cual llega a su máxima expresión con la condena a la dirección de RTVE por parte de la sala de lo Social de la Audiencia Nacional en 2004 por manipulación informativa, cuya imagen más representativa terminó siendo la de su director de los servicios informativos de TVE, Alfredo Urdaci, leyendo de forma “incorrecta” ante las pantallas, el fallo de la sentencia condenatoria.
La situación de degradación que sufre el servicio público radiotelevisivo en este período, con bajas audiencias,una grave crisis de credibilidad, carente de independencia frente a los distintos Gobiernos y con un modelo de gestión y financiación que resultaba claramente insostenible y contrario a la normativa comunitaria, conduce al Gobierno que surge de las urnas el 14 de marzo de 2004 a promover una reforma en profundidad no solo de los medios de comunicación de titularidad estatal, sino también del conjunto del sector audiovisual español.
Aquella apuesta gubernamental, que se concreta en la constitución de un consejo para la reforma de los medios de comunicación de titularidad estatal, supuso un golpe de audacia cuyo impacto trasciende las fronteras de España. Baste recordar el éxito de crítica de la película ¡Viva Zapatero! dirigida por Sabina Guzzanti y presentada por sorpresa en la Mostra de Cine de Venecia de 2005 como un documental satírico contra el Berlusconismo y su obsesión por el control de los medios de comunicación, y que, como recogía la crónica del diario El País tras su pase en la Mostra, “los aplausos solo amainaron cuando al público empezó a dolerle las manos”.
Un movimiento inteligente
La reforma emprendida en España, el trabajo fiado al consejo, ya conocido popularmente como “de sabios” suponía a los ojos de sus observadores un inteligente movimiento de desprendimiento gubernamental y de generación de un marco institucional y legal, de independencia para los medios públicos de comunicación de titularidad estatal, tanto RTVE como la agencia pública de noticias EFE.
Los trabajos de este consejo, que se concretaron en el Informe elevado al Gobierno en enero de 2005, se terminaron traduciendo en la Ley 17/2006 de la Radio y la Televisión de titularidad estatal que debiera haberse visto precedida por una nueva Ley General Audiovisual, que en cambio hubo que esperar hasta 2010. La aprobación de la Ley 17/2006 supuso un gran avance y por fin introdujo a la nueva Corporación RTVE en una tercera fase que podemos calificar por primera vez como de servicio público radiotelevisivo en su sentido más amplio y real del concepto.
Dos de los elementos claves que califican un servicio público radiotelevisivo de calidad y que podamos entender como tal, en tanto que se presta para el conjunto de los ciudadanos sin exclusión de ningún grupo social o político presente en un determinado país son su independencia en la gestión y derivado o junto con ello, su independencia informativa.
Por primera vez, se promovía un modelo de elección de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su Presidente, por parte del Parlamento y no por el Gobierno. Una auténtica revolución democrática que buscaba la elección del máximo órgano de dirección y gestión del radio televisión pública española por el más amplio consenso. El fin era recuperar la radiotelevisión pública para todos los ciudadanos y que dejara de percibirse como un juguete pagado por todos, pero puesto al servicio del Gobierno.
El nuevo modelo
Con la aprobación de la Ley 17/2006 de la Radio y la Televisión de titularidad estatal, por primera vez en España se instalaba un modelo de desgubernamentalización que se concreta en que el Consejo de Administración de la Corporación, compuesto por doce 12 miembros y entre ellos su presidente-director general, ya no eran elegidos por el Gobierno, sino que su elección pasaba a manos del Parlamento mediante su elección por mayoría reforzada de dos tercios en una primera instancia y en caso de que ello no se verificara y para evitar situaciones de bloqueo por parte de grupos minoritarios por mayoría absoluta en siguientes votaciones. Además, el nuevo modelo pretendía la implicación y participación de los trabajadores de RTVE en la gestión de la Corporación pública, mediante la posibilidad de proponer dos miembros del Consejo.
El resultado fue el incremento de las audiencias, el liderazgo en informativos y en credibilidad. Un liderazgo que se mantiene hasta 2011, a pesar de que desde el nacimiento de esta nueva radiotelevisión pública se comenzaron a atisbar incumplimientos de la nueva ley, que nunca llegó a ver aprobado su primer contrato programa, que era tanto como negarle la independencia financiera, la estabilidad y sostenibilidad económica a la Corporación RTVE y lo que quizás es más grave, la no concreción de las contraprestaciones de servicio público a ser ofrecidos por la financiación pública de RTVE, lo cual es un elemento clave para garantizar la independencia efectiva del servicio público radiotelevisivo.
En 2012, el recién elegido Gobierno, sin debate parlamentario previo ni consenso social, emite un real decreto-ley que acababa con el modelo de elección por los más amplios consensos de la dirección de la Corporación RTVE. Se dio un grave paso atrás en detrimento de la independencia del servicio público y se volvía de hecho a un modelo de control gubernamental de la radiotelevisión pública.
La iniciativa legislativa impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista debatida en el Congreso de los Diputados, y gracias a la toma en consideración propiciada por la mayoría del Congreso, abre la posibilidad de retornar a la senda de la independencia de RTVE. Un primer paso que requiere de reformas de mayor calado, en especial en lo que se refiere a la financiación del servicio público y de articulación de mecanismos garantes de la independencia de los profesionales de informativos.
Una radiotelevisión pública independiente, en coexistencia con los operadores comerciales de radio y televisión,es un factor clave de la madurez del sistema democrático. Una radiotelevisión pública independiente aporta la pluralidad y diversidad que el sistema de medios de comunicación exige como fiel reflejo de la pluralidad social y política presente en nuestra sociedad. No es una utopía, es una realidad que hemos conocido y que ahora podemos empezar a recuperar entre todos.
