Grupo de estudio de comunicación de servicio público

En las últimas semanas, al calor de las recientes elecciones andaluzas, hemos podido escuchar, con asombro y preocupación, cómo la formación política Vox reclama el cierre de Canal Sur y de todas las televisiones públicas autonómicas. Se trata de una reivindicación que no ha sido contradicha frontalmente por PP y Ciudadanos. El Partido Popular ha manifestado, a través de su secretario general, Teodoro García Egea: “...prefiero no tener Canal Sur y tener endoscopios en los hospitales de Almería”. Una afirmación que recuerda poderosamente las razones esgrimidas por el expresidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, cuando justificó el cierre de RTVV, “para evitar el cierre de hospitales y colegios”. Por su parte, la formación Ciudadanos no parece sentirse incómoda ante el ataque a los medios de comunicación públicos, defendiendo así un cambio de modelo de la radiotelevisión pública que, en el caso de À Punt, la RTV pública de la Comunidad Valenciana, sea reducido su tamaño a 300 trabajadores (actualmente tiene alrededor de 450) y cuente con un presupuesto entre 80 y 90 millones de euros (¡ahora mismo tiene 55 millones!), para sostener el sector audiovisual valenciano.

En vísperas de la campaña electoral andaluza una amiga de Facebook publicaba una foto dónde se veía una pila de comida envasada encima de un contenedor de basura y se aducía que había sido depositada por “una familia musulmana mientras los de aquí pasan hambre”. Otra amiga acusaba a un partido político de boicotear un acto de otra formación. En ninguno de los dos casos se ofrecía ninguna prueba o indicio de que esto hubiese sucedido así realmente. Se trata de dos personas a las que aprecio, y a las que me niego a etiquetar con ningún término peyorativo. No creo que lo hagan con la intención de hacer daño, es más probable que puedan sentir (con razón o sin ella) que sus valores están en riesgo y sin ser tal vez del todo conscientes, estén contribuyendo a difundir “noticias falsas” que aúpan una agenda política de extrema derecha y que como sabemos, ha tenido consecuencias en las urnas.

Lo habían anunciado y lo han hecho. Los principales partidos políticos de Cataluña, con la máxima desvergüenza imaginable, han acordado repartirse los sillones del Consejo de Gobierno y los principales cargos de la radio y la televisión públicas -TV3 y Cataluya Ràdio-. Incluso Ciudadanos y el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), que tanto habían acusado a esa televisión de manipular la información en favor de la Generalitat y de los independentistas, no han tenido reparo alguno en alcanzar este escandaloso pacto. Así demuestran su absoluta falta respeto a la independencia y el pluralismo que debe existir en los medios de comunicación públicos.

El 2 de octubre de 2018 el Parlamento Europeo aprobó en primera lectura su posición sobre la modificación de la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual), habida cuenta de la evolución de las realidades del mercado.

El periodismo de servicio público está regulado por la retroalimentación entre políticos, modelos (marco legal y normativo), preceptos académicos y practicas sociales. Se ha prestado poca atención hasta la fecha al impacto que estos modelos tienen en los discursos de los ciudadanos, que es especialmente relevante en "coyunturas críticas", es decir, períodos en los que las viejas instituciones viejas están colapsándose y requieren renovación. Por lo tanto, este documento aborda el tema en el contexto español con el fin de explorar las similitudes y diferencias entre lo académico / marco legal-normativo y discursos del público. Para ello se ha estudiado utilizando documentos, informes y legislación, y por medio de grupos de discusión con espectadores de los telediarios de Televisión Española (TVE).

El estudio es obra de María Lamuedra, Concha Mateos Martín y Manuel A. Broullón-Lozano.

Normative_and_Audience_Discourses.pdf

[El País 3/10/18]

En el pasado julio, la Comisión Mixta de Control de RTVE, a propuesta de los grupos parlamentarios, nos nombró a 17 personas —profesionales y académicos de larga trayectoria en la comunicación— como comité de expertos para la renovación del consejo de administración de RTVE y su presidente, de acuerdo con la Ley 5/2017 de 29 de septiembre, aprobada con casi unanimidad parlamentaria para “recuperar” la independencia y el pluralismo del servicio público estatal.

En Bélgica, dos polémicas recientes y entrecruzadas -ambas surgidas en las radiotelevisiones públicas- han atizado el debate social sobre el racismo y sus orígenes. Primero, Cécile Djunga, joven presentadora de la información meteorológica en la RTBF (Radio-Télévision belge de la Communauté française, la radiotelevisión pública francófona), denunció el racismo habitual, dañino, repetitivo, del que es víctima. Lo hizo en un vídeo sencillo y bastante emotivo que hizo público en Facebook.

[El Mundo 26/8/18]

El concurso público convocado por vez primera para renovar la Presidencia y el Consejo de Administración de RTVE no ha empezado con buen pie. Todavía se está a tiempo de enmendar los errores y conseguir que este procedimiento sea transparente de verdad y basado exclusivamente en criterios de mérito de las candidaturas que se han presentado. Si no lo hacen quienes tienen este proceso en sus manos -el Comité de Expertos, la Comisión Mixta Congreso-Senado de Control de RTVE y los Grupos parlamentarios de las Cortes-, existe el peligro real de que una oportunidad histórica como ésta se convierta en una pantomima en la que prevalecerán los intereses partidistas camuflados más que la defensa de una radio televisión pública estatal independiente, que cumpla su papel de servicio público como se merece la ciudadanía.

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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.

Los objetivos de este trabajo  son: entender cómo opera la ideología a través del lenguaje con los recursos expresivos propios del canal Twitter; explicar cuál es el uso que el político Puigdemont hace de la red social durante este periodo clave; y comprobar el rol del periodismo como elemento de objetividad en el discurso. El análisis de este caso práctico sirve de base para elaborar finalmente una reflexión pragmática sobre el concepto de posverdad en la actualidad, la implicación del lenguaje público en su reproducción y la novedad del fenómeno respecto a la retórica anterior, más allá de la denominada como ‘mentira emocional’. Para ello, se diseña una metodología que da cuenta de las características formales del discurso analizado a partir de un sistema de variables que permite establecer correlaciones cualitativas en el objeto de estudio, utilizando la técnica del análisis de contenido.

POR UNA RTVE AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

Madrid, 11 de junio de 2018

Las organizaciones firmantes de este comunicado expresamos nuestro apoyo al acuerdo adoptado por las Mesas del Congreso y el Senado de convocar a la mayor brevedad el concurso público para la elección de los miembros del Consejo de Administración, y, entre ellos, a la persona que ocupe la Presidencia de la Corporación RTVE, tal y como establece la ley.