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¿Porqué salvar a las radiotelevisiones públicas?


Los países europeos con sistemas democráticos más asentados poseen radiotelevisiones públicas sólidas y la mayor parte de ellas aspiran a contar con audiencias consolidadas. La falta de reconocimiento de la importancia del papel de la radiotelevisión pública en la sociedad durante los últimos 25 años ha coincidido con la escasa importancia que se le ha dado a la cultura, a la educación y al desarrollo de la ciencia en nuestro país.
En el contexto español los partidos políticos que han gobernado desde la Transición han usado la radiotelevisión pública con fines partidistas. La sentencia condenatoria del 23 de julio de 2003 contra RTVE por manipulación informativa pareció servir como punto de inflexión.


RTVE ha tenido desde su fundación 24 directores generales y en los últimos 5 años ha contado con 4 Presidentes de la Corporación y se ha producido el hecho insólito de que hasta los miembros del Consejo de Administración han llegado a ocupar de forma rotatoria la Presidencia. El Informe de la Comisión para la Reforma de los Medios de Comunicación de Titularidad del Estado, nombrada por el presidente Zapatero en 2004, fue un espejismo. La mayoría de las medidas adoptadas desde ese momento por los gobiernos del PSOE y del PP han ido en contra de la supervivencia de la televisión pública. Los cambios del modelo en el audiovisual español han beneficiado fundamentalmente a los grandes grupos privados de comunicación que aún así siguen empeñados en jibarizar los canales públicos.
En los años ochenta, La Ley del Tercer Canal (46/1983) permitió la inauguración de las primeras televisiones autonómicas en territorios con lengua propia como País Vasco, Cataluña y Galicia y de otros 10 operadores públicos de ámbito regional. A comienzos de los años noventa, con la tardía llegada de las televisiones privadas a España, se empezó a cuestionar la utilidad de que existieran radiotelevisiones públicas sólidas y suficientemente financiadas.
En Europa las radiotelevisiones públicas han sido consideradas importantes vehículos de transmisión de la cultura del país, de cohesión social y de proyección hacia el exterior; paradójicamente, muchos de los modelos europeos de Radiotelevisión pública han sufrido recortes sucesivos desde 2010. Esta circunstancia choca con la declaración de intenciones realizada por la Unión Europea de Radiodifusión (UER). En su informe de 2012 se señalaba que las radiotelevisiones públicas necesitan "recursos de financiación suficientes, sostenibles y políticamente independientes para cumplir con sus encomiendas". A comienzos del presente quinquenio, las principales fuentes de financiación de las radiotelevisiones públicas europeas eran las siguientes: canon que pagan los contribuyentes o tasa de licencia (59,3%), Publicidad (16,3%), otros (13,1%), aportaciones públicas (10,2%) y patrocinio (1,1%). En 2010 el gobierno socialista suprime la Publicidad en TVE.
En el caso español la ley de 2009 obligaba a que las empresas de telecomunicaciones que ofertaban contenidos audiovisuales aportaran a la Corporación RTVE el 0,9% de sus ingresos, las cadenas privadas generalistas aportaban el 3% y las de pago el 1,5%. A esto había que añadir la recaudación del 80% de la tasa radioeléctrica, unos 300 millones de euros al año, y la subvención procedente de los Presupuestos Generales del Estado. El sistema de financiación se ha mostrado insuficiente dado que si en 2010, la Corporación RTVE recaudó de los operadores de Telecomunicaciones 180 millones de euros y las televisiones privadas ingresaron 90 millones, en 2013 estas cifras se redujeron a 113 millones y 55 millones respectivamente y por su parte el Estado redujo la subvención en un 46%: de 554 a 251 millones de euros.
Ya en un trabajo de 2011 titulado Crisis y dilemas de la TV Publica en Europa, el profesor Francisco Campos Freire demostraba que el coste medio de las radiotelevisiones públicas por habitante y año en la UE, era de 52€. El coste en España era de 46€, en Italia de 48€, en Países Bajos de 56€, en Bélgica de 74€, 85€ en Suecia, 86€ en Francia, 91€ en el Reino Unido y 106€ en Alemania. La Radiotelevisión pública de Finlandia, país en vanguardia en calidad educativa en el mundo, le suponía a cada ciudadano 80€, 34€ más que a un español.
En estos momentos, en España existen dos grandes grupos hegemónicos audiovisuales multimedia: Mediaset y A3Media que se reparten la mayor parte del pastel publicitario. Las televisiones públicas deben cubrir todos aquellos contenidos de programación que no son atendidos por la oferta comercial de las privadas y deben asumir el compromiso de atender a las necesidades de las mayorías pero también de las inmensas minorías de ciudadanos.
Es sabido que la información institucional referida a la acción de gobierno y oposición, la actividad de la monarquía o el seguimiento de los períodos electorales, le corresponde de forma especial a la televisión pública estatal y en el ámbito autonómico las televisiones regionales cubren los aspectos institucionales locales y regionales. Es obligación de la televisión pública estatal tratar con una amplia cobertura de corresponsales y enviados especiales acontecimientos que no están obligados a seguir con la misma cobertura las televisiones privadas.
Por ejemplo, la información electoral en las cadenas públicas debería ser confiada a los profesionales de la información, sin intervención de los partidos políticos. Sin embargo estos últimos han contaminado esa función de servicio público, convirtiendo las informaciones electorales en piezas enlatadas por los propios partidos mayoritarios. Éste es un síntoma de falta de cultura democrática y un engaño a los ciudadanos que no se debe mantener. Por ejemplo, cuando se produjo el cierre de Canal Nou en Valencia, muchos ciudadanos se preguntaron por qué sus trabajadores permanecieron mudos ante casos anteriores de corrupción. Algo parecido sucedió con la trama Gürtel, en la Comunidad de Madrid y en Galicia, con los ERE en Andalucía o con los casos de corrupción en Cataluña que alcanzaron su culmen con la confesión de Jordi Pujol en julio de 2014. Si la sociedad fuera más consciente del poder de los medios para desvelar los casos de corrupción, los profesionales de la información de las radiotelevisiones públicas se habrían sentido mucho más legitimados para ejercer su labor.
Hay sombras pero también una larga lista de hechos positivos que deberían servir para preguntarnos si la labor de las televisiones públicas autonómicas y de la televisión pública estatal tienen sentido: por ejemplo, TV3 y el canal 33 en Cataluña, hicieron propuestas muy innovadoras de programación infantil a lo largo de los años noventa y también fueron pioneras en la creación de series con interés social; algo parecido sucedió con Telemadrid en esa misma época al desarrollar formatos pioneros y una programación de servicio público que dio participación a colectivos sociales diversos, antes de que fuera debilitada definitivamente por el poder político regional; a pesar del populismo de su programación Canal Sur ha hecho un esfuerzo en los últimos tiempos por realizar una información más equilibrada en sus espacios informativos; en su conjunto, las televisiones autonómicas han tenido el objetivo de dar a conocer mejor sus respectivas regiones tratando de reforzar el orgullo de pertenencia de sus ciudadanos y buscando mayor cohesión social, y en los casos de las comunidades históricas, reforzando el conocimiento de las lenguas propias.
Por su parte, la radiotelevisión pública estatal a través del IORTV formó a muchos de los profesionales de la información y de la ficción que han participado en los canales públicos y privados españoles.
No debemos olvidar que la Televisión Pública estatal emite el 90% del cine español, -264 películas españolas en el período 2012/2013-. RTVE se ha implicado también en la producción de Telefilmes y TV movies basadas en acontecimientos históricos, documentales y series de animación. Además su archivo de imágenes forma parte de la memoria de España. La plataforma creada por RTVE con su web actual constituye un potencial instrumento al servicio de la educación y la cultura. Los sistemas de información y comunicación en el siglo XXI son cada día más integrales. Actualmente no se puede concebir una radiotelevisión pública que no detente una plataforma potente con extensión en las redes sociales.
Determinados medios de comunicación han publicado datos descontextualizados que, supuestamente, justificarían la desaparición de las radiotelevisiones públicas. Esta campaña de opiniones publicadas ha llegado a influir en una parte de la sociedad que repite idénticos argumentos. La astucia de algunos grandes grupos privados, unida a la insensibilidad de los partidos políticos hasta ahora mayoritarios, amenaza ya de muerte muy especialmente a la televisión pública estatal. Sólo una ciudadanía crítica puede salvarla.

Agustín García Matilla
Catedrático de Comunicación
Universidad de Valladolid. Campus Público de Segovia

Artículo publicado en el Libro conmemorativo de los 25 años de El Mundo
El MUNDO 1989-2014
25 años de grandes cambios
Todo es posible 

páginas 284-286

Modificado por última vez enViernes, 08 Abril 2016 11:10
Agustín García Matilla

Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Valladolid en el Campus de Segovia (Coautor, junto con Jéssica Retis y María Lamuedra, del Libro Los Informativos Diarios en BBC y TVE. Ed. De la Torre. Madrid, 2010)

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