Se produce en las Cortes valencianas el debate y votación del dictamen de la Comisión de Radiotelevisión Valenciana y Espacio Audiovisual sobre la proposición de ley para la recuperación del servicio de radiotelevisión pública autonómica. El documento de la comisión se aprobó con los votos del PSPV-PSOE, Compromís y Podemos-Podem y se abstuvieron tanto el grupo popular como Ciudadanos.
Con la ley aprobada, se deroga la ley de cierre de RTVV y se fija un plazo de ocho meses para reabrir RTVV.
[Infobae]
El Congreso, con el voto de la coalición oficialista Cambiemos, del masissta Frente Renovador y un sector del peronismo, puso hoy punto final a la Ley de Medios del kirchnerismo. Lo hizo con la aprobación en la Cámara de Diputados del decreto de necesidad y urgencia que firmó al principio de su mandato el presidente Mauricio Macri, que creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y dejó sin efecto puntos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Según la normativa vigente, con la aprobación de una de las dos cámaras del Legislativo, los DNU quedan aprobados de manera definitiva y tienen carácter de ley. En la sesión de Diputados –que en principio contó con la presencia de Máximo Kirchner, aunque luego dejó el recinto-, se convalidó la decisión de Macri de crear el ENACOM, un organismo que concentra las funciones que antes tenían la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Autoridad Federal de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (Aftic).
La aprobación del decreto de creación del Enacom supone la confirmación de la entrada en vigencia de este organismo, para el cual Macri designó como responsable a Miguel de Godoy, en el marco de la modificación por decreto de los principales artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la de Argentina Digital, ambas impulsadas durante el gobierno anterior.
De acuerdo con el decreto aprobado, el 267, publicado el 29 de diciembre pasado, el Enacom –que controlará las licencias de medios audiovisuales y las telecomunicaciones– será un ente "autárquico y descentralizado", aunque funcionará "en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones", a cargo actualmente de Oscar Aguad.
La resolución, además, establece la creación de una "Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación" de la Ley de Medios y de Argentina Digital.
[Blog PERIODISMO EN LAS AMERICAS]
Los activistas y trabajadores de los medios en Guatemala que luchan por la aprobación de una ley para proteger la existencia de radios comunitarias en el país están enfrentando la oposición de una asociación de empresas de radio y televisión.
La Ley de Medios de Comunicación Comunitaria, parte de la Iniciativa de Ley 4087, legalizaría las radios comunitarias en Guatemala al otorgarles espacio en el espectro radioeléctrico. La ley fue recientemente reintroducida ante el Congreso de Guatemala por la diputada Sandra Morán con el apoyo del diputado Amílcar Pop.
El 60 por ciento de la población de Guatemala es indígena, según el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. En el país hay alrededor de 24 comunidades indígenas diferentes y otro gran número de lenguas habladas.
De acuerdo con Cultural Survival, una organización sin ánimo de lucro que lucha por los derechos de las comunidades indígenas y que ha expresado su apoyo y se ha movilizado por la ley, las radios comunitarias en Guatemala "actualmente operan en un área legal gris, con el riesgo de redadas policiales y cárcel para los voluntarios de la radio".
Las estaciones "tienen la función vital de llevar información sobre noticias importantes y programación educativa como operaciones de emergencia, registro de votantes, campañas de salud pública a los oyentes en sus propios idiomas locales, alcanzando incluso las zonas más rurales en donde la radio es la única forma asequible de comunicación", dijo Cultural Survival.
Fuente: RTVE.es
El pasado 20 de marzo la Comisión de Economía del Congreso, con competencia legislativa plena, aprobó el proyecto de ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que aúna en uno sólo todos los organismos reguladores, pero separa en dos salas los temas de competencia y los de supervisión.
El Pleno del Congreso ha aprobado definitivamente la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que flexibiliza la gestión de las televisiones autonómicas y permite la entrada de empresas privadas.
Inicialmente, estaba previsto que la reforma se aprobase la semana pasada en el Pleno del Senado. Sin embargo, la aprobación de la norma se ha retrasado al incluir la Cámara Alta una enmienda, acordada entre todos los grupos a última hora, para recuperar una mención expresa a la prohibición de la pornografía y la violencia gratuita, que se había retirado del texto durante su trámite en el Congreso.
[ABC]
El PSOE aragonés ha aprobado este jueves, de forma pactada con Podemos -y en algunos puntos con el respaldo del PP y de otros grupos-, la nueva ley que regula la radiotelevisión autonómica. El nuevo texto desplaza a la oposición del control del ente, al quedar marginado del órgano que decide qué asuntos se tratan o no en el consejo de administración de esta empresa pública, según ha denunciado el PP.
La aprobación de la nueva ley, consumada este jueves en las Cortes de Aragón, ha generado polémica en el arco parlamentario. Crea, tal y como pedía Podemos, la creación de un nuevo órgano, el «consejo asesor» integrado por representantes de múltiples colectivos sociales, uno de cuyos miembros, además, pasa a tener voz y voto en el consejo de administración del ente.
El PSOE y Podemos -con diferencias de matiz y de entusiasmo en sus respectivas versiones- han coincidido en presentar esta nueva ley como una avance hacia la «despolitización» y la «independencia» de la radiotelevisión autonómica. Ni PP, ni Ciudadanos ni el PAR lo ven así. De hecho, los tres grupos han acusado en bloque al PSOE de no avanzar en la pretendida «despolitización», y los tres han coincidido en reprochar a los socialistas el mínimo número de enmiendas que han sido aceptadas de entre todas las presentadas por la oposición.
[Periodismo en las Américas]
Uno de los decretos firmados por el presidente de Argentina, Mauricio Macri, el pasado diciembre y que revirtió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (conocida como Ley de Medios) promulgada por la anterior presidenta, sigue siendo tema de debate por sus posibles implicaciones en la concentración de medios en el país.
El más reciente de estos debates tuvo lugar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su 157 Periodo de Sesiones durante la audiencia pública ‘Derecho a la libertad de expresión y cambios a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina’ el pasado 8 de abril de 2016.
En la presentación inicial Horacio Verbitsky, presidente del CELS, enfatizó el impacto que ha tenido eliminar una ley que, aseguró, se venía pidiendo desde el fin de la dictadura militar de Argentina.
“Como esta ha sido una ley de amplia elaboración participativa y que además garantizaba en su aplicación la participación de los distintos sectores de la sociedad civil, el impacto de su anulación por decreto ejecutivo ha sido muy alto y las expectativas en esta audiencia son también muy elevadas”, dijo Verbitsky.
“Con el pretexto de las falencias en la aplicación de esta ley – que muchos de nosotros hemos señalado en distintas oportunidades – y con la promesa de una futura ley de convergencia tecnológica se sustituyó un esquema participativo y multisectorial por otro de regulación y gestión puramente estatal que excluye a la sociedad civil de las autoridades de aplicación y de los consejos federales cuyos integrantes fueron removidos sin seguir los procedimientos legales que los amparaba”, agregó Verbitsky.
Por su parte Damián Loreti, vicepresidente mundial de Amarc y secretario de CELS, hizo referencias a los tres estándares “violentados” con este decreto. El primero tiene que ver con el haber quitado la “autorquía legal a las autoridades” establecidas, el segundo sobre la eliminación de la obligación de transmitir o ‘must-carry’ y finalmente el de violar el principio de legalidad “porque un Decreto de Necesidad y Urgencia no cumple con los estándares de la opinión consultiva de la Corte Interamericana ni aún refréndandose por el Parlamento”.
Los comisionados y el Relator Especial coincidieron en lo prejudicial que es la concentración de medios para las democracias y recordaron al Estado la necesidad de que esta nueva ley garantice el pluralismo. También recordaron la necesidad de que los consejos de control sean independientes del poder ejecutivo. Y finalmente invitaron tanto a peticionarios como al Estado a mantener el debate abierto para que las críticas de la sociedad civil sean tenidas en cuenta en la elaboración de esta nueva ley.
]Infobae]
La llamada "ley de medios" de Uruguay tiene 202 artículos, de los cuales 131 han sido impugnados por diferentes empresas -como la filial uruguaya de la compañía española Telefónica-, medios de comunicación y hasta por el opositor Partido Independiente.
El Poder Judicial emitió un comunicado en el que advierte que, a pesar de algunas informaciones periodísticas, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que es la que tiene jurisprudencia para declarar inconstitucionales o no los artículos de la norma, pero todavía no ha acordado "sentencia en ninguno de los procesos" referidos a la misma.
La Fiscalía, además de considerar inconstitucionales ocho artículos de la ley, también cree que hay otros 15 que son "parcialmente" inconstitucionales.
La Cámara Baja de Uruguay sancionó definitivamente en diciembre de 2014 el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue concebido para evitar los monopolios y oligopolios en el sector.
[COPE]
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica este martes 16 la Ley Audiovisual de Andalucía, que entrará en vigor este miércoles, tras aprobarse por unanimidad en el Pleno del Parlamento a finales del pasado mes de septiembre.
Dicha normativa establece una regulación integral de este sector estratégico para la economía, la cohesión social y la proyección cultural de la comunidad.
La Ley Audiovisual de Andalucía cubrirá aspectos insuficientemente desarrollados por la legislación estatal básica en vigor desde 2010 (la Ley General de la Comunicación Audiovisual), sobre todo en lo relativo a la ampliación de los derechos de los usuarios, la protección de los menores, la participación de la ciudadanía, el control de las emisiones ilegales y reforzamiento de las sanciones.
Una de sus principales novedades, también a nivel nacional, será la regulación de ámbitos del sector hasta ahora sin reconocimiento normativo, como es el caso del servicio público audiovisual que prestan universidades y centros docentes.
[La Vanguardia]
El Congreso ha convalidado este miércoles el decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado 22 de junio para una renovación urgente del Consejo de Administración de RTVE, tras conseguir el apoyo de 179 diputados de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, UPN, Nueva Canarias (NC) y Coalición Canaria (CC). Sólo el PP, Ciudadanos y Foro Asturias han votado en contra.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido ante la Cámara este decreto ley que, según ha explicado, se aprobó para "evitar la situación de vacío" que iba a dejar en la Corporación la finalización del mandato de todos sus consejeros y su presidencia y la visión de que su reemplazo no se iba a producir "a corto plazo".
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