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• El cambio de modelo pasa porque los medios públicos apuesten por la participación ciudadana efectiva y con toda la amplitud que sea posible. La sociedad civil (organizaciones y movimientos ciudadanos con capacidad representativa) puede y debe ser consciente de la importancia que el servicio público de comunicación puede tener en la mejora de la calidad democrática de la vida pública y de la marcha de la sociedad en su conjunto. Por tanto, su presencia en los máximos órganos de gestión del servicio público y su participación sistemática en la decisiones de programación y de contenidos debe considerarse lógica y natural.
• Ese vínculo entre el ciudadano y su derecho de participación efectiva debe traducirse en un cambio profundo de los cauces y procedimientos de consulta que se han mantenido hasta ahora, según los principios elementales de lo que debe ser un gobierno abierto.
• Además, el desarrollo de un servicio público exige imperativamente, por razones de legitimidad y de arraigo ante la sociedad y como marca la doctrina europea, una gestión autónoma, controlada por autoridades externas e independientes así como por una comisión parlamentaria; blindada frente a las intromisiones de los gobiernos y de los grupos de presión privados y enraizada en una intensiva participación ciudadana.
• El cambio de modelo pasa porque los medios públicos apuesten por una participación ciudadana efectiva y con toda la amplitud que sea posible, incluyendo su presencia en los máximos órganos de gestión del servicio público, y su participación sistemática en las decisiones de programación y de contenidos.
• Esta participación comprende pero trasciende con mucho al derecho de acceso, e incluye a la participación efectiva de los ciudadanos, colectivamente, a través de las organizaciones sin ánimo de lucro, de la sociedad civil (Consejo Social) e individualmente a través de la plataforma "Ciudadanos por el Servicio Público".