La reforma, que modifica la aprobada por el anterior Ejecutivo en 2010, fue enviada a las Cortes por el Consejo de Ministros a finales de abril y ha sido tramitada por el trámite de urgencia. Durante la misma, los grupos de la oposición se han quejado de que la reforma supone una invasión en las competencias autonómicas, mientras que el PP ha negado este extremo y ha defendido la necesidad de la medida para reducir la deuda de las autonomías.

La nueva ley permitirá a los gobiernos autonómicos decidir qué hacen con sus televisiones autonómicas: si quieren mantener o no este servicio y si quieren prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa privada. En caso de quedarse con la gestión, no podrán tener déficit porque "no se permitirán desequilibrios en los presupuestos".

Hasta el momento, la Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla-La Mancha ya han avanzado su intención de aprovechar la reforma del régimen de gestión de las televisiones autonómicas aprobada por el Gobierno para privatizar la gestión o los servicios informativos de sus televisiones públicas, mientras que otras comunidades ya tienen 'de facto' algunos de los servicios de sus cadenas subcontratados a empresas privadas.

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