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• Dado el marco constitucional y legal español, y las obligaciones y compromisos europeos, proponemos la edificación de un servicio público de radio-televisión fuerte e independiente, a escala estatal, regional y local, que se presenta como la única garantía de una oferta universalmente accesible y de calidad, en información y educación, en cultura y entretenimiento, no regido por la lógica comercial del máximo beneficio.
• La primera acción previa a desarrollar es recuperar la capacidad de dos múltiples digitales completos para RTVE (revirtiendo el cambio operado en 2015 en el Plan Técnico Nacional de la TDT, que los reduce a cinco canales), imprescindibles para cumplir sus misiones de servicio público y articular el territorio estatal ofreciendo en sus canales principales y algunos temáticos servicios en alta definición.
• Este servicio público debe concretarse en todos los ámbitos geográficos y en sus diversas formas de propiedad y gestión: en la regeneración democrática de la Corporación RTVE, en la recuperación y reforma de las RTV.AA., en la creación y regulación estricta de un servicio público a escala municipal y local, con estrictas normas de independencia y participación ciudadana en todos los casos.
• Sin embargo, la unidad esencial de las misiones del servicio público y la eficacia misma de la inversión pública en este terreno, exige ir superando progresivamente la disonancia e incluso competencia pasada entre los servicios públicos de estos diversos ámbitos geográficos que, en un escenario de independencia radical respecto al poder político, no tienen sentido alguno.
• Aunque el servicio público es imprescindible a todas estas escalas, la ciudadanía no admitiría la prolongación sine die de esta desarticulación y el despilfarro de recursos consiguiente entre emisoras sufragadas todas ellas por el dinero público. En consecuencia es necesario ir creando progresivamente espacios y formas crecientes de coordinación y apoyo mutuos, propias de una estructura cuasi federal de Estado: cámara de conjunción de recursos en programas informativos, producción propia y compras ajenas; conversión de los Consejos de Administración autonómicos en Consejos Asesores regionales de participación en la programación de RTVE.
• En un momento en que la estructura territorial del Estado se encuentra en proceso de debate, sometemos a la reflexión y al debate público una propuesta que integraría cooperativamente a los niveles estatales y autonómicos para una mejor satisfacción de las necesidades sociales, culturales y de cohesión territorial.
• Esta propuesta no pretende ninguna forma de integración obligatoria, ni mucho menos limitar las competencias de las comunidades autónomas, sino que facilitaría su labor -de entrada- a algunas comunidades donde sus organismos están menos desarrollados o sus funciones han sido externalizadas pueden encontrar ventajosa una forma de integración con RTVE.
• Y, sobre todo, creemos que son necesarios mecanismos de cooperación para que los distintos organismos públicos dejen de competir como si fueran empresas privadas en lucha por la audiencia. En la situación actual, la fragmentación del sistema impide, de hecho, que las producciones de una comunidad puedan verse en el resto.
• En particular, debe abrirse un proceso paulatino de asociación voluntaria en el que las comunidades que lo deseen puedan ir asociándose con RTVE, integrándose con ella en condiciones de cogestión o manteniendo si así lo deciden su autonomía societaria y gerencial, pero asumiendo en todo caso las tareas de información descentralizada comunes (en integración progresiva de las plantillas de los centros territoriales de RTVE) y absorbiendo en sus órganos de control y participación la total competencia sobre las emisiones de ámbito regional.
• En síntesis proponemos:
  • un sistema voluntario de asociación.
  • un sistema voluntario de cooperación.
  • un canal nacional con desconexiones territoriales.
• Asociación RTVE-RTV.AA.: Los Consejos de Administración autonómicos, constituidos democráticamente, dispondrán de mayoría de votos (51 %) en los órganos de gestión y control de cada Comunidad Autónoma: en el nombramiento de directivos, en las desconexiones programáticas y el derecho de acceso a escala regional, en la programación ofertada en los canales propios y en las aportaciones planificadas al canal estatal.
• Coordinación RTVE-RTV.AA.: Los acuerdos de cooperación entre los servicios públicos estatal y autonómico que no se integren societariamente, permitirán coordinar sus acciones en organismos mixtos al 50 % de votos: de producción conjunta, y programación de los contenidos de las ventanas regionales de RTVE, en la coproducción y planificación de sus aportaciones al canal regional de ámbito estatal.
• Este sistema integral o de federalismo cooperativo (cuyo modelo es el alemán) favorecería la cohesión territorial, aprovecharía más racionalmente los recursos y promovería el desarrollo de la industria audiovisual y el empleo en las distintas comunidades autónomas. Este sistema es perfectamente compatible con el Estado Autonómico y podría ser un elemento a tener en cuenta en una reforma constitucional de la estructura territorial del Estado. En cualquier caso, es una pieza más en el conjunto de las reformas propuestas, pero su no implementación no afectaría a la regeneración del servicio público estatal.
• En un escenario plausible, entre dos y cinco años podría culminarse la primera fase de este proceso abierto de asociación o coordinación, unificando sus acciones y abordando la elaboración programática conjunta de un canal estatal, siguiendo el ejemplo de las mejores prácticas de la BBC en las regiones (Escocia, Gales, Irlanda del Norte) y la ZDF alemana, sufragando sus presupuestos no solo en función de sus costes sino también proporcionalmente a la riqueza y los presupuestos de cada comunidad.
• En resumen, se trataría de articular un canal con desconexiones regionales en el plazo mas breve posible, que se nutriría de la producción realizada por RTVE y por aquellos canales autonómicos con los que se llegara a acuerdos de cooperación o decidieran integrarse. El canal tendría por tanto una programación general bilingüe, en función del origen de las producciones, producida entre todas las Comunidades adscritas y un sistema de desconexiones para cada Comunidad.
• No se trata por tanto de restar competencias, sino fomentar la cooperación, de una forma solidaria. De la misma manera, las RTV.AA. deben colaborar intensivamente con las emisoras locales, municipales y comunitarias, como instrumentos potentes de su debida descentralización.
• Porque tales formas de gestión directa del servicio público son perfectamente compatibles con la reforma en profundidad del sistema de televisión local, cuyo reparto de cientos de licencias privadas , en su mayor parte hoy fracasadas y en desuso, ha de ser encauzado hacia una reserva importante de frecuencias para la radiotelevisión comunitaria o sin ánimo de lucro, concedidas de forma pública y transparente, reguladas para garantizar su servicio participativo a los ciudadanos en el ámbito local, pero también dotadas de mecanismos y límites financieros que permitan su viabilidad y sostenibilidad económica.
• Para el logro de esos objetivos, el artículo 32 de la LGA de 2010, relativo a los "servicios de comunicación audiovisual comunitario sin ánimo de lucro", debe ser profundamente revisado tanto en sus plazos de concesión, discriminatorios respecto a los canales comerciales, como especialmente en el corsé financiero y presupuestario, que impide su viabilidad.
• Y el Plan Técnico Nacional de TDT debe ser reformado, en el plazo improrrogable de seis meses, para conceder un número suficiente de licencias a la televisión pública municipal y comunitaria sin ánimo de lucro que legalice definitivamente las emisoras comunitarias de radio y televisión existentes; y debe ser equilibrado con el número, potencia y distribución geográfica de las concesiones locales comerciales. En el ámbito radiofónico, el mapa de licencias locales debe ser revisado asimismo en profundidad, equilibrando el número y reparto geográfico entre emisoras privadas y las asociativas y municipales, y prohibiendo la externalización comercial de estas últimas.

¹ R.D. 439/2004 de 12 de Marzo, reformado por el R.D. 2268/2004 de 3 de Diciembre y luego por el R.D. 944/2005.

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• Es necesaria la creación de un Consejo Audiovisual de España, competente en los servicios de comunicación audiovisual de ámbito estatal, lineales (medios audiovisuales) y no lineales.
• Compuesto por 7 miembros, propuestos cada uno al menos por tres grupos parlamentarios, elegidos por el Parlamento por seis años por mayoría reforzada de dos tercios, de entre profesionales que acrediten al menos cinco años de experiencia en el campo audiovisual, tras una audiencia de evaluación (a semejanza de los hearing en Estados Unidos) ante la Comisión de Control parlamentaria. Irrevocables salvo causas de cese previstas en la regulación y no reelegibles.
• Eligen de entre sus miembros, una vez nombrados, al Presidente rotatorio cada año.
• Dados los antecedentes de bloqueo parlamentario en las Cortes españolas para la elección de órganos independientes por mayorías reforzadas, es preciso prever que, si no se alcanzara en tercera votación, y en el plazo de un mes los dos tercios de votos necesarios para esta elección, los miembros del Consejo Audiovisual podrán ser elegidos de forma provisional y durante seis meses, por mayoría simple, con la condición inexcusable del apoyo explícito de la mitad más uno de los grupos parlamentarios formalizados en el Congreso en cada legislatura. Cada seis meses, se repetirán periódicamente las votaciones para su nombramiento definitivo.
• En el plazo obligatorio de tres meses, el CA habilitará un registro oficial y elaborará un reglamento de participación y elección de asociaciones civiles representativas de ámbito estatal y regional". En el plazo improrrogable de cinco meses, el CA organizará y garantizará un proceso de elección telemático entre las entidades registradas, a fin de constituir el Consejo Social.
• El concurso de concesión de las nuevas licencias comerciales deben estar regidos por condiciones objetivas y transparentes, con severas limitaciones antimonopolio (especialmente respecto a los dos mayores grupos televisivos), y con prioridad para empresas europeas que asuman serios compromisos de producción y programación europea e independiente, además de calidad de la señal.
• En lo que respecta a las radios y televisiones comerciales, se ajustarán las concesiones a diez años de plazo máximo, seguidos de concursos abiertos, transparentes y competitivos para cada frecuencia, lo que implica la modificación de los artículos 28-29 de la LGA de 2010.

Entre otras funciones, este Consejo Audiovisual de España:

• Aprueba el informe semestral del cumplimiento del servicio público, previamente a su remisión al Parlamento.
• Actúa como instancia superior para los recursos derivados del derecho de acceso.
• Asigna los títulos habilitantes para la prestación de los servicios lineales de comunicación audiovisual de ámbito estatal, con carácter vinculante para las concesiones del Gobierno.
• Analiza y controla periódicamente el cumplimiento de las condiciones previstas en la regulación para las licencias, sancionando sus incumplimientos. Entre sus competencias estará la comprobación de las cuotas de programación europea e independiente previstas en la Directiva de servicios de comunicación audiovisual, así como las de inversiones en el audiovisual europeo y español, actualmente controladas por una Comisión interministerial no neutral e ineficaz.
• Regula y sanciona los incumplimientos reiterados y graves del Código sobre contenidos de TV e Infancia, cuya autorregulación ha resultado hasta ahora absolutamente insuficiente¹ , y el control de los formatos y tiempos publicitarios.
• Controla el cumplimiento de los compromisos asumidos por cada licencia privada en su contrato (lo que en el sistema francés se llama cahier de charges), tanto en términos de cobertura y calidad de la señal como de producción independiente, europea y española, y de programación.
• Evalúa y vigila el contenido, reparto y emisión de la publicidad estatal, según criterios estrictos de equilibrio público-privado, y de audiencias en el último caso, así como su idoneidad respecto a las previsiones de la ley que regula la publicidad y comunicación institucional (Ley 29/2005).
• En el caso de las Comunidades Autónomas, la creación o mantenimiento de un Consejo Audiovisual que evalúe, regule y sancione el comportamiento de los medios audiovisuales a escala regional, es perfectamente legítimo y necesario, siempre que cumplan las mismas condiciones de constitución y ejerzan idénticas responsabilidades que las reseñadas para el Consejo Audiovisual de España, articulando su doctrina con este en una Asociación de autoridades audiovisuales independientes que debe reunirse al menos cada seis meses.
• Sin embargo, en el caso de las CC.AA. que no deseen afrontar la creación de tal consejo, podrán suscribir acuerdos periódicos con el regulador independiente estatal para que ejerza sus funciones en su territorio autonómico, articulando mecanismos de representación y asesoramiento con esas CC.AA.

¹ El Comité de Autorregulación está compuesto actualmente por las cadenas públicas y privadas, a las que se unen en la Comisión mixta organizaciones como el Consejo de Consumidores, la CONCAPA y la CEAPA o la Federación de Usuarios de Medios, actuando como secretaría la CNMC. Según el último informe publicado (de 2013), sobre 44 reclamaciones (20 de TV5, 14 de A3TV, 5 de TVE-1), sólo aceptó 6 (13 %), derivando otras a Autocontrol.

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• La estructura de gestión del servicio público tiene que estar absolutamente determinada por sus objetivos y su rentabilidad social: autonomía e independencia editorial respecto a las presiones gubernamentales y de los grupos de presión privados, garantías de cumplimiento de sus misiones de servicio público, apertura a la participación ciudadana sistemática e indicadores cuantificados de rentabilidad social.
• Estas finalidades centrales determinan nuestra propuesta con una estructura piramidal: el Consejo Audiovisual como gran regulador y vigilante del sistema audiovisual entero, en cada ámbito geográfico (estatal o autonómico); el Consejo Social como plataforma y vehículo de la participación de la sociedad civil en el servicio público a todas las escalas (estatal y regional), que debe jugar un papel esencial en la elección y control de los gestores; y finalmente el Consejo de Administración, que se configura como garante de la misión de servicio público, ejerciendo el control programático y presupuestario, y encomendando la gestión ejecutiva a la Dirección General, sin perjuicio del control último que corresponde naturalmente al Parlamento.
• En el ámbito administrativo, la autonomía que se persigue reclama que las entidades a quienes se confíe la gestión del servicio público no deben depender orgánicamente nunca de los ministerios de Presidencia, ni de organismos industriales como la SEPI (ICR, 2005, p.132), sino en todo caso, y si es preciso a efectos presupuestarios y administrativos, de los Ministerios y Consejerías de Cultura, con quienes deben coordinar permanentemente sus vitales misiones al servicio de la diversidad cultural.

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• El cambio de modelo pasa porque los medios públicos apuesten por la participación ciudadana efectiva y con toda la amplitud que sea posible. La sociedad civil (organizaciones y movimientos ciudadanos con capacidad representativa) puede y debe ser consciente de la importancia que el servicio público de comunicación puede tener en la mejora de la calidad democrática de la vida pública y de la marcha de la sociedad en su conjunto. Por tanto, su presencia en los máximos órganos de gestión del servicio público y su participación sistemática en la decisiones de programación y de contenidos debe considerarse lógica y natural.
• Ese vínculo entre el ciudadano y su derecho de participación efectiva debe traducirse en un cambio profundo de los cauces y procedimientos de consulta que se han mantenido hasta ahora, según los principios elementales de lo que debe ser un gobierno abierto.
• Además, el desarrollo de un servicio público exige imperativamente, por razones de legitimidad y de arraigo ante la sociedad y como marca la doctrina europea, una gestión autónoma, controlada por autoridades externas e independientes así como por una comisión parlamentaria; blindada frente a las intromisiones de los gobiernos y de los grupos de presión privados y enraizada en una intensiva participación ciudadana.
• El cambio de modelo pasa porque los medios públicos apuesten por una participación ciudadana efectiva y con toda la amplitud que sea posible, incluyendo su presencia en los máximos órganos de gestión del servicio público, y su participación sistemática en las decisiones de programación y de contenidos.
• Esta participación comprende pero trasciende con mucho al derecho de acceso, e incluye a la participación efectiva de los ciudadanos, colectivamente, a través de las organizaciones sin ánimo de lucro, de la sociedad civil (Consejo Social) e individualmente a través de la plataforma "Ciudadanos por el Servicio Público".