Uno de los ejes fundamentales del Informe del Consejo para la Reforma del servicio público de 2005 fue justamente la denuncia de una dependencia endémica de la información que, arraigada en la estructura de RTVE desde el Estatuto de 1980, habían mantenido y aprovechado todos los Gobiernos desde la transición, con un sello de manipulación partidista que había contribuido poderosamente al deterioro de la imagen y del papel social de la radiotelevisión pública en España. La Ley 17/ de 2006 se hizo eco de este clamor unánime de la sociedad española al proclamar en su exposición de motivos la independencia, neutralidad y objetividad del servicio público y encomendar su vigilancia al Estatuto y el Consejo de Informativos, como "garantía de independencia para los profesionales de los medios públicos", incluso "ante la dirección de cada sociedad".
Lograda al fin esta autonomía editorial, consolidada por los citados instrumentos legales, y verificada en la práctica por los programas informativos de RTVE de forma sistemática durante casi cinco años, la decisión inicial del Consejo de Administración, tanto el voto positivo de los consejeros propuestos por las organizaciones de derecha, PP y CIU, como la abstención vergonzante de las de izquierda, PSOE, ERC y CC.OO., resulta por tanto mucho más sorprendente y lamentable. Primero, porque entre las obligaciones legales de esos consejeros figura la de moverse por deberes de "responsabilidad, legalidad, objetividad y buen gobierno"; segundo, porque se suponía, según la ley siempre, que debían anteponer su presunta experiencia profesional en la comunicación a sus afanes partidistas; Pero sobre todo, porque se les debía atribuir un afán democrático que esta medida autoritaria, orientada a restaurar la censura previa, desmiente de forma tajante.
Sólo puedo concluir, incluso ante la rectificación posterior, que no deberíamos dar por acabada la transición democrática de RTVE, sin aprestarnos a defenderla frente a todas las amenazas presentes y futuras. El nuevo modelo financiero de 2009 ha llevado a RTVE a una situación económica precaria; la falta de voluntad de los partidos mayoritarios la ha conducido a una crisis institucional grave, al privarla de una Presidencia consensuada, y la ausencia de un Consejo audiovisual independiente amenaza al equilibrio y el pluralismo del sistema televisivo entero. Ante esta situación, la sociedad civil española deberá exigir a los partidos que se pronuncien claramente sobre el papel y la fuerza del servicio público, de RTVE en particular, para seguir garantizando el pluralismo y la diversidad en la democracia española.
Enrique Bustamante
Fue miembro del Consejo para la Reforma (2004-2005)
Catedrático de Comunicación Audiovisual. Universidad Complutense.
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