En términos sintéticos, hay que recordar que en 2012 el Gobierno de Rajoy ocasionó una fuerte regresión democrática al volver a la mayoría absoluta gubernamental para elegir al presidente y al Consejo de Administración de RTVE. Y que en estos últimos seis años ha conseguido llevar a la radiotelevisión pública a sus mayores cotas históricas de manipulación y degradación de su autonomía y su imagen pública.

La Ley 5/2017 de 22 de junio, acordada por toda la oposición, inicialmente con el rechazo del PP, respondió a un clamor ciudadano de regeneración democrática. E incluía la vuelta a la elección de los consejeros por mayorías parlamentarias reforzadas de dos tercios, e incluso aspectos inéditos como el aval a cada candidato por la mitad de los grupos de las cámaras, o el concurso dirigido por expertos acreditados que debían filtrar los méritos de los candidatos presentados, como mediación para impedir las cuotas partidistas tradicionales.

El Gobierno del PP ha venido boicoteando desde entonces su aplicación hasta la terminación del mandato del presidente José Antonio Sánchez, el 22 de junio. Ha intentado después apoderarse de la mayoría del comité de expertos, para mejor designar a su mayoría militante, en complicidad con Ciudadanos, que olvidaba así repentinamente su discurso de regeneración aliándose con el mayor manipulador. Y, finalmente, ha presentado ante el Senado una candidatura de provocación, compuesta de directivos de RTVE que habían ostentado durante estos años su afán desmedido de censura y manipulación.

Todo ello no exime de culpa al Gobierno socialista, que ha cedido a la tentación del poder al actuar por decreto ley urgente 4/ 2018 de 22 de junio (como hacía el PP), para nombrar al presidente y a los consejeros por mayoría absoluta (aunque con respaldo de cuatro grupos parlamentarios), en conjunción con su aliado Podemos y el PNV.

El argumento legal de “evitar la parálisis” puede ser comprensible. Pero no evita la idea de que PSOE y Podemos han vuelto a caer en la trampa de las cuotas de militantes fieles, que pone en cuestión al mismo tiempo su propia ley de reforma democrática y el futuro entero del servicio público.

Ahora, corresponde a los nuevos gestores evidenciar su voluntad de autonomía y de regeneración del servicio público en tiempo récord. Y al PSOE y a Podemos demostrar en tres meses su prometida voluntad de convertir a RTVE para siempre en un servicio público fuerte, autónomo y plural, adaptado a la era digital, como el que exige una ciudadanía madura y una democracia de calidad. Un reto más difícil todavía para mostrar que la ‘maldición’ histórica de nuestro servicio público es realmente la maldición de nuestros partidos políticos, y que algunos de ellos están dispuestos a superarla.

Enrique Bustamante es catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad Complutense y miembro fundador e Teledetodos