Esos cuatro partidos -los dos que gobiernan y los de la oposición- no se ponen de acuerdo prácticamente en nada en el Parlamento autonómico de Cataluña, que es lo que tenían que hacer para aprobar leyes que beneficien a la ciudadanía, porque hace tiempo que se dedican casi exclusivamente a sus peleas sobre la independencia. Pero sí han alcanzado este vergonzoso acuerdo para controlar los medios públicos.
La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) es el ente público que gestiona y administra los medios de comunicación públicos. Y, según la ley, el Consejo del Audiovisual de Cataluña -independiente del Gobierno catalán- es el órgano que debe convocar un procedimiento público para que se presenten candidatos a formar parte del Consejo de Gobierno de la CCMA, comprobar que reúnen los méritos profesionales necesarios para ese puesto y proponerlos al Parlamento autonómico para que los elija.
Se saltan las normas legales a la torera con las televisiones públicas
Pero todas estas normas legales no les han importado nada a Junts per Catalunya -JxCat, la candidatura del expresidente huido de la Justicia Carles Puigdemont y otras fuerzas independentistas-, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Ciudadanos y el PSC. Los cuatro se han saltado esas normas a la torera y se ha repartido los cargos como si fueran un botín de guerra.
Ni siquiera se han molestado en disimular un poco, para que se notara menos su escandalosa decisión. Según lo que han acordado, ERC va a proponer el nombre de quien presidirá la CCMA y tendrá dos puestos en su Consejo de Gobierno, JxCat otros dos y Ciudadanos y PSC un sillón cada uno. Además -probablemente para asegurarse el control de la información, poniendo a personas ideológicamente afines a cada partido en vez de mirar únicamente sus méritos profesionales-, ERC elegirá al director o directora de TV3 y al jefe o jefa de informativos de Catalunya Ràdio, mientras JxCast tendrá la dirección de la radio y la jefatura de los informativos de la televisión. Un reparto perfecto para sus intereses de partido, pero un desprecio insultante a las normas más elementales de la democracia.
En este cambalache partidista, lo que menos se ha tenido en cuenta son los méritos profesionales y lo que ha contado es la afinidad de la persona con el partido que la propone. Hay nombres muy vinculados a esos partido, uno que fue cabeza de lista al Senado por el PDeCAT en las últimas elecciones, otros que no tienen ninguna relación con el mundo de la radio y la televisión...
Un pacto bochornoso para los demócratas
Este pacto, bochornoso para cualquier demócrata que respete el derecho a la información, es una buena prueba de que los partidos siempre quieren controlar los medios de comunicación públicos. El PSOE y el PP lo hicieron durante muchos años en TVE cuando gobernaron -excepto en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando la cadena pública estatal fue más independiente del Gobierno-, la Generalitat catalana lo ha hecho siempre y también ha ocurrido en Telemadrid -¿quién no recuerda el alto nivel de manipulación cuando gobernaba Esperanza Aguirre?-, en la valenciana Canal Nou, en la andaluza Canal Sur, en Radio y Televisión de Galicia y en otras cadenas públicas autonómicas.
Los trabajadores de RTVE llevan años denunciando la manipulación política de la información, acentuada durante el Gobierno de Mariano Rajoy; en la cadena pública gallega protestan y ha hecho una huelga y manifestaciones por las injerencias del Gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo; en el Parlamento de Canarias, el partido que gobierna allí, Coalición Canaria, no quiere elegir por concurso público al Consejo Rector de la radio y televisión autonómica mientras su diputada en el Congreso Ana María Oramas sí defiende en Madrid el concurso público para RTVE...
Ante los casos de injerencia política, lo fácil y lo demagógico es reclamar el cierre de las televisiones públicas autonómicas, con el falso argumento de que son muy caras. El último en pedirlo ha sido Santiago Abascal, presidente del partido de ultraderecha Vox, tras su éxito en las recientes elecciones andaluzas. “Hay que acabar con las televisiones públicas de las autonomías, que son televisiones de partido al servicio de los políticos”, ha dicho.
Cuando algo es necesario pero no funciona bien, la solución no es cerrarlo sino resolver los problemas para que funcione como corresponde. Las televisiones públicas de las autonomías son necesarias, porque la ciudadanía tiene derecho a recibir una información de proximidad plural que no le pueden ofrecer ni TVE ni las cadenas estatales privadas. Lo que hay que hacer con ellas, como vienen reclamando la gran mayoría de los trabajadores de esas televisiones, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y otras organizaciones, es gestionarlas bien, dejar la información exclusivamente en manos de sus profesionales y financiarlas correctamente para que puedan desempeñar el servicio público que tienen encomendado.
¿Cuándo dejarán en paz a las radios y televisiones públicas? Mientras los políticos sigan controlando los medios de comunicación públicos, para manipularlos en su favor, estarán haciendo un grave daño a la democracia y al derecho a la información de la ciudadanía.
