[Bez]
Miguel Angel Sacaluga
Cuando en 2009 el gobierno decidió, por fin, acometer la reforma del sistema de financiación de RTVE, eliminando la publicidad y los contenidos de pago y someter a aportaciones compensatorias a las operadoras de televisión y de telecomunicaciones, -como beneficiarias directas- muchas fueron las críticas desde el ámbito político, empresarial e incluso desde la propia dirección de RTVE, por considerarla ineficaz e ilegal. Pues ni lo uno, ni lo otro.
La mayor resistencia fue de las "telecos". Se negaban a pagar por algo -decían- que no tenía que ver con su actividad y alegaban la imposición de una tasa por operar cuando los servicios de telecomunicaciones están liberalizados en Europa. Recibieron el apoyo de la Comisaria europea de telecomunicaciones, de políticos de uno y otro signo e incluso de sectores del gobierno y del Partido Socialista con distintos argumentos. Eso sí, todos coincidían en una cosa: que el modelo no respetaba las normas de competencia comunitarias y, por tanto, iba a ser tumbado -sí o sí- por los tribunales europeos.
A pesar de todo, los objetivos se han cumplido: El sector privado ha subsistido, incluso con holgura y la CRTVE sobrevive a pesar de los brutales recortes y de no haberse aplicado estrictamente la ley. Se dirá -y con razón- que el sector se ha convertido en un práctico duopolio televisivo del mercado publicitario, pero eso tiene arreglo y, además, no es un problema del modelo de financiación de RTVE, sino de la LGCA y de la CNMC.
El tiempo y los tribunales europeos han confirmado que la reforma no sólo ha sido eficaz, también justa, legal y compatible con la normativa comunitaria. En la ley española -no en la francesa- la obligación de pago de las “telecos” no nace por el mero hecho de operar, nace cuando se prestan servicios de comunicación audiovisual con publicidad y en más de una Comunidad Autónoma. Hoy la participación de las operadoras de telecomunicación en el sector audiovisual no sólo es evidente sino creciente. Forma parte esencial de su negocio, posee gran parte del mercado audiovisual y controla los principales contenidos "premium", explotándolos con pago y publicidad.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pone fin a un largo proceso que dura ya siete años sobre la legalidad del modelo y, en especial, de las aportaciones de las “telecos”. En su día, el Comisario de Competencia, el español Joaquín Almunia, declaró la compatibilidad del sistema de financiación de RTVE con la normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado. La Comisaría de telecomunicaciones de la señora Kröes -por cierto, en la prensa estos días por estar envuelta en asuntos “turbios”- decidió presentar denuncia contra la obligación de pago impuesta por Francia y España a las “telecos”. Los tribunales europeos fallaron primero el caso francés -con similitudes con el español- dando la razón a la República. La Comisaria, entonces, retiró la denuncia al Reino de España. Pero las operadoras privadas siguieron adelante. Fallo tras fallo, recurso tras recurso, los tribunales han rechazado sus pretensiones.La sentencia de este jueves pone fin definitivamente al litigio.
