Presentación Modelo RTVE. Sevilla
Sustentamos nuestras propuestas en las previsiones legales y en numerosos apartados de la reforma de 2005 que tenían legitimidad democrática y parlamentaria. Y someteremos al debate público un conjunto de propuestas innovadoras que consideramos viables en el nuevo entorno social y multimedia.
Consideraciones previas
El escenario audiovisual español ha cambiado drásticamente en la última década, pero La sociedad española sigue teniendo tanta necesidad del servicio público como hace 10 años.
En términos de mercado, asistimos a la consolidación de un monopolio sustentado en dos grandes empresas privadas que acaparan el 92 por ciento del mercado publicitario y el x por ciento de la audiencia.
Frente a esa realidad que amenaza con abrir una brecha entre una oferta de pago para ricos y otra oferta marginal para ciudadanos sin recursos la Radiotelevisión Pública no alcanza a consolidar su auténtica misión de servicio público ni a afianzar el prestigio y la credibilidad que le exigen los ciudadanos.
No podemos olvidar la llamada Reforma integral de 2006, que dotó a la Radiotelevisión Pública de un marco normativo mucho más garantista en la independencia de los órganos de gestión, pero que fue igualmente ineficaz en la implantación de un modelo financiero y un plan de futuro acorde con las misiones encomendadas por ley y atento a las demandas de la sociedad española.
Muchos de los aspectos de aquella Reforma, inspirada en el Dictamen del llamado Consejo de Sabios, fueron tergiversados o modificados legalmente con tal de favorecer a intereses privados mientras otros aspectos, como la insuficiente regulación del derecho de acceso han fracasado por la falta de voluntad política para dar voz y protagonismo al conjunto de la ciudadanía sobre un servicio público que es patrimonio de todos.
Sucesivas reformas y contrarreformas impulsadas por los dos grandes partidos que se han turnado en el poder, han abocado a los usuarios a depender de un duopolio televisivo privado en el que los contenidos de calidad están eclipsados por las ofertas de pago, la saturación publicitaria y los intereses editoriales, que condicionan en buena medida la objetividad, el derecho de acceso y los valores sociales que deben preservar los medios de comunicación y, muy especialmente, los medios de comunicación de titularidad pública.
En el caso de los medios públicos, la instrumentalización política y la irresponsabilidad en la gestión han dado al traste con algunas televisiones autonómicas y han mermado sensiblemente la credibilidad de la Corporación RTVE que, una vez más, atraviesa una situación agónica por su inestabilidad financiera y por decisiones erráticas en su gestión.
Una exigencia democrática perfectamente viable
La necesidad de una radiotelevisión pública de ámbito estatal que cumpla con su auténtica misión de servicio público es incuestionable. Es más, es vital desde el punto de vista de la calidad democrática y de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Esa nueva Radiotelevisión pública no es una utopía ni puede quedarse en una mera declaración de intenciones. Es perfectamente viable y sostenible, pero para ello es necesario apostar por un modelo que anteponga la rentabilidad social a cualquier tipo de interés político o económico.
