En distinta medida, tanto RTVE como las cadenas agrupadas en la FORTA sufren de dos males principales: exceso de cercanía al poder político, que decide sus presupuestos, y financiación insuficiente.

La misión del IPI desplazada a España llegó a Madrid justo tras una protesta interna de los periodistas y empleados de RTVE contra los recientes nombramientos internos de nuevos jefes de área (o sección) de la redacción de TVE.

En el encuentro que mantuvimos con el representante de la dirección de RTVE no fue posible obtener respuestas a los interrogantes planteados. Tampoco hubo un mínimo diálogo, quizá porque las numerosas críticas públicas, internas y externas, impulsan una postura muy defensiva entre la dirección de RTVE.
Por el contrario, las personas elegidas por los profesionales de RTVE para representarles en los Consejos de Informativos de las distintas sociedades que componen RTVE, como "órganos internos de participación de los profesionales de RTVE para velar por su independencia" expusieron los siguientes problemas claramente verificables:

* El Presidente de la Corporación RTVE ha sido elegido por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. A partir de ese nombramiento que se vincula a la mayoría parlamentaria del momento, la jerarquía de cuadros ejecutivos y editores de la información sigue esa misma lógica política, contraria a las exigencias del equilibrio requerido en una radiotelevisión pública europea.

* No hay un desarrollo lógico, ni legal, de la carrera profesional en RTVE, lo que produce una separación y desconfianza entre la redacción y las personas contratadas externamente. Tanto el actual Presidente de la Corporación RTVE como su Jefe de Informativos (que proviene de un diario, La Razón) son ajenos a los compromisos que exige el servicio público audiovisual y refieren su autoridad sólo al poder político que los nombró.

* Existe una pelea diaria entre los profesionales y los editores nombrados por la dirección, "que lleva a disputas diarias sobre cada titular", en temas polémicos como el desempleo o el ascenso de nuevos actores políticos como el partido Podemos. A pesar de su notoriedad y presencia en los demás medios, TVE esquivó entrevistar al líder de Podemos (Pablo Iglesias) durante meses. Y cuando la entrevista tuvo lugar, la agresividad de los entrevistadores (en la práctica, ajenos a la redacción de TVE) fue motivo de numerosas críticas públicas precisamente por su carácter unilateral y agresivo.

* Diversos acontecimientos (movimiento independentista en Cataluña, acciones o protestas sociales contra la crisis) son sistemáticamente rebajados en su importancia o, sencillamente, ignorados por los responsables de la información en RTVE.

Sobre la financiación, se maneja la idea de un retorno de la publicidad a TVE (que existió como método de financiación parcial hasta 2006). Eso cuestionaría la aportación actual de las cadenas privadas al servicio audiovisual público (a cambio de su mayor participación en la tarta publicitaria). Hay que tener en cuenta que en España no hay tradición de pago de una tasa ciudadana por el uso de la radiotelevisión pública (al modo británico del licence fee o de la redevance en Francia). Por eso, los expertos privilegian un sistema de financiación preferente a través de los presupuestos generales del Estado, que complementen los montantes que aportar las cadenas comerciales (que se benefician así de la parte del mercado publicitario abandonado por TVE) y las empresas de telefonía (en este caso sólo están afectadas las que distribuyan contenidos audiovisuales), así como un posible incremento de los ingresos derivados de la venta de productos propios de la radiotelevisión pública (aquí se incluyen los patrocinios de programas, por ejemplo).

Entre las recomendaciones, queda claro que:

* la vuelta al nombramiento del Presidente de la Corporación por una mayoría parlamentaria cualificada (2/3, anteriormente), mejoraría las posibilidades de equilibrio político, social e informativo dentro de RTVE. El pluralismo quedaría reforzado. Es vital también volver al sistema anterior de consejeros del Consejo de Administración con dedicación exclusiva y respetar las condiciones de cualificación y experiencia profesional exigidas por la ley, pero ignoradas en la práctica.

* también el predominio de una relación reforzada de los directores y editores con los profesionales de RTVE y su representación legal (Consejos de Informativos) debería servir para que el servicio público audiovisual en España estuviera más atento a los equilibrios informativos y a las necesidades sociales. La carrera profesional debiera institucionalizarse, como está previsto por el propio Estatuto de Informativos.

* deberían propiciarse mecanismos, incluso legales, para una mayor y participación de la sociedad civil.
En general, esas mismas demandas deberían exigirse a las cadenas de radiotelevisión integradas en la FORTA (donde las mayorías políticas pueden ser otras, pero los métodos son igualmente inadecuados y la manipulación política muy similar, si no idéntica).

Otros problemas que inciden en la libertad de información y en la reducción del pluralismo audiovisual, tienen que ver con la creciente concentración mediática y el control del mercado publicitario. Sería prolijo desmenuzar aquí las propiedades cruzadas, no sólo de los medios audiovisuales comerciales, sino también digitales e impresos, que limitan el pluralismo y las posibilidades de desarrollo de nuevos medios audiovisuales; pero grupos internacionales como Mediaset, RTL /Berstelmann, Atresmedia, aparecen en la propiedad de medios muy diversos y aparentemente desconectados. Puede comprobarse en el estudio de Luis Palacio (director del "Informe Anual de la Profesión Periodística" que publica la Asociación de la Prensa de Madrid (www.cuadernosdeperiodistas.com/grupos-de-comunicacion-en-espana-una-propiedad-tan-concentrada-como-el-negocio). En el sector estrictamente televisivo la laxa regulación realizada por la Ley General de la Comunicación Audiovisual ha propiciado un oligopolio, constituido por Atresmedia y Mediaset, que concentra el 60% de la audiencia y el 90% de la publicidad.

Regulación audiovisual.

A diferencia de países similares de la Unión Europea, España carece de un Consejo Público Audiovisual propiamente dicho, a nivel del Estado. El Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, previsto por la Ley General de la Comunicación Audiovisual, nunca llegó a constituirse. Parte de lo que serían sus funciones son asumidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (por parte de su Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual), que en la práctica carece de independencia y es una terminación más de la Administración del Estado.

No obstante, hay que citar al Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) y al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) como dos ejemplos en los que esa carencia ha sido evitada (parcialmente) por parte de dos muy significadas comunidades autónomas (regiones autónomas) de España.

La misión del IPI se entrevistó con representantes de la CNMC (en Madrid) y del CAC (en Barcelona). Éste último funciona desde el año 2000 y su funcionamiento fue posteriormente modificado en 2005 y 2012. Los responsables del CAC nos señalaron que revisan todas las emisiones que alcanzan su territorio, pero si se refieren, por ejemplo, a una cadena privada que incumple la normativa sobre la infancia, sus dictámenes deben referirse a la CNMC o a las autoridades ministeriales. Las experiencias del CAC y CAA pueden ser válidas para un posible Consejo Audiovisual de España, que vigilara cuestiones como la protección de los menores, la publicidad, los pluralismos de todo tipo, social, político, religioso, las campañas electorales, el tratamiento de las imágenes durante las catástrofes o los conflictos armados, etcétera. Por parte, del CAC, apuntan iasimismo a un deseable equilibrio lingüístico en los medios de comunicación de titularidad pública. Durante este encuentro en Barcelona se aludió también a protestas internas de los profesionales de TV3 por desequilibrios habidos al ofrecer información política referida a la actualidad política catalana.

Otro elemento, que incide directamente en estos temas, es la confusión de las formas de atribución de las frecuencias por parte de las autoridades, que ha conducido a anulaciones por parte de los tribunales y al cierre de algunos medios que se demostraron luego inviables, por uno u otro motivo. Estas atribuciones de frecuencias, radiofónicas sobre todo, a nivel regional; televisivas, por parte de las autoridades centrales, han sido consideradas en varios casos oscuras y no bien explicables, salvo por motivos de proximidad política de los beneficiarios. Una muestra más de la interconexión poder-político/-medios-audiovisuales que mina la credibilidad de la comunicación audiovisual en España y disminuye los equilibrios informativos.