Jueves, Septiembre 23, 2021
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La ofensiva de Isabel Díaz Ayuso contra Telemadrid ha dado un paso más. Tras obtener una amplia mayoría en las urnas el pasado 4 de mayo, la presidenta ha dado un paso hacia un cambio de modelo de la radiotelevisión pública. El Grupo Popular en la Cámara ha registrado un proyecto de ley para la reforma de la norma aprobada en 2015 por Cristina Cifuentes. 'De facto', supone tumbar el sistema de elección del Consejo de Administración de la corporación y del propio director general, José Pablo López.
El documento recoge que la dirección dejaría de tener un mandato de seis años, una medida que se entendía en su momento como una fórmula para garantizar su independencia al ser ajena a los ciclos electorales de cuatro años. Además, incluye la creación de una nueva figura, un administrador provisional, que sería nombrado con mayoría absoluta (PP y Vox la tienen más que garantizada) y que comandaría el ente mientras se escoja un sustituto del máximo responsable. La limitación del mandato a cuatro años y no renovables se aplicaría, según el texto a quien ahora ejerce la función. En la práctica, significaría el adiós de López en cuanto la norma entre en vigor, ya que cumplió ese plazo el pasado enero.

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Proposición de ley

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DEMUD es el nombre corto de la Directiva Europea de los Derechos de Autor en el Mercado Único Digital. Esta es la normativa con la que se reformarán las leyes de propiedad intelectual de la Unión Europea, para adaptarlas al contexto digital. Este 7 de junio caduca el plazo que el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, ya ha dicho que no se cumplirá.

Muchos dicen que esta ley puede cambiar internet tal y como la conocemos. Bibliotecarios, juristas, activistas y expertos, convocados en varias asociaciones relevantes en el ámbito digital y de derechos para la información han alertado sobre el impacto que esta reforma puede tener sobre el uso que hacemos de internet, ya que puede implicar censura previa o como dicen los más diplomáticos, una limitación del acceso a la cultura y a la información.

Las directivas europeas no son aplicables automáticamente, sino que los estados miembros deben transponerlas en las legislaciones estatales. La de derechos de autor incluye salvaguardas para prevenir que se vulneren derechos fundamentales de libertad de expresión, por lo que requiere que sean los gobiernos nacionales los que ejerzan un necesario balance entre usuarios y creadores.

El Parlamento Europeo aprobó la DEMUD el 17 de abril de 2019, y el 7 de junio se agota el plazo de dos años que pide Europa para que se refleje en las regulaciones nacionales. Se abre ahora un período de gracia de 6 meses en el que España debe aprobar su ley. Si no lo cumple, se enfrenta a una sanción económica por parte de la Unión Europea.

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La normativa europea prevé la existencia de autoridades reguladoras nacionales independientes, dotándolas de misiones, objetivos y competencias concretas. No obstante, las competencias de las comisiones en España son más amplias que las requeridas por la normativa europea, en lo referente a la política sectorial, la concesión y revocación de títulos habilitantes para el ejercicio de determinadas actividades, el asesoramiento al Gobierno y el estudio e investigación de los sectores.
Por ello, el objeto de esta Ley es la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que agrupará las funciones relativas al correcto funcionamiento de los mercados y sectores supervisados por la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia, el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Sector Postal, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.

Extracto de la ley

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El presente real decreto ley tiene como objetivo resolver una situación provocada por la falta de cumplimiento por parte de las Cámaras del mandato contenido en la disposición transitoria segunda de la Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. Los contenidos del artículo único resuelven con urgencia la situación permitiendo, de manera provisional, a la Corporación ejercer eficazmente su función de servicio público hasta la elección del nuevo Consejo de Administración a través del procedimiento que las propias Cámaras aprobaron en 2017.

 

Norma

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Esta Ley regula la comunicación audiovisual de cobertura estatal y establece las normas básicas en materia audiovisual sin perjuicio de las competencias reservadas a las Comunidades Autónomas y a los Entes Locales en sus respectivos ámbitos

Texto de la ley actualizada a 2016

Nuevo sistema de elección de los miembros del Consejo de Administración. Las Cortes Generales aprobarán, en el plazo de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, la normativa que contemple la selección de los miembros del Consejo de Administración y del Presidente de la Corporación RTVE y del Consejo por concurso público con la participación de un Comité de Expertos.

 

Texto de la ley actualizada a 1 de enero 2020.

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La presente ley tiene por objeto regular el sistema de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española y de sus filiales prestadoras del servicio público de radio y televisión de titularidad del Estado.

Asimismo, se establecen obligaciones adicionales que se exigen para la prestación de los servicios públicos encomendados.

 

Texto de la ley actualizada a 1 de mayo 2021

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La presente Ley tiene por objeto regular el servicio público de radio y de televisión de titularidad del Estado y establecer el régimen jurídico de las entidades a las que se encomienda la prestación de dichos servicios públicos.

 

Texto ley actualizada a 1 de mayo 2021.

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[Clarín]

El Gobierno creó el Ente Nacional de Comunicación (ENaCom), para controlar en forma integrada a la industria de medios audiovisuales y telecomunicaciones. Además, transfirió al ámbito de las telecomunicaciones al sector de la televisión por cable, para apuntar a la convergencia de infraestructuras y a la competencia con las telefónicas dominantes. Y el Gobierno anunció que está promoviendo "la creación de una Comisión Bicameral en el Congreso, con el mandato de discutir una nueva Ley de Comunicaciones", que integre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley Argentina Digital –de telecomunicaciones-, dijo Marcos Peña, jefe de Gabinete.

El nuevo organismo ENaCom está bajo la órbita del ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y reemplaza a AFSCA y AFTIC, los dos organismos que estaban intervenidos desde la semana pasada. Esta decisión va en sintonía con lo que hicieron otros países como México (IFT), Estados Unidos (FCC), Gran Bretaña (OFCOM) y España (CMT), entre otros.

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Jueves, 17 Diciembre 2015 00:00

Un acuerdo a 'boli' y con tachones

[SER / Europa Press]

Partido Popular y Ciudadanos han sacado adelante en la Comisión de Presidencia y Justicia de la Asamblea el dictamen sobre la ponencia del Proyecto de Ley de Radio Televisión Madrid, un texto acordado entre ambos grupos al que se oponen PSOE y Podemos, que será llevado a Pleno el próximo 23 de diciembre, donde se debatirán las enmiendas todavía vivas.

La portavoz del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que el texto responde a un modelo de radio televisión pública 'con un modelo de financiación sostenible, con una dirección con buenos profesionales independientes, con unos presupuestos ajustados y austeros que es lo que demanda la gente, buscando la audiencia y con nuevos contenidos de proximidad que puedan hacer a Telemadrid diferente de otras cadenas'.

En concreto, ha destacado que Telemadrid contará con un nuevo consejo de administración como el que no tiene ninguna otra cadena autonómica, compuesto por nueve miembros, cuatro propuestos por los grupos parlamentarios y cinco por organizaciones profesionales, todos ellos elegidos por la Asamblea de Madrid por mayoría de dos tercios y para un mandato de seis años.

 

Los Comités de Empresa del Ente Público Radio Televisión Madrid y las Secciones Sindicales de CCOO, CGT y UGT, han expresado su rechazo al texto del Proyecto de Ley pactado por el Partido Popular y Ciudadanos para la reforma de esta cadena porque no garantiza el servicio público y la independencia de Radio Televisión Madrid.

La Representación Legal de los Trabajadores rechaza la eliminación del actual Ente Público y la creación de una Sociedad Anónima, ya que entienden dejará en manos del ejecutivo regional el control absoluto de la cadena y la decisión sobre su cierre o privatización al margen de la mayoría de la Asamblea de Madrid.

 

 

Comunicado trabajadores Telemadrid

 

Comunicado trabajadores

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