Sábado, Septiembre 26, 2020
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[Comunicación Corporativa RTVE 25/9/2020]

Reitera que la responsabilidad de renovar RTVE "sigue estando en manos del Parlamento"

Califica de "esperanzador" el comienzo de la nueva temporada y defiende el adelanto de los programas de "prime time"

La administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, ha reclamado este viernes en el Senado una financiación estable para la Corporación que garantice su independencia, "porque una empresa pública que no cuenta con el presupuesto mínimo necesario y que siempre está sujeta a vaivenes, difícilmente podrá hacer un proyecto de futuro".

Además, ha subrayado la urgencia de renovar el Mandato Marco de la Corporación, "que caducó hace tres años", y la urgencia de tener un contrato programa" que nos permita hacer una previsión a tres años vista". "Han pasado trece años, han pasado gobiernos de distinto signo, y en pleno 2020, en la era del 5G, aquí seguirnos, sin haber tenido un primer contrato programa y con un Mandato Marco que ha caducado hace años".

"Señorías, con estos datos, podría parecer que no interesa una Radiotelevisión Española fuerte, volcada en dar un servicio público de calidad. Lamento decirlo, pero es lo que muchas veces sentimos quienes trabajamos en la Corporación. No podemos responder a la sociedad actual con un presupuesto que se encoge año tras año. Este servicio público debe estar por encima de los cambios políticos".

Así lo ha subrayado hoy Rosa María Mateo ante la Comisión Mixta de Control de RTVE, donde ha cumplido con la comparecencia ordinaria de septiembre, al tiempo que ha presentado cinco informes: dos sobre el cumplimiento del Mandato Marco 2017 y 2018 y las memorias anuales sobre cumplimiento del servicio público correspondientes a 2016, 2017 y 2018. La de 2019 se presentará antes de final de año.

En su intervención, ha remarcado que //no podernos responder a la sociedad actual con un presupuesto que disminuye año tras año. Este servicio público debe estar por encima de los cambios políticos". "Necesitarnos unos presupuestos que nos permitan cumplir nuestra misión de servicio público en toda su extensión: debernos atender a la infancia, difundir la cultura, contribuir a la integración, apoyar el cine, emitir en las lenguas cooficiales, fomentar la igualdad, dar herramientas para la educación, tener en cuenta todas las confesiones, defender el medio ambiente, impulsar el derecho de acceso . . . Y estarnos encantados de tener esta misión. Pero queremos cumplirla. Queremos dar la respuesta que todos merecen", ha asegurado.

Resultado de 2020

Rosa María Mateo ha anunciado que estima cerrar el ejercicio 2020 con un resultado negativo que estará en torno a 50 millones de euros. De estos, 36 corresponden al IVA no deducible y el resto a los incrementos salariales de los empleados públicos, a los efectos de la covid-19 y a la prórroga de los presupuestos de 2018, ha explicado.

La administradora provisional única ha recordado que en 2012 y 2013 hubo un déficit de 113 millones. Esta cifra se elevó a casi 135 millones en 2014. Y en 2015 se mantuvieron los números rojos, aunque se redujeron a 38 millones.

Rosa María Mateo ha asegurado que el déficit no se debe a una mala gestión sino a la falta de financiación. En este sentido, ha defendido el u enorme esfuerzo" hecho para ajustar los gastos, pero en 2010 el presupuesto era de 1.200 millones y hoy no llega a los 1.000". "En estos diez años todo ha subido y nuestro trabajo se ha incrementado. Es decir, no solo se mantienen los cinco canales de televisión, las siete cadenas de radio, la Orquesta y el Coro y el Instituto, sino que hoy tenemos grandes proyectos que en 2010 no existían como tal, caso de RTVE digital".

Renovación de RTVE

Sobre la renovación de RTVE, Rosa María Mateo ha reiterado en su intervención que está sin resolver y la responsabilidad sigue estando en manos del Parlamento. "Son sus señorías las que deben desbloquear el proceso para elegir al nuevo consejo de la Corporación y a su futuro presidente o presidenta. Alcanzar consensos para nombrar órganos institucionales o el nuevo Consejo de Administración no es responsabilidad mía, sino de estas Cortes Generales. Entre tanto, por supuesto, yo seguiré cumpliendo con mi obligación", ha nsistido.

Nueva temporada: Comienzo esperanzador

En su intervención se ha referido como "esperanzador" al comienzo de la nueva temporada, con estrenos como 'HIT', el debate' ¿Quién educa a quién?' o el espacio de actualidad 'La hora de La 1'. uLa programación de esta temporada está marcada por el convencimiento de hacer auténtico servicio público en todos los formatos, desde un informativo pasando por un magazine hasta una serie". También ha subrayado la estrecha colaboración entre los informativos y los programas de actualidad.

Sobre la decisión de adelantar los programas del "prime time", ha asegurado que "es una medida de servicio público y, sobre todo, la respuesta a nuestra audiencia que reiteradamente se ha dirigido al Defensor para pedirle este cambio".

 

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[EuropaPress 9/9/2020]

Más País-Equo pide desbloquear de una vez el concurso público para renovar RTVE

 Más País-Equo ha presentado este miércoles a la Mesa del Congreso un escrito pidiendo que en la próxima Comisión mixta de control parlamentario de RTVE se incorpore al orden del día la continuidad del concurso público para el nombramiento del Consejo de Administración y presidencia de RTVE.    En el texto registrado en la Cámara baja, firmado por la diputada ecologista Inés Sabanés, la formación recuerda que en enero de este año ya pidió que se tomaran medidas urgentes para retomar e ...

Leer más: https://www.europapress.es/sociedad/noticia-mas-pais-equo-pide-desbloquear-vez-concurso-publico-renovar-rtve-20200909185835.html

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13 de los 17 integrantes del Comité de Expertos responsable del concurso público para la designación del consejo de administración de RTVE han suscrito un contundente comunicado para cuestionar a los letrados del Senado por el contenido del informe jurídico que estos realizaron, donde se critica su labor en el proceso de elección, que arrancó hace dos años y sigue sin resolverse. Los firmantes piden amparo al Congreso y al Senado y exigen que sus criterios de valoración sean respetados en esta misiva, difundida a través del portal Teletodos.

María José Bernal, Enrique Bustamante, Carmen Caffarel, Diego Carcedo, Estefanía Jiménez, Mauricio Fernández, Sandra Fernández, Enric Marín, Jesús María Mellado, Josep Lluis Micó, José María Noguerol, Francisco Sierra e Isabel Tajahuerce son los participantes en este escrito. En él, rebaten la Nota sobre la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, un texto de los juristas que pretende desatascar el proceso, un año y medio después de que el comité presentara sus resultados.

En dicho documento, se desestimaban parcialmente recursos de nueve de los 20 aspirantes a un puesto, y se llamaba la atención en el número de candidatos idóneos, para insinuar que el Comité "se ha excedido" en sus funciones al limitar el número, además de incumplir el principio de paridad. Al exigir a los aspirantes una puntuación de 65 o más puntos, apuntaban los letrados, el Comité fijó "una limitación de la idoneidad de los candidatos no prevista en la regulación y que excede el mandato recibido".

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En un contundente comunicado, 13 de los 17 miembros del Comité de Expertos han expresado su queja y firme protesta ante el informe jurídico titulado “Nota sobre la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE”, divulgado por la prensa como dictamen sin autoría de letrados oficiales del Senado, y no desmentido en sus contenidos por esta institución”.

Los expertos rebaten de plano la nota de estos letrados del senado, a quienes atribuyen la intención de anular, en la práctica, la totalidad del concurso público, y animar a la comisión de nombramientos del Congreso y del Senado a llamar y nombrar a cualquiera de los 95 candidatos presentados inicialmente.

Los firmantes a las presidencias del Congreso y del Senado, a la Comisión Mixta, y al conjunto de los grupos parlamentarios, -como ya hicieron en noviembre de 2019-, que culminen urgentemente el proceso de concurso público que iniciamos, eligiendo con el máximo consenso posible unos nuevos organismos de gestión y dirección para RTVE.

[FeSP 2/3/20]
La mayoría de los candidatos seleccionados piden a Meritxell Batet, por segunda vez, que las Cortes elijan el Consejo de Administración y la Presidencia, tras más de un año de retraso.

Al menos 12 de los 19 candidatos que fueron seleccionados hace 18 meses para elegir entre ellos al Consejo de Administración y la Presidencia de RTVE han pedido por escrito a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por segunda vez en los últimos meses, que inste a la Comisión Mixta Congreso-Senado de control de la corporación pública a resolver el concurso público que está en marcha para nombrar a quienes deben integrar esos órganos.

El pasado 3 de febrero, hace ya cuatro meses, 15 candidatos enviaron sendos escritos a la presidenta del Congreso con la misma petición, dado que el concurso público lleva más de un año paralizado en las Cortes. Meritxell Batet trasladó con urgencia esa petición a la Comisión de Control para que abordara ese asunto, pero la Comisión se constituyó hace casi cuatro meses, ha celebrado ya varias reuniones y no ha incluido en el orden del día la situación del concurso público.

 

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La Junta de Andalucía ha aprobado el Real Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, que entre sus muchas vertientes modifica la normativa sobre comunicación audiovisual hasta el momento vigente en la Comunidad Autónoma. 

De acuerdo con el preámbulo de la norma, “Los medios de comunicación se enfrentan a un entorno digital que ha reformulado la cadena de valor y a una audiencia fragmentada por la explosión de canales, así como a una reducción de la inversión publicitaria y la restricción del gasto público”, a lo que se añade “un alto nivel de desempleo y una gran precariedad laboral”. 

A partir de ese diagnóstico, las medidas aprobadas van todas en la línea de “agilizar la tramitación de algunos procedimientos (…) favorecer el avance y consolidación del sector privado de la comunicación audiovisual (…), eliminar trabas burocráticas” y, en definitiva, fomentar la actividad económica y productiva. 

Con esos objetivos, el artículo 28 del Real Decreto-Ley aprobado modifica ampliamente la Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía, limitando las competencias de la Administración, flexibilizando el campo de actuación de la iniciativa privada y relativizando algunos de los hasta ahora considerados pilares de la gestión del servicio público en el ámbito local. 

Veamos, resumidamente, cuáles son esos cambios en el modelo audiovisual andaluz: 

Interrupción y suspensión del servicio de comunicación audiovisual 

En su versión inicial, la Ley Audiovisual de Andalucía contemplaba para una eventual interrupción del servicio tanto la existencia de causas de fuerza mayor, que habrán de determinarse reglamentariamente junto con el procedimiento a seguir, como la autorización de la misma por parte de “la persona titular del órgano directivo competente en materia de medios de comunicación social” (artículo 33.b). Tras la aprobación del Real Decreto-Ley, se obvia la necesidad de esa autorización administrativa previa, vinculándose únicamente a la decisión (en todo caso motivada) del operador. 

En la misma línea, se plantea la posibilidad de que el prestador del servicio público de comunicación audiovisual pueda suspender temporalmente dicho servicio sin necesidad de solicitar y recibir autorización por parte del órgano directivo competente, simplemente con una comunicación de la persona concesionaria (hay que suponer que motivando y justificando la decisión).

Definición y alcance del servicio público de comunicación audiovisual 

Se modifica el artículo 44 para eliminar la condición de que el servicio público de comunicación audiovisual deba prestarse siempre bajo el régimen de gestión directa, con el fin de permitir a las corporaciones locales decidir libremente sobre la forma de gestionar un servicio público para el que se les ha otorgado concesión

Igualmente, se modifican los apartados 1, 4 y 6 del artículo 46, sobre la gestión del servicio público, de modo que: 

Se permite que el servicio público de comunicación audiovisual de ámbito local cuya titularidad corresponda a entidades locales pueda prestarse mediante gestión indirecta. 

La prestación mediante gestión directa del servicio de comunicación audiovisual pueda contar con la colaboración de otras entidades y personas cuando sea necesaria la disponibilidad de medios materiales o profesionales ajenos al ente o a la sociedad responsable, incluso (lo que anteriormente estaba prohibido) para contenidos de difusión de información diaria. 

La renovación de la prestación del servicio público de comunicación audiovisual, que se otorga por un plazo de quince años, no requiera de solicitud expresa, sino que sea automática por periodos iguales siempre que se cumplan los requisitos legales. 

Con ello, a decir del propio Real Decreto-Ley, se elimina la restricción de entidades privadas en la participación de la gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual localfacilitando la actividad económica del sector privado de comunicación audiovisual en Andalucía

En el aspecto concreto de las renovaciones, que como hemos visto se producirán de oficio o de manera automática, se busca agilizar el procedimiento administrativo y favorecer la continuidad de la prestación de estos servicios públicos, ya que, se afirma, “en muchas ocasiones esta solicitud no era presentada en tiempo y forma”. Asimismo, se señala que el hecho de que las corporaciones locales dispongan de la concesión hasta su renuncia (siempre que mantengan las condiciones para ser concesionarios), “contribuye a favorecer el interés por parte de las posibles personas físicas o jurídicas que podrían hacerse cargo de la gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual local”. 

Ubicación en el ámbito territorial. Proximidad 

Hasta la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, los prestadores locales debían disponer obligatoriamente de un estudio de producción operativo en su ámbito territorial de cobertura. 

Así lo establecía el artículo 36.1d), en el caso de las personas prestadoras privadas de carácter comercial: “disponer de un estudio de producción operativo con personal a cargo de la emisora y ubicado en el ámbito territorial de cobertura”. Por su parte, el artículo 37, referido a las personas prestadoras públicas locales, hablaba en su letra c) de “disponer de un estudio de producción operativo ubicado y gestionado en el ámbito territorial de cobertura”. Y el artículo 38.1.c, referido a las personas prestadoras comunitarias y no comunitarias sin ánimo de lucro se refería a “disponer de un estudio de producción operativo ubicado en su ámbito territorial de cobertura que pueda ser utilizado por las asociaciones y grupos sociales que aporten contenidos a la programación”

Esta obligación queda ahora suprimida para todos los operadores, según se dice por suponer una importante restricción que podría dificultar enormemente el mantenimiento de los servicios de comunicación audiovisual en Andalucía, acercando la legislación a la realidad social, sobre todo respecto a las emisoras de radio FM, mercado en el que sólo la adhesión de las emisoras a alguna cadena parece asegurar la viabilidad económica de las mismas

Cambios en las obligaciones de los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito local 

En relación a los prestadores públicos de ámbito local se introducen, además, otra serie de cambios en sus obligaciones: 

La letra b) del artículo 37 excluía de su programación las emisiones en cadena, pudiendo sólo compartir emisiones en red y sin poder conectarse en ningún caso a servicios de comunicación audiovisual de prestadores privados de carácter comercial. Tras la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, pueden realizar emisiones en cadena, así como conectarse a servicios de comunicación audiovisual de esos prestadores privados de carácter comercial, además de compartir emisiones en red. 

La letra d) permitía emitir exclusivamente programación de contenido de interés local, mientras que ahora se habla de emitir preferentemente esa programación. Se mantiene la cuota máxima del 60% del tiempo de emisión para las redifusiones, que deberán identificarse, así como la necesaria inclusión en la programación de interés local (que, recordemos, ahora ya no es contenido exclusivo y excluyente) de programas de carácter informativo local con una duración total de, al menos, diez horas semanales. Con la modificación se vincula a un desarrollo reglamentario posterior el concepto de programación de contenido de interés local, así como sus características y limitaciones. 

La letra e) garantizaba la realización por profesionales de la información de los servicios informativos, cuya producción y edición no podía ser externalizada. Tras el Real Decreto-Ley, se habla simplemente de “favorecer la realización por profesionales de la información de los servicios informativos”. 

Estos cambios que se justifican con el fin de permitir, como ya hemos indicado, a las corporaciones locales decidir libremente sobre la forma de gestionar un servicio público para el que se les ha otorgado concesión.

Emisión de publicidad por prestadores sin título habilitante y exención de responsabilidad para los anunciantes 

El artículo 40 de la Ley Audiovisual de Andalucía prohibía la inclusión o difusión de cualquier tipo de comunicación comercial en emisiones de personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual que carecieran del preceptivo título habilitante, o que no hubieran cumplido el deber de comunicación previa. Esta prohibición se extendía, a efectos de su consideración como responsables de la infracción, a las personas anunciantes, las agencias de publicidad, las agencias de medios o terceras personas que posibilitaren dicha inclusión o difusión. 

Con el Real Decreto-Ley se elimina ese artículo, al considerar el Gobierno andaluz que dicha prohibición es desproporcionada y perjudicial para la publicidad de entidades, empresas y autónomos que ejercen actividades económicas en Andalucía. En consecuencia, se elimina su mención en el elenco de prohibiciones recogida en el artículo 74, así como en los artículos 66, 80 y 81. 

En concreto, se modifica la letra f) del artículo 81, desapareciendo la referencia expresa al deber de colaboración para el ejercicio de las facultades de inspección de las personas que mantengan relaciones económicas, empresariales o financieras con el prestador del servicio objeto de inspección consistentes en la contratación, participación o presencia en comunicaciones comerciales audiovisuales. 

Eliminación de restricciones a los negocios jurídicos 

El artículo 63.2, relacionado con la celebración de negocios jurídicos, elimina para las partes que intervienen en el negocio jurídico sobre licencias de comunicación audiovisual, la condición contemplada en su letra c) de acreditar la emisión continuada durante dos años consecutivos. 

Adjudicación de licencias 

Se modifica la disposición adicional tercera, referida a los criterios de valoración en la adjudicación de las licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual, que ahora se referencia únicamente a los prestadores privados de carácter comercial. 

Estatuto de la Información 

Se elimina la disposición adicional cuarta relativa a la creación del Estatuto de la Información, por considerarse que se trata “de una cuestión cercana a la regulación profesional que iría en contra de la tendencia europea y nacional, además de ser una materia de competencia nacional”. Hay que recordar que la mencionada disposición establecía que en el transcurso de un año desde la aprobación de la Ley había de aprobarse el mencionado Estatuto, el cual debería contener, como mínimo, la descripción del informador o informadora como sujeto activo en el proceso de creación de la comunicación social, el código deontológico, las cláusulas de conciencia y medidas para la protección de la independencia del informador. El Estatuto de la Información sería desarrollado de manera conjunta con los colegios profesionales, las organizaciones sindicales representativas y otras entidades del sector. 

Accesibilidad 

En relación a las obligaciones de accesibilidad, se eliminan las establecidas para la televisión local en la disposición transitoria primera de la norma, “al constatarse a través de varios escritos de entidades representativas del sector, el enorme riesgo que supone para la viabilidad económica de las personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual televisivo privado de ámbito local”, además de dificultar “enormemente la emisión de programación en directo”. En consecuencia, desaparecen en los apartados 2 y 3 del artículo 9 de la Ley las referencias a dichas obligaciones. 

Restricción de las competencias del Consejo Audiovisual de Andalucía 

Además de modificar la Ley Audiovisual de Andalucía, el Real Decreto-Ley modifica en su artículo 7 el artículo 4 de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía, restringiendo sus funciones. 

Así, mientras en la versión vigente hasta el cambio operado por el Real Decreto-Ley los apartados 4 y 5 del artículo 4 señalaban: 

“Son funciones del Consejo Audiovisual de Andalucía: 

(…) 

4. Informar preceptivamente y con carácter previo, a los efectos de garantizar el pluralismo y la libre concurrencia en el sector y prevenir situaciones de concentración de medios y abuso de posición dominante, sobre las propuestas de pliegos de condiciones relativas a los procedimientos de adjudicación de títulos habilitantes en materia audiovisual. 

5. A los mismos efectos, informar preceptivamente las propuestas presentadas en los concursos de otorgamiento de concesiones y licencias para la gestión de emisoras de radiodifusión sonora y de televisión, en lo que se refiere a la composición accionarial de los licitadores, a fin de garantizar el pluralismo y la libre competencia en el sector, para prevenir situaciones de concentración de medios y abuso de posición dominante. También deberá informar, con carácter previo, sobre las propuestas de resolución en los procedimientos de renovación, extinción, autorización de cambio de accionariado y negocios jurídicos de licencias en materia audiovisual. El Consejo Audiovisual de Andalucía pondrá en conocimiento de las autoridades de la competencia los actos, acuerdos, prácticas o conductas que pudieran ser contrarios a la normativa sobre tal materia”. 

El nuevo apartado 4 fusiona ambos del modo siguiente: 

“Son funciones del Consejo Audiovisual de Andalucía: 

(…) 

4. Informar preceptivamente, con carácter previo, las propuestas de resolución en los procedimientos de otorgamiento, renovación, extinción, autorización de cambio de accionariado y negocios jurídicos de licencias para prestar servicios de comunicación audiovisual radiofónica, así como televisiva de ámbito autonómico. El Consejo Audiovisual de Andalucía pondrá en conocimiento de las autoridades de la competencia los actos, acuerdos, prácticas o conductas que pudieran ser contrarios a la normativa sobre tal materia.” 

Esta eliminación de funciones, suprimiendo el informe preceptivo sobre las propuestas presentadas en los concursos, se justifica con el fin de agilizar la tramitación de estos procedimientos, afirmando que de acuerdo con la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, y tras la derogación de la Ley 10/1998, de 3 de mayo, de Televisión Privada, la legislación básica no establece para el ámbito local limitaciones a la participación en el capital social de los prestadores, ni impone ninguna restricción a los servicios de comunicación audiovisual en ese ámbito local. 

 

AUC. Asociación de Usuarios dela Comunicación

Ibiza, 72 - 6º B - 28009 Madrid ▪ Tel: 91 501 67 73 ▪ www.auc.es ▪ Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. CIF: G28934792 ▪ Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios Nº 11 

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[ACICOM.org 13/04/20]

ACICOM (Asociación Ciudadanía y Comunicación) os queremos hacer llegar varias iniciativas de empoderamiento de la ciudadanía , que nos organizamos ante la pandemia y generamos comunicaciones solidarias y cooperativas. Las sinergias creadas, tienen doble objetivos, ser útiles contra la pandemia y ofrecer apoyo a las personas, pero a la vez conseguir la movilización y la concienciación col·lectiva por un mundo mejor. Todas y todos podemos actuar.

El mundo asociativo hemos conseguido , con graves dificultades para la situación, desde casa, con teletrabajo y de mil maneras continuar aportando a la sociedad, mejorándola.

Las tecnologías nos están sirviendo , ahora más que nunca, para agrupar iniciativas, para montar «BUJES» (concentradores o agregadores)para conectarnos, que de otra manera sería imposible.

El mundo asociativo continuamos dando respuesta a las necesidades del momento.

ACICOM es suma a #AraMésQueMai , impulsada por la Fundación Horta Sud, junto con un amplio abanico de asociaciones. Perseguimos visibilizar el conjunto de acciones y proyectos que las asociaciones están realizando desde el inicio de la crisis. El tejido asociativo será clave para reconstruir el ánimo, la il·alusión, la solidaritat, la esperanza y la comunidad.

El mundo está hecho de personas maravillosas. ....

 

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Martes, 14 Abril 2020 12:16

TVE: botón de calma, botón de alarma

[eldiario.es 13/04/20]

Las crisis alarman, por eso, mejor si se gestionan con calma. La gestión de una crisis requiere inteligencia organizativa. Y que circule con claridad en cada momento la información que cada momento requiere. Lo del momento es importante, porque la crisis es un proceso, no es un hecho estático, evoluciona.

La epidemia de Covid-19 es una crisis colectiva y su gestión requiere inteligencia organizativa colectiva. Esa información pertinente en cada momento es necesario que circule por el cuerpo social que sufre la crisis. En España, en 2020, ese cuerpo social lo componen 47 millones de personas.

Y aquí es donde aparece TVE en este relato, porque TVE es la televisión pública de esos 47 millones de personas.

Pensemos en una de esas personas. Imaginemos...

 

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Teledetodos suscribe el texto, que les reproducimos a continuación, y que se suma a la carta abierta dirigida al presidente de la Junta de Andalucía y a los diferentes comunicados oficiales emitidos por los colectivos afectados por el Decreto 2/20:

Sevilla, 8 de abril de 2020

Sr. Presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía

La aprobación del Decreto Ley 2/2020 de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva y ya publicado en BOPA de 6 de abril, ha venido a causar un fuerte malestar en el sector profesional del ámbito de los medios de información, así como en relevantes organizaciones de la sociedad civil y el Tercer Sector.

La Ley 10/2018 de 9 de octubre Audiovisual de Andalucía (LAA) supuso un hito relevante en las políticas públicas de la Comunidad Autónoma. Los trabajos de la Ley se iniciaron en 2014 con la puesta en marcha de dos instancias de participación, la Mesa de Impulso del Sector Audiovisual (MOISA) y el Plan de Impulso del Sector Audiovisual (POISA). En los procesos de consulta participaron 54 entidades relacionadas con el sector audiovisual, la práctica totalidad de organizaciones vinculadas a las políticas audiovisuales y los derechos de la ciudadanía, entre ellas el Consejo Audiovisual de Andalucía. Todas las entidades firmaron los documentos de consenso alcanzados en el MOISA y el POISA. Un consenso que terminó en la elaboración de la primera ley marco para el sector audiovisual en Andalucía, hasta entonces sujeto a decretos de modificación permanente. La LAA suponía la transposición de la Ley 10/2010 General de Comunicación Audiovisual (LGCA), en cumplimiento de la Directiva 2007/65/CE, de Servicios de Comunicación Audiovisual, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007.

El consenso de la LAA se ha visto quebrado con la aprobación del Decreto Ley 2/2020, aprobado unilateralmente por el gobierno de la Comunidad Autónoma en ausencia de cualquier tipo de debate o del período consultivo pertinente para una norma del calado de la LAA. El Decreto fue, además, ratificado por la Diputación Permanente del Parlamento habilitada para medidas de urgencia con motivo de la crisis sobrevenida del COVID-19, con el voto contrario de PSOE y Adelante Andalucía; es decir, no gozó de la unanimidad con la que fue aprobada la LAA hace sólo un año y medio con los votos de todos los grupos parlamentarios presentes en la anterior legislatura: PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos. La aprobación de la LAA constituye un caso único en la historia de la Cámara Andaluza, como ahora lo es por otro motivo la modificación improvisada y poco garantista de la misma.

Estas actuaciones se han llevado a cabo a través de un procedimiento inhabitual y sorpresivo sobre el que los letrados de la Cámara todavía no han llegado a pronunciarse acerca de su validez.

La modificación de la Ley 10/2018 Audiovisual de Andalucía supone un hito desregulador en materia audiovisual dirigido al fomento de fines espurios que solo benefician a quienes hasta ahora se han negado a someterse a la Ley. Esta es la razón por la que una clara mayoría del sector audiovisual y representativa de la sociedad civil se ha manifestado en contra, aportando argumentos de peso que hasta el momento no han sido tenidos en cuenta, ni respondidos.

La Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), dotó a la Comunidad Autónoma de una figura ampliamente respaldada por la normativa europea y la propia LGCA y contó con el debate y la consulta a la sociedad civil. El mismo CAA se ha visto mermado en sus funciones por el Decreto 2/2020 y en ningún momento el órgano creado para la vigilancia y regulación del audiovisual ha emitido un informe que dé a conocer su opinión acerca de la grave situación generada.

Ante esta situación de indefensión e inseguridad jurídica y aunque se pueda llegar a argumentar por el CAA falta de competencia, ésta no debe eximir de la emisión de recomendaciones e informes no necesariamente vinculantes. Es lo mínimo que debe exigir el sector audiovisual y la sociedad a una instancia pagada con los impuestos de la ciudadanía andaluza y encargada de vigilar el cumplimiento legal en materia audiovisual.

Sorprende sin embargo que en tan sólo una ocasión el CAA se haya pronunciado contra una emisora pública externalizada: Resolución 10/2012 del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre emisiones de Intereconomía en la Radio Municipal de Tomares, para la que se declaraba competente amparándose “en el apartado 1 del artículo 131 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, según el cual el Consejo Audiovisual es la autoridad independiente encargada de velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en los medios audiovisuales, tanto públicos como privados, en Andalucía, así como por el cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual y de publicidad.” El informe del CAA motivó el cese de la actividad ilícita.

Por todo lo expuesto las organizaciones firmantes solicitamos respuesta urgente a las muchas inquietudes y perjuicios que se derivan de la modificación de la LAA:

  • ¿Por qué el CAA no ha intervenido sobre las emisiones externalizadas de 29 emisoras públicas locales, algunas de ellas conectadas a emisoras comerciales y sobre las que ha sido informado y cuya información es pública? ¿No corresponde la actuación de oficio del CAA como instancia reguladora al servicio de la ciudadanía?

  • - ¿Cómo piensa el CAA que afecta la permisión de emitir publicidad comercial e institucional por emisoras que no cuentan con el preceptivo título habilitante?

  • - ¿Cómo cree el CAA que afecta la privatización de medios públicos al cumplimiento de la LAA en lo expresado en su artículo 19 que establece en su apartado “j” tender al equilibrio de reparto entre los prestadores privados, públicos y comunitarios? Y en el apartado “k” e “i” del mismo artículo ¿cómo afecta al fomento de la participación ciudadana en las emisiones y en la gestión asesora de los medios?

  • - ¿Cómo afecta la ausencia de contenidos locales en muchos municipios que ahora solo podrían recibir contenidos de emisión en cadena que no inciden en el conocimiento y en la participación social?

  • - ¿Cómo afecta la privatización a la defensa del patrimonio audiovisual andaluz respaldado en el artículo 20 de la LAA?

  • - La transposición de la Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de noviembre de 2018 obliga a los estados de la Unión a adaptar sus marcos audiovisuales a la nueva situación de competencia generada por la necesidad de regular las plataformas, pero al mismo tiempo aprovecha para recomendar a los países miembros nuevos límites y reglas frente a la concentración, así como la potenciación de las autoridades reguladoras (CAA) y su mayor independencia en la toma de decisiones. ¿Cómo valora el CAA la directiva europea frente a la pérdida de competencias previstas en el Decreto Ley 2/2020?

  • - ¿Cómo afecta el hecho de que los emisores no estén obligados a tener instalaciones para la producción de contenidos en el territorio de cobertura al que deben ir destinadas las emisiones? En este mismo sentido, ¿cree que esta medida puede contribuir a la creación de empleo en una comunidad con una alta tasa de personas desempleadas y en la que el sector de los medios locales públicos emplea actualmente a unos 600 profesionales? ¿No es contrasentido promover su privatización?

  • - ¿Tiene previsto el CAA la constitución del Consejo de Participación Ciudadana de Andalucía tal como prevé el artículo 12 de la LAA, órgano asesor adscrito al Consejo representativo del sector y la sociedad civil que podría haberse pronunciado ante el decreto?

  • - ¿Qué opinión le merece al CAA la modificación de la LAA en artículos esenciales sin que haya producido el desarrollo de los reglamentos correspondientes?

En espera de su atención y la consideración de las personas que componen el Consejo que usted preside.

ENTIDADES Y ORGANIZACIONES FIRMANTES

Colegio de Profesional de Periodistas de Andalucía
Asociación de la Prensa de Huelva
Asociación de la Prensa de Sevilla
Asociación de la Prensa de Cádiz
Asociación de la Prensa de Almería
Asociación de la Prensa de Córdoba
Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar
Asociación de la Prensa de Jerez
Asociación de la Prensa de Jaén
Federación de Asociaciones de Periodistas de España
Facultad de Ciencias de la Comunicación de Málaga
Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Radio y Televisión de Andalucía
Red de Estatal de Medios Comunitarios
Sindicato de Periodistas de Andalucía
Federación de Sindicatos de Periodistas de España
Unión General de Trabajadores de Andalucía
Comisiones Obreras de Andalucía
Coordinadora Andaluza de ONGD
Plataforma estatal de defensa de medios públicos TELEDETODOS
Plataforma Andalucía Viva
Colectivos de AMPAS Escuelas de Calor
Fundación Savia por el Compromiso y los Valores

Jueves, 26 Marzo 2020 18:09

Medios virales en tiempos de COVID-19

Cultura pública en la sociedad del riesgo

[laU Revista de cultura y pensamiento 26/3/2020]

Del COP25 al COVID-19, la lógica de representación espectral de este capitalismo del apocalipsis opera, en su fase terminal, por abreviaturas, secretos algoritmos y formas opacas que ocultan los dispositivos reales y concretos de dominación, empezando por las operaciones de lawfare y, con mayor incidencia, cosas de la guerra de baja intensidad, del warfare. Por ello es difícilmente aceptable la necesidad de una política de comunicación de salud pública. En la cultura de la libertad de empresa informativa, salvo rescatar con cargo al fisco los medios privados en dificultades, la apuesta por una otra lógica de la mediación social es inconcebible. Pero he aquí que la pandemia pone en cuarentena la función informativa, no solo por la alarma social que ha generado, sino por las veleidades interpretativas de opinadores y gacetilleros de dudosa fiabilidad que ahora reclaman la intervención del Estado en un tour de force muy propia, como demuestra la historia, del pánico neoliberal. Es lo que podemos calificar como la mediatización y dialéctica del botín y la salud pública que tiene lugar normalmente en momentos de crisis extrema e inestabilidad social.  Ahora bien, con la situación de alerta y emergencia sociosanitaria cabe hacer otras lecturas pensando a largo plazo y en profundidad el acontecer que, cabe decir, en modo alguno va a cambiar nuestras vidas, pues la recurrencia de la lógica implícita en esta situación viene de largo.

 Francisco Sierra Caballero

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