13 de los 17 integrantes del Comité de Expertos responsable del concurso público para la designación del consejo de administración de RTVE han suscrito un contundente comunicado para cuestionar a los letrados del Senado por el contenido del informe jurídico que estos realizaron, donde se critica su labor en el proceso de elección, que arrancó hace dos años y sigue sin resolverse. Los firmantes piden amparo al Congreso y al Senado y exigen que sus criterios de valoración sean respetados en esta misiva, difundida a través del portal Teletodos.
María José Bernal, Enrique Bustamante, Carmen Caffarel, Diego Carcedo, Estefanía Jiménez, Mauricio Fernández, Sandra Fernández, Enric Marín, Jesús María Mellado, Josep Lluis Micó, José María Noguerol, Francisco Sierra e Isabel Tajahuerce son los participantes en este escrito. En él, rebaten la Nota sobre la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, un texto de los juristas que pretende desatascar el proceso, un año y medio después de que el comité presentara sus resultados.
En dicho documento, se desestimaban parcialmente recursos de nueve de los 20 aspirantes a un puesto, y se llamaba la atención en el número de candidatos idóneos, para insinuar que el Comité "se ha excedido" en sus funciones al limitar el número, además de incumplir el principio de paridad. Al exigir a los aspirantes una puntuación de 65 o más puntos, apuntaban los letrados, el Comité fijó "una limitación de la idoneidad de los candidatos no prevista en la regulación y que excede el mandato recibido".
En un contundente comunicado, 13 de los 17 miembros del Comité de Expertos han expresado su queja y firme protesta ante el informe jurídico titulado “Nota sobre la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE”, divulgado por la prensa como dictamen sin autoría de letrados oficiales del Senado, y no desmentido en sus contenidos por esta institución”.
Los expertos rebaten de plano la nota de estos letrados del senado, a quienes atribuyen la intención de anular, en la práctica, la totalidad del concurso público, y animar a la comisión de nombramientos del Congreso y del Senado a llamar y nombrar a cualquiera de los 95 candidatos presentados inicialmente.
Los firmantes a las presidencias del Congreso y del Senado, a la Comisión Mixta, y al conjunto de los grupos parlamentarios, -como ya hicieron en noviembre de 2019-, que culminen urgentemente el proceso de concurso público que iniciamos, eligiendo con el máximo consenso posible unos nuevos organismos de gestión y dirección para RTVE.
Al menos 12 de los 19 candidatos que fueron seleccionados hace 18 meses para elegir entre ellos al Consejo de Administración y la Presidencia de RTVE han pedido por escrito a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por segunda vez en los últimos meses, que inste a la Comisión Mixta Congreso-Senado de control de la corporación pública a resolver el concurso público que está en marcha para nombrar a quienes deben integrar esos órganos.
El pasado 3 de febrero, hace ya cuatro meses, 15 candidatos enviaron sendos escritos a la presidenta del Congreso con la misma petición, dado que el concurso público lleva más de un año paralizado en las Cortes. Meritxell Batet trasladó con urgencia esa petición a la Comisión de Control para que abordara ese asunto, pero la Comisión se constituyó hace casi cuatro meses, ha celebrado ya varias reuniones y no ha incluido en el orden del día la situación del concurso público.
La Junta de Andalucía ha aprobado el Real Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, que entre sus muchas vertientes modifica la normativa sobre comunicación audiovisual hasta el momento vigente en la Comunidad Autónoma.
De acuerdo con el preámbulo de la norma, “Los medios de comunicación se enfrentan a un entorno digital que ha reformulado la cadena de valor y a una audiencia fragmentada por la explosión de canales, así como a una reducción de la inversión publicitaria y la restricción del gasto público”, a lo que se añade “un alto nivel de desempleo y una gran precariedad laboral”.
A partir de ese diagnóstico, las medidas aprobadas van todas en la línea de “agilizar la tramitación de algunos procedimientos (…) favorecer el avance y consolidación del sector privado de la comunicación audiovisual (…), eliminar trabas burocráticas” y, en definitiva, fomentar la actividad económica y productiva.
Con esos objetivos, el artículo 28 del Real Decreto-Ley aprobado modifica ampliamente la Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía, limitando las competencias de la Administración, flexibilizando el campo de actuación de la iniciativa privada y relativizando algunos de los hasta ahora considerados pilares de la gestión del servicio público en el ámbito local.
Veamos, resumidamente, cuáles son esos cambios en el modelo audiovisual andaluz:
En su versión inicial, la Ley Audiovisual de Andalucía contemplaba para una eventual interrupción del servicio tanto la existencia de causas de fuerza mayor, que habrán de determinarse reglamentariamente junto con el procedimiento a seguir, como la autorización de la misma por parte de “la persona titular del órgano directivo competente en materia de medios de comunicación social” (artículo 33.b). Tras la aprobación del Real Decreto-Ley, se obvia la necesidad de esa autorización administrativa previa, vinculándose únicamente a la decisión (en todo caso motivada) del operador.
En la misma línea, se plantea la posibilidad de que el prestador del servicio público de comunicación audiovisual pueda suspender temporalmente dicho servicio sin necesidad de solicitar y recibir autorización por parte del órgano directivo competente, simplemente con una comunicación de la persona concesionaria (hay que suponer que motivando y justificando la decisión).
Se modifica el artículo 44 para eliminar la condición de que el servicio público de comunicación audiovisual deba prestarse siempre bajo el régimen de gestión directa, con el fin de permitir “a las corporaciones locales decidir libremente sobre la forma de gestionar un servicio público para el que se les ha otorgado concesión”.
Igualmente, se modifican los apartados 1, 4 y 6 del artículo 46, sobre la gestión del servicio público, de modo que:
▪ Se permite que el servicio público de comunicación audiovisual de ámbito local cuya titularidad corresponda a entidades locales pueda prestarse mediante gestión indirecta.
▪ La prestación mediante gestión directa del servicio de comunicación audiovisual pueda contar con la colaboración de otras entidades y personas cuando sea necesaria la disponibilidad de medios materiales o profesionales ajenos al ente o a la sociedad responsable, incluso (lo que anteriormente estaba prohibido) para contenidos de difusión de información diaria.
▪ La renovación de la prestación del servicio público de comunicación audiovisual, que se otorga por un plazo de quince años, no requiera de solicitud expresa, sino que sea automática por periodos iguales siempre que se cumplan los requisitos legales.
Con ello, a decir del propio Real Decreto-Ley, “se elimina la restricción de entidades privadas en la participación de la gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual local” facilitando “la actividad económica del sector privado de comunicación audiovisual en Andalucía”.
En el aspecto concreto de las renovaciones, que como hemos visto se producirán de oficio o de manera automática, se busca agilizar el procedimiento administrativo y favorecer la continuidad de la prestación de estos servicios públicos, ya que, se afirma, “en muchas ocasiones esta solicitud no era presentada en tiempo y forma”. Asimismo, se señala que el hecho de que las corporaciones locales dispongan de la concesión hasta su renuncia (siempre que mantengan las condiciones para ser concesionarios), “contribuye a favorecer el interés por parte de las posibles personas físicas o jurídicas que podrían hacerse cargo de la gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual local”.
Hasta la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, los prestadores locales debían disponer obligatoriamente de un estudio de producción operativo en su ámbito territorial de cobertura.
Así lo establecía el artículo 36.1d), en el caso de las personas prestadoras privadas de carácter comercial: “disponer de un estudio de producción operativo con personal a cargo de la emisora y ubicado en el ámbito territorial de cobertura”. Por su parte, el artículo 37, referido a las personas prestadoras públicas locales, hablaba en su letra c) de “disponer de un estudio de producción operativo ubicado y gestionado en el ámbito territorial de cobertura”. Y el artículo 38.1.c, referido a las personas prestadoras comunitarias y no comunitarias sin ánimo de lucro se refería a “disponer de un estudio de producción operativo ubicado en su ámbito territorial de cobertura que pueda ser utilizado por las asociaciones y grupos sociales que aporten contenidos a la programación”.
Esta obligación queda ahora suprimida para todos los operadores, según se dice por suponer “una importante restricción que podría dificultar enormemente el mantenimiento de los servicios de comunicación audiovisual en Andalucía”, acercando “la legislación a la realidad social, sobre todo respecto a las emisoras de radio FM, mercado en el que sólo la adhesión de las emisoras a alguna cadena parece asegurar la viabilidad económica de las mismas”.
En relación a los prestadores públicos de ámbito local se introducen, además, otra serie de cambios en sus obligaciones:
▪ La letra b) del artículo 37 excluía de su programación las emisiones en cadena, pudiendo sólo compartir emisiones en red y sin poder conectarse en ningún caso a servicios de comunicación audiovisual de prestadores privados de carácter comercial. Tras la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, pueden realizar emisiones en cadena, así como conectarse a servicios de comunicación audiovisual de esos prestadores privados de carácter comercial, además de compartir emisiones en red.
▪ La letra d) permitía emitir exclusivamente programación de contenido de interés local, mientras que ahora se habla de emitir preferentemente esa programación. Se mantiene la cuota máxima del 60% del tiempo de emisión para las redifusiones, que deberán identificarse, así como la necesaria inclusión en la programación de interés local (que, recordemos, ahora ya no es contenido exclusivo y excluyente) de programas de carácter informativo local con una duración total de, al menos, diez horas semanales. Con la modificación se vincula a un desarrollo reglamentario posterior el concepto de programación de contenido de interés local, así como sus características y limitaciones.
▪ La letra e) garantizaba la realización por profesionales de la información de los servicios informativos, cuya producción y edición no podía ser externalizada. Tras el Real Decreto-Ley, se habla simplemente de “favorecer la realización por profesionales de la información de los servicios informativos”.
Estos cambios que se justifican con el fin de permitir, como ya hemos indicado, “a las corporaciones locales decidir libremente sobre la forma de gestionar un servicio público para el que se les ha otorgado concesión”.
El artículo 40 de la Ley Audiovisual de Andalucía prohibía la inclusión o difusión de cualquier tipo de comunicación comercial en emisiones de personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual que carecieran del preceptivo título habilitante, o que no hubieran cumplido el deber de comunicación previa. Esta prohibición se extendía, a efectos de su consideración como responsables de la infracción, a las personas anunciantes, las agencias de publicidad, las agencias de medios o terceras personas que posibilitaren dicha inclusión o difusión.
Con el Real Decreto-Ley se elimina ese artículo, al considerar el Gobierno andaluz que dicha prohibición es “desproporcionada y perjudicial para la publicidad de entidades, empresas y autónomos que ejercen actividades económicas en Andalucía”. En consecuencia, se elimina su mención en el elenco de prohibiciones recogida en el artículo 74, así como en los artículos 66, 80 y 81.
En concreto, se modifica la letra f) del artículo 81, desapareciendo la referencia expresa al deber de colaboración para el ejercicio de las facultades de inspección de las personas que mantengan relaciones económicas, empresariales o financieras con el prestador del servicio objeto de inspección consistentes en la contratación, participación o presencia en comunicaciones comerciales audiovisuales.
El artículo 63.2, relacionado con la celebración de negocios jurídicos, elimina para las partes que intervienen en el negocio jurídico sobre licencias de comunicación audiovisual, la condición contemplada en su letra c) de acreditar la emisión continuada durante dos años consecutivos.
Se modifica la disposición adicional tercera, referida a los criterios de valoración en la adjudicación de las licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual, que ahora se referencia únicamente a los prestadores privados de carácter comercial.
Se elimina la disposición adicional cuarta relativa a la creación del Estatuto de la Información, por considerarse que se trata “de una cuestión cercana a la regulación profesional que iría en contra de la tendencia europea y nacional, además de ser una materia de competencia nacional”. Hay que recordar que la mencionada disposición establecía que en el transcurso de un año desde la aprobación de la Ley había de aprobarse el mencionado Estatuto, el cual debería contener, como mínimo, la descripción del informador o informadora como sujeto activo en el proceso de creación de la comunicación social, el código deontológico, las cláusulas de conciencia y medidas para la protección de la independencia del informador. El Estatuto de la Información sería desarrollado de manera conjunta con los colegios profesionales, las organizaciones sindicales representativas y otras entidades del sector.
En relación a las obligaciones de accesibilidad, se eliminan las establecidas para la televisión local en la disposición transitoria primera de la norma, “al constatarse a través de varios escritos de entidades representativas del sector, el enorme riesgo que supone para la viabilidad económica de las personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual televisivo privado de ámbito local”, además de dificultar “enormemente la emisión de programación en directo”. En consecuencia, desaparecen en los apartados 2 y 3 del artículo 9 de la Ley las referencias a dichas obligaciones.
Además de modificar la Ley Audiovisual de Andalucía, el Real Decreto-Ley modifica en su artículo 7 el artículo 4 de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía, restringiendo sus funciones.
Así, mientras en la versión vigente hasta el cambio operado por el Real Decreto-Ley los apartados 4 y 5 del artículo 4 señalaban:
“Son funciones del Consejo Audiovisual de Andalucía:
(…)
4. Informar preceptivamente y con carácter previo, a los efectos de garantizar el pluralismo y la libre concurrencia en el sector y prevenir situaciones de concentración de medios y abuso de posición dominante, sobre las propuestas de pliegos de condiciones relativas a los procedimientos de adjudicación de títulos habilitantes en materia audiovisual.
5. A los mismos efectos, informar preceptivamente las propuestas presentadas en los concursos de otorgamiento de concesiones y licencias para la gestión de emisoras de radiodifusión sonora y de televisión, en lo que se refiere a la composición accionarial de los licitadores, a fin de garantizar el pluralismo y la libre competencia en el sector, para prevenir situaciones de concentración de medios y abuso de posición dominante. También deberá informar, con carácter previo, sobre las propuestas de resolución en los procedimientos de renovación, extinción, autorización de cambio de accionariado y negocios jurídicos de licencias en materia audiovisual. El Consejo Audiovisual de Andalucía pondrá en conocimiento de las autoridades de la competencia los actos, acuerdos, prácticas o conductas que pudieran ser contrarios a la normativa sobre tal materia”.
El nuevo apartado 4 fusiona ambos del modo siguiente:
“Son funciones del Consejo Audiovisual de Andalucía:
(…)
4. Informar preceptivamente, con carácter previo, las propuestas de resolución en los procedimientos de otorgamiento, renovación, extinción, autorización de cambio de accionariado y negocios jurídicos de licencias para prestar servicios de comunicación audiovisual radiofónica, así como televisiva de ámbito autonómico. El Consejo Audiovisual de Andalucía pondrá en conocimiento de las autoridades de la competencia los actos, acuerdos, prácticas o conductas que pudieran ser contrarios a la normativa sobre tal materia.”
Esta eliminación de funciones, suprimiendo el informe preceptivo sobre las propuestas presentadas en los concursos, se justifica con el fin de agilizar la tramitación de estos procedimientos, afirmando que de acuerdo con la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, y tras la derogación de la Ley 10/1998, de 3 de mayo, de Televisión Privada, la legislación básica no establece para el ámbito local limitaciones a la participación en el capital social de los prestadores, ni impone ninguna restricción a los servicios de comunicación audiovisual en ese ámbito local.
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ACICOM (Asociación Ciudadanía y Comunicación) os queremos hacer llegar varias iniciativas de empoderamiento de la ciudadanía , que nos organizamos ante la pandemia y generamos comunicaciones solidarias y cooperativas. Las sinergias creadas, tienen doble objetivos, ser útiles contra la pandemia y ofrecer apoyo a las personas, pero a la vez conseguir la movilización y la concienciación col·lectiva por un mundo mejor. Todas y todos podemos actuar.
El mundo asociativo hemos conseguido , con graves dificultades para la situación, desde casa, con teletrabajo y de mil maneras continuar aportando a la sociedad, mejorándola.
Las tecnologías nos están sirviendo , ahora más que nunca, para agrupar iniciativas, para montar «BUJES» (concentradores o agregadores)para conectarnos, que de otra manera sería imposible.
El mundo asociativo continuamos dando respuesta a las necesidades del momento.
ACICOM es suma a #AraMésQueMai , impulsada por la Fundación Horta Sud, junto con un amplio abanico de asociaciones. Perseguimos visibilizar el conjunto de acciones y proyectos que las asociaciones están realizando desde el inicio de la crisis. El tejido asociativo será clave para reconstruir el ánimo, la il·alusión, la solidaritat, la esperanza y la comunidad.
El mundo está hecho de personas maravillosas. ....
Las crisis alarman, por eso, mejor si se gestionan con calma. La gestión de una crisis requiere inteligencia organizativa. Y que circule con claridad en cada momento la información que cada momento requiere. Lo del momento es importante, porque la crisis es un proceso, no es un hecho estático, evoluciona.
La epidemia de Covid-19 es una crisis colectiva y su gestión requiere inteligencia organizativa colectiva. Esa información pertinente en cada momento es necesario que circule por el cuerpo social que sufre la crisis. En España, en 2020, ese cuerpo social lo componen 47 millones de personas.
Y aquí es donde aparece TVE en este relato, porque TVE es la televisión pública de esos 47 millones de personas.
Pensemos en una de esas personas. Imaginemos...
Teledetodos suscribe el texto, que les reproducimos a continuación, y que se suma a la carta abierta dirigida al presidente de la Junta de Andalucía y a los diferentes comunicados oficiales emitidos por los colectivos afectados por el Decreto 2/20:
Sevilla, 8 de abril de 2020
Sr. Presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía
La aprobación del Decreto Ley 2/2020 de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva y ya publicado en BOPA de 6 de abril, ha venido a causar un fuerte malestar en el sector profesional del ámbito de los medios de información, así como en relevantes organizaciones de la sociedad civil y el Tercer Sector.
La Ley 10/2018 de 9 de octubre Audiovisual de Andalucía (LAA) supuso un hito relevante en las políticas públicas de la Comunidad Autónoma. Los trabajos de la Ley se iniciaron en 2014 con la puesta en marcha de dos instancias de participación, la Mesa de Impulso del Sector Audiovisual (MOISA) y el Plan de Impulso del Sector Audiovisual (POISA). En los procesos de consulta participaron 54 entidades relacionadas con el sector audiovisual, la práctica totalidad de organizaciones vinculadas a las políticas audiovisuales y los derechos de la ciudadanía, entre ellas el Consejo Audiovisual de Andalucía. Todas las entidades firmaron los documentos de consenso alcanzados en el MOISA y el POISA. Un consenso que terminó en la elaboración de la primera ley marco para el sector audiovisual en Andalucía, hasta entonces sujeto a decretos de modificación permanente. La LAA suponía la transposición de la Ley 10/2010 General de Comunicación Audiovisual (LGCA), en cumplimiento de la Directiva 2007/65/CE, de Servicios de Comunicación Audiovisual, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007.
El consenso de la LAA se ha visto quebrado con la aprobación del Decreto Ley 2/2020, aprobado unilateralmente por el gobierno de la Comunidad Autónoma en ausencia de cualquier tipo de debate o del período consultivo pertinente para una norma del calado de la LAA. El Decreto fue, además, ratificado por la Diputación Permanente del Parlamento habilitada para medidas de urgencia con motivo de la crisis sobrevenida del COVID-19, con el voto contrario de PSOE y Adelante Andalucía; es decir, no gozó de la unanimidad con la que fue aprobada la LAA hace sólo un año y medio con los votos de todos los grupos parlamentarios presentes en la anterior legislatura: PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos. La aprobación de la LAA constituye un caso único en la historia de la Cámara Andaluza, como ahora lo es por otro motivo la modificación improvisada y poco garantista de la misma.
Estas actuaciones se han llevado a cabo a través de un procedimiento inhabitual y sorpresivo sobre el que los letrados de la Cámara todavía no han llegado a pronunciarse acerca de su validez.
La modificación de la Ley 10/2018 Audiovisual de Andalucía supone un hito desregulador en materia audiovisual dirigido al fomento de fines espurios que solo benefician a quienes hasta ahora se han negado a someterse a la Ley. Esta es la razón por la que una clara mayoría del sector audiovisual y representativa de la sociedad civil se ha manifestado en contra, aportando argumentos de peso que hasta el momento no han sido tenidos en cuenta, ni respondidos.
La Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), dotó a la Comunidad Autónoma de una figura ampliamente respaldada por la normativa europea y la propia LGCA y contó con el debate y la consulta a la sociedad civil. El mismo CAA se ha visto mermado en sus funciones por el Decreto 2/2020 y en ningún momento el órgano creado para la vigilancia y regulación del audiovisual ha emitido un informe que dé a conocer su opinión acerca de la grave situación generada.
Ante esta situación de indefensión e inseguridad jurídica y aunque se pueda llegar a argumentar por el CAA falta de competencia, ésta no debe eximir de la emisión de recomendaciones e informes no necesariamente vinculantes. Es lo mínimo que debe exigir el sector audiovisual y la sociedad a una instancia pagada con los impuestos de la ciudadanía andaluza y encargada de vigilar el cumplimiento legal en materia audiovisual.
Sorprende sin embargo que en tan sólo una ocasión el CAA se haya pronunciado contra una emisora pública externalizada: Resolución 10/2012 del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre emisiones de Intereconomía en la Radio Municipal de Tomares, para la que se declaraba competente amparándose “en el apartado 1 del artículo 131 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, según el cual el Consejo Audiovisual es la autoridad independiente encargada de velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en los medios audiovisuales, tanto públicos como privados, en Andalucía, así como por el cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual y de publicidad.” El informe del CAA motivó el cese de la actividad ilícita.
Por todo lo expuesto las organizaciones firmantes solicitamos respuesta urgente a las muchas inquietudes y perjuicios que se derivan de la modificación de la LAA:
En espera de su atención y la consideración de las personas que componen el Consejo que usted preside.
ENTIDADES Y ORGANIZACIONES FIRMANTES
Colegio de Profesional de Periodistas de Andalucía
Asociación de la Prensa de Huelva
Asociación de la Prensa de Sevilla
Asociación de la Prensa de Cádiz
Asociación de la Prensa de Almería
Asociación de la Prensa de Córdoba
Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar
Asociación de la Prensa de Jerez
Asociación de la Prensa de Jaén
Federación de Asociaciones de Periodistas de España
Facultad de Ciencias de la Comunicación de Málaga
Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Radio y Televisión de Andalucía
Red de Estatal de Medios Comunitarios
Sindicato de Periodistas de Andalucía
Federación de Sindicatos de Periodistas de España
Unión General de Trabajadores de Andalucía
Comisiones Obreras de Andalucía
Coordinadora Andaluza de ONGD
Plataforma estatal de defensa de medios públicos TELEDETODOS
Plataforma Andalucía Viva
Colectivos de AMPAS Escuelas de Calor
Fundación Savia por el Compromiso y los Valores
[laU Revista de cultura y pensamiento 26/3/2020]
Del COP25 al COVID-19, la lógica de representación espectral de este capitalismo del apocalipsis opera, en su fase terminal, por abreviaturas, secretos algoritmos y formas opacas que ocultan los dispositivos reales y concretos de dominación, empezando por las operaciones de lawfare y, con mayor incidencia, cosas de la guerra de baja intensidad, del warfare. Por ello es difícilmente aceptable la necesidad de una política de comunicación de salud pública. En la cultura de la libertad de empresa informativa, salvo rescatar con cargo al fisco los medios privados en dificultades, la apuesta por una otra lógica de la mediación social es inconcebible. Pero he aquí que la pandemia pone en cuarentena la función informativa, no solo por la alarma social que ha generado, sino por las veleidades interpretativas de opinadores y gacetilleros de dudosa fiabilidad que ahora reclaman la intervención del Estado en un tour de force muy propia, como demuestra la historia, del pánico neoliberal. Es lo que podemos calificar como la mediatización y dialéctica del botín y la salud pública que tiene lugar normalmente en momentos de crisis extrema e inestabilidad social. Ahora bien, con la situación de alerta y emergencia sociosanitaria cabe hacer otras lecturas pensando a largo plazo y en profundidad el acontecer que, cabe decir, en modo alguno va a cambiar nuestras vidas, pues la recurrencia de la lógica implícita en esta situación viene de largo.
Francisco Sierra Caballero
Consejo de Administración de EMA-RTV 23/03/20
La aprobación de la Ley 10/2018 Audiovisual de Andalucía (LAA) supuso un hito en la historia de las políticas públicas de comunicación de Andalucía (PPC). Por primera vez un texto reunía toda la normativa dispersa en decretos en un solo texto siguiendo el marco legal establecido por la Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual (LGCA, 2010).
La LAA viene a reforzar las garantías jurídicas de funcionamiento de los medios públicos y comunitarios de la Comunidad Autónoma. Una norma aprobada por unanimidad y consensuada entre todos los grupos parlamentarios, un caso inédito en la historia del Parlamento Andaluz.
Refuerza, así mismo, la consideración de servicio público de gestión directa de las emisoras municipales, siguiendo el criterio establecido en el primer texto legal aprobado en las Cortes en 1992, la Ley de Ordenación y Control de la Emisoras Municipales (LOCEM) y mantenido hasta la fecha en toda la normativa promulgada por el Estado y las autonomías.
A fin de evitar la posible colisión de intereses entre el sector radiofónico comercial y las emisoras municipales de radio se aprobó, a petición de las primeras, un estricto protocolo técnico que quedó recogido previamente en la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT, 31/87) posteriormente en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora de 1989. Las emisoras no podían emitir con más 500W en aquellos municipios con población superior a los 50.000 habitantes, con hasta un máximo de 150W en los menores de 50.000 y de un máximo de 50W por debajo de los 10.000, quedando reservada la banda desde los 107,00 a los 107,9 MHz para este servicio público. Estas exigentes condiciones limitativas fueron establecidas para evitar cualquier competencia comercial en cobertura y audiencia con la radio privada y en atención a lo solicitado en su día por la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC).
En esta coyuntura es imposible que la radio pueda ser rentable económicamente no solo por impedimentos técnicos, sino además porque su obligación de prestar un servicio público marca diferencias claras con la comercial, a quien la LGCA exime de un principio básico como es la prestación del servicio público, ello le da ventaja para competir en el mercado de la publicidad y por supuesto también en el de las audiencias gracias a su mayor cobertura técnica al disponer de potencias de emisión entre cinco y diez veces más elevadas. Los mismos argumentos de servicio público son aplicables a la televisión municipal y los medios comunitarios.
Bajo estas premisas más de un centenar de emisoras municipales y comunitarias de radio y más de una veintena de televisiones, han venido emitiendo regularmente en una geografía donde los medios comerciales no pueden ofrecer contenidos de proximidad por la escasa rentabilidad económica que generan. Su lógica está sujeta a las emisiones en cadena con momentáneas desconexiones locales. La misma LAA, establece que estas desconexiones locales deberán ser al menos de (sólo) 15 horas de información a la semana, un mínimo insuficiente que además no suele ocupar las franjas estimadas de máxima audiencia en las programaciones.
La realidad es que las emisoras municipales de radio y televisión están cubriendo un vacío informativo y de conocimiento fundamental del territorio. Cumplen junto a las radios comunitarias un papel esencial en Andalucía mediante la producción de contenidos de proximidad útiles para la ciudadanía y garantizando el derecho de comunicación y de acceso. Más de 2.000 personas voluntarias colaboran cada día en estas emisoras y no menos de 600 organizaciones sociales encuentran un espacio único a través del cual pueden hacerse oír e incidir con contenidos de sensibilización. Este sector público ocupa a cerca de 600 personas en toda Andalucía que garantizan cada día la dinamización social y la información de proximidad. Estos valores no pueden ser desconsiderados en un territorio de ocho provincias con carencias y déficit de información endémicos e históricos que lastran la formación de la opinión pública y generan desconocimiento de la realidad.
A todo ello se le añade el esfuerzo de un trabajo en red que permite el intercambio de información y de contenidos entre un centenar de emisoras públicas y comunitarias que son parte de EMA-RTV. No hay ningún interés de lucro sino de contribución a la rentabilidad social de la comunicación y la información para satisfacer una demanda del territorio. El modelo de red EMA-RTV y sus estrategias de comunicación han sido replicados por la cooperación española en países como El Salvador, Guatemala, Bolivia, Argentina y Perú, para contribuir al fortalecimiento democrático mediante la construcción de ciudadanía y la generación de liderazgos. La red también trabaja con socios europeos y fondos de la Unión en producciones audiovisuales que tienen el objetivo de sensibilizar sobre iniciativas y políticas transversales.
Nuestro sistema de medios es eminentemente privado y bajo el paraguas de grupos ajenos a la Comunidad, no siempre con domicilio social en Andalucía y en muchas ocasiones con instalaciones que no van más allá de un poste repetidor para replicar la señal transferida desde un centro emisor en Madrid. Sería recomendable analizar el uso de las frecuencias de radio comercial para entender que Andalucía no necesita ampliar el número de frecuencias en manos de los tres grupos privados dominantes, tampoco de nuevos actores, al menos a través de las frecuencias municipales. Hasta la fecha de las 216 frecuencias comerciales de FM que son competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, 89 emiten programación generalista en cadena (41%) dedicando escaso tiempo a contenidos locales y autonómicos (solo una cadena se ciñe a las 15 horas reseñadas, las otras dos marcas de referencia están muy por debajo de este rango). Un total de 122 antenas emiten exclusivamente programación musical en cadena y solo en contados casos hacen desconexiones para ofrecer información. Sólo cuatro concesiones permanecen al margen de los intereses de los grupos dominantes y son independientes. Todo intento por favorecer un mapa más plural y potenciar actores nuevos en el territorio ha fracasado por la flexibilización de las normativas que impedían la concentración, facilitar la privatización de los medios públicos reincide en los mismos errores ante la permisividad del negocio jurídico con las licencias.
Teniendo en cuenta que todas las frecuencias concedidas por el gobierno autónomo en concurso público lo fueron con el compromiso de emitir una programación eminentemente local, queda de manifiesto que el sector privado ha sido incapaz de hacer rentable sus antenas para los territorios en los que emiten. Una emisora local se define por cobertura de emisión, pero fundamentalmente por sus contenidos de proximidad. El recurso de emitir en cadena muestra el fracaso de las políticas públicas emprendidas, que han derivado en la continua flexibilización de las normas en favor de los grupos y evidencian el poco interés por poner en valor una información local imprescindible para la ciudadanía.
En esta realidad de intereses de la radio privada se mueven una treintena de ayuntamientos denunciados por haber privatizado el servicio de radio. Medios municipales que han abandonado la premisa de satisfacer un servicio público para tratar de hacerse rentables económicamente o reducir “gastos”, sin tener en cuenta que la actividad social y cultural que promueven es esencial y no puede ser considerada gasto sino inversión. En este conjunto de emisoras hay que diferenciar tres casuísticas, quienes han cedido la gestión a organizaciones sin ánimo de lucro, quienes lo han hecho a personas físicas o jurídicas que buscan el lucro, o aquellas que se dedican a repetir la señal de una cadena privada. Curiosamente en los dos primeros casos se siguen destinando fondos municipales justificados como pago al “servicio prestado”, argumento que contradice el criterio de que la privatización es parte de una política de ahorro e incluso de dinamización económica.
Las radios y televisiones municipales, como las radios comunitarias, no son rentables económicamente no por incompetencia, sino por falta de voluntades políticas para poner en valor el importante servicio que vienen prestando a la sociedad. El trabajo de información, las campañas de sensibilización e información emitidas y realizadas por las emisoras no son valorizadas económicamente pese a su utilidad y necesidad. Las agencias de publicidad basan sus planes de medios en el estudio de audiencias de EGM o Kantar, que están diseñados exclusivamente para medios con cobertura estatal, realizando ampliaciones de muestra para algunas comunidades autónomas siempre insuficientes en su muestra por motivos de costes y a demanda. Estos estudios son incapaces de recoger las audiencias locales, ni la suma de estas cuando emiten en red, lo que impide una financiación extra. Incluso penalizan a los medios autonómicos, insuficientemente representados en la muestra. Aun así, las emisoras comerciales acusan a los medios públicos locales de competencia desleal sugiriendo una doble financiación. Las campañas que emiten las radios y televisiones municipales son eminentemente locales y suelen estar fuera de las tarifas e interés de las cadenas, vienen a ser más un servicio público que una búsqueda de beneficio. Los aportes económicos de publicidad no son relevantes, pero tampoco debe ser el fin de las emisoras municipales la captación de publicidad para su financiación, sino cumplir con la exigencia legal de dar un servicio público a la ciudadanía al que radio comercial por criterios de rentabilidad económica defendidos en la LGCA no está obligada, quedando al arbitrio de decisiones empresariales.
La profesionalidad de quienes cada día hacen posible la radio pública local está llena de dificultades y sin embargo cumplen el objetivo de servir a su territorio. Siempre hay margen para la mejora como se advierte de la aplicación del indicador IRSCOM diseñado por la Universidad de Málaga, pero como también se recoge en este estudio son necesarias políticas de apoyo a la importante labor y el vacío que cubren. Medir los intangibles es un cometido de interés público como reconoce la LAA cuando se compromete a trabajar con indicadores de rentabilidad social. ¿Cómo medir la importancia de la labor informativa y de sensibilización realizada en esta crisis causada por el Covid-19? En estos días están emitiendo campañas de sensibilización propias, dando ánimo a sus vecinos, compartiendo información en red, asegurando que la voz de los actores locales, autoridades y sociedad civil, desde el contexto local, llegue a todas las personas. Esta labor es diaria durante todo el año. Andalucía ha sabido desde el municipalismo construir un modelo único y ejemplar de red, a través de EMA-RTV y su servicio de distribución contenidos Onda Local Andalucía. Permitir la privatización de las emisoras públicas locales contribuye a destruir un tejido único, un ecosistema complementario a la actividad privada y pública del medio autonómico. Esta medida no enriquecerá las agendas informativas, ni redundará en la información de cercanía y la participación ciudadana.
La modificación de la LAA, pervierte el mapa de la radio y la televisión local en Andalucía al incentivar a los ayuntamientos a desprenderse de la prestación de un servicio público básico. La lógica, en las recomendaciones de las directivas de la UE, van en sentido opuesto, vienen a argumentar contra la concentración mediática y defienden la importancia de las ayudas públicas en ámbitos desfavorecidos por la inexistencia de agendas propias que atiendan el territorio, es una responsabilidad del gobierno no del mercado.
Las modificaciones contempladas en el decreto ley entran en colisión con los principios inspiradores establecidos en el artículo 2, apartado 1, de la actual LAA que proclama la defensa y potenciación del servicio público de comunicación audiovisual, la libre elección, como derecho de la ciudadanía a escoger los servicios de comunicación audiovisual sin que los intereses privados, ni las Administraciones públicas puedan condicionar sus decisiones y a la obtención, en función de la disponibilidad del espectro radioeléctrico, del equilibrio entre los prestadores del sector público, los comunitarios sin ánimo de lucro y los privados de carácter comercial. También contradice el apartado 2 de la LAA, que potencia el fomento y la defensa de la cultura andaluza, de los intereses locales y la promoción de la convivencia, impulsando la participación de los grupos sociales del ámbito territorial de cobertura.
El decreto tampoco considera el Plan Estratégico Audiovisual de Andalucía en cumplimiento de la LAA a elaborar cada cuatro años. El artículo 18 de la LAA que compromete esta planificación, define como objetivos fundamentales la defensa y potenciación de los servicios de comunicación audiovisual de titularidad pública autonómicos y locales, así como de los servicios audiovisuales de proximidad. No obstante, el Plan Estratégico de subvenciones de la Consejería de Presidencia, Administración Publica e Interior 20/22, define como objetivo estratégico, la ordenación e impulso del sector audiovisual andaluz, el apoyo al servicio público de radiodifusión de ámbito local para que los municipios puedan mantener la prestación del servicio público de comunicación audiovisual radiofónico de ámbito local en las mejores condiciones, cumpliendo la previsión estatutaria (artículo 211), para que los medios de comunicación de gestión directa puedan “orientar su actividad a la promoción de los valores educativos y culturales andaluces, respetando, en todo caso, los principios de independencia, pluralidad, objetividad, neutralidad informativa y veracidad". Parece contradictorio con la propuesta contemplada en el decreto de permitir la privatización de los medios públicos locales.
Las medidas contempladas también entran en confrontación con principios vertebradores culturales y sociales contemplados en el Estatuto de Autonomía. Reconocer la legitimidad del gobierno para tomar las medidas que considere oportunas no implica que éstas sean las únicas amparadas en el buen criterio, el trabajo de consenso y unanimidad con el que se aprobó la LAA debe ser tenido en cuenta.
En consecuencia, por las razones expuestas quienes llevamos más de 35 años en la comunicación local y ciudadana en Andalucía sabemos de la importancia del quehacer de las emisoras públicas locales y comunitarias en la construcción de consensos y el importante papel de dinamización social que cumplen y expresamos nuestro sentir contrario a la reforma. En este sentido y tras un largo y enriquecedor debate proponemos:
Posición de EMA-RTV frente a la modificación de la LAA630.04 KB
La renovación de Radiotelevisión Española vía concurso público sigue empantanada. Y eso que hace más de un año que el comité de expertos emitió su dictamen sobre los 95 candidatos admitidos y preseleccionó a 20, de entre los cuales Congreso y Senado tenían que escoger a diez. Pero sobrevinieron una catarata de recursos de los aspirantes y dos disoluciones consecutivas de las Cortes Generales. Ahora ya hay un nuevo Gobierno y una legislatura que quizá se prolongue, pero desatascar el relevo en la corporación no será sencillo. Porque las impugnaciones siguen pendientes de resolución, porque ahora hay 19 elegidos —la mejor puntuada, la exdirectora de 'Informe semanal', falleció el pasado 18 de enero—, y porque de ellos solo hay tres mujeres, por lo que es materialmente imposible que se respete la Ley de Igualdad, como exige la norma. El Ejecutivo de coalición busca por ello una solución "pronta" para promover los cambios en la cúpula de RTVE, salida que en paralelo también están trabajando los servicios jurídicos del Parlamento. La intención del Gobierno es no tocar la ley que reformó el procedimiento de elección del consejo de administración de la empresa pública, de 2017, aunque asume que quizá la fórmula pase por modificar la resolución de las Cámaras que dio vía libre al concurso.
Entretanto, la periodista Rosa María Mateo continuará, contra su voluntad, como administradora única de la corporación, cargo al que accedió en julio de 2018 después de un tortuoso proceso de elección. Una vez el Gobierno de Pedro Sánchez logró relevar a José Antonio Sánchez, cuyo mandato había vencido, se activó el concurso público, la herramienta pactada por PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos y reclamada por los consejos de informativos de la casa para darle una solución estable e independiente del poder político y del Ejecutivo de turno. Los grupos pactaron un comité de expertos de 17 miembros, presidido por Diego Carcedo, y pactó una baremación de méritos una vez ya se habían presentado las solicitudes. De los 95 candidatos admitidos, 20 pasaron el corte y fueron calificados como idóneos. Pero la puntuación emitida por los expertos irritó a algunos de los aspirantes por los duros comentarios vertidos sobre algunos de los proyectos de gestión presentados.
Hoy hemos estado una delegación de Teledetodos en Congreso de los Diputados. Hemos entregado escrito y firmas a grupo Plural (Inés Sabanés y Joan Baldoví), a Ciudadanos (Guillermo García) y Unidas-Podemos (María Márquez y Santiago Romero). Todos ellos han sido bastante receptivos al documento y nuestros argumentos. También se han mostrado dispuestos a gestionar el uso de una sala en el Congreso para un acto en el mes de marzo con su participación.
La comisión mixta (diputados y senadores) para el control parlamentario de RTVE ha sido la única de las que tendrá el Congreso en el comienzo de la legislatura cuya creación ha contado con el apoyo unánime de los grupos, incluido Vox.
En la sesión plenaria de este martes, el Congreso ha dado el visto bueno a la formación de ocho comisiones más, cinco no legislativas y tres de carácter mixto, en la que se integran diputados y senadores.
Serán las de seguimiento del Pacto de Toledo y del Pacto contra la violencia de género, la de la lucha contra la corrupción, por los derechos de la infancia, sobre adicciones, seguridad vial y sobre los objetivos de desarrollo sostenible, así como la ya mencionada de RTVE.
The IFJ demands that the new government of Spain urgently puts an end to the democratic anomaly that has meant that, for the last 18 months, the country's main media outlet has been run by a professional proposed by the Spanish Socialist Workers' Party (PSOE), the party that represents the main support of the current government of Spain.
The International Federation of Journalists stands in defence of the Public Competition for RTVE (approved by the Parliament, with the support of all political parties, in September 2017) because it is a guarantee of independence against interference of all kinds to which the media are exposed in all regions of the world.
Reinforcing public service broadcasting in Spain, through the development of Law 5/2007, is essential to strengthen the necessary alliance with which European public media must confront the various powers that seek to weaken their position in society.
As the IFJ recalls in the "Global Charter of Ethics for Journalists" (June 2019), the exercise of journalism is incompatible with any kind of government interference. "In this sense we are confident that the parties that make up the new government of Spain will understand, with the continuation of the Public Competition for RTVE, that reinforcing the pluralism and independence of the main public media in the country is an excellent way of strengthening the freedom of the citizens of Spain and the quality of democracy itself", the Federation said.
[Public Media Alliance 06/02/2020]
For years the Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) has faced paralysis due to what many see as a democratic deficit in the way that the corporation’s Board and management are formed. It is hoped that a “public contest” to decide on the Board’s makeup to will also improve accountability and transparency as well as better ensure RTVE’s independence.
PMA partner Teledetodos, has released a detailed press release and declaration calling on the recently elected Spanish government to live up to promises to reactivate the public-tender, commit to sustainable funding and better ensure “social participation” with the public broadcaster.
40 organizaciones ciudadanas de todo tipo -entre las que se encuentran la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) o CCOO de RTV- pidieron este miércoles la reactivación del concurso público en RTVE para elegir el Consejo de Administración y la Presidencia de RTVE, que lleva más de un año paralizado en el Parlamento.
Aseguran que "el compromiso con la regeneración democrática y la cultura incluido en el acuerdo del nuevo Gobierno de coalición PSOE y Unidas Podemos tiene una asignatura pendiente en la urgente y necesaria regeneración del espacio público de comunicación audiovisual, que incluye, de entrada, la reconstrucción de los órganos democráticos de gestión de RTVE".
Consideran que no renovar RTVE sería "un fraude político a la ciudadanía y el golpe de gracia a una radiotelevisión pública que lleva más de año y medio en una provisionalidad insostenible".
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