Lunes, Diciembre 30, 2024
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La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) ve insuficientes las limitaciones a las plataformas de intercambio de vídeos en el proyecto de ley audiovisual, que en la actualidad permiten el acceso sin restricciones de los menores a todo tipo de contenidos inadecuados y perjudiciales, como la pornografía. En un comunicado, en el que analizan el proyecto normativo, la asociación valora los avances que se contemplan en el proyecto de ley y el hecho de que en materia de protección de menores se obligue, como hasta ahora a todos los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, a facilitar información sobre el contenido que puede ser perjudicial para ellos. Se contempla también la posibilidad de completar esa calificación con descriptores temáticos, tal y como ocurre en este momento con el etiquetado de los videojuegos. Pero más laxa, según AUC, es esa obligación en el caso de los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma, dado que "no se reconoce su responsabilidad en los contenidos que difunden provenientes de terceros, y además se benefician del principio de país de origen para sortear la normativa de otros Estados miembros". Sí se les impone, en todo caso, la utilización de sistemas de verificación de edad y el establecimiento de mecanismos que permitan a los generadores (como es el caso de los "vloggers" e "influencers") calificar los contenidos en función de la edad.
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La Asociación de Usuarios de la Comunicación ha manifestado su rechazo a la Proposición de Ley presentada por el Grupo Popular ante el parlamento autonómico para modificar la Ley 8/215, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid.

AUC considera que la pretendida reforma es más bien una contarreforma, y se traduce en “tres proposiciones con freno y marcha atrás”, que llevarán a la radiotelevisión madrileña, de aprobarse, a una situación de mayor dependencia política y gubernamental, y, sobre todo, al cierre abrupto de una experiencia pionera de participación de la sociedad civil en los medios públicos.

Este último aspecto es para la Asociación de Usuarios de la Comunicación especialmente decepcionante, ya que el modelo adoptado para selección de los miembros del Consejo de Administración en la Ley de Radio Televisión Madrid aprobada en 2015 es un ejemplo pionero, a seguir por otros medios públicos en favor de una mayor independencia, pluralismo, neutralidad y objetividad.

La contrarreforma que el Grupo Popular de la Asamblea de Madrid pretende aprobar mañana en trámite de lectura única no propone ninguna medida para la mejora de la eficiencia de RTVM ni para una mayor garantía del cumplimiento de su misión de servicio público. Básicamente, se basa en cuatro proposiciones de naturaleza regresiva:

 

Eliminación de la participación social y profesional en el Consejo de Administración

En su modelo actual, y así ha sido desde la entrada en vigor de la norma reguladora de la radiotelevisión autonómica vigente, los miembros del Consejo de Administración de RTVM son elegidos por la Asamblea de Madrid a partir de una propuesta de carácter mixto por parte de los grupos parlamentarios y de las organizaciones profesionales y sociales representativas del sector de la comunicación en la Comunidad de Madrid (apartados 1 y 2 del artículo 14 de esta Ley).

Este modelo de propuesta y designación coloca a Madrid en el grupo de comunidades autónomas que cuentan con participación social en el Consejo de Administración de sus respectivas radiotelevisiones públicas, como es el caso del País Vasco, de Aragón o de la Comunidad Valenciana. Pero es la única en la que, además, la participación social y profesional, con 5 miembros, supera a la de propuesta parlamentaria (4 miembros), en cumplimiento del artículo 3 del artículo 13 de la Ley de RTVM.

Lo que se pretende ahora, sin embargo, es modificar o derogar estos artículos con el fin de reservar a los grupos parlamentarios en exclusiva la propuesta de candidatos para la elección de los miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid, minusvalorando la gran labor realizada en estos años por el Consejo fruto precisamente de la diversidad de sus miembros.

Ello significa, a pesar de los pseudoargumentos utilizados para justificar el cambio, y teniendo en cuenta la dinámica de las mayorías parlamentarias, un paso atrás en la independencia de RTVM en favor de una mayor gubernamentalización de la radiotelevisión pública. A las organizaciones de la sociedad civil, que tanto han colaborado en la conformación de la nueva Radio Televisión Madrid, se pretende arrinconarlas en el Consejo Asesor, órgano cuya existencia AUC ha defendido siempre, pero que no deja de ser una instancia puramente consultiva, sin ninguna capacidad de decisión, y que se reúne cuatro veces al año.

 

Reducción de las competencias del Consejo de Administración

El nuevo Consejo de Administración pretendido, más dependiente de los grupos parlamentarios, y, como decíamos, más gubernamentalizado, pierde además atribuciones: aunque se mantiene su capacidad para proponer a la Asamblea candidato o candidata a la Dirección General, se elimina de sus competencias y funciones el nombramiento y cese del personal directivo, lo que de nuevo contribuye a debilitar la figura del Consejo de Administración.
Mayor dependencia del Director General

Uno de los elementos claves de la independencia de RTVM ha sido la consolidación de la figura de un Director General propuesto por el Consejo de Administración y ligado al mismo en su horizonte de gestión. Se pretende ahora reducir su mandato de seis a cuatro años, eliminar la posibilidad de que pueda mantenerse en funciones si no hay acuerdo amplio para su relección, y, para tal caso, se introduce la figura de un administrador único con sus mismas competencias que, en línea con otras contrarreformas como la operada en RTVE en 2012, puede ser elegido por mayoría simple en segunda votación.

Más allá de la lectura ad hominem que pueda hacerse de estas medidas, cierran el círculo de una RTVM menos independiente, más mediatizada por las mayorías parlamentarias y por el gobierno de turno, y menos abierta a la sociedad. Un paso en la dirección contraria de la que deben seguir los medios públicos para justificar su existencia en un escenario audiovisual caracterizado por la digitalización y la convergencia, como garantía de pluralismo, neutralidad y cohesión con su entorno social.

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Ante la inminente ejecución del auto del Tribunal Supremo que obliga al cierre de nueve canales.

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La Asociación de usuarios de la Comunicación ha rechazado la posibilidad de que los recortes presupuestarios en RTVE acaben suponiendo la desaparición del canal temático infantil Clan TV, tal y como apuntó en su comparecencia parlamentaria el actual presidente rotatorio de la Corporación Josep Manuel Silva.

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Tras la aprobación el pasado viernes por el Consejo de Ministros de un Anteproyecto de Ley para unificar diferentes organismos reguladores en el marco de la Comisión Nacional de Mercado y Competencia, la Asociación de Usuarios de la Comunicación ha pedido al Gobierno que clarifique dónde y cómo quedarán ubicadas las competencias en materia de vigilancia, control y sanción previstas en la Ley General de la Comunicación Audiovisual.

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AUC advierte que los nuevos desarrollos audiovisuales como el 3D o la televisión conectada a Internet van a obligar a los ciudadanos a un nuevo gasto en televisores en poco tiempo.

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Considera que la decisión del Consejo de Administración ahora anulada es sobre todo una torpeza, y pide que tras las elecciones se afronte de modo prioritario la renovación del órgano y la  elección del Presidente.

La Asociación de Usuarios de la Comunicación valora positivamente la rápida rectificación del Consejo de Administración de RTVE ante su pretensión inicial de conocer y supervisar la elaboración de los contenidos por parte de los Servicios Informativos de la Corporación.

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Por su interés, reproducimos este artículo de El Mundo de fecha 17 de Junio de 2011.

Las principales asociaciones de telespectadores, AUC y ATR, han pedido al PP que reconsidere su rechazo a la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (Cema). La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) señaló hoy en un comunicado que "hacer demagogia con este tema es irresponsable, incoherente con otras peticiones del PP en el Parlamento y contrario a las posiciones de buena parte de su propio electorado".

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