El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una modificación de los estatutos sociales de Radiotelevisión Española (RTVE) para redefinir las funciones de la nueva presidenta interina del Consejo de Administración de la corporación, Elena Sánchez, y darle poderes ejecutivos para desempeñar su cargo.
El Gobierno ha autorizado la modificación en los Estatutos Sociales de RTVE tras una petición de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), accionista de la corporación de radio y televisión. Con este cambio, Elena Sánchez tendrá unas competencias que no podría haber asumido con la redacción anterior de los estatutos. Fuentes del Gobierno han explicado a RTVE que la modificación viene a resolver una situación sobrevenida ante la dimisión de José Manuel Pérez Tornero, y no prevista en la ley, y que para ello se han basado en un informe realizado por la Abogacía del Estado en 2011, que establece un mecanismo de sustitución del presidente de la corporación en caso de cese o dimisión.
En este sentido, recuerdan que Elena Sánchez fue elegida presidenta interina del Consejo de Administración, con lo que podía ejercer las funciones propias de este órgano, como por ejemplo, convocar al consejo, pero no funciones ejecutivas como presidenta de la Corporación de RTVE.
El Gobierno ha indicado que era necesario dar este paso para facilitar la gestión y el funcionamiento ordinarios de RTVE y para que no se vea "con las manos atadas" hasta que el Parlamento elija a un nuevo presidente de la corporación.
Un sistema para "garantizar el normal funcionamiento" de RTVE
Para revertir esta situación, se ha incorporado a los estatutos de RTVE un sistema de vacantía, hasta ahora no presente en los mismos. La modificación no tiene que ser refrendado por las Cortes, ni tiene un periodo de tiempo de vigencia, sino que viene a suplir la vacante mientras el Parlamento no provea la sustitución de la Presidencia de la corporación por el mecanismo legalmente establecido y para "garantizar el normal funcionamiento" de RTVE.
Si el Parlamento activase el proceso previsto de sustitución, correspondería seguir el procedimiento ya establecido para elegir a un nuevo presidente de RTVE.
Este cambio en los estatutos de la corporación se produce una semana después de que Sánchez fuera elegida presidenta interina del Consejo de Administración de RTVE tras la marcha de José Manuel Pérez Tornero, que anunció su dimisión un día antes por entender que no se daban las condiciones de gobernabilidad de la entidad ni las circunstancias para hacer viable su proyecto. La elección salió adelante con los votos a favor de cinco de los nueve consejeros.
El PP pide explicaciones
El Partido Popular ha pedido explicaciones al presidente del Gobierno por otorgar "plenos poderes" a Elena Sánchez, sobre "todos los ámbitos que tiene limitados por ser interina y no haber pasado por el Congreso".
Poco antes de que se confirmara que se había aprobado la modificación de los estatutos sociales de RTVE, la portavoz del grupo popular en el Congreso, Cuca Gamarra, había advertido de que sería "un auténtico escándalo" y "un asalto a la televisión y la radio públicas" que se llevara a cabo esta "maniobra". Según Gamarra, el Ejecutivo querría dotar a esta interinidad de facultades ejecutivas "para que pueda ejercer como si hubiera sido elegida presidenta por esta Cámara, que es la que tiene la potestad".
"Es un hecho muy grave que el Gobierno debe explicar, el objetivo es conseguir el control absoluto de la televisión de todo", ha sentenciado también el diputado Carazo Hermoso durante el debate en el Congreso sobre una proposición de ley de Ciudadanos para reformar el sistema de elección del Consejo de Administración y la presidencia de RTVE.
Ante estas declaraciones, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista María Tamara Raya Rodríguez ha subrayado que estas afirmaciones de la derecha "solo se pueden definir como descaro", acusando a los populares de "manipular" la información de los medios de comunicación y "usar en su beneficio la televisión pública".
El pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves 8 de julio la reforma de la ley que regula Telemadrid, con el apoyo único del PP y la abstención de Vox, que incluye, entre otros aspectos, el cambio en el mandato de la dirección de la radiotelevisión pública.
La proposición de ley presentada por el PP se tramitará por el procedimiento de lectura única, una vía de urgencia para acortar los plazos de tramitación, eliminar el debate previo en comisión y la posibilidad de presentar enmiendas por parte de los grupos parlamentarios.
Los grupos de la izquierda y Vox han acusado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de querer hacerse con "el control" de Telemadrid con la reforma, mientras que el PP asegura que la intención es garantizar su "pluralidad e independencia" tras los "abusos" por parte de la dirección de la cadena pública.
El debate parlamentario se ha producido en medio de la controversia entre el canal y el Gobierno regional por el fallo de seguridad ocurrido en los portales web de la Consejería de Sanidad, que expuso durante varias horas datos personales de ciudadanos, como el número de teléfono o dónde se han vacunado contra la covid.
"No queremos cerrar Telemadrid, queremos reforzarla y acabar con el abuso y las disfuncionalidades", ha expresado la diputada del PP Almudena Negro, que apuntado que esta reforma corregirá la "rigidez de los sistemas de elección" de los órganos directivos.
Con su propuesta, el PP plantea que el mandato del director general sea de cuatro años, renovables, frente a los seis años previstos en la ley de 2015, lo que conllevaría la salida de la actual dirección, que inició su mandato en 2017.
Además, la iniciativa incluye una disposición transitoria que provocaría su cese inmediato en el momento de la entrada en vigor de la ley, una vez sea publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, algo que se producirá en los próximos días.
El Consejo de Gobierno deberá nombrar a un administrador provisional con las mismas funciones y competencias, según contempla la reforma, y deberá ser sometido a ratificación por parte de la Cámara regional, algo que no se producirá hasta después del verano, dado que solo queda un pleno antes del parón.
Para ello, se requerirá la obtención de una mayoría de dos tercios en primera votación en el pleno de la Asamblea y de mayoría absoluta en segunda votación, que PP y Vox suman.
Además, plantean que la totalidad de los miembros del consejo de administración de Telemadrid sean elegidos por la Asamblea de entre los propuestos por los grupos, en lugar de que sean las organizaciones profesionales las que designen a parte de sus integrantes, como contempla la ley de 2015.
Vox ha acusado al Gobierno de Ayuso de querer "controlar" la radiotelevisión autonómica y de "aspirar a poner a su servicio chiringuitos que cuelgan de la administración" como hace la izquierda, ha señalado el diputado José Luis Ruiz Batolomé, que ha insistido en el cierre de la cadena.
"Su único afán aquí es la intervención política y utilizar este organismo autonómico como un altavoz de propaganda, de pura y dura toma de control", ha declarado el diputado.
Según Vox, el presupuesto de Telemadrid permitiría "construir un Zendal sin sobrecostes o ejecutar 7 colegios públicos", por lo que si el PP quiere contar con su apoyo tendrán que demostrar que quieren "reducir el gasto, dar transparencia, limpieza y neutralidad".
Por su parte, el diputado de Más Madrid Hugo Martínez ha asegurado que la reforma es la "primera cacicada" que ejerce el PP tras "quitarse de encima" a Ciudadanos.
Respecto a la lectura única, Martínez ha afirmado que a Ayuso le "sobran las instituciones" porque son una "derecha autoritaria y caciquil" que alienta a "la libertad" pero ofrece "propaganda".
La diputada del PSOE Isabel Aymerich ha dicho que la "celeridad" del PP responde a "la nueva configuración de la Cámara" para ejercer "un mayor control" sobre la cadena, pero que intentan "camuflar" con una "mayor autonomía".
"Es un 'quítate tú para ponerme yo'", ha indicado la parlamentaria socialista, que ha remarcado que la figura del administrador provisional "emana del Consejo de Gobierno" y dudan de su "provisionalidad".
La portavoz de Unidas Podemos, Vanesa Lillo, ha afirmado que la intención de Ayuso es que la cadena pública "vuelva a ser la Telemadrid oscura de (Esperanza) Aguirre, cuando llamaban al presidente a decir manipularan las informaciones".
Lillo ha criticado que quieran acabar con el nuevo modelo de la radiotelevisión autonómica como "castigo" a su dirección, pese a que sus cuentas "están saneadas" y ha subido su audiencia.
La Asamblea de Madrid cambiará la forma de elección del director general de Telemadrid, la televisión autonómica de Madrid. El nuevo método para designar este puesto será a través de un grupo de personas designadas de partidos políticos, no de organizaciones profesionales como hasta ahora.
La reforma legal, presentada por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que será aprobada presumiblemente este jueves 8 de julio (con los votos del Partido Popular en la Asamblea y la abstención del grupo parlamentario Vox), permitirá reformar la ley actual: se cambiará la composición de los miembros del Consejo de Administración de la televisión Pública de la Comunidad de Madrid.
En la actualidad, este Consejo de Administración de Telemadrid está presidido por Celia Ferrero, un cargo que fue propuesto por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). María Eugenia Lozano y Alfonso Cavallé son subdirectores (en rotación), ambos periodistas con una larga trayectoria profesional.
Estos cargos, como el del director general de Telemadrid, tienen una duración de seis años.
Desde el momento en el que sea aprobada esta reforma, el mandato del director general se verá asimismo reducido de seis a cuatro años, por lo que el titular actual, José Pablo López (nombrado en febrero de 2017), cesaría en el cargo nada más entrar en vigor la reforma.
En la actualidad, los cargos de dirección y del Consejo de administración duran seis años. Pasarán a durar cuatro
La modificación también prevé que si no hay acuerdo de dos tercios de la Asamblea para nombrar a un nuevo director general, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso podrá nombrar a un administrador provisional para el que se requiere únicamente la mayoría absoluta.
En este caso, ya hay un precedente similar: es el caso de RTVE, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez la nombró administradora única provisional de RTVE (en 2018), mediante un decreto ley. Sin embargo, este decreto ley ha sido declarado contrario a la Constitución por el Tribunal Constitucional.
Isabel Díaz Ayuso está a punto de culminar su ofensiva por el control de Telemadrid. Este próximo jueves la Asamblea de Madrid debatirá y aprobará por vía de urgencia la primera ley de la legislatura recién iniciada y no será otra que reformar la norma que regula la televisión y la radio públicas de la Comunidad de Madrid. La propuesta, impulsada por el PP, saldrá adelante gracias a la abstención de Vox y contará con el rechazo del bloque de la izquierda, conformado por Más Madrid, PSOE y Podemos.
La reforma supone una clara involución respecto a la actual ley, en vigor desde 2015. Por casualidades de la vida, la encargada de defender la ley de 2015 en nombre del PP fue la propia Isabel Díaz Ayuso. La que por entonces no pasaba de ser una diputada rasa en las filas del PP defendió con vehemencia la reforma de Telemadrid y la consideró entonces un referente para otros medios públicos en España al suponer "el fin del partidismo". Es más, ante los recelos de la izquierda, que no terminaba de creerse que el PP estuviera dispuesto a renunciar al control de televisión pública madrileña después de haber estado en las garras de Esperanza Aguirre, Ayuso dijo: "Les da miedo porque no lo pueden controlar, pero tienen que estar tranquilos porque nosotros tampoco".
Palabras que apenas seis años después se lleva el viento. Con la reforma que ahora impone el PP, el mandato del director general será de cuatro años, renovables, contados desde su nombramiento, frente a los seis años previstos en la ley de 2015. Tal como recordaba a Público hace unas semana Luis Lombardo, presidente del comité de empresa de Telemadrid, "el mandato de seis años se estableció para desvincularlo de los ciclos electorales". Los trabajadores de Telemadrid llevan ya tiempo denunciando la injerencia por parte del Ejecutivo que encabeza Ayuso.
AUC considera que la pretendida reforma es más bien una contarreforma, y se traduce en “tres proposiciones con freno y marcha atrás”, que llevarán a la radiotelevisión madrileña, de aprobarse, a una situación de mayor dependencia política y gubernamental, y, sobre todo, al cierre abrupto de una experiencia pionera de participación de la sociedad civil en los medios públicos.
Este último aspecto es para la Asociación de Usuarios de la Comunicación especialmente decepcionante, ya que el modelo adoptado para selección de los miembros del Consejo de Administración en la Ley de Radio Televisión Madrid aprobada en 2015 es un ejemplo pionero, a seguir por otros medios públicos en favor de una mayor independencia, pluralismo, neutralidad y objetividad.
La contrarreforma que el Grupo Popular de la Asamblea de Madrid pretende aprobar mañana en trámite de lectura única no propone ninguna medida para la mejora de la eficiencia de RTVM ni para una mayor garantía del cumplimiento de su misión de servicio público. Básicamente, se basa en cuatro proposiciones de naturaleza regresiva:
Eliminación de la participación social y profesional en el Consejo de Administración
En su modelo actual, y así ha sido desde la entrada en vigor de la norma reguladora de la radiotelevisión autonómica vigente, los miembros del Consejo de Administración de RTVM son elegidos por la Asamblea de Madrid a partir de una propuesta de carácter mixto por parte de los grupos parlamentarios y de las organizaciones profesionales y sociales representativas del sector de la comunicación en la Comunidad de Madrid (apartados 1 y 2 del artículo 14 de esta Ley).
Este modelo de propuesta y designación coloca a Madrid en el grupo de comunidades autónomas que cuentan con participación social en el Consejo de Administración de sus respectivas radiotelevisiones públicas, como es el caso del País Vasco, de Aragón o de la Comunidad Valenciana. Pero es la única en la que, además, la participación social y profesional, con 5 miembros, supera a la de propuesta parlamentaria (4 miembros), en cumplimiento del artículo 3 del artículo 13 de la Ley de RTVM.
Lo que se pretende ahora, sin embargo, es modificar o derogar estos artículos con el fin de reservar a los grupos parlamentarios en exclusiva la propuesta de candidatos para la elección de los miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid, minusvalorando la gran labor realizada en estos años por el Consejo fruto precisamente de la diversidad de sus miembros.
Ello significa, a pesar de los pseudoargumentos utilizados para justificar el cambio, y teniendo en cuenta la dinámica de las mayorías parlamentarias, un paso atrás en la independencia de RTVM en favor de una mayor gubernamentalización de la radiotelevisión pública. A las organizaciones de la sociedad civil, que tanto han colaborado en la conformación de la nueva Radio Televisión Madrid, se pretende arrinconarlas en el Consejo Asesor, órgano cuya existencia AUC ha defendido siempre, pero que no deja de ser una instancia puramente consultiva, sin ninguna capacidad de decisión, y que se reúne cuatro veces al año.
Reducción de las competencias del Consejo de Administración
El nuevo Consejo de Administración pretendido, más dependiente de los grupos parlamentarios, y, como decíamos, más gubernamentalizado, pierde además atribuciones: aunque se mantiene su capacidad para proponer a la Asamblea candidato o candidata a la Dirección General, se elimina de sus competencias y funciones el nombramiento y cese del personal directivo, lo que de nuevo contribuye a debilitar la figura del Consejo de Administración.
Mayor dependencia del Director General
Uno de los elementos claves de la independencia de RTVM ha sido la consolidación de la figura de un Director General propuesto por el Consejo de Administración y ligado al mismo en su horizonte de gestión. Se pretende ahora reducir su mandato de seis a cuatro años, eliminar la posibilidad de que pueda mantenerse en funciones si no hay acuerdo amplio para su relección, y, para tal caso, se introduce la figura de un administrador único con sus mismas competencias que, en línea con otras contrarreformas como la operada en RTVE en 2012, puede ser elegido por mayoría simple en segunda votación.
Más allá de la lectura ad hominem que pueda hacerse de estas medidas, cierran el círculo de una RTVM menos independiente, más mediatizada por las mayorías parlamentarias y por el gobierno de turno, y menos abierta a la sociedad. Un paso en la dirección contraria de la que deben seguir los medios públicos para justificar su existencia en un escenario audiovisual caracterizado por la digitalización y la convergencia, como garantía de pluralismo, neutralidad y cohesión con su entorno social.
La ofensiva de Isabel Díaz Ayuso contra Telemadrid ha dado un paso más. Tras obtener una amplia mayoría en las urnas el pasado 4 de mayo, la presidenta ha dado un paso hacia un cambio de modelo de la radiotelevisión pública. El Grupo Popular en la Cámara ha registrado un proyecto de ley para la reforma de la norma aprobada en 2015 por Cristina Cifuentes. 'De facto', supone tumbar el sistema de elección del Consejo de Administración de la corporación y del propio director general, José Pablo López.
El documento recoge que la dirección dejaría de tener un mandato de seis años, una medida que se entendía en su momento como una fórmula para garantizar su independencia al ser ajena a los ciclos electorales de cuatro años. Además, incluye la creación de una nueva figura, un administrador provisional, que sería nombrado con mayoría absoluta (PP y Vox la tienen más que garantizada) y que comandaría el ente mientras se escoja un sustituto del máximo responsable. La limitación del mandato a cuatro años y no renovables se aplicaría, según el texto a quien ahora ejerce la función. En la práctica, significaría el adiós de López en cuanto la norma entre en vigor, ya que cumplió ese plazo el pasado enero.
El pasado 3 de Diciembre concluyó el plazo de "consulta pública" del anteproyecto de ley que va a incorporar al derecho español la Directiva europea de servicios de comunicación audiovisual (UE)2018/1808, abarcando por vez primera a los servicios a "petición" y a las plataformas de intercambio de vídeo, al sustituir a la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual. Decenas de alegaciones han sido presentadas por múltiples entidades, que se añaden a las más de 60 propuestas recibidas en la fase inicial de audiencia pública y acompañadas de los informes de 10 ministerios. Pero parece dudoso que pueda revertirse la decidida orientación neoliberal impresa en la mayor parte del borrador por el Ministerio de Economía y Transformación digital, sorprendentemente emanado de un Gobierno progresista.
Los siete títulos y 164 artículos del anteproyecto dan una idea de la complejidad actual de este sector y de la trascendencia de los retos afrontados que, según la memoria, tendrá impacto sobre la el pluralismo y la competencia, la igualdad de género, las PYMES, los menores, la discapacidad y accesibilidad, los consumidores… Unos efectos que el preámbulo, –como suele ocurrir en las leyes y se dice de los anuncios al ostentar las carencias del producto–, considera positivos en todos los casos.
Sin embargo, los artículos más vinculados a las novedades de la directiva europea, se reclaman de los mínimos de protección establecidos, como la liberalización de los tiempos publicitarios, que pasan de estar limitados al 20% "por hora de reloj" (anuncios y televenta), a cuantificarse en un máximo del 20% (144 minutos) entre las 6 y las 18,00 horas y de entre las 18,00 y las 24,00 horas (72 minutos), sin incluir patrocinios, ni autopromoción, ni emplazamiento de producto, ni promociones…Una presumible saturación publicitaria extrema que se acumulará en el prime time y en el day time de mayor audiencia, probablemente con efectos de cansancio en el espectador y de mayor fuga hacia la televisión a demanda. De la misma forma, los proveedores de estos últimos servicios audiovisuales deberán ofrecer al menos un 30% de programas europeos en sus catálogos – el mínimo previsto por la directiva (51% en la televisión lineal), pero sus plataformas (Nextflix, HBO, Amazon Prime…) solo estarán obligados a invertir en producción europea o española si superan los 50 ME de ingresos el año anterior (10 ME en la televisión lineal), y se libran de colaborar a la financiación de RTVE como hace el resto de los canales abiertos o de pago.
Dado que la Ley General Audiovisual de 2010, inspirada por la entonces Vicepresidenta María Teresa de la Vega, ha sido ya considerada generalmente como un texto ampliamente escorado hacia la televisión privada, con encendidos elogios de su patronal UTECA, el anteproyecto promete acentuar la protección de los menores, pero al contrario de lo que proclama, debilita claramente su tutela al eliminar los horarios de "protección reforzada" que venían incumpliéndose año tras año por todas las cadenas de cobertura nacional, con la curiosa argumentación de que también hay niños en otros horarios en el servicio público (con alegaciones contrarias de la AUC).
Pero donde el anteproyecto alcanza niveles ideológicos de derecha neocon pura, es en la protección y refuerzo del servicio público autonómico y local, donde se abraza sorprendentemente la contrarreforma orquestada por la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, cuya "ley de modificación" de la Ley General de Comunicación Audiovisual (Ley 6/2012 de 1 de Agosto) permitió que los Gobiernos autonómicos "flexibilizaran" (privatizaran) el servicio público de la radiotelevisión autonómica cambiándolo a la "gestión indirecta" completa o mixta por parte de empresas privadas. Así Esperanza Aguirre jibarizó a RTVMadrid aunque no consiguió la total privatización planeada, y lo mismo intentó la Generalitat valenciana con Canal 9, hasta provocar su insólito cierre en 2013 con un coste inútil de más de 300 ME. Y en culminación de esta tergiversación total del servicio público, se acuñó el apellidado como "modelo Murcia": concesión a una empresa privada de la práctica totalidad de la gestión, la programación y la publicidad de los canales regionales, mediando jugosas subvenciones al agraciado, compatible con el control o la manipulación externa de los informativos.
No es extraño que múltiples alegaciones (Teledetodos, COO.OO, Plataforma en defensa de la comunicación y el periodismo andaluz) rechacen este calco que contradice la consideración del pluralismo como equilibrio entre modelos, pese a la minoría de licencias hertzianas reservadas a la gestión pública, que parece una condición sine qua non para la definición del servicio público como "de interés general", con misiones informativas y culturales acrecentadas. E igual ocurre con el servicio público local, que se confía a los municipios salvo que estos decidan su entrega a empresas privadas, con desviación de todos sus objetivos de comunicación democrática de proximidad. En el mismo sentido, los medios comunitarios locales, ya marginados en el reparto de licencias, siguen privados de toda vía de financiación al prohibírseles la difusión de publicidad de cualquier tipo, incluso la institucional.
La otra gran "captura" del gobierno progresista por los antecedentes del PP es todavía más grave, porque afecta al control, la regulación y la sanción del sistema audiovisual entero, confiados por la ley de RTVE de 2006 y la general del audiovisual de 2010 al CEMA (Consejo Estatal de Medios Audiovisuales) con anuencia general. Su boicot posterior por el PP en la oposición y su suplantación por el Gobierno de Rajoy, con la sempiterna excusa del ahorro, por una elefantiásica Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con autoridad sobre múltiples sectores, fue objeto de expedientes en Bruselas; y resultó duramente contestado por el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba, que acusó al nuevo organismo de falta de independencia y total subordinación gubernamental (episodio de la sobrina de Guindos) y se negó a pactar vocales propuestos por el PSOE.
Si esta atribución constituía ya un mensaje subliminal que designaba prioritariamente al audiovisual como competencia de mercado y no como pluralismo comunicativo o diversidad cultural, la CNMC ha sido especialmente criticada por haber realizado en siete años apenas tres informes sobre la misión de servicio público de RTVE, confesando en varios de ellos su incapacidad para realizar esa labor y su aceptación acrítica de los informes de la Corporación por la falta de medios técnicos y humanos para estudiar el asunto de forma autónoma y, lo que es más grave, como reflejo de la degradación del marco jurídico audiovisual español, por la carencia de contratos programa sobre los que poder realizar esa evaluación.
Ahora, tras años de mayoría y control absoluto del PP (seis consejeros y Presidente, más uno de CIU y otro del PNV) el Gobierno de Sánchez ha vuelto las tornas y controla una mayoría del consejo (siete consejeros y tres de ERC, PNV y Podemos), para pasar a considerar a la CNMC perfectamente independiente, mientras, el PP acusa al Gobierno de coalición de injerencia. En ese ambiente viciado, el anteproyecto del audiovisual confía a la CNMC nuevas funciones, como el control del pluralismo, de los contenidos audiovisuales, de las faltas graves o muy graves (entre ellas contenidos que inciten a la violencia o al odio, al terrorismo o la pornografía infantil, al racismo, la xenofobia o la discriminación) incluyendo sanciones que pueden alcanzar el 10% de la facturación. Aunque visto el escaso porcentaje ejecutado –un 3% cobrado del total de las sanciones impuestas– ese riesgo queda atenuado, no deja de ser llamativo para un organismo netamente económico.
En su consideración conjunta, ese anteproyecto, que muy probablemente derivará en ley con modificaciones menores tras su paso por el Parlamento, resulta absolutamente incongruente con un Gobierno progresista y suscita moralejas históricas curiosas. Si un Calviño (José María) asestó en los años 80 un duro golpe a las ilusiones progresistas de la transición e incluso a los planes directos del PSOE sobre RTVE (mediando el poder de Alfonso Guerra), otra Calviño (Nadia) puede ahora contribuir a agravar la crisis que sufre el servicio público audiovisual en todos sus ámbitos. Así, una vez más, el PSOE seguiría colaborando a la prolongación irreversible y en cascada de los castigos que la derecha infringe históricamente a las cadenas públicas: ajustes y manipulaciones sistemáticos cuando está en el gobierno, acusaciones y redención cuando vuelve a la oposición. Pasos adelante siempre del desmoronamiento del servicio público y de la preeminencia del polo privado.
[Público]
Enrique Pérez Cabezas
El PSOE ha presentando en el Congreso de los Diputados una propuesta para la elección del Consejo de Administración de RTVE, y por tanto de su presidente, que básicamente consiste en volver al modelo de 2006. Parece fácil. Se trata de acabar con el desastre creado por el PP de la misma manera que ellos lo propiciaron: de un plumazo. Pero muchos tememos que pueda acabar siendo, simplemente, un intercambio de cromos. Existe una referencia próxima en Radiotelevisión Castilla-La Mancha y no es satisfactoria. Más de lo mismo, pero de otro color.
El procedimiento de consenso planteado en la Ley 17/2006 de RTVE fue truncado por el PP en abril de 2012 mediante un real decreto, reforzado por su mayoría absoluta, que propiciaba el posterior secuestro de RTVE a manos del aparato propagandístico afín a los intereses de Génova 13. Como resultado, el grupo público ha sido profundamente cuestionado y ha estado al borde del colapso económico.
Durante el último mandato de Zapatero, el PP había bloqueado desde la oposición, durante año y medio, la elección de un presidente para RTVE. La verdad, se reconozca o no, es que el modelo había fracasado tres años antes del 'decretazo', cuando Luis Fernández presentó la dimisión al enterarse de que el Gobierno eliminaba la publicidad de TVE sin haberle consultado. A partir de ahí los Populares descubrieron que podían jugar a atravesarse, sencillamente porque las culpas de su insensatez se le iban a cargar al rival, que en el fondo era quien gobernaba. Tal actitud puso en evidencia el escaso respeto por lo público del partido que aspiraba a gobernar en aquel momento, tanto como la bisoñez con que se había diseñado el procedimiento. No había alternativas previstas en la ley ante un bloqueo parlamentario.
[Bez]
Pedro Soler
Que RTVE debe enfrentar una profunda regeneración para cumplir con su misión de servicio público es un secreto a voces. Sucesivas reformas y contrarreformas, sumadas a incumplimientos sistemáticos de la regulación por parte de los partidos políticos que se han alternado en el poder, han abocado a RTVE a la peor situación de su historia.
El problema es que ya no hay mucho tiempo disponible. El deterioro inducido del prestigio de la Radiotelevisión pública, la caída de sus audiencias y la fuerte crisis de independencia y credibilidad amenazan con crear una situación difícilmente reversible, abocando a este medio público a una existencia marginal y residual, lo que supondría un grave deterioro de la democracia española.
La desafección ciudadana hacia RTVE no es casual. Acostumbrados a percibir este medio como un instrumento al servicio de los Gobiernos de turno, los ciudadanos desconfían que sea posible un cambio en profundidad que aleje de una vez por todas el intervencionismo político y aborde un modelo de comunicación acorde con el proceso de transformación que ha emprendido la sociedad española.
[Bluper]
Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa el programa con el que pretende convencer a sus posible socios para formar un "gobierno progresista y reformista". Entre las propuestas, se encuentra la esperada reforma de la ley de RTVE que Mariano Rajoy cambió para que solo fuera necesaria la mayoría absoluta del PP para el nombramiento del Presidente.
Ahora, el PSOE quiere volver atrás y recuperar el sistema de elección que tantas alegrías dio a la televisión pública en la época de Zapatero. Así, si Pedro Sánchez logra los apoyos necesarios sometiéndose al debate de investidura en el Congreso de los Diputados, planteará una reforma en la que el sustituto de José Antonio Sánchez se elegirá por mayoría de dos tercios de la cámara baja.
Entre esas propuestas, hay otra audiovisual muy comentada también. Pedro Sánchez pretende poner por fin en marcha el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales que Zapatero propuso en la Ley Audiovisual de 2010 y que nunca llegó a ver la luz, retirando ese punto de la ley posteriormente el PP en 2012.
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