[El País 3/10/18]

En el pasado julio, la Comisión Mixta de Control de RTVE, a propuesta de los grupos parlamentarios, nos nombró a 17 personas —profesionales y académicos de larga trayectoria en la comunicación— como comité de expertos para la renovación del consejo de administración de RTVE y su presidente, de acuerdo con la Ley 5/2017 de 29 de septiembre, aprobada con casi unanimidad parlamentaria para “recuperar” la independencia y el pluralismo del servicio público estatal.

Desde numerosas asociaciones y entidades se ha denunciado estas últimas semanas la manipulación sistemática de RTVE al servicio de la perspectiva gubernamental en el conflicto catalán, y su silenciamiento de todas las otras voces en presencia. Pese a que estas críticas han sido sostenidas también internamente por muchos de sus profesionales, han sido respondidas por sus directivos despectivamente, incluso en sede parlamentaria.

Golpe a las expectativas democráticas del audiovisual

La reivindicación histórica de una auténtica autoridad independiente para el sistema audiovisual español, única excepción lamentable de la Unión Europea, reclamada desde hace décadas por numerosas instancias políticas y sociales en tanto gozne capital para la regulación y el control de los medios públicos y privados, parece que va a ser de nuevo sepultada por el acuerdo político para remodelar la CNMC. Una vez más, se mata preventivamente al Consejo Audiovisual de España en beneficio de una concepción mercantilista y autoritaria de la radiotelevisión, ciega ante el pluralismo y la diversidad. Y lo que parece aun más llamativo, con la colaboración cómplice de Ciudadanos y del PSOE.

Han pasado casi ocho meses de las últimas elecciones, casi cuatro desde la constitución del nuevo gobierno PP en minoría, y RTVE sigue igual, como si nada hubiera pasado, como si Rajoy siguiera teniendo mayoría absoluta. Encharcado entre la manipulación, la ruina económica y el desplome de audiencias, el servicio público estatal de radiotelevisión , -y algunos de los autonómicos-, se está convirtiendo en el máximo escaparate público de la incompetencia o impotencia de la oposición, de la que votó sí, de la que se abstuvo e incluso de la que votó no. Toda una muestra de la incapacidad de nuestra clase política, derechas e izquierdas incluidas, de entender lo que significa el espacio público democrático.

En pleno verano y en coincidencia con el compás de espera político impuesto por los resultados del 26-J, se han difundido en la prensa dos informes “oficiales”, de la SEPI y de la CNMC, sobre las finanzas de la CRTVE. Curiosamente, ambos son alarmistas en los aspectos financieros, pero olvidadizos y conformistas respecto a la regresión democrática del servicio público estatal. Especialmente, el dictamen de la SEPI parece anticipar nuevos recortes en RTVE y una nueva jibarización del servicio público en el caso de que el PP consiguiera conformar gobierno.

Buenas tardes.

Para mí es un honor participar en esta comisión, que creo que tiene un papel relevante, un papel muy importante en la Comunidad Valenciana pero, también, seguramente, emblemático en el conjunto español.

Como creo que ustedes no me han invitado como profesor ni para dar ninguna lección magistral, que no suelo dar tampoco en mis clases, pues voy a atender, especialmente, a mi faceta de investigador defensor de los medios públicos desde hace muchos años, y de, especialmente, investigador en la faceta de modelos del sistema audiovisual y del servicio público en particular, ¿no?

Después de más de doce años de manipulación implacable, de ruina financiera y caída a plomo de las audiencias, la nueva ley de RTV Madrid se presenta como "un nuevo modelo" de servicio público, transparente, plural y ético. Pero más allá de la ortodoxia de sus fórmulas de gobernanza y contenidos, sus "originalidades" caen en el corporativismo y relegan la participación ciudadana. Con un Gobierno del PP en minoría y apoyado por Ciudadanos, hay un grave riesgo de que la reforma sea plenamente gatopardiana: Cambiar todo para que todo siga igual.

Los programas electorales se constituyen en un auténtico escaparate de las concepciones de los partidos políticos sobre nuestra sociedad y sus modelos de futuro. Más allá de las dudas sobre su cumplimiento posterior en caso de acceder al poder ejecutivo, en sus promesas se plasman sus obsesiones, sus aspiraciones, sus miedos y deseos. Y por ello justamente, los capítulos de cultura y comunicación social, siempre marginales al núcleo duro económico y político, adquieren un alto grado de valor simbólico. Desde su habitual papel secundario, resultan representativos de cómo cada partido concibe nuestro modelo de sociedad y de democracia.

La situación del sistema mediático español, aquejado de una fuerte concentración y de un creciente centralismo, reclama más que nunca el papel activo del servicio público. Pero la confrontación de documentos emblemáticos sobre las buenas prácticas europeas e internacionales en las estructuras básicas del servicio público con la evolución y las derivaciones estatales y regionales españolas recientes evidencia contradicciones insuperables.

La frase maldita de la pasada semana – “garantía de viabilidad” - la pronunció el portavoz de la Comunidad de Madrid al celebrar la sentencia del Tribunal Supremo declarando el ERE, que despide al 74 % de la plantilla de Telemadrid (861 trabajadores), como improcedente. El victorioso portavoz se refería al “éxito” del Gobierno del PP de haber conseguido que no fuera declarado nulo, en cuyo caso el Presidente Ignacio González ya había advertido que cerraría el canal, emulando la siniestra gesta del Canal Nou valenciano del pasado 29 de Noviembre.