Nuevo varapalo judicial en la larga batalla que mantienen Telefónica, Orange y Vodafone por la tasa del 0,9% de sus ingresos que les impuso el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hace más de una década para financiar RTVE tras la eliminación de la publicidad de la televisión pública en 2009, lo que vino a eliminar a su vez la competencia del ente público por obtener ingresos. La Audiencia Nacional acaba de rechazar los recursos presentados por las tres operadoras contra el pago de este tributo, que les ha supuesto un desembolso de en torno a 1.600 millones de euros desde su instauración en 2010.

Aunque las sentencias se refieren a la liquidación del impuesto en los años 2010, 2011 y parcialmente la de 2012, su alcance se hace extensivo al resto de ejercicios hasta 2021 inclusive, en el que los tres operadores abonaron por este concepto una media de 140 millones de euros, lo que eleva la factura total a en torno a 1.600 millones de euros.

Noticia en El País

El Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, un organismo clave para la gestión de la radio y la televisión autonómicas, inicia su andadura tras años de bloqueo. Las Corts Valencianes han elegido este miércoles 7 a los vocales que, por cuota y con el pacto previo de todos los partidos con la excepción de Vox, designa la cámara autonómica y que se suman a la exdirectora general de la radiotelevisión pública valenciana, Empar Marco, y el exsecretario autonómico de Comunicación, José María Vidal, designados directamente por el Ejecutivo valenciano.

El Consell de l'Audiovisual es un organismo que tiene encargado, según el artículo 11.2 de la ley de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, iniciar el proceso para la elección de la presidencia del Consejo Rector, que desempeña actualmente en funciones Mar Iglesias, tras la salida del letrado Enrique Soriano.
El Parlamento valenciano ha elegido a Manuel Alberola Romero, periodista de larga trayectoria en Onda Cero y en la cadena Cope (designado por el PP); María del Carmen Carretón Ballester, profesora de la Universidad de Alicante (a propuesta de Ciudadanos); Anna Gimeno Berregal, periodista experta en perspectiva de género (a propuesta de Unides Podem); Dolors López Alarcón, consejera en el extinto consejo de administración de RTVV (a propuesta del PSPV-PSOE) y Àlvar Peris Blanes, profesor de la Universitat de València (a propuesta de Compromís).

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Los partidos que componen el Botànic, PP y Ciudadanos (Cs) han acordado el nombre de sus candidatos para completar la configuración del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, tres años después de la aprobación de la ley que gestó este órgano en mayo de 2018 y una vez la Generalitat desbloqueó hace dos semanas su constitución con el nombramiento de sus dos representantes: la exdirectora de À punt, Empar Marco, y el exsecretario autonómico de Comunicación, José Mª Vidal.

Los aspirantes de los grupos deberán pasar primero por la comisión de radiotelevisión pública de las Corts el próximo lunes para su validación posterior en el pleno de la semana que viene, el último que se celebra en el actual periodo de sesiones, antes del periodo vacacional.

Los nombramientos requieren de una mayoría de tres quintas partes de la cámara, aunque no se prevén obstáculos para su designación.

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El administrador provisional de Telemadrid, José Antonio Sánchez, ha cesado este viernes al equipo de dirección de la televisión y la radio pública regional, entre ellos el director general de Onda Madrid, Ángel Rubio, o el director de informativos de Telemadrid, Jon Ariztimuño.

No obstante, el hasta ahora director general de Telemadrid, José Pablo López, ya fue cesado este pasado miércoles por la tarde, tras el Consejo de Gobierno en el que se nombró a Sánchez administrador provisional.
Junto a Rubio y a Ariztimuño han sido cesados hoy el adjunto al director de informativos, Jaime García Treceño; el director general de Contenidos, Paco Díaz Ujados; el director de la web, Juan Varela; el director de Nuevos formatos, Juan Adrián; el director de Comunicación y Márketing, Daniel Forcada.

El Gobierno de Ayuso nombró este pasado miércoles a José Antonio Sánchez como administrador provisional de la televisión pública regional una semana después de que el pleno de la Asamblea aprobase la modificación de la ley que regula Telemadrid, impulsada por el PP y que salió adelante gracias a la abstención de Vox.

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RTVE y FORTA (Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos) han rubricado esta mañana un acuerdo histórico e inédito entre las dos entidades para compartir conocimiento y maximizar los rendimientos de los diferentes sistemas públicos de comunicación de cara al futuro.

Jose Manuel Pérez Tornero, presidente de RTVE y Mar Iglesias, presidenta de FORTA, han firmado un convenio de colaboración, denominado ‘Convenio Compostela’, ya que la ’Ciudad de la Cultura’ de la capital de Galicia ha sido el espacio elegido para sellar la alianza.

Con este convenio y gracias a su objetivo común, RTVE y FORTA buscan reforzar el posicionamiento de los servicios audiovisuales públicos, en el ámbito nacional, europeo e internacional, en un mercado cada vez más global. Así, se comprometen a la colaboración en el desarrollo de proyectos de producción audiovisual, en cualquier formato, y en la adquisición de contenidos audiovisuales de interés común.

La búsqueda constante de la innovación por parte de los medios públicos es otra de las partes más relevantes de este acuerdo y se prevé también el desarrollo de estrategias en materia de tanto de innovación como de formación.

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El pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves 8 de julio la reforma de la ley que regula Telemadrid, con el apoyo único del PP y la abstención de Vox, que incluye, entre otros aspectos, el cambio en el mandato de la dirección de la radiotelevisión pública.
La proposición de ley presentada por el PP se tramitará por el procedimiento de lectura única, una vía de urgencia para acortar los plazos de tramitación, eliminar el debate previo en comisión y la posibilidad de presentar enmiendas por parte de los grupos parlamentarios.
Los grupos de la izquierda y Vox han acusado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de querer hacerse con "el control" de Telemadrid con la reforma, mientras que el PP asegura que la intención es garantizar su "pluralidad e independencia" tras los "abusos" por parte de la dirección de la cadena pública.
El debate parlamentario se ha producido en medio de la controversia entre el canal y el Gobierno regional por el fallo de seguridad ocurrido en los portales web de la Consejería de Sanidad, que expuso durante varias horas datos personales de ciudadanos, como el número de teléfono o dónde se han vacunado contra la covid.
"No queremos cerrar Telemadrid, queremos reforzarla y acabar con el abuso y las disfuncionalidades", ha expresado la diputada del PP Almudena Negro, que apuntado que esta reforma corregirá la "rigidez de los sistemas de elección" de los órganos directivos.
Con su propuesta, el PP plantea que el mandato del director general sea de cuatro años, renovables, frente a los seis años previstos en la ley de 2015, lo que conllevaría la salida de la actual dirección, que inició su mandato en 2017.
Además, la iniciativa incluye una disposición transitoria que provocaría su cese inmediato en el momento de la entrada en vigor de la ley, una vez sea publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, algo que se producirá en los próximos días.
El Consejo de Gobierno deberá nombrar a un administrador provisional con las mismas funciones y competencias, según contempla la reforma, y deberá ser sometido a ratificación por parte de la Cámara regional, algo que no se producirá hasta después del verano, dado que solo queda un pleno antes del parón.
Para ello, se requerirá la obtención de una mayoría de dos tercios en primera votación en el pleno de la Asamblea y de mayoría absoluta en segunda votación, que PP y Vox suman.
Además, plantean que la totalidad de los miembros del consejo de administración de Telemadrid sean elegidos por la Asamblea de entre los propuestos por los grupos, en lugar de que sean las organizaciones profesionales las que designen a parte de sus integrantes, como contempla la ley de 2015.
Vox ha acusado al Gobierno de Ayuso de querer "controlar" la radiotelevisión autonómica y de "aspirar a poner a su servicio chiringuitos que cuelgan de la administración" como hace la izquierda, ha señalado el diputado José Luis Ruiz Batolomé, que ha insistido en el cierre de la cadena.
"Su único afán aquí es la intervención política y utilizar este organismo autonómico como un altavoz de propaganda, de pura y dura toma de control", ha declarado el diputado.
Según Vox, el presupuesto de Telemadrid permitiría "construir un Zendal sin sobrecostes o ejecutar 7 colegios públicos", por lo que si el PP quiere contar con su apoyo tendrán que demostrar que quieren "reducir el gasto, dar transparencia, limpieza y neutralidad".
Por su parte, el diputado de Más Madrid Hugo Martínez ha asegurado que la reforma es la "primera cacicada" que ejerce el PP tras "quitarse de encima" a Ciudadanos.
Respecto a la lectura única, Martínez ha afirmado que a Ayuso le "sobran las instituciones" porque son una "derecha autoritaria y caciquil" que alienta a "la libertad" pero ofrece "propaganda".
La diputada del PSOE Isabel Aymerich ha dicho que la "celeridad" del PP responde a "la nueva configuración de la Cámara" para ejercer "un mayor control" sobre la cadena, pero que intentan "camuflar" con una "mayor autonomía".
"Es un 'quítate tú para ponerme yo'", ha indicado la parlamentaria socialista, que ha remarcado que la figura del administrador provisional "emana del Consejo de Gobierno" y dudan de su "provisionalidad".
La portavoz de Unidas Podemos, Vanesa Lillo, ha afirmado que la intención de Ayuso es que la cadena pública "vuelva a ser la Telemadrid oscura de (Esperanza) Aguirre, cuando llamaban al presidente a decir manipularan las informaciones".
Lillo ha criticado que quieran acabar con el nuevo modelo de la radiotelevisión autonómica como "castigo" a su dirección, pese a que sus cuentas "están saneadas" y ha subido su audiencia.

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La Asamblea de Madrid cambiará la forma de elección del director general de Telemadrid, la televisión autonómica de Madrid. El nuevo método para designar este puesto será a través de un grupo de personas designadas de partidos políticos, no de organizaciones profesionales como hasta ahora.

La reforma legal, presentada por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que será aprobada presumiblemente este jueves 8 de julio (con los votos del Partido Popular en la Asamblea y la abstención del grupo parlamentario Vox), permitirá reformar la ley actual: se cambiará la composición de los miembros del Consejo de Administración de la televisión Pública de la Comunidad de Madrid.

En la actualidad, este Consejo de Administración de Telemadrid está presidido por Celia Ferrero, un cargo que fue propuesto por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). María Eugenia Lozano y Alfonso Cavallé son subdirectores (en rotación), ambos periodistas con una larga trayectoria profesional.

Estos cargos, como el del director general de Telemadrid, tienen una duración de seis años.

Desde el momento en el que sea aprobada esta reforma, el mandato del director general se verá asimismo reducido de seis a cuatro años, por lo que el titular actual, José Pablo López (nombrado en febrero de 2017), cesaría en el cargo nada más entrar en vigor la reforma.
En la actualidad, los cargos de dirección y del Consejo de administración duran seis años. Pasarán a durar cuatro
La modificación también prevé que si no hay acuerdo de dos tercios de la Asamblea para nombrar a un nuevo director general, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso podrá nombrar a un administrador provisional para el que se requiere únicamente la mayoría absoluta.

En este caso, ya hay un precedente similar: es el caso de RTVE, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez la nombró administradora única provisional de RTVE (en 2018), mediante un decreto ley. Sin embargo, este decreto ley ha sido declarado contrario a la Constitución por el Tribunal Constitucional.

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Isabel Díaz Ayuso está a punto de culminar su ofensiva por el control de Telemadrid. Este próximo jueves la Asamblea de Madrid debatirá y aprobará por vía de urgencia la primera ley de la legislatura recién iniciada y no será otra que reformar la norma que regula la televisión y la radio públicas de la Comunidad de Madrid. La propuesta, impulsada por el PP, saldrá adelante gracias a la abstención de Vox y contará con el rechazo del bloque de la izquierda, conformado por Más Madrid, PSOE y Podemos.

La reforma supone una clara involución respecto a la actual ley, en vigor desde 2015. Por casualidades de la vida, la encargada de defender la ley de 2015 en nombre del PP fue la propia Isabel Díaz Ayuso. La que por entonces no pasaba de ser una diputada rasa en las filas del PP defendió con vehemencia la reforma de Telemadrid y la consideró entonces un referente para otros medios públicos en España al suponer "el fin del partidismo". Es más, ante los recelos de la izquierda, que no terminaba de creerse que el PP estuviera dispuesto a renunciar al control de televisión pública madrileña después de haber estado en las garras de Esperanza Aguirre, Ayuso dijo: "Les da miedo porque no lo pueden controlar, pero tienen que estar tranquilos porque nosotros tampoco".

Palabras que apenas seis años después se lleva el viento. Con la reforma que ahora impone el PP, el mandato del director general será de cuatro años, renovables, contados desde su nombramiento, frente a los seis años previstos en la ley de 2015. Tal como recordaba a Público hace unas semana Luis Lombardo, presidente del comité de empresa de Telemadrid, "el mandato de seis años se estableció para desvincularlo de los ciclos electorales". Los trabajadores de Telemadrid llevan ya tiempo denunciando la injerencia por parte del Ejecutivo que encabeza Ayuso.

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Acto de recuerdo a Enrique Bustamante

Encuentro internacional online

20 de julio de 2021 a las 17:30h

El acto podrá seguirse a través de la plataforma teledetodos.es

Promueven: Infocivica, Eurovisioni y Teledetodos

De periodista comprometido y doctor en sociología a catedrático de comunicación audiovisual y referente internacional en el campo de la economía política de la televisión y las industrias culturales.

La vida de Enrique Bustamante es un crisol de saberes y un ejemplo excepcional como investigador y como persona. Siempre fiel a sus principios, aunque éstos resultaran inconvenientes, irradiaba de espíritu crítico cada uno de sus actos. Su tesón era tan contagioso que hacía mejorar el pensamiento colectivo y ni siquiera, en el último tramo de una enfermedad a la que tampoco dejó de plantarle cara, dejó de escribir y de impulsar iniciativas por la democratización de los medios y la libertad de expresión.

Citar todos los reconocimientos que obtuvo se nos antoja atrevido en una semblanza que pretende acercar a sus amigos a este acto de recuerdo. Serán ellos, sus colegas y un entorno muy cercano quienes glosen su figura, sus aportaciones a la política pública y su capacidad genial para crear espacios de reflexión.

De forma “sistemática”, ese adjetivo que tanto le gustaba utilizar en sus discursos públicos, Enrique Bustamante transformó tantas cosas en la esfera de la comunicación pública, que siempre será una inspiración para todos nosotros.

Moderan: Giacomo Mazzone, Bruno Somalvico, Pedro Soler

La ofensiva de Isabel Díaz Ayuso contra Telemadrid ha dado un paso más. Tras obtener una amplia mayoría en las urnas el pasado 4 de mayo, la presidenta ha dado un paso hacia un cambio de modelo de la radiotelevisión pública. El Grupo Popular en la Cámara ha registrado un proyecto de ley para la reforma de la norma aprobada en 2015 por Cristina Cifuentes. 'De facto', supone tumbar el sistema de elección del Consejo de Administración de la corporación y del propio director general, José Pablo López.
El documento recoge que la dirección dejaría de tener un mandato de seis años, una medida que se entendía en su momento como una fórmula para garantizar su independencia al ser ajena a los ciclos electorales de cuatro años. Además, incluye la creación de una nueva figura, un administrador provisional, que sería nombrado con mayoría absoluta (PP y Vox la tienen más que garantizada) y que comandaría el ente mientras se escoja un sustituto del máximo responsable. La limitación del mandato a cuatro años y no renovables se aplicaría, según el texto a quien ahora ejerce la función. En la práctica, significaría el adiós de López en cuanto la norma entre en vigor, ya que cumplió ese plazo el pasado enero.

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Proposición de ley