[El Mundo]
El Parlament abrió ayer la puerta a modificar las leyes de TV3, Catalunya Ràdio y el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) para tratar de despolitizar la gestión de los medios públicos dependientes del Govern. En concreto, la oposición propone que sus consejeros sean escogidos por dos tercios del Parlament y no por mayoría absoluta, y que los candidatos acrediten hasta 15 años de experiencia en el sector. Exigencias que Junts pel Sí no bloqueó a sabiendas de que perdería la votación ante el resto de grupos de la cámara.
Ahora, Ciutadans quiere que el nombramiento de los consejeros de TV3, Catalunya Ràdio y el CAC sume dos tercios de la cámara. Es decir, que Junts pel Sí no pueda hacer valer su acuerdo con la CUP y tenga que convencer a otro grupo para escoger a los responsables de los medios de comunicación. En total, la votación requeriría hasta 90 escaños, un mínimo que la oposición considera adecuado para despolitizar los medios públicos catalanes. «El consenso es sinónimo de calidad democrática», aseguró ayer el diputado de Ciutadans, David Mejía, en la defensa de la iniciativa presentada por el partido naranja.
Asimismo, la proposición plantea que los candidatos a formar parte del consejo de gobierno de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals -ente que gestiona TV3 y Catalunya Ràdio- sean profesionales de la comunicación con más de 15 años de experiencia profesional acreditada. También que el contrato programa entre el Govern y el organismo público tenga una vigencia de cuatro años prorrogables, como mucho, en uno más.
[Infobae]
El Congreso, con el voto de la coalición oficialista Cambiemos, del masissta Frente Renovador y un sector del peronismo, puso hoy punto final a la Ley de Medios del kirchnerismo. Lo hizo con la aprobación en la Cámara de Diputados del decreto de necesidad y urgencia que firmó al principio de su mandato el presidente Mauricio Macri, que creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y dejó sin efecto puntos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Según la normativa vigente, con la aprobación de una de las dos cámaras del Legislativo, los DNU quedan aprobados de manera definitiva y tienen carácter de ley. En la sesión de Diputados –que en principio contó con la presencia de Máximo Kirchner, aunque luego dejó el recinto-, se convalidó la decisión de Macri de crear el ENACOM, un organismo que concentra las funciones que antes tenían la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Autoridad Federal de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (Aftic).
La aprobación del decreto de creación del Enacom supone la confirmación de la entrada en vigencia de este organismo, para el cual Macri designó como responsable a Miguel de Godoy, en el marco de la modificación por decreto de los principales artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la de Argentina Digital, ambas impulsadas durante el gobierno anterior.
De acuerdo con el decreto aprobado, el 267, publicado el 29 de diciembre pasado, el Enacom –que controlará las licencias de medios audiovisuales y las telecomunicaciones– será un ente "autárquico y descentralizado", aunque funcionará "en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones", a cargo actualmente de Oscar Aguad.
La resolución, además, establece la creación de una "Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación" de la Ley de Medios y de Argentina Digital.
[Público]
Enrique Pérez Cabezas
El PSOE ha presentando en el Congreso de los Diputados una propuesta para la elección del Consejo de Administración de RTVE, y por tanto de su presidente, que básicamente consiste en volver al modelo de 2006. Parece fácil. Se trata de acabar con el desastre creado por el PP de la misma manera que ellos lo propiciaron: de un plumazo. Pero muchos tememos que pueda acabar siendo, simplemente, un intercambio de cromos. Existe una referencia próxima en Radiotelevisión Castilla-La Mancha y no es satisfactoria. Más de lo mismo, pero de otro color.
El procedimiento de consenso planteado en la Ley 17/2006 de RTVE fue truncado por el PP en abril de 2012 mediante un real decreto, reforzado por su mayoría absoluta, que propiciaba el posterior secuestro de RTVE a manos del aparato propagandístico afín a los intereses de Génova 13. Como resultado, el grupo público ha sido profundamente cuestionado y ha estado al borde del colapso económico.
Durante el último mandato de Zapatero, el PP había bloqueado desde la oposición, durante año y medio, la elección de un presidente para RTVE. La verdad, se reconozca o no, es que el modelo había fracasado tres años antes del 'decretazo', cuando Luis Fernández presentó la dimisión al enterarse de que el Gobierno eliminaba la publicidad de TVE sin haberle consultado. A partir de ahí los Populares descubrieron que podían jugar a atravesarse, sencillamente porque las culpas de su insensatez se le iban a cargar al rival, que en el fondo era quien gobernaba. Tal actitud puso en evidencia el escaso respeto por lo público del partido que aspiraba a gobernar en aquel momento, tanto como la bisoñez con que se había diseñado el procedimiento. No había alternativas previstas en la ley ante un bloqueo parlamentario.
[Bez]
Pedro Soler
Que RTVE debe enfrentar una profunda regeneración para cumplir con su misión de servicio público es un secreto a voces. Sucesivas reformas y contrarreformas, sumadas a incumplimientos sistemáticos de la regulación por parte de los partidos políticos que se han alternado en el poder, han abocado a RTVE a la peor situación de su historia.
El problema es que ya no hay mucho tiempo disponible. El deterioro inducido del prestigio de la Radiotelevisión pública, la caída de sus audiencias y la fuerte crisis de independencia y credibilidad amenazan con crear una situación difícilmente reversible, abocando a este medio público a una existencia marginal y residual, lo que supondría un grave deterioro de la democracia española.
La desafección ciudadana hacia RTVE no es casual. Acostumbrados a percibir este medio como un instrumento al servicio de los Gobiernos de turno, los ciudadanos desconfían que sea posible un cambio en profundidad que aleje de una vez por todas el intervencionismo político y aborde un modelo de comunicación acorde con el proceso de transformación que ha emprendido la sociedad española.
La reforma legal introducida por el gobierno de Zapatero en la radiotelevisión pública de carácter estatal, es decir, en RTVE, fue consecuencia del clamor popular, de los gritos y pancartas de "Te-le-vi-sión, ma-ni-pu-la-ción" en las multitudinarias manifestaciones contra la guerra de Iraq y el caso Prestige.
Y, también, fruto de la rebelión que iniciamos los trabajadores de RTVE para exigir el fin de aquella descarada manipulación y la constitución de Consejos de Informativos, órganos que acabamos por imponer por las bravas al gobierno de mayoría absoluta de Aznar y sus prohombres en RTVE, como González Ferrari, el tal Sánchez (de vuelta a las andadas en la actual Corporación tras hundir Telemadrid) o el inefable Alfredo Urdaci.
Breves apuntes sobre las consecuencias del cambio político en los medios públicos argentinos
Azahara Cañedo y Carolina Rubini
El 17 de octubre de 1951 fue la fecha elegida por el primer gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1955) para la llegada de la televisión a la Argentina. Ese día, Canal 7 de la ciudad de Buenos Aires realizó su primera transmisión durante la celebración en la Plaza de Mayo del Día de la Lealtad Peronista. Un hecho significativo que, ya por aquel entonces, anunciaba el inicio de una televisión pública concebida al servicio del poder gubernamental del momento.
La Ley de Radiodifusión nº 14.241, sancionada en 1953 bajo el mismo gobierno peronista, respondía a un modelo de televisión que, por un lado, encargaba el Servicio Oficial de Radiodifusión (SOR) al Poder Ejecutivo y, por otro lado, definía el servicio como de "interés público", en claro detrimento del concepto de "servicio público" recogido en la Constitución Argentina, para permitir la concesión de explotación a operadores que no pertenecían al Estado.
[Bluper]
Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa el programa con el que pretende convencer a sus posible socios para formar un "gobierno progresista y reformista". Entre las propuestas, se encuentra la esperada reforma de la ley de RTVE que Mariano Rajoy cambió para que solo fuera necesaria la mayoría absoluta del PP para el nombramiento del Presidente.
Ahora, el PSOE quiere volver atrás y recuperar el sistema de elección que tantas alegrías dio a la televisión pública en la época de Zapatero. Así, si Pedro Sánchez logra los apoyos necesarios sometiéndose al debate de investidura en el Congreso de los Diputados, planteará una reforma en la que el sustituto de José Antonio Sánchez se elegirá por mayoría de dos tercios de la cámara baja.
Entre esas propuestas, hay otra audiovisual muy comentada también. Pedro Sánchez pretende poner por fin en marcha el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales que Zapatero propuso en la Ley Audiovisual de 2010 y que nunca llegó a ver la luz, retirando ese punto de la ley posteriormente el PP en 2012.
Después de más de doce años de manipulación implacable, de ruina financiera y caída a plomo de las audiencias, la nueva ley de RTV Madrid se presenta como "un nuevo modelo" de servicio público, transparente, plural y ético. Pero más allá de la ortodoxia de sus fórmulas de gobernanza y contenidos, sus "originalidades" caen en el corporativismo y relegan la participación ciudadana. Con un Gobierno del PP en minoría y apoyado por Ciudadanos, hay un grave riesgo de que la reforma sea plenamente gatopardiana: Cambiar todo para que todo siga igual.
[Clarín]
El Gobierno creó el Ente Nacional de Comunicación (ENaCom), para controlar en forma integrada a la industria de medios audiovisuales y telecomunicaciones. Además, transfirió al ámbito de las telecomunicaciones al sector de la televisión por cable, para apuntar a la convergencia de infraestructuras y a la competencia con las telefónicas dominantes. Y el Gobierno anunció que está promoviendo "la creación de una Comisión Bicameral en el Congreso, con el mandato de discutir una nueva Ley de Comunicaciones", que integre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley Argentina Digital –de telecomunicaciones-, dijo Marcos Peña, jefe de Gabinete.
El nuevo organismo ENaCom está bajo la órbita del ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y reemplaza a AFSCA y AFTIC, los dos organismos que estaban intervenidos desde la semana pasada. Esta decisión va en sintonía con lo que hicieron otros países como México (IFT), Estados Unidos (FCC), Gran Bretaña (OFCOM) y España (CMT), entre otros.
[La Información]
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado este martes que la renovación de Telemadrid comenzará con el cambio tanto del director general como del Consejo Consultivo del ente público.
Así lo ha afirmado Cifuentes en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, donde ha señalado que la ley establecía que este "paso inicial" se llevara a cabo en tres meses.
Para ello, Cifuentes ha señalado que habrá que iniciar conversaciones para la renovación del Consejo de Administración. Para el cambio integral de la radiotelevisión pública madrileña, Cifuentes ha asegurado que el plazo es de un año.
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