A este recorte puede sumarse el fallo del Tribunal Europeo contra la aportación de las empresas de telecomunicaciones. La falta de financiación puede traer graves consecuencias sobre la dimensión de Corporación y la universalidad del servicio público que presta RTVE, lo que afectaría de forma muy negativa en la calidad de los contenidos y servicios informativos.
La asfixia financiera y empresarial que atraviesa RTVE puede suponer una merma del derecho constitucional de los ciudadanos a la información y pone en riesgo el cumplimiento de la misión de servicio público básico para la democracia que la ley le encomienda.
El Consejo de Informativos de TVE considera esencial el fortalecimiento de una televisión pública diversa y plural y reclama de los poderes públicos un modelo de financiación que garantice la independencia editorial y profesional conforme establecen la Ley y el Estatuto de Información de la Corporación RTVE.
