Hay que reconocer que la redacción parece respetuosa con la Constitución al admitir la autonomía y la iniciativa de cada una de las comunidades o consorcios de ayuntamientos que sean titulares de una televisión pública. Pero, cuidado: que el propósito pueda llegar a ser legal no impide que sea un objetivo retrógrado y perverso. La pretensión del PP supone un paso atrás en el salto hacia el siglo XXI que supuso la vigente ley general de la comunicación audiovisual (LGCA) cuando estableció un decisivo cambio: la separación de los sectores público y privado, limitando el servicio público a los operadores dependientes de las administraciones, mientras que los privados dejaban de ser concesiones de servicio público y por primera vez, de acuerdo con la Constitución, tienen derecho a expresar su propia línea editorial y no están obligados al pluralismo interno, que sí se mantiene para los públicos.
Con la LGCA queda claro que el servicio público lo asumen las administraciones sin participación del capital privado en su organización. Otra cuestión es que determinados contenidos de la programación puedan ser adquiridos a productoras privadas o que la televisión externalice funciones no inherentes al servicio público. O admitir publicidad, aunque la ley lo excluye para los operadores de titularidad estatal.
Con esta diferenciación se desvanecían las acusaciones de inconstitucionalidad que la situación anterior planteaba, ya que la LGCA responde al principio constitucional de que los operadores privados de radio y de televisión son una emanación directa de las libertades de expresión, de información y de empresa, que la Constitución reconoce y protege, mientras que los operadores públicos no son una necesidad constitucional, ya que en todo su articulado no cabe disposición que los imponga. En cambio, la Constitución sí establece que, si los hay -y el poder político tiene toda la legitimidad para crear operadores públicos-, están obligados a garantizar «el acceso de los grupos sociales y políticos significativos respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España».
Si en el esquema empresarial de un operador público entrara capital privado, esta diferenciación se debilitaría hasta amenazarla. En el núcleo del servicio público no se puede mezclar financiación pública y privada. Por eso sería retrógrado.
Pero, además, es perverso. Lo es porque no se pueden aprovechar las consecuencias de una mala gestión para desprenderse de las responsabilidades inseparables del servicio público que obliga a las administraciones. Ya lo explicábamos en un artículo del mes de agosto sobre el cinismo audiovisual del PP. Si un consorcio de ayuntamientos o una comunidad no pueden o no saben gestionar su TDT, lo que hay que hacer es cerrarla. Así de claro. Y solo después, si se quiere, vender el envoltorio que lo ha hecho posible: edificios, instalaciones, maquinaria, pero nunca privatizar su título habilitante, que, siendo de servicio público, es inseparable de la Administración correspondiente. Es perverso porque alteraría de manera fraudulenta el paisaje audiovisual.
Es cierto que el paisaje público español no es alentador después de las adjudicaciones de las TDT locales y autonómicas. También se habla de ajuste de los programas electorales del PP y del PSOE. Pero no se ajusta mezclando operadores públicos y privados.
Lo que sucederá es que el nuevo Parlamento español removerá los obstáculos legales que dificultan la revisión. Por ejemplo, ¿por qué la distribución del espectro radioeléctrico que afecta solo al territorio de una comunidad debe mantenerse como competencia exclusiva del Estado? ¿Saben que en las comarcas de Lleida hay cuatro múltiples con un total de 16 programas, cuando toda la audiencia posible no supera los 250.000 espectadores? Si hay que cambiar esta planificación, no se puede hacer sin la autorización de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones.
O sin necesidad de readaptar el espectro radioeléctrico, hay que preguntarse por qué el Govern impuso en el 2005 que en 13 de las 24 demarcaciones diseñadas para la TDT local hubiera dos operadores públicos, en lugar de solo uno, que era lo preceptivo, y en el Barcelonès y el Vallès Occidental, hasta cuatro, con una malévola introducción de la competencia en el sector público en la lucha por las audiencias.
De todo eso habrá que hablar después de las elecciones. Exvicepresidente del CAC.
