Fuentes del máximo órgano de representación del grupo explicaron que, en la reunión de ayer, los consejeros decidieron seguir adelante con el esquema que acordaron en julio tras la salida de Oliart: contar un presidente interino que rota cada mes; y que el pleno del consejo asuma el control ejecutivo de la empresa, retomando las competencias delegadas en el presidente.

"Los informes de las Cortes y de la Abogacía del Estado no son vinculantes y nuestra posición viene avalada por los servicios jurídicos de RTVE", señalaron las citadas fuentes.

En un dictamen, la Abogacía del Estado rechazó que cualquiera de los consejeros asumiera la presidencia ejecutiva de la corporación. En un documento posterior, la Mesa del Congreso aclaró que el consejo no se podía atribuir las funciones legales y estatutarias que eran propias del presidente de RTVE.

De forma excepcional

"Lo que se ha decidido es que el pleno del consejo no solo ejercerá las funciones delegadas y compartidas sino, también, las propias del presidente", indicaron las fuentes consultadas.

El criterio es que se hará siempre que exista riesgo de parálisis para la empresa o para el servicio público que presta. "Lo haremos solo cuando sea imprescindible, de forma excepcional y siempre de manera justificada", apostillaron. Como ejemplo, citaron el caso de la formulación de cuentas, facultad que correspondería al presidente pero que, de no materializarse, podría llevar a los miembros del consejo a incurrir en responsabilidad penal.

El consejo también debatió ayer sobre la decisión de la CMT de obligar a teles privadas y telecos a aportar 56,6 millones extra a RTVE a cuenta de 2010. Los consejeros quieren esperar a ver si las operadoras recurren o no para decidir si solicitan que estos ingresos se computen con criterio de devengo y pueden compensar así el déficit de 47,1 millones generado en 2010.