La Televisión, en general, no sólo debe ser entretenimiento, ni siquiera entretenimiento e información; ha de ser, además y antes que nada, fuente de formación. No cabe duda alguna acerca de que las privadas y las teleoperadoras en general, como negocio que son, están para ganar dinero y dar dividendo a sus accionistas, pero todas ellas, y las públicas también, han de someterse a la legislación vigente en cada momento. La Ley 7/210, General de la Comunicación Audiovisual, establece normas que han de cumplirse y respetarse. A este respecto, he de manifestar que vengo participando desde su fundación y en representación de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (F.R.A.V.M.), en el Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales (0CTA), plataforma que agrupa a más de cincuenta organizaciones sociales de todo tipo (vecinos, padres/madres de alumnos, infancia, teleespectadores, sindicatos, infancia, culturales, tercera edad, consumidores, etc.); nuestro principal objetivo es la defensa y protección de la infancia y los adolescentes de los peligros y actuaciones poco ortodoxas de las telecomunicaciones en general, y recientemente hemos presentado, con gran eco mediático, un extenso informe sobre incumplimientos de la Ley en materia de protección de menores, que refleja MAS DE CIEN CASOS DE VULNERACION de la misma EN HORARIOS PROTEGIDO Y SUPERPROTEGIDO. Por otra parte, tenemos pedida una reunión al Ministro de la Presidencia, Sr. Jáuregui, para mostrarle nuestra preocupación,principalmente, sobre dos asuntos puntuales: a) la violación, como norma, de la Ley ya citada, y b) la tardanza en constituir el CEMA (Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales), que prevé dicha Ley, ya que España es el único pais de la Unión Europea que aún no cuenta con este órgano independiente de control, habiendo constatado que el Código de autorregulación es totalmente ineficaz.
Finalizo manifestando mi apoyo personal a TELEDETODOS (ya firmé mi adhesión al manifiesto), con el convencimiento de que esta iniciativa no es un movimiento corporativo/reivindicativo de carácter profesional y/o sindical, sino que es una expresión amplia y abierta de la sociedad civil que contribuirá a mejorar la situación en esta materia y, en definitiva, a reforzar la democracia en España.
