El 24 de abril del 2010 dio por roto el consenso que les llevo al nombramiento  de Alberto Oliart como Presidente de la Corporación de RTVE.

Sin duda el PP necesitaba romper esos lazos para lanzarse a una política de crítica abierta hacia los medios públicos. La crítica a los Informativos, que justificó esa ruptura,  fue el tratamiento que se dio a declaraciones en exclusiva del presidente de Castilla La Mancha, Barreda, y al del Generalitat de Cataluña, Montilla, por no contraponer otras similares del PP. El PP considera roto el acuerdo por el que se nombró a Oliart director general de RTVE

rezaba su nota de prensa. Observar que le llama director general, que es un cargo administrativo que se abandonó con la actual legislación. Los términos usados no son casuales.

En realidad el consenso es un corsé que, con la táctica del PP para llegar al poder, le impone unas limitaciones nada aconsejables. La eficacia que se refleja en las encuestas radica en una crítica sin resquicio que culpa de todos los males al Gobierno, centrándolo en una figura Zapatero, para que esa crítica no se disperse y sea electoralmente más eficaz. Tras esa crítica esconde sus propuestas.

Al intuir el PP que con el cambio de Gobierno se preparaba el alza de una nueva figura que podía modificar las tendencias electorales, esto es Rubalcaba, cambia su estrategia mediática y apunta hacia Rubalcaba. Sabe que el vicepresidente del Gobierno ha participado siempre de la política de medios de comunicación del  PSOE, junto con José Blanco, ministro de Fomento, y Miguel Ángel Sacaluga, consejero de RTVE, que es desde su nombramiento el hombre del PSOE con más capacidad de control en RTVE.

Pero el cambio de Gobierno de PSOE no fue la única razón para endurecer la actitud frente a RTVE. El PP ha definido más claramente su política respecto a RTVE: Por una parte presentó una moción parlamentaria  llamada Proposición de Ley de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para impulsar la alta definición en el marco del servicio público de televisión estatal.

En ella plantea reducir TVE a un sólo múltiple para la emisión de sus canales en TDT, lo que en la práctica significa dejar los canales de TVE en solo cuatro, frente a los 8 actuales. El objetivo es reducir la financiación actual y el presupuesto de RTVE que cada año aprueba el Parlamento. Se argumenta que el estado no puede asumir un gasto de esa naturaleza.

La reciente reducción de casi un 50 % de la plantilla ha desmantelado la capacidad de producción, si ahora se reduce la emisión, TVE difícilmente podrá recuperarse. Pero hoy el recorte posible ya no es otro que la propia estructura informativa. Uno de esos canales a desaparecer sería 24 H y, sin duda, la estructura territorial, las corresponsalías, programas informativos, magazines seguirían la misma suerte. Hay que destronar a TVE como líder informativo y ya que no se puede en la antena será por la vía legislativa. Si el sector privado no resiste la competencia del sector público, se llega al gobierno y se privatiza por decreto.

Lo que el PP plantea es renunciar a los objetivos de servicio público que la ley le encomienda a RTVE. Sin duda, los populares han prometido ya a las empresas privadas que le apoyan un nuevo bocado para cuando gobierne tras 2012, para ayudar a equilibrar sus cuentas.

Pero la circunstancia más inmediata son las elecciones municipales y autonómicas, ahora RTVE no toca, ahora tocan las RTV autonómicas. Para ellas el PP lo ha dejado muy claro en su programa electoral autonómico "PP  MAS SOCIEDAD MAS GOBIERNO/COMPROMISO 2011-2015” en la página 113 dice: “Impulsaremos las reformas legislativas necesarias para que las administraciones autonómicas y locales tengan libertad para adoptar nuevos modelos de gestión de las televisiones públicas dando entrada a la participación privada.”

Es su propuesta privatizadora que llegará hasta los mismos informativos. Nada nuevo para la política del PP, que ya lo practicó en Canal 9, y que lo hace en TeleMadrid y en las TV públicas donde gobierna. Si lo pone en su Programa significa que sus nuevos gobiernos autonómicos lo pondrán en marcha después de las elecciones.

El PP tiene una política de comunicación pública subsidiaria del sector privado, como también el PSOE. RTVE con sólo una legislación más acorde y a pesar de la sangría de miles de sus mejores trabajadores, ha logrado mantenerse frente a la competencia del sector privado. El gobierno regaló la publicidad (520 millones de euros dejará de ingresar en RTVE) al sector privado pensando en acallar sus críticas y buscando que equilibraran sus pérdidas. Con ello ayudó también a su propio grupo mediático, la sexta-mediapro.

Parece una carrera de ver quién da más al sector privado. Y al PP no le interesa quedarse atrás y ahora toca asegurar sus propios apoyos mediáticos con una clara promesa en dos fases: la primera, darles una buena parte del mercado autonómico y, la segunda,  otro bocado de RTVE, ya veremos su programa electoral para las generales del 2012.