Como en tanto otros asuntos, el gobierno Zapatero  ha preferido negociar de tapadillo  con los poderosos.  

El proyecto arrumba el concepto de servicio público, para regular el “mercado audiovisual”, en el que operan dos sectores, el público y el privado, y uno tercer sector vergozante, el comunitario. El proyecto restringe el sector público, abre vías para la privatización de los canales autonómicos y, en general la externacionalización de la producción de todos los canales públicos. En cambio, favorece la concentración en el sector privado, amplia los derechos de los operadores privados, elimina deberes generales para todos los operadores y apenas desarrolla los derechos del público. Este “mercado audiovisual” estará regulado por un Consejo debilísimo. Las limitaciones a la publicidad de la Directiva europea se transponen con gran manga ancha.

Por el momento, las tomas de posición han venido de los sindicatos, y ahora del Foro de Organizaciones de Periodistas. En el ámbito académico, se anuncia la de ULEPICC. Sería necesaria una movilización de asociaciones de espectadores, investigadores, colectivos sociales y movimientos de izquierda para promover la contestación a la ley.

Los medios apenas han tocado el tema, mientras aplauden el proceso de jibarización de la radiotelevisión pública que traerá consigo el nuevo sistema de financiación. Hoy todo el mundo aplaude que desaparezca de TVE “Mira quién baila”. El programa no me interesa y me parece inadmisible que haya sido imposible conocer las remuneraciones de los “bailones”. Pero, que no se nos olvide, el formato lo inventó la BBC, modelo de servicio público. (Para otro día dejo las tribulaciones por las que está pasando la BBC)