Viernes, Marzo 29, 2024
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13 de los 17 integrantes del Comité de Expertos responsable del concurso público para la designación del consejo de administración de RTVE han suscrito un contundente comunicado para cuestionar a los letrados del Senado por el contenido del informe jurídico que estos realizaron, donde se critica su labor en el proceso de elección, que arrancó hace dos años y sigue sin resolverse. Los firmantes piden amparo al Congreso y al Senado y exigen que sus criterios de valoración sean respetados en esta misiva, difundida a través del portal Teletodos.

María José Bernal, Enrique Bustamante, Carmen Caffarel, Diego Carcedo, Estefanía Jiménez, Mauricio Fernández, Sandra Fernández, Enric Marín, Jesús María Mellado, Josep Lluis Micó, José María Noguerol, Francisco Sierra e Isabel Tajahuerce son los participantes en este escrito. En él, rebaten la Nota sobre la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, un texto de los juristas que pretende desatascar el proceso, un año y medio después de que el comité presentara sus resultados.

En dicho documento, se desestimaban parcialmente recursos de nueve de los 20 aspirantes a un puesto, y se llamaba la atención en el número de candidatos idóneos, para insinuar que el Comité "se ha excedido" en sus funciones al limitar el número, además de incumplir el principio de paridad. Al exigir a los aspirantes una puntuación de 65 o más puntos, apuntaban los letrados, el Comité fijó "una limitación de la idoneidad de los candidatos no prevista en la regulación y que excede el mandato recibido".

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La profesora Isabel Fernández Alonso aporta a los grupos parlamentarios argumentos jurídicos no recogidos en el informe de los letrados para que se respete el trabajo del Comité de Expertos de RTVE

En calidad de miembro del Comité de Expertos de RTVE, Isabel Fernández Alonso, ha dirigido una carta a los grupos parlamentarios en la que apunta dos claves para defender el trabajo de valoración de candidatos a consejeros realizado en 2018.

Por un lado, apunta que, atendiendo al principio de seguridad jurídica, la decisión de declarar idóneos solo a 20 candidatos se debería haber recurrido dentro del plazo de diez días establecido en la Resolución del Comité de Expertos de 10 de agosto de 2018 por la que se aprueba el baremo para la valoración de los méritos presentados por los candidatos. Al no haber sido así, entiende que ese criterio devino firme por lo que no procede aceptar los recursos planteados con posterioridad.

Por otro lado, señala que no observa ningún argumento jurídico que permita, en un concurso público, primar las cuotas de género sobre los principios constitucionales de mérito y capacidad.

Fernández Alonso solicita, en la línea de otros 13 expertos que han firmado una carta conjunta, que se cierre con urgencia y con amplio consenso el proceso de nombramiento del nuevo Consejo de Administración de RTVE.

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En un contundente comunicado, 13 de los 17 miembros del Comité de Expertos han expresado su queja y firme protesta ante el informe jurídico titulado “Nota sobre la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE”, divulgado por la prensa como dictamen sin autoría de letrados oficiales del Senado, y no desmentido en sus contenidos por esta institución”.

Los expertos rebaten de plano la nota de estos letrados del senado, a quienes atribuyen la intención de anular, en la práctica, la totalidad del concurso público, y animar a la comisión de nombramientos del Congreso y del Senado a llamar y nombrar a cualquiera de los 95 candidatos presentados inicialmente.

Los firmantes a las presidencias del Congreso y del Senado, a la Comisión Mixta, y al conjunto de los grupos parlamentarios, -como ya hicieron en noviembre de 2019-, que culminen urgentemente el proceso de concurso público que iniciamos, eligiendo con el máximo consenso posible unos nuevos organismos de gestión y dirección para RTVE.

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SÚMATE A LA DECLARACIÓN CONJUNTA DE ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS SOCIALES, ACADÉMICOS Y PROFESIONALES EN ESTE FORMULARIO.

 

#ConcursoPúblicoRTVE

DECLARACIÓN:

 

 

REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA Y FINES SOCIALES DE LA COMUNICACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO.

El compromiso con la regeneración democrática y la cultura incluido en el acuerdo del nuevo Gobierno de coalición PSOE y Unidas Podemos tiene una asignatura pendiente en la urgente y necesaria regeneración del espacio público de comunicación audiovisual, que incluye, de entrada, la reconstrucción de los órganos democráticos de gestión de RTVE.

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La dilación en la resolución del proceso del Concurso para la renovación de la Presidencia y el Consejo de Administración de la CRTVE hace necesario instar al Parlamento a que retome las responsabilidades que constitucionalmente tiene asignadas en el artículo 20 de la Constitución, donde se especifica que

La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público

Queda claro, por tanto, que corresponde al Parlamento "la organización y el control" de la CRTVE, circunstancia que debe verse reflejada en las disposiciones legales que se dicten.

La dilación en la constitución de la Comisión Mixta de control parlamentario de la CRTVE ha hecho que no haya podido ser ejercido en la forma establecida el susodicho control parlamentario. Esto, unido a la dilación temporal de la situación de provisionalidad ha hecho que sea imposible de facto, ejercer el control parlamentario que la Constitución propone.

Es comprensible que se establezcan mecanismos para atender la provisionalidad que, circunstancialmente, pueda afectar al funcionamiento de una empresa como RTVE pero, igualmente, es comprensible que las situaciones de provisionalidad, unidas a la falta de control por parte de las instituciones constitucionalmente responsables de dicho control, al hecho de que no existan mecanismos revocatorios por los que el Parlamento pueda revertir, modificar o controlar a la administración provisional de la CRTVE, y a la inexistencia de un Consejo de Administración que ejerza sus funciones de control, devienen en una situación anómala que se prolonga excesivamente en el tiempo y que perjudica no solo la posibilidad del mencionado control parlamentario de la CRTVE, sino también el desarrollo y buen fin del Concurso para la elección de sus cargos cuyo objetivo es, según reza en su título (Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal) "recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos".

Hay que concluir que, mientras no finalice el Concurso, al menos la " independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos" no se puede dar por conseguida y que, la excesiva duración temporal de una situación provisional la convierte en crónica y elimina las posibilidades de control legalmente establecidas para una institución de la relevancia de la CRTVE.

En esta situación anómala e indeseable, cualquier dilación por parte del Parlamento es completamente inaceptable, por obviar la responsabilidad de control que tiene encomendada constitucionalmente.

Nuestra intención, al presentar este escrito es poner de manifiesto esta situación y exigir al Parlamento la máxima diligencia en la resolución del Concurso.

 

pdfEscrito presentado al parlamento (1.78 MB)

 

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[La Vanguardia] 

Avalan al comité de expertos que seleccionó a los 20 mejores candidatos y creen que su labor no caducó con el fin de legislatura.

Los servicios jurídicos del Congreso han avalado los pasos que el Parlamento ha venido dando para renovar el Consejo de RTVE por concurso público y no consideran necesario que el proceso deba empezar de cero en la próxima legislatura salvo que las Cámaras decidan cambiar las normas.

La Mesa de la Cámara baja ya había decidido que este proceso de selección será una de las iniciativas, junto con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sean trasladadas al nuevo Parlamento. No obstante, solicitó un informe a los letrados del Congreso para aclarar si seguían siendo válidas las fases del proceso que se habían completado antes de la disolución o habían caducado con el fin de la legislatura.

En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, los servicios jurídicos determinan que "no procede caducar" este proceso, teniendo en cuenta que el Comité de Expertos "es un órgano que goza de autonomía" respecto del Gobierno y del Parlamento, y que "sus decisiones se han adoptado en el marco de un procedimiento regulado", en este caso por la nueva Ley de RTVE.

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Miércoles, 03 Abril 2019 11:57

Un concurso que se alarga

La Ley del año 2006 de la radio y televisión de titularidad estatal, basada en el informe del “Consejo de Sabios”, estableció la elección parlamentaria, por mayoría de dos tercios, de sus órganos de administración y gobierno –salvo dos consejeros cuya propuesta correspondería a los sindicatos más representativos a nivel estatal–, con la idea de reforzar y garantizar su independencia. Dada la importancia política y social de la Corporación de RTVE, se pretendía así asegurar que en tal elección participase siempre la oposición. Con ello, esta regla se constituyó en un principio estructural del funcionamiento de la Corporación RTVE y uno de los fundamentos de la instauración de un modelo de radio y televisión pública, independiente, plural, viable y de calidad.

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[ABC]

Varios miembros del Comité de Expertos encargado de designar a los futuros responsables del consejo de administración y la presidencia de RTVE se reunieron ayer en el Instituto de la cadena pública para hablar del proceso. «No ha sido perfecto ni habrá acertado en todo», reconoce Diego Carcedo, portavoz de los técnicos, pero ha culminado en la designación de veinte nombres (publicados también ayer en el Boletín Oficial del Estado), de los que saldrán los diez futuros mandatarios de la corporación, en la actualidad bajo la administración temporal de Rosa María Mateo. «Es mejorable. No es la panacea, no va a resolver la cuestión de la autonomía de TVE, pero es un primer paso», plantean los técnicos, que entregaron a las Cortes un pliego con recomendaciones para futuros concursos. Pese a las «deficiencias», el trabajo está hecho. «Es imposible cambiar ahora», apuntó Isabel Fernández (propuesta por Ciudadanos). «Toca que voten el Congreso y el Senado», añadió.

Los expertos expusieron y aclararon algunas dudas que incluso les asaltaron a ellos mismos durante el proceso de evaluación. «Hubo problemas importantes con la fecha del concurso, la publicación de los baremos, que nos venía impuesto por la Mesa del Congreso y Senado, y el hecho de que la Mesa aceptara recursos que violaban su propia normativa. Además, excepto una letrada del Congreso, el apoyo legislativo fue nulo», reconoció Enrique Bustamante (Podemos). Los propios expertos reconocieron que los criterios les llevaron a tener que primar la formación en Comunicación y la carrera en TVE, dejando fuera a otras ramas. «La ley se ha olvidado de aspectos importantes a valorar, como puestos de gestión, administrativos y técnicos, pero hemos tenido que ajustarnos a la ley», subraya Carcedo (PSOE). El método anónimo de evaluación que han seguido ha hecho que solo haya cuatro mujeres entre los seleccionados. «El modelo de concurso público se lleva mal con las cuotas. Y en total se presentaron veinte mujeres», añade el portavoz. Aunque ya han acabado su trabajo, no descartan que haya recursos. «Hemos sido todo lo objetivos que determina la ley. Tenemos la conciencia tranquila», concluye Carcedo.

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El BOE de hoy recoge la evaluación de méritos y proyectos de los 95 candidatos al Consejo de Administración de RTVE. Tras esas valoraciones, da la lista de 20 finalistas, que serán los que pasen por Las Cortes para que el Congreso elija a seis consejeros y, el Senado, a cuatro. De esos diez saldrá el presidente de la radiotelevisión pública.

Entre los 20 finalistas hay cuatro mujeres y 16 hombres, por lo que solo si las cuatro salen elegidas tras el paso por Las Cortes el Consejo de Administración cumplirá el 40% mínimo para cada género establecido en la Ley de Igualdad.

El presentador Paco Lobatón y el director de TVE Eladio Jareño -que según se publicó abandonará TVE para pasar a formar parte del Consejo de TV3 a propuesta de Ciudadanos- son algunos de los finalistas. La mejor valorada -con 83,57 puntos sobre 100- es Alicia Gómez Montano, que dirigió Informe Semanal desde 2004 a 2012.

A juicio de distintos candidatos al concurso público consultados por este periódico, tanto admitidos como rechazados, el proceso ha beneficiado a quienes han ejercido labores periodísticas y muy especialmente a quienes lo han hecho dentro de RTVE. El mérito por haber formado parte en la cadena computa en uno de los apartados, pero un editor o un editor adjunto de un programa, por ejemplo, han podido puntuar nuevamente por su trabajo en la radiotelevisión, gracias a la categoría de "funciones de control" y a la mencionada interpretación que le ha dado el Comité de Expertos.

 

Resolución en el BOE

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[El Confidencial]

AUTOR: JAIME NICOLÁS MUÑIZ

Si no fuera porque el asunto es muy serio, la historia del concurso público para la renovación del consejo de administración de RTVE podría presentarse a modo de sainete. Un sainete desaforado, que viene de lejos y que evidencia, por decirlo de modo no muy distinto a la denuncia de Rosa María Mateo en su reciente comparecencia parlamentaria, el poco respeto, pero mucho interés, que nuestros representantes políticos sienten por la radiotelevisión pública, y ello, sin necesidad de remontarnos mucho en el tiempo, a la vista de los últimos acontecimientos, sobre todo de la impotencia del Parlamento y los turbios movimientos en su seno a la hora de dotar a la Corporación de un consejo de administración transitorio y hasta los apuros para designar a un administrador provisional único conforme a las reformas introducidas en la Ley 17/2006, reguladora de la radio y televisión de titularidad estatal, por la Ley 5/2017 y el Decreto-ley 4/2018.

Si prescindimos de los cambios en la composición del Consejo y en las mayorías parlamentarias para la elección de los consejeros, la principal innovación, y más esperanzadora, de ese nuevo marco legislativo estriba en la articulación, sin precisión alguna en la Ley, de un concurso público para la designación de los responsables de RTVE, con un Comité de Expertos actuando a modo de tribunal. En todo caso, aún en su parquedad, la ley concibe de índole evaluadora y, por ello, puramente consultiva la participación de esos expertos, lo que hace que a la postre la designación de los consejeros y del presidente de RTVE siga siendo una elección política, a través de una mayoría inusitadamente reforzada de dos tercios en los Plenos de Congreso y Senado.

La reforma, pues, resulta menos sustancial de lo que parecía, en la medida en que obliga como cierre a una difícil negociación entre los partidos con representación parlamentaria y conduce casi inexorablemente a una elección por lotes en la que los grupos políticos difícilmente podrán tener en cuenta el trabajo de los expertos.

Por su parte, el Decreto-ley ha establecido la composición y la forma de designación de los miembros del Comité de Expertos en unos términos que no propician precisamente la independencia y neutralidad de estos evaluadores. El hecho de que los expertos vengan designados directa y exclusivamente por los partidos representados en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE hace que sean, al fin y al cabo, agentes o representantes de los partidos en el proceso de evaluación de las candidaturas –técnicos, tal vez, pero ante todo técnicos de partido. Por más que los partidos alardeen de haber profesionalizado la designación de los consejeros (y, a través de ellos, del Presidente de la Corporación), nada más lejos de la realidad, pues extraño concurso público es el que se resuelve no por mérito y capacidad sino por votación política y con un tribunal cuya intervención en nada condiciona su resultado y cuyos miembros han sido designados políticamente. Quizás, por ello, debido a cierta mala conciencia, en la publicación oficial de los integrantes del Comité de Expertos se ha prescindido de dar información sobre los grupos parlamentarios que han designado a cada uno de sus diecisiete miembros –información que tampoco se ve reflejada en el Diario de Sesiones y que la Comisión Mixta se ha negado hasta la fecha a facilitar mediante la solicitada rectificación de esa incompleta e incorrecta publicación.

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