[El Confidencial]
AUTOR: JAIME NICOLÁS MUÑIZ
Si no fuera porque el asunto es muy serio, la historia del concurso público para la renovación del consejo de administración de RTVE podría presentarse a modo de sainete. Un sainete desaforado, que viene de lejos y que evidencia, por decirlo de modo no muy distinto a la denuncia de Rosa María Mateo en su reciente comparecencia parlamentaria, el poco respeto, pero mucho interés, que nuestros representantes políticos sienten por la radiotelevisión pública, y ello, sin necesidad de remontarnos mucho en el tiempo, a la vista de los últimos acontecimientos, sobre todo de la impotencia del Parlamento y los turbios movimientos en su seno a la hora de dotar a la Corporación de un consejo de administración transitorio y hasta los apuros para designar a un administrador provisional único conforme a las reformas introducidas en la Ley 17/2006, reguladora de la radio y televisión de titularidad estatal, por la Ley 5/2017 y el Decreto-ley 4/2018.
Si prescindimos de los cambios en la composición del Consejo y en las mayorías parlamentarias para la elección de los consejeros, la principal innovación, y más esperanzadora, de ese nuevo marco legislativo estriba en la articulación, sin precisión alguna en la Ley, de un concurso público para la designación de los responsables de RTVE, con un Comité de Expertos actuando a modo de tribunal. En todo caso, aún en su parquedad, la ley concibe de índole evaluadora y, por ello, puramente consultiva la participación de esos expertos, lo que hace que a la postre la designación de los consejeros y del presidente de RTVE siga siendo una elección política, a través de una mayoría inusitadamente reforzada de dos tercios en los Plenos de Congreso y Senado.
La reforma, pues, resulta menos sustancial de lo que parecía, en la medida en que obliga como cierre a una difícil negociación entre los partidos con representación parlamentaria y conduce casi inexorablemente a una elección por lotes en la que los grupos políticos difícilmente podrán tener en cuenta el trabajo de los expertos.
Por su parte, el Decreto-ley ha establecido la composición y la forma de designación de los miembros del Comité de Expertos en unos términos que no propician precisamente la independencia y neutralidad de estos evaluadores. El hecho de que los expertos vengan designados directa y exclusivamente por los partidos representados en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE hace que sean, al fin y al cabo, agentes o representantes de los partidos en el proceso de evaluación de las candidaturas –técnicos, tal vez, pero ante todo técnicos de partido. Por más que los partidos alardeen de haber profesionalizado la designación de los consejeros (y, a través de ellos, del Presidente de la Corporación), nada más lejos de la realidad, pues extraño concurso público es el que se resuelve no por mérito y capacidad sino por votación política y con un tribunal cuya intervención en nada condiciona su resultado y cuyos miembros han sido designados políticamente. Quizás, por ello, debido a cierta mala conciencia, en la publicación oficial de los integrantes del Comité de Expertos se ha prescindido de dar información sobre los grupos parlamentarios que han designado a cada uno de sus diecisiete miembros –información que tampoco se ve reflejada en el Diario de Sesiones y que la Comisión Mixta se ha negado hasta la fecha a facilitar mediante la solicitada rectificación de esa incompleta e incorrecta publicación.
