Un rótulo desafortunado, un gráfico equivocado, una pregunta irreverente o una mirada trivial a una diputada regional pueden ser motivo suficiente para que TVE se convierta en el centro de todas las críticas. La televisión pública ha padecido intensas arremetidas en las últimas semanas, coincidiendo con la convocatoria electoral en la Comunidad de Madrid. Su trabajo se escruta desde los cuarteles generales de los partidos, y cualquier desliz, por insignificante o absurdo que parezca, desencadena una riada de protestas en las redes sociales. Unidas Podemos y Vox se dan la mano en la vieja estrategia de situar en la diana a los medios públicos.
Ambas formaciones se consideran discriminadas en los informativos y no dudan en señalar a los reporteros con mensajes incendiarios. Un intento de amedrentamiento ante el que los trabajadores de Torrespaña se consideran “indefensos”, colocados en el disparadero de las redes sociales, y víctimas de la bipolar vorágine a la que los políticos pretenden arrastrar a la televisión pública acusándola de manipular la información desde los dos polos ideológicos. Ante esta oleada, el presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, se ha comprometido en el Senado a proteger a los periodistas más vulnerables, los que trabajan en la calle y están expuestos a sufrir agresiones, persecuciones y acoso por parte de las “jaurías digitales”.

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Desde hace mucho tiempo los colectivos profesionales de periodistas (FAPE, FeSP, Colegio de Periodistas de Cataluña, de Galicia, APM, Consejos de Informativos de RTVE, Comités y Consejos Profesionales de Radio y Televisiones Autonómicas) y ciudadanos a título individual vienen reclamando mejoras sustanciales en la cobertura de las campañas electorales por parte de los medios de comunicación públicos, medios que están al servicio de los ciudadanos para ofrecerles una información crítica y lo más plural posible.