En medio de las convulsiones de la era digital, el Gobierno está abocando· a la cultura a una aguda crisis por todas las vías posibles. El andamiaje de políticas públicas, edificado desde la Transición, se desmorona mientras se promete un nuevo modelo de mercado que también es castigado. Más allá de la crisis económica y fiscal, se trata de una imposición ideológica que amenaza con malgastar la creatividad de generaciones enteras, arruinando la diversidad y destruyendo el propio tejido económico que sostenía a la/s cultura/s de España.
Fuente: Le MONDE diplomatique en español (octubre 2013)
La deplorable situación del pluralismo y la diversidad de la libertad de expresión y comunicación en España, dramática en términos de deterioro y manipulación del servicio público pero asimismo de oligopolio cerrado de la radio y la televisión privada, ha sido valorada y debatida habitualmente como una cuestión estrictamente “nacional” frente a la que sólo el Gobierno o el Parlamento podían dar una solución, improbable por ahora salvo en términos electorales. Pero los pronunciamientos recientes de altas instancias europeas abren una esperanza por elevación: La Unión Europea podría, debería, intervenir ante un persistente ataque a valores fundamentales recogidos en sus tratados esenciales. Las próximas elecciones europeas adquieren así una nueva vía de trascendencia.
Las actuaciones del gobierno Rajoy sobre RTVE: “serias dudas sobre su comprensión de un sistema pluralista democratico”
Enrique Bustamante (*)
El pasado mes de Abril , el Diario Oficial de la U.E. publicó una resolución solemne, aprobada por el Parlamento Europeo el 25 de Noviembre de 2010, que proclama el papel fundamental “de un sistema dual europeo realmente equilibrado en radio y televisión” (DUE, 3-4-2012. 2012/C99 E/11). En esta decisión, basada en un texto anterior de la comisión de cultura y comunicación, y respaldada por una amplísima mayoría (522 votos a favor contra 22 votos, y 62 abstenciones), reafirma la necesidad de “un servicio público de radiodifusión independiente, fuerte y vivo, que se adapte a las demandas de la Era Digital” y señala la prioridad de los Estados Miembro de apoyar la independencia, las misiones y la financiación de este servicio público, y su compromiso con estos criterios europeos. Para ello recuerda el carácter imprescindible de una “financiación apropiada, proporcionada y estable”; recomienda que los directivos y consejeros sean nombrados “sobre la base de su competencia y conocimiento del sector de los medios de comunicación” , y que la supervisión sea realizada por “reguladores independientes”.
El brusco recorte de 204 millones de euros a RTVE, en plena parálisis institucional de la Corporación, sin modelo financiero alternativo, sólo puede perseguir la jibarización salvaje de la audiencia y el peso del servicio público estatal. Lejos de toda justificación económica, esta medida revela lo peor de la doble alma del Partido Popular: su autoritarismo y su desatado neoliberalismo, muy lejos de los valores democráticos de la derecha civilizada europea.
Articulo de Enrique Bustamante Ramirez para Teledetodos.com
Los dos partidos políticos mayoritarios han abordado en sus programas electorales sus propósitos para la comunicación social, el servicio público de radiotelevisión y, por extensión, la cultura. El programa del PSOE parte de sus propios errores y fracasos, aun sin citarlos, pero promete mejorar el servicio público. El programa del PP, reprimido siempre en su expresión, amenaza con jibarizar el servicio público y privatizar las radiotelevisiones autonómicas.
Por su interés, reproducimos este artículo de Enrique Bustamante Ramirez para "El Pais", de fecha 25 de Septiembre de 2011.
La decisión mayoritaria del Consejo de Administración de RTVE de acceder al sistema interno de sus servicios informativos ha constituido la más grave amenaza de los últimos cinco años contra la autonomía editorial del servicio público y contra la independencia, neutralidad y objetividad de su información que consagra la Ley 17/de 2006.
La noticia de la decisión del Consejo de Administración de RTVE del pasado 21 de Septiembre, de vigilar y controlar la elaboración de los informativos a través de su sistema informático interno me ha hecho revivir en un momento todos los fantasmas y malos recuerdos de la larga etapa predemocrática del servicio público estatal en España, hasta 2006. Por Radio Nacional he sabido después, con alivio, la decisión de rectificar esa actuación por parte de los consejeros nombrados por los partidos y sindicatos responsables, pero ese arrepentimiento inmediato, motivado por el escándalo social ante tal decisión, no puede borrar un error de tal calibre, ni evitar las necesarias reflexiones que despierta.
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