La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) se ha dirigido a los responsables políticos salidos de las urnas en las últimas elecciones autonómicas, para exigir una renovación de las televisiones públicas que siga una "hoja de ruta" que garantice su sostenibilidad, su independencia y la potenciación de aquellos elementos que son más privativos del modelo: la neutralidad y la participación social.

AUC observa con atención las posiciones de los diferentes grupos parlamentarios en las comunidades autónomas con respecto a la radio y la televisión, y propone una serie de garantías básicas que los nuevos gobiernos deberían estar en condiciones de garantizar. Entre ellas:

- Garantizar públicamente la continuidad de estas televisiones autonómicas teniendo en cuenta que la modificación operada en la Ley General de la Comunicación Audiovisual podría permitir su desaparición y el hecho de que algunas fuerzas políticas no han sido suficientemente claras al respecto.

- Definir un modelo de televisión pública sostenible que contemple la emisión limitada de comunicaciones comerciales y la garantía de su financiación pública, dimensionada a la realidad territorial y económica.

- Desgubernamentalización de los nombramientos del director general y de los responsables del medio, conformando Consejos de Administración de perfil claramente técnico, con experiencia y experticia acreditadas en el ámbito audiovisual desde sus diferentes perspectivas (profesionales, académicas, jurídicas, sociales). Es necesario recurrir a mayorías cualificadas y, en su caso, a la concurrencia competitiva entre los aspirantes.

- Participación más activa en las decisiones por parte de los consejos de redacción, y también de la sociedad civil organizada. Creación o modificación en profundidad de los Consejos Asesores, regulación del derecho de acceso y de la presencia de la ciudadanía en los contenidos como parte de los objetivos de servicio público.

- Priorizar la producción propia y la puesta en valor de los recursos humanos y técnicos de las televisiones autonómicas. Cuando se acuda a la externalización, apoyar la producción independiente. En materia de ficción, entretenimiento y contenidos culturales, fomentar la innovación, la calidad y variedad de géneros y formatos. En materia de información, pluralismo, neutralidad, imparcialidad. En todos los casos orientar los contenidos al interés social y a la proximidad, sin renunciar a la audiencia.

La televisión pública en España, considera AUC, debe aprender de los mejores modelos europeos (Alemania, Francia, Gran Bretaña), encontrando su propia especificidad y cumplimiento del servicio público.

[ABC]

Cristina Cifuentes, futura presidenta de la Comunidad de Madrid a tenor del pacto entre PP y Ciudadanos, cambiará la ley de Telemadrid para evitar que el control de la televisión pública caiga en manos de la izquierda. Como ya avanzó ABC, con la legislación actual el nuevo reparto de escaños en la Asamblea dejaría en minoría el número de consejeros que el PP puede proponer para el consejo de administración, encargado de controlar los contenidos y de designar al director general. Los populares podrían elegir así solo 3 nombres; el PSOE,otros 3; Podemos, 2, y Ciudadanos, 1. Ni siquiera el apoyo de este último partido permitiría a los populares decidir sobre el futuro de la televisión y la radio madrileñas.

Para evitarlo, el PP –con el apoyo de Ciudadanos– modificará la Ley 13/1984, de 30 de junio, de Creación, Organización y Control del Ente Público Radio Televisión Madrid. Con esta modificación, la elección de los consejeros –actualmente 9, aunque se desconoce si variarán– y del director general será por mayorías cualificadas. Así consta en el punto 44 del documento definitivo que ayer firmó Cifuentes con el líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado. Un acuerdo de 76 claves para que la formación naranja apoye la investidura de la candidata popular el próximo martes.

Ambos partidos estarían a favor de que los consejeros del ente público sean elegidos por el pleno de la Asamblea con una mayoría de tres quintos; es decir, por 77 diputados de los 129 como mínimo. El reparto de escaños es de 48 para el PP, 37 para el PSOE, 27 para Podemos y 17 para Ciudadanos.

Una vez constituido el consejo, sus miembros –9, si no varía su cifra– elegirían por mayoría de dos tercios al director general. De producirse este cambio, el nombramiento del máximo responsable requeriría el apoyo de 6 consejeros. Aunque se mantuviera el reparto de poder de la ley actual –3 el PP, 3 el PSOE, 2 Podemos y 1 Ciudadanos–, el director general necesitaría la confianza de los consejeros propuestos por los populares y los socialistas, o de cualquiera de los últimos más los tres que suman Podemos y Ciudadanos.

[El País]

El Tribunal Supremo ha echado abajo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la televisión autonómica de Murcia, que provocó el despido de 28 trabajadores. La sentencia anula el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y considera "no ajustado a derecho" el despido colectivo. Se produjo tras una negociación con la empresa "viciada y desleal", ya que no se sustentaba en las causas económicas alegadas por la empresa.

En este sentido, el alto tribunal recalca que lo que trasluce el ERE es "una reestructuración del servicio, intuyéndose para un futuro próximo una externalización del servicio, medidas en modo alguno comunicadas a la representación de los trabajadores".

Tras el despido colectivo no se aprecia, dice la sentencia, una verdadera causa económica, sino "la intención de reestructurar y reorganizar todo el ente; ente que, por otra parte, al ocuparse de la prestación de un servicio público, no puede regirse exclusivamente por criterios de rentabilidad".

[Valencia Plaza]

El momento en el que la Comunitat Valenciana volverá a tener una radio televisión pública valenciana es una incógnita hasta pasar las elecciones, y todavía no queda claro en el caso de algunos partidos a partir de qué momento podrá volver a emitir. Pero los diferentes colectivos continúan proponiendo modelos, y en este caso es la Unió de Periodistes Valencians la que ha tomado parte en el debate de cómo debería ser el próximo modelo no solo de RTVV, sino de todo el sector audiovisual público valenciano.

Para ello, ha utilizado la primera beca de investigación Emili Gisbert, en la que los periodistas Daniel Martín y Pura Requena han sido los encargados de ahondar en el asunto. ¿Las claves? Partir desde cero, con un solo canal de televisión, al margen del de radio y, como novedad, una agencia de comunicación de la Comunitat Valenciana. Para ello han entrevistado a profesionales como Francesc A. Martínez , profesor de Periodismo de la Universitat de València, Juli Esteve, director de Infotelevisión, Salut Alcover, presidenta del Comité de Empresa de RTVV Sau o Andrés Boix, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universitat de València.

Modelo RTVV

LOS COMITÉS DE EMPRESA DEL ENTE PÚBLICO RADIO TELEVISIÓN MADRID

SECCIONES SINDICALES DE CCOO, CGT Y UGT

Consideramos que una RTV Pública al servicio de los ciudadanos madrileños es fundamental para la salud democrática y el desarrollo de la Comunidad de Madrid. Quienes abajo firman, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, vecinales y sociales, sindicatos, fundaciones, representantes de partidos políticos y demás entidades relacionadas, hacen público ante la ciudadanía de la Comunidad de Madrid su compromiso por el mantenimiento de una Radio Televisión Pública al servicio de los madrileños plasmado en la creación de una Ley Audiovisual de la Comunidad de Madrid que recoja los siguientes puntos:

1. Garantizar el carácter de servicio público esencial de la RTV Pública Madrileña impidiendo taxativamente su privatización.

2. La consideración del espacio radioeléctrico como espacio público objeto de preservación por parte de la Administración Pública.

3. Creación del Consejo Audiovisual de Madrid, como garante de una regulación independiente del sector.

4. Dotar al EPRTVM de financiación estable y suficiente que garantice su viabilidad y le libere del endeudamiento permanente.

5. El Consejo de Administración o el órgano que controle el funcionamiento del EPRTVM debe evitar las mayorías absolutas de un partido político. Deberán incluirse en su composición representantes de la sociedad y de los trabajadores

6. El Director General será elegido por el Consejo de Administración u órgano regulador del EPRTVM por una mayoría de dos tercios de sus miembros. Su mandato no podrá coincidir con el periodo legislativo de la Comunidad de Madrid.

7. Creación de un Consejo Profesional de Informativos que velará por la objetividad, veracidad, imparcialidad y pluralidad de la información.

8. La protección del Archivo Audiovisual de RTVM estableciendo su propiedad pública autonómica perpetua y el libre acceso de los ciudadanos al mismo.

9. Asegurar la participación e interacción de los ciudadanos tanto en una adecuada cuota de la programación como en la defensa de sus derechos como audiencia.

10. Creación de un portal de transparencia de gastos e ingresos que permita conocer cómo y en que se gasta el presupuesto del EPRTVM incluyendo los contratos con empresas privadas y las retribuciones de los directivos y altos cargos del EPRTVM. El número de directivos y retribuciones deberán reducirse sustancialmente.

11. Se fijará un porcentaje significativo de producción interna de la programación emitida que recupere la capacidad productiva del EPRTVM.

12. Una programación que racionalice el gasto, dando prioridad al Servicio Público, y que garantice el acceso universal a la cultura, la información y el entretenimiento a los ciudadanos madrileños en un nuevo entorno digital.

Además de todos estos puntos es de justicia revertir la situación provocada por el ERE no ajustado a derecho realizado en el EPRTVM según reconocen las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo; y facilitar la reincorporación de la plantilla despedida para garantizar la prestación del servicio público de la RTV Madrileña.

La sección sindical de CCOO en Radiotelevisión Región de Murcia ha propuesto a los candidatos a la Presidencia de la comunidad, que se comprometan con el cumplimiento de un decálogo de medidas que buscan "la recuperación del servicio público de la radiotelevisión".

"Consideramos que en este ciclo electoral, las candidaturas que concurren a las elecciones autonómicas, municipales y, posteriormente, legislativas, deben comprometerse con un cambio de las directrices políticas que afectan al sector audiovisual, un servicio público esencial a la ciudadanía que merece consideración y esfuerzo presupuestario por parte de los gestores públicos", argumentan, antes de introducir sus diez propuestas "en aras de la regeneración democrática que pide la sociedad", para las que piden el apoyo y el compromiso de todos los partidos políticos:

Murcia se ha convertido en la primera comunidad autónoma que externaliza completamente su televisión pública, gracias a las reformas legales impulsadas por el PP poco después de su llegada al poder.

El día 31 de marzo de 2015, Juan Carlos Ruiz, consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación de la Comunidad Autónoma de Murcia, y Raúl Berdonés, presidente del Grupo Secuoya, firmaron el contrato mediante el cual entra en vigor, desde el día 1 de abril, la gestión indirecta de la Televisión de Murcia por parte de dicha compañía audiovisual.

[Mediterráneo]

La visión política en clave preelectoral protagonizó ayer la jornada de clausura de la XIII edición del Congreso de Comunicación Local (ComLoc), con un debate en el que la mayor parte de los partidos ahora en la oposición, PSPV, Podem, EUPV y Compromís --Ciudadanos excusó su presencia a última hora--, prometió poner en marcha a la mayor brevedad una nueva radiotelevisión valenciana (RTVV), mientras que UPyD y PP dijeron no verla viable a corto plazo por cuestiones de presupuesto y también por diferentes temas jurídicos pendientes.

[Diario de Avisos]

El Parlamento de Canarias aprobó ayer la nueva Ley de la Radio Televisión Canaria (RTVC), que introduce importantes cambios en la regulación de este medio de comunicación público, como la creación de un consejo rector, con un presidente, cuyos cinco miembros deberán ser necesariamente elegidos por mayoría reforzada de dos tercios parlamentarios, y, caso de no ser posible, de tres quintos.

De esta forma, PSOE y CC renunciaron a ultima hora a la elección de estos directivos por la mayoría absoluta que se preveía en la norma de partida, como último paso si no hubiera consenso, un cambio in extremis que permitió el voto favorable de Nueva Canarias (NC) al texto, pero no así el PP, pese a que esta había sido una de sus enmiendas.

El mandato del consejo rector durará seis años, pero cada tres se elegirá a su presidente. La ley prevé también un consejo asesor como órgano de participación de la sociedad, y un consejo de informativos para los profesionales de este medio.

Proposición de ley

[Mallorca Confidencial]

El hasta hoy director general de IB3, José Manuel Ruíz ha comunicado que abandona su cargo para ser el candidato del PP al Ayuntamiento de Calvià. Para el PSIB-PSOE este hecho viene a demostrar que el PP ha mantenido la radiotelevisión pública "bajo un claro y evidente control político", y además Ruíz la ha utilizado como una "plataforma de promoción personal", en opinión del diputado socialista Cosme Bonet .

Las primeras reacciones que se han conocido a la noticia, provenientes del sector han sido negativas, y es que es difícil no pensar en que una vez más "IB3 ha sido tratada como plato de segunda por el PP, un mero instrumento a su servicio y no como una herramienta de utilidad pública, cohesionadora y dinamizadora del sector audiovisal" ha dicho Bonet. En lugar de priorizar la gestión, el PP permite que el director general abandone la nave, para ir a competir por un cargo público en representación del partido, a pocos meses de una de las pruebas de fuego de todo medio público: la cobertura de unas elecciones municipales, autonómicas y generales, en 2015 "Todo ello da la sensación de dejadez hacia la radiotelevisión pública de Baleares que ofrece el PP con esta decisión es francamente desalentadora" ha valorado el diputado socialista.