Este libro ofrece la difusión de algunos resultados del proyecto de investigación «Participación ciudadana y medios de comunicación públicos. Análisis de experiencias de co-creación audiovisual en España y Europa (PARCICOM)», proyecto financiado por la Convocatoria 2018 de Proyectos de I+D+i «Retos Investigación», del Programa Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, para el periodo 2019-2021, bajo la dirección de Javier Marzal Felici.

En la última década, los medios de comunicación públicos están siendo objeto de un fuerte cuestionamiento por una parte importante de la ciudadanía en buena parte del continente europeo y, muy especialmente, en España. Las causas de la crisis de las corporaciones públicas de radiotelevisión son múltiples: por la crisis económica, por la transformación en las formas de consumo de los contenidos audiovisuales, que ha reducido sus audiencias y por la permanente campaña de desprestigio que ha perseguido a los medios públicos, en el marco del descrédito de la gestión pública que ha promovido el pensamiento neoliberal. Numerosos expertos vienen destacando desde hace más de una década que en las democracias liberal-representativas la participación ciudadana se ha limitado al ejercicio del derecho a voto, en un contexto en el que se está produciendo un «déficit de legitimidad social» de la democracia actual. Uno de los «antídotos» más eficientes para proteger nuestra democracia es, precisamente, promover una mayor participación social, que los medios de comunicación públicos tienen la responsabilidad de impulsar, en un entorno mediático en el que los social media son cada vez más importantes. Es por ello que la «participación ciudadana» constituye una de las preocupaciones más relevantes en la agenda de los responsables de los medios públicos. En este primer volumen, Participación ciudadana y medios de comunicación públicos. 1. Conceptos y teorías, se aborda el estudio y análisis del concepto de participación ciudadana, desde múltiples perspectivas, con la colaboración de expertos nacionales e internacionales.

Libro

La Junta Directiva de la Federación, se ha hecho eco de las denuncias que se están produciendo en España contra el uso de los medios de comunicación de titularidad pública como plataforma propagandística, sin distinción de siglas políticas.

Por ello quiere manifestar:

1º.- Los medios públicos de información gestionados con criterios periodísticos son una garantía constitucional de libertad de información y expresión, pluralismo y rigor informativo y su convivencia con los medios privados es la mayor garantía del cumplimiento del Artículo 20 de nuestra Constitución.

2º.-La FAPE quiere mostrar su respaldo más firme a todos los periodistas que trabajan en los medios públicos de información, prensa, radio y televisión, ante los constantes ataques que sufren desde los poderos públicos propietarios de estos medios y que atentan contra los más elementales principios de los profesionales, tanto en su condición de periodistas como de trabajadores.

3º.-Hacemos un nuevo llamamiento a los responsables públicos y a sus partidos políticos para que respeten y hagan respetar la independencia en sus medios de comunicación, siendo este el mejor servicio que pueden prestar al sistema democrático y a la convivencia. Los partidos políticos con responsabilidades institucionales tienen la obligación de preservar unos medios públicos que ofrezcan servicios a los ciudadanos basados en los intereses generales y no en los de partido, con respeto absoluto al Código Deontológico de la profesión y al trabajo de los periodistas.

4º.-La Federación de Asociaciones de Periodistas de España recuerda que los poderes públicos deben ser especialmente escrupulosos en el respeto a la independencia de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, y dar ejemplo diario rechazando prácticas abusivas y contrarias al espíritu constitucional, como el nombramiento de cargos directivos en los medios sin capacitación alguna y por su adscripción política, la convocatoria de ruedas de prensa sin preguntas, el uso de la publicidad como forma de presión a los medios, la discriminación, marginación y despido en las empresas de profesionales independientes y de prestigio o la imposición de bloques electorales, entre otras muchas prácticas deleznables que pretenden anular a la profesión y presentar a los medios como meros soportes de propaganda.

La FAPE quiere recordar que es preciso instaurar medidas como la profesionalización de la gestión, la creación de planes estratégicos que fijen los recursos de producción (interna y externa) y los aspectos financieros, dotar de más recursos a los servicios informativos y establecer una rendición de cuentas de los responsables de los medios.

[BBC]

Public service broadcasters all over the world are coming under increasing pressure to justify their funding models. So is it inevitable that these broadcasters will lose at least some of their public money, forcing them to adopt more commercial funding structures?
Would that actually be good for anyone? And what kind of impact would these big beasts have on a commercial sector that some say is already saturated?
The BBC led the way in public service broadcasting in the 1920s with the mandate to "inform, educate and entertain", a model that many have followed. Publicly funded, with government backing, but crucially - independent from government influence - as opposed to the state broadcasters of China and North Korea, for example.

But is the model sustainable?

In Canada, a Senate committee has just published a report on public broadcaster CBC that they've entitled Time for Change. The 22 reforms it recommends, critics argue, are a thinly disguised attempt to contract the range of services it offers.
In Australia, the government of Tony Abbott is "at war" with the ABC, if you believe the headlines. Recently, not only have ministers called for further cuts to the public service broadcaster, but the prime minister himself has directly criticised editorial decisions - demanding that "heads should roll".

Informe Canadá

Defensa radiotelevisión pública australiana

Reproducimos, por su interés, este estudio realizado por el Instituto de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona.

El mecanismo de los bloques electorales que se aplica durante las campañas electorales en los medios públicos tanto catalanes como del resto del Estado constituye un sistema controvertido de protección del pluralismo controvertido. El presente artículo describe la historia de la aplicación de los bloques electorales en España y contrasta dicho mecanismo con aquéllos de protección del pluralismo político aplicados a nuevos países de la Unión Europea. El resultado muestra una politización considerable del caso catalán/español.

Reproducimos por su interés, este comunicado de la Federación Europea de Periodistas, de fecha 18 de Abril de 2011.

La Federación Europea de Periodistas (EFJ), grupo europeo de la Federación Internacional de Periodistas (IFJ), ha expresado su preocupación por las reestructuraciones y recortes que se están realizando o proyectando en varias radios públicas europeas. Hace unos meses, BBC anunció el recorte de unos 650 puestos de trabajo de su Servicio Mundial, debido al recorte del 25% en el presupuesto de la emisora.

Por Sergio Ferrari, desde Berna, Suiza

En el fondo, se trata –una vez más- de la lucha por la información como bien público y no como simple mercancía. Y hablamos de un país, Suiza, donde la paz social parece tener la fuerza de un mandamiento bíblico y donde las huelgas se cuentan con los dedos de una mano. Es allí donde los periodistas de la ATS (agencia nacional, o literalmente, Agencia Telegráfica Suiza iniciaron esta última semana de enero un paro laboral por tiempo indeterminado. Esa huelga que muchos llaman “huelga coraje” o “de los valientes”, comenzó el martes 30. De momento, ha servido para sacar del anonimato a los históricos “agencieros”, es decir a los periodistas -sin nombre ni firma- que producen la más rica información de base. Quizá hay que decirlo también, como en cualquier país del mundo. Esa protesta ha situado en el centro del debate público helvético el concepto mismo de la información.

La huelga de este fin de enero, dio continuidad a otra previa de tres horas y realizada el martes 23 de enero, a través de la cual la redacción de la ATS lanzaba una advertencia al Consejo de Administración si no avanzaba –de verdad- la negociación entre las partes. Días antes, la dirección de la ATS había comunicado de repente un paquete de recortes económicos que implica la reducción de un 25 % de sus efectivos. Esas “economías” significan el despido directo o la disminución obligada de la jornada laboral para 40 empleados. El golpe implica a unos 60 periodistas con dedicación parcial-, sobre un total de 150 puestos con los que cuenta la agencia.

Los principales afectados son las y los jóvenes que realizaban su primera experiencia profesional, así como las y los periodistas de más de 60 años de edad, muchos de los cuales tienen tras de sí tres o cuatro décadas de experiencia en la misma ATS. Son quienes constituyen juntos un capital profesional y humano irremplazable.

Esa decisión del Consejo de Administración representa un cambio abrupto e inconsulto, sobre la definición y la esencia misma de la ATS. Y aunque desde su fundación (en 1895), la ATS tiene una estructura jurídica de empresa privada, cuenta también desde su nacimiento con una Carta de Principios que define “al producto de base” (flujo informativo diario) como “servicio público”, sin fines de rentabilidad o lucro. Este aspecto es decisivo, desde luego.

Dando muestras de un enorme oportunismo, en las últimas horas, la actual dirección de la ATS, borró de su sitio web esa Carta de Principios. En paralelo, el CEO (director ejecutivo) de la misma, Markus Schwab, declaraba en una entrevista dominical “no deberle nada a nadie” – ni al público, ni al personal, ni a la sociedad- sino, solamente, “a sus accionistas”, despreciando así por completo la responsabilidad ciudadana de la agencia nacional de noticias.

Los principales “clientes” de la misma son la Radio y Televisión Pública (SSR); el Gobierno suizo; así como un grupo de editores de prensa privados que están detrás de esas medidas de economía y reestructuración que sacrifican al personal.

La huelga de los periodistas, liderada por una juvenil y colectiva Comisión de Redacción (CORE) y apoyada en primera línea por el Sindicato de la Comunicación SYNDICOM, así como por la asociación Impressum, ha ganado la simpatía mayoritaria de todos los medios de prensa. Sin excepción. También de la sociedad civil en general -sindicatos, asociaciones, ONG, etcétera-, así como de buena parte de la clase política e importantes personalidades de los gobiernos cantonales y del propio gobierno nacional. Doris Leuthard, responsable de un megaministerio que incluye la Oficina Federal de Comunicación, expresó su comprensión por la lucha de los hombres y mujeres de prensa y propuso el diálogo razonable entre contrapartes sociales.

Diálogo que la dirección de la ATS rechaza aceptar de verdad. Es incapaz de adelantar a su personal una estrategia clara de futuro en l que la calidad y la cantidad de la producción de noticias puedan asegurarse. Donde el rol del aporte de la ATS a la integración nacional pueda continuar existiendo como premisa (la única agencia que asegura su servicio en las tres lenguas oficiales, es decir alemán, francés e italiano). Y en la cual, la responsabilidad ciudadana que ha jugado la agencia nacional – produciendo un tipo de información de gran calidad reconocido por todo el espectro mediático nacional- pueda seguir operando a favor de un verdadero reforzamiento de la democracia en la diversidad en una Confederación (Suiza) que nuclea cuatro regiones lingüísticas y 26 cantones (que son provincias descentralizadas, con gran poder de decisión y autonomía).

Huelga corajuda y ya “histórica”. Es la primera vez que en la ATS se hace una huelga en sus 123 años de existencia y es una de las primeras veces que el gremio periodístico convoca a una medida de este tipo por tiempo indeterminado. Movilización ciudadana que refuerza el debate ya presente en la sociedad suiza sobre el significado mismo de la información.
Para algunas empresas casi monopólicas como Tamedia -controla el 68 % de la cuota de mercado en el sector- dueñas de una gran parte de los diarios, revistas, grupos de publicidad etcétera, la información no es más que una mercancía y la ganancia, producto de su venta, debe alimentar los dividendos empresariales de sus accionistas.

Para parte de la clase política y una parte significativa de la sociedad civil – incluyendo sindicatos, ONG, mundo asociativo-, la información constituye un “bien público”. Es esencial para el reforzamiento de la democracia. Y por lo tanto una preciosa construcción ciudadana a la que no se le puede poner un precio de mercado sino el valor agregado propio de un cuarto pilar/poder de la democracia helvética.

Debate candente y apasionado que se recrudece no sólo a la luz de la huelga de la redacción de la ATS, sino de la próxima votación del 4 de marzo. El pueblo suizo deberá decidir en las urnas si acepta o no una iniciativa reaccionaria que propone liquidar la subvención pública a la Radio y Televisión Nacional, es decir, que conllevaría al desmantelamiento de la radio y televisión públicas.

La huelga de la Agencia Nacional de Noticias constituye, además, el mejor aporte al debate en torno a lo que puede pasar en Suiza si se aprobara el 4 de marzo esa iniciativa reaccionaria. El desmantelamiento de la ATS que propugna su dirección es el ejemplo, a pequeña escala, de lo que podría pasar a gran escala en Suiza si se aprueba el 4 de marzo la denominada Iniciativa No-Billag. La destrucción de los medios de comunicación que se consideran “servicios públicos” y el giro hacia la privatización total de la información.

Sergio Ferrari, es periodista y co-presidente de la Rama de Prensa del SYNDICOM, Sindicato Suizo de la Comunicación

[BBC]

Public service broadcasters all over the world are coming under increasing pressure to justify their funding models. So is it inevitable that these broadcasters will lose at least some of their public money, forcing them to adopt more commercial funding structures?
Would that actually be good for anyone? And what kind of impact would these big beasts have on a commercial sector that some say is already saturated?
The BBC led the way in public service broadcasting in the 1920s with the mandate to "inform, educate and entertain", a model that many have followed. Publicly funded, with government backing, but crucially - independent from government influence - as opposed to the state broadcasters of China and North Korea, for example.

But is the model sustainable?

In Canada, a Senate committee has just published a report on public broadcaster CBC that they've entitled Time for Change. The 22 reforms it recommends, critics argue, are a thinly disguised attempt to contract the range of services it offers.
In Australia, the government of Tony Abbott is "at war" with the ABC, if you believe the headlines. Recently, not only have ministers called for further cuts to the public service broadcaster, but the prime minister himself has directly criticised editorial decisions - demanding that "heads should roll".

Informe Canadá

Defensa radiotelevisión pública australiana

¿Cómo es posible que la sociedad no haya sido capaz de detectar que la familia de Jordi Pujol, símbolo de honradez política, amasase una fortuna de1.800 millones de euros según el Ministerio del Interior? ¿Cómo puede ser que hasta ahora no hayamos conocido que el Partido Popular llevaba décadas financiándose ilegalmente?¿O que hasta ahora no supiésemos que hacia 2007 el gobierno del PSOE perdonó una deuda de 3.400 millones de euros a la compañías eléctricas? Estas preguntas nos llevan a otras y entre ellas, dos singulares que enmarcan la presente reflexión 1)¿Sin ese tipo de información los ciudadanos pueden tomar las decisiones que les corresponden en una democracia? y 2)¿Qué ha permitido a la sociedad conocer y acometer AHORA estas cuestiones?.

La Junta Directiva de la Federación, se ha hecho eco de las denuncias que se están produciendo en España contra el uso de los medios de comunicación de titularidad pública como plataforma propagandística, sin distinción de siglas políticas.

Por ello quiere manifestar:

1º.- Los medios públicos de información gestionados con criterios periodísticos son una garantía constitucional de libertad de información y expresión, pluralismo y rigor informativo y su convivencia con los medios privados es la mayor garantía del cumplimiento del Artículo 20 de nuestra Constitución.

2º.-La FAPE quiere mostrar su respaldo más firme a todos los periodistas que trabajan en los medios públicos de información, prensa, radio y televisión, ante los constantes ataques que sufren desde los poderos públicos propietarios de estos medios y que atentan contra los más elementales principios de los profesionales, tanto en su condición de periodistas como de trabajadores.

3º.-Hacemos un nuevo llamamiento a los responsables públicos y a sus partidos políticos para que respeten y hagan respetar la independencia en sus medios de comunicación, siendo este el mejor servicio que pueden prestar al sistema democrático y a la convivencia. Los partidos políticos con responsabilidades institucionales tienen la obligación de preservar unos medios públicos que ofrezcan servicios a los ciudadanos basados en los intereses generales y no en los de partido, con respeto absoluto al Código Deontológico de la profesión y al trabajo de los periodistas.

4º.-La Federación de Asociaciones de Periodistas de España recuerda que los poderes públicos deben ser especialmente escrupulosos en el respeto a la independencia de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, y dar ejemplo diario rechazando prácticas abusivas y contrarias al espíritu constitucional, como el nombramiento de cargos directivos en los medios sin capacitación alguna y por su adscripción política, la convocatoria de ruedas de prensa sin preguntas, el uso de la publicidad como forma de presión a los medios, la discriminación, marginación y despido en las empresas de profesionales independientes y de prestigio o la imposición de bloques electorales, entre otras muchas prácticas deleznables que pretenden anular a la profesión y presentar a los medios como meros soportes de propaganda.

La FAPE quiere recordar que es preciso instaurar medidas como la profesionalización de la gestión, la creación de planes estratégicos que fijen los recursos de producción (interna y externa) y los aspectos financieros, dotar de más recursos a los servicios informativos y establecer una rendición de cuentas de los responsables de los medios.

Reproducimos, por su interés, este estudio realizado por el Instituto de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona.

El mecanismo de los bloques electorales que se aplica durante las campañas electorales en los medios públicos tanto catalanes como del resto del Estado constituye un sistema controvertido de protección del pluralismo controvertido. El presente artículo describe la historia de la aplicación de los bloques electorales en España y contrasta dicho mecanismo con aquéllos de protección del pluralismo político aplicados a nuevos países de la Unión Europea. El resultado muestra una politización considerable del caso catalán/español.