[swissinfo]

El voto de este domingo (14.6) en el que se aprobó el nuevo sistema para el cobro generalizado del servicio público de radio y televisión nacional no apaciguará el debate sobre la función del ente encargado de este mandato, la SSR SRG, del que forma parte swissinfo. La prensa de este lunes reclama que se retomen rápidamente las discusiones políticas sobre el tema.
¡"Es una bofetada para la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SSR)! La cuota de radio y TV desciende de 462 a 400 francos y pese a ello, los suizos aceptan por poco la ley", indica el Blick, el diario más popular de Suiza.

Por tan solo 3 696 votos a favor, pasó la rampa la nueva legislación de Radio y TV de Suiza. El 50,08% de boletas de apoyo a la ley coloca el referéndum de hoy entre los más cerrados en 25 años. Algo queda claro de esto: el debate sobre el servicio público es necesario e importante, indica la SRG SSR.

Para entender este asunto que llegó a las urnas este domingo, hay que comenzar diciendo que el Parlamento de Suiza aprobó la revisión de la Ley Federal de Radio y Televisión (LRTV) el 26 de septiembre de 2014 por 137 votos contra 99 y 7 abstenciones.
En esta legislación se contempla que en el futuro todos los hogares y empresas tendrán que pagar el canon destinado a la prestación de la radio y televisión públicas, y esto, independientemente del receptor que los usuarios tengan, es decir, también aquellos que reciben emisiones, vía internet, deben cubrir este pago, que según el gobierno será de menos de 400 francos anuales. De este modo, esta tasa generalizada a todos los hogares reemplazará el cobro actual sobre aparatos de radio y televisión.
La modificación se producirá probablemente en 2018 o 2019.
Se prevé eximir del pago a las compañías que facturen menos de 500 000 francos al año, a los ciudadanos que cobren prestaciones (sociales) complementarias o residan en un albergue para la tercera edad. Los hogares que puedan demostrar que no disponen de radio, televisión ni conexión a internet podrán librarse durante cinco años de este canon.
El canon se pagará por hogar y no por persona. La mayor parte de los ingresos van destinados a la Sociedad –Suiza de Radio y Televisión, SRG SSR, el ente público nacional del que forma parte swissinfo.ch. A cambio, la SRG SSR debe cumplir su función de servicio público, o sea, dedicar esos ingresos también a las regiones lingüísticas menos pobladas (las de habla francesa, italiana y romanche).

Por su interés, reproducimos esta noticia publicada por "el país" el dia 10 de Marzo de 2011

Un año después de la reforma financiera de RTVE, la situación económica de la televisión pública es crítica. No porque haya disparado los gastos, sino porque las televisiones privadas y las operadoras de telecomunicaciones -que deben destinar un porcentaje de sus ingresos a sufragar RTVE- no han ingresado en sus arcas las cantidades previstas.

[La Voz de Galicia]

¿Puede alguien acabar en la cárcel por no querer ayudar a financiar los medios de comunicación? En Alemania, por lo que parece, sí. Al menos eso es lo que le ocurrió a una mujer de 46 años, a quien las autoridades trasladaron a un centro penitenciario de Chemnitz (en el este del país) el pasado 5 de febrero, tras comprobar que desde el 2013 no había pagado la cuota obligatoria al organismo de la radiotelevisión pública. La ciudadana oriunda de Turingia se negó además a que le embargaran sus pertenencias para compensar el impago, e insistió en que la tarifa es inconstitucional.

«Nunca he protestado ni ignorado los escritos, solo quería que la justicia me explicara la legalidad de esa contribución. Veremos lo que ocurre...», declaró al diario Welt am Sonntag la acusada, que dijo no tener radio ni televisión en casa y que fue puesta en libertad el 5 de abril, después de pasar dos meses en prisión. Quizás sea el caso que más revuelo ha provocado, pero no es el único. Según datos oficiales, a finales del 2014 había 4,5 millones de hogares, empresas o instituciones que no pagaban dicha tarifa, o que solo lo hacían tras ser reprimidos por la vía legal. Es decir, casi un 10 % del total de los contribuyentes.

Entre ellos figura incluso algún político, como la vicepresidenta de la formación ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), Beatrix von Storch, a quien le intervinieron las cuentas a principios de abril, por deber 240 euros al organismo reponsable de hacer caja para los medios públicos. Von Storch está decidida a proseguir con su acto de «insumisión civil», explicó hace unos días Ronald Gläser, portavoz de la filial berlinesa de AfD, que propone la supresión de la tasa a partir del 2018.

Pero el viernes pasado, el Tribunal Constitucional envió una señal muy distinta, cuando desestimó varias demandas presentadas contra el controvertido sistema de financiación. Los partidarios aseguran que garantiza el carácter imparcial del periodismo, mientras los detractores denuncian que se trata de un impuesto encubierto. El debate está servido, y es tan antiguo como la propia tarifa, que data de los años 20.

Bautizada primero como GEZ (sistema de recaudación de cuotas, por sus siglas en alemán), el importe se establecía según el tipo y el número de aparatos que tuviera cada hogar. No obstante, a partir del 2013, cambió su nombre por el de «cuota de la radiotelevisión pública», y empezó a fundamentarse en la idea de que, a raíz de la revolución digital, los dispositivos no son necesarios para ver la tele o escuchar la radio, ya que se puede hacer mediante teléfonos móviles y tabletas.

El derribo de la radiotelevisión pública en Suiza habría sido un mazazo para el pluralismo y también contra la democracia en Europa. Afortunadamente, en el referéndum celebrado el 4 de marzo, los suizos –por una mayoría notable, 71,6%- han rechazado anular el canon o impuesto que pagan para el mantenimiento de los servicios públicos de radio y televisión.
Billag es el nombre del ente que organiza la percepción y el cobro del canon audiovisual en Suiza (al menos hasta 2019), de modo que la campaña para liquidar la radiotelevisión pública fue lanzada con el lema NO BILLAG.

[Asahi Shimbun]

For the first time, the Supreme Court on Oct. 25 heard arguments on whether Japan Broadcasting Corp. (NHK) can legally force citizens to pay subscription fees to the public broadcaster.

The top court’s ruling is expected before the end of the year, and all 15 justices will decide the case, given its wide-ranging ramifications.

At the heart of the matter is the lack of a clear provision in the Broadcast Law that obligates households and businesses to pay subscription fees to NHK for its programming and other operations.

NHK has used regulations authorized by the communications minister to collect the fees, which totaled 676.9 billion yen ($5.9 billion) in fiscal 2016.

The broadcaster has argued that it can collect the fees on the basis of a Broadcast Law provision that requires individuals who have installed TV reception equipment in their homes to sign contracts with NHK to receive its programs.

Más información actualizada

[ABC]

Tras siete años con la tarifa congelada, el Gobierno ha anunciado que el canon televisivo que financia a la BBC subirá a partir del 1 de abril. Pasará de las 145,5 libras al año actuales a 147. Es decir, cada ciudadano que quiera ver la televisión o escuchar la radio, sea en el soporte que sea, tendrá que pagar el equivalente a 171,4 euros al año. Este sistema de financiación permite sostener una televisión pública excelente, que es una de las banderas del llamado «poder blando» británico en todo el mundo.

La BBC cuenta actualmente un presupuesto anual de más de 5.700 millones de euros. No ofrece publicidad y costea su inmensa estructura con el canon anual, que deben pagar, so pena de multas severas, todos los residentes en el Reino Unido que utilizan una radio, un televisor o ven los programas televisivos a través de un ordenador u otros soportes. Cada año son juzgadas unas 3.000 personas por ver la tele sin abonar el canon y se han llegado a fallar algunas penas de cárcel.

Vehículos anónimos barredores de la señal peinan las calles británicas. De manera automática, cruzan los datos de quienes están viendo la televisión con el registro de pagadores del canon. Con este método se detecta a quienes ven los espacios televisivos o escuchan la radio de manera pirata, sin pasar por la taquilla pública.

[La Voz de Galicia]

¿Puede alguien acabar en la cárcel por no querer ayudar a financiar los medios de comunicación? En Alemania, por lo que parece, sí. Al menos eso es lo que le ocurrió a una mujer de 46 años, a quien las autoridades trasladaron a un centro penitenciario de Chemnitz (en el este del país) el pasado 5 de febrero, tras comprobar que desde el 2013 no había pagado la cuota obligatoria al organismo de la radiotelevisión pública. La ciudadana oriunda de Turingia se negó además a que le embargaran sus pertenencias para compensar el impago, e insistió en que la tarifa es inconstitucional.

«Nunca he protestado ni ignorado los escritos, solo quería que la justicia me explicara la legalidad de esa contribución. Veremos lo que ocurre...», declaró al diario Welt am Sonntag la acusada, que dijo no tener radio ni televisión en casa y que fue puesta en libertad el 5 de abril, después de pasar dos meses en prisión. Quizás sea el caso que más revuelo ha provocado, pero no es el único. Según datos oficiales, a finales del 2014 había 4,5 millones de hogares, empresas o instituciones que no pagaban dicha tarifa, o que solo lo hacían tras ser reprimidos por la vía legal. Es decir, casi un 10 % del total de los contribuyentes.

Entre ellos figura incluso algún político, como la vicepresidenta de la formación ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), Beatrix von Storch, a quien le intervinieron las cuentas a principios de abril, por deber 240 euros al organismo reponsable de hacer caja para los medios públicos. Von Storch está decidida a proseguir con su acto de «insumisión civil», explicó hace unos días Ronald Gläser, portavoz de la filial berlinesa de AfD, que propone la supresión de la tasa a partir del 2018.

Pero el viernes pasado, el Tribunal Constitucional envió una señal muy distinta, cuando desestimó varias demandas presentadas contra el controvertido sistema de financiación. Los partidarios aseguran que garantiza el carácter imparcial del periodismo, mientras los detractores denuncian que se trata de un impuesto encubierto. El debate está servido, y es tan antiguo como la propia tarifa, que data de los años 20.

Bautizada primero como GEZ (sistema de recaudación de cuotas, por sus siglas en alemán), el importe se establecía según el tipo y el número de aparatos que tuviera cada hogar. No obstante, a partir del 2013, cambió su nombre por el de «cuota de la radiotelevisión pública», y empezó a fundamentarse en la idea de que, a raíz de la revolución digital, los dispositivos no son necesarios para ver la tele o escuchar la radio, ya que se puede hacer mediante teléfonos móviles y tabletas.

[swissinfo]

El voto de este domingo (14.6) en el que se aprobó el nuevo sistema para el cobro generalizado del servicio público de radio y televisión nacional no apaciguará el debate sobre la función del ente encargado de este mandato, la SSR SRG, del que forma parte swissinfo. La prensa de este lunes reclama que se retomen rápidamente las discusiones políticas sobre el tema.
¡"Es una bofetada para la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SSR)! La cuota de radio y TV desciende de 462 a 400 francos y pese a ello, los suizos aceptan por poco la ley", indica el Blick, el diario más popular de Suiza.

Por tan solo 3 696 votos a favor, pasó la rampa la nueva legislación de Radio y TV de Suiza. El 50,08% de boletas de apoyo a la ley coloca el referéndum de hoy entre los más cerrados en 25 años. Algo queda claro de esto: el debate sobre el servicio público es necesario e importante, indica la SRG SSR.

Para entender este asunto que llegó a las urnas este domingo, hay que comenzar diciendo que el Parlamento de Suiza aprobó la revisión de la Ley Federal de Radio y Televisión (LRTV) el 26 de septiembre de 2014 por 137 votos contra 99 y 7 abstenciones.
En esta legislación se contempla que en el futuro todos los hogares y empresas tendrán que pagar el canon destinado a la prestación de la radio y televisión públicas, y esto, independientemente del receptor que los usuarios tengan, es decir, también aquellos que reciben emisiones, vía internet, deben cubrir este pago, que según el gobierno será de menos de 400 francos anuales. De este modo, esta tasa generalizada a todos los hogares reemplazará el cobro actual sobre aparatos de radio y televisión.
La modificación se producirá probablemente en 2018 o 2019.
Se prevé eximir del pago a las compañías que facturen menos de 500 000 francos al año, a los ciudadanos que cobren prestaciones (sociales) complementarias o residan en un albergue para la tercera edad. Los hogares que puedan demostrar que no disponen de radio, televisión ni conexión a internet podrán librarse durante cinco años de este canon.
El canon se pagará por hogar y no por persona. La mayor parte de los ingresos van destinados a la Sociedad –Suiza de Radio y Televisión, SRG SSR, el ente público nacional del que forma parte swissinfo.ch. A cambio, la SRG SSR debe cumplir su función de servicio público, o sea, dedicar esos ingresos también a las regiones lingüísticas menos pobladas (las de habla francesa, italiana y romanche).

Por su interés, reproducimos esta noticia publicada por "el país" el dia 10 de Marzo de 2011

Un año después de la reforma financiera de RTVE, la situación económica de la televisión pública es crítica. No porque haya disparado los gastos, sino porque las televisiones privadas y las operadoras de telecomunicaciones -que deben destinar un porcentaje de sus ingresos a sufragar RTVE- no han ingresado en sus arcas las cantidades previstas.