[Hoy]

La Asamblea de Extremadura ha elegido hoy, con los votos a favor del PSOE, Podemos y C's, y la abstención del PP, a Carmen Santos Garaicoechea como directora general de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma).

Su propuesta de nombramiento fue rechazada por el pleno del Parlamento extremeño en una primera votación el pasado 19 de noviembre, ya que el PP también se abstuvo y entonces se requería para que su nombre saliera adelante el respaldo de los tres quintos de la Cámara, es decir mayoría cualificada.

En una segunda votación, el nombramiento de su director general ya puede salir por mayoría simple.

[Tercera Información]

La radiotelevisión pública Canal Extremadura ha publicado en su página web "una escueta nota en la que hacía oficial la adjudicación del mayor contrato de contenidos de Canal Extremadura a la empresa aragonesa Factoría Plural. La resolución del expediente está firmada por la directora general Beatriz Maesso e indica que "he resuelto adjudicar la ejecución del contrato referido a la entidad Factoría Plural por ser la entidad que ha presentado la propuesta que ha resultado en su conjunto más ventajosa conforme a los criterios establecidos".

Políticamente, la adjudicación del mayor contrato de la televisión extremeña en el tiempo de descuento de una legislatura y con hipotecas a dos años en su programación también contó con la oposición del PSOE y Podemos.

Se da la circunstancia de que este mega concurso no llegó siquiera a ser debatido en el Consejo de Administración de Canal Extremadura porque el presidente de la Corporación , Joaquín Paredes (IU), con el respaldo del PP evitó ese debate alegando que el consejo no tenía competencias en este asunto.

El contrato, que hipoteca a Canal TV y entrega a una empresa no extremeña, de Zaragoza, las plusvalías económicas de esta gran adjudicación de cuatro a seis millones de euros, ha sido repudiado en los últimos meses, desde que se conoció, por todo el arco político a excepción del PP y la IU de Pedro Escobar, por el comité de empresa, por varios sindicatos, o por casi todo el sector audiovisual extremeño.

La representación de los profesionales de la radiotelevisión pública extremeña quiere expresar su más profundo rechazo al anuncio realizado hoy por la dirección del ente de continuar con la privatización de los informativos de la televisión pública. En primer lugar, el comité de empresa manifiesta que ello supone continuar con la línea de la anterior dirección y mercantilizar el derecho constitucional a la información, razón de ser de los medios públicos.

Desmentimos tajantemente que estos servicios se traten de un servicio de apoyo, como manifiesta el canal en nota de prensa, sino que supone una privatización parcial del personal que realiza los informativos, principal área de producción del personal del ente. Datos como que más del doble de los cámaras o del personal de la provincia de Cáceres que trabajan para los informativos esté privatizado así lo indican.

Además, las licitaciones de servicios como este suponen partidas presupuestarias fijas. Un dinero que compromete el presupuesto reduciendo las opciones de lidiar con las posibles adversidades económicas, como la que atraviesa actualmente la CEXMA. Sirva como ejemplo el actual conflicto abierto entre Trovideo y el canal autonómico.

Asimismo, tal y como reconoce la CEXMA, las licitaciones de servicios estructurales generan derechos de subrogaciones del personal adscritos a ellos lo que también puede tener consecuencias para el canal y la dimensión de su plantilla, cuyo crecimiento queda fuera del control de la radiotelevisión pública a consecuencia de la privatización.

La privatización no solo implica posibles problemas para la viabilidad de la empresa, sino que además impide la creación de empleo público estable, el derecho a la promoción interna o la movilidad geográfica y repercute negativamente en las condiciones laborales. Además, este sistema de privatización parcial se ha demostrado altamente ineficaz, con múltiples incidencias y quejas por parte de los responsables de los informativos. Apuntar también, que la privatización no solo afecta a cámaras y periodistas, sino también a numeroso personal técnico.

Recordamos que la plantilla de Canal Extremadura hemos luchado fervientemente contra la privatización, uno de los motivos que nos llevaron a dos huelgas en el año 2014 .

También recordamos que está pendiente una reforma de la Ley de la CEXMA, anunciada en diciembre por el gobierno regional para antes del final de mitad de 2016, de la que no hemos vuelto a tener noticia alguna. Una reforma que PSOE y PREX-CREX intentaron en la anterior legislatura en la que se incluía la prohibición de “ceder a terceros la producción y edición de programas informativos” o la exigencia de producir internamente los contenidos informativos. Por ello esperamos que la Junta de Extremadura haga replantearse al canal su apuesta por la privatización. Es urgente la reforma inmediata de la ley del ente público, como prometió el actual gobierno regional, e instamos a los distintos partidos a que definan su modelo de radiotelevisión pública.

El sindicato Asamblea Audiovisual de Extremadura, Asaex, ha reprochado las condiciones de los trabajadores que desde el sector privado trabajan para la televisión autonómica Canal Extremadura, con sueldos muy bajos, inestabilidad laboral y cada vez más parados a la vista de la escasa contratación por parte del Ente con las empresas productoras privadas.

Entre otros remedios piden mayor control en las contrataciones de programas, y la estabilidad directiva en el Ente, que ahora está con dirección y secretaría general en funciones a la espera de que los partidos políticos se pongan de acuerdo sobre el director general que ha propuesto la Junta.

Como ejemplo de penurias ponen los salarios en la empresa contratista de coberturas informativas, que da apoyo a los trabajadores de plantilla de Canal TV cubriendo ruedas de prensa y noticias a las que estos últimos no llegan.

Se encuentran, afirman, “ejemplos sangrantes” en contrataciones “poco éticas” que no respetan el convenio, como el caso de la productora encargada del servicio de coberturas informativas, con salarios en media jornada que no alcanzan los 15€ netos y jornadas completas por 30€, con cambios de horarios continuos y sin contemplar complementos de disponibilidad o nocturnidad.

En puestos de coordinación de equipos la realidad es aún peor: jornadas maratonianas de 14 horas por 36€ netos según Asaex.

Otro hándicap para los profesionales del sector es la creación masiva de contratos en prácticas frente a la escasez de empleo de calidad.

[El Periódico de Extremadura]

La Directora General de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales de Extremadura (CEXMA), Carmen Santos Garaicoechea, ha dirigido esta tarde un escrito al Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, poniendo su cargo a disposición "ante la imposibilidad de llevar a cabo el proyecto audiovisual que presentó al concurso público convocado por el gobierno regional en agosto de 2015 para ocupar este puesto".

En el escrito emitido desde el ente público señala que "la propuesta de nombramiento de Carmen Santos llegó a la Asamblea de Extremadura a proposición del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, tras elegir por primera vez al director general de la radiotelevisión pública extremeña a través de concurso público".

La representación de los profesionales de la radiotelevisión pública extremeña quiere expresar su más profundo rechazo al anuncio realizado hoy por la dirección del ente de continuar con la privatización de los informativos de la televisión pública. En primer lugar, el comité de empresa manifiesta que ello supone continuar con la línea de la anterior dirección y mercantilizar el derecho constitucional a la información, razón de ser de los medios públicos.

Desmentimos tajantemente que estos servicios se traten de un servicio de apoyo, como manifiesta el canal en nota de prensa, sino que supone una privatización parcial del personal que realiza los informativos, principal área de producción del personal del ente. Datos como que más del doble de los cámaras o del personal de la provincia de Cáceres que trabajan para los informativos esté privatizado así lo indican.

Además, las licitaciones de servicios como este suponen partidas presupuestarias fijas. Un dinero que compromete el presupuesto reduciendo las opciones de lidiar con las posibles adversidades económicas, como la que atraviesa actualmente la CEXMA. Sirva como ejemplo el actual conflicto abierto entre Trovideo y el canal autonómico.

Asimismo, tal y como reconoce la CEXMA, las licitaciones de servicios estructurales generan derechos de subrogaciones del personal adscritos a ellos lo que también puede tener consecuencias para el canal y la dimensión de su plantilla, cuyo crecimiento queda fuera del control de la radiotelevisión pública a consecuencia de la privatización.

La privatización no solo implica posibles problemas para la viabilidad de la empresa, sino que además impide la creación de empleo público estable, el derecho a la promoción interna o la movilidad geográfica y repercute negativamente en las condiciones laborales. Además, este sistema de privatización parcial se ha demostrado altamente ineficaz, con múltiples incidencias y quejas por parte de los responsables de los informativos. Apuntar también, que la privatización no solo afecta a cámaras y periodistas, sino también a numeroso personal técnico.

Recordamos que la plantilla de Canal Extremadura hemos luchado fervientemente contra la privatización, uno de los motivos que nos llevaron a dos huelgas en el año 2014 .

También recordamos que está pendiente una reforma de la Ley de la CEXMA, anunciada en diciembre por el gobierno regional para antes del final de mitad de 2016, de la que no hemos vuelto a tener noticia alguna. Una reforma que PSOE y PREX-CREX intentaron en la anterior legislatura en la que se incluía la prohibición de “ceder a terceros la producción y edición de programas informativos” o la exigencia de producir internamente los contenidos informativos. Por ello esperamos que la Junta de Extremadura haga replantearse al canal su apuesta por la privatización. Es urgente la reforma inmediata de la ley del ente público, como prometió el actual gobierno regional, e instamos a los distintos partidos a que definan su modelo de radiotelevisión pública.

[Hoy]

La Asamblea de Extremadura ha elegido hoy, con los votos a favor del PSOE, Podemos y C's, y la abstención del PP, a Carmen Santos Garaicoechea como directora general de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma).

Su propuesta de nombramiento fue rechazada por el pleno del Parlamento extremeño en una primera votación el pasado 19 de noviembre, ya que el PP también se abstuvo y entonces se requería para que su nombre saliera adelante el respaldo de los tres quintos de la Cámara, es decir mayoría cualificada.

En una segunda votación, el nombramiento de su director general ya puede salir por mayoría simple.

[Tercera Información]

La radiotelevisión pública Canal Extremadura ha publicado en su página web "una escueta nota en la que hacía oficial la adjudicación del mayor contrato de contenidos de Canal Extremadura a la empresa aragonesa Factoría Plural. La resolución del expediente está firmada por la directora general Beatriz Maesso e indica que "he resuelto adjudicar la ejecución del contrato referido a la entidad Factoría Plural por ser la entidad que ha presentado la propuesta que ha resultado en su conjunto más ventajosa conforme a los criterios establecidos".

Políticamente, la adjudicación del mayor contrato de la televisión extremeña en el tiempo de descuento de una legislatura y con hipotecas a dos años en su programación también contó con la oposición del PSOE y Podemos.

Se da la circunstancia de que este mega concurso no llegó siquiera a ser debatido en el Consejo de Administración de Canal Extremadura porque el presidente de la Corporación , Joaquín Paredes (IU), con el respaldo del PP evitó ese debate alegando que el consejo no tenía competencias en este asunto.

El contrato, que hipoteca a Canal TV y entrega a una empresa no extremeña, de Zaragoza, las plusvalías económicas de esta gran adjudicación de cuatro a seis millones de euros, ha sido repudiado en los últimos meses, desde que se conoció, por todo el arco político a excepción del PP y la IU de Pedro Escobar, por el comité de empresa, por varios sindicatos, o por casi todo el sector audiovisual extremeño.