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[ABC]

El desencuentro entre los cuatro principales partidos políticos mantiene estancada la renovación del Consejo de Administración de RTVE. La reunión conjunta que celebraron ayer las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado no alumbró un mandato que determinase cómo proceder después de que el 31 de diciembre expirase el plazo determinado por la ley, aprobada en septiembre de 2017, para poner en marcha un concurso público que eligiese al nuevo organismo regulador de la cadena pública.

La propia norma determina que si no se ha aprobado el reglamento para el concurso se proceda a la renovación según «el procedimiento vigente». Pero los partidos diferían sobre si esto se refiere a las mayorías de la nueva norma (dos tercios) o si esta no es aplicable al no estar desarrollada por completo y basta con la mayoría absoluta que se estableció en 2012.

Ayer volvió a visibilizarse el desacuerdo. El PP nunca ha mostrado interés por renovar inmediatamente al Consejo de RTVE, mientras que el PSOE ha defendido el sistema recogido en la ley que impulsó el pasado año, pero sin concurso público. Unidos Podemos finalmente accederá a dejar de lado el concurso público tras defenderlo firmemente junto a Ciudadanos. Los de Iglesias aceptan que, en esta ocasión, el ente se renueve sin utilizar el sistema que recoge la nueva ley. Su portavoz en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE, Noelia Vera, explicó que su formación cede en este punto «dada la situación de urgencia para echar a José Antonio Sánchez y a la cúpula de RTVE a través de un acuerdo entre los grupos». Sin embargo, ponen una condición: que la renovación se haga mediante el respaldo de una mayoría absoluta de la Cámara a los candidatos, como apunta un informe de los letrados, pero con la condición de que estén avalados por, al menos, cuatro grupos parlamentarios, lo que impide un acuerdo entre el PP y el PSOE.

Lunes, 12 Febrero 2018 18:34

Bloqueo en RTVE

[Editorial de El País]

La incapacidad para pactar la renovación del consejo de administración y la presidencia de RTVE es una muestra más de la parálisis que aqueja al Congreso de los Diputados. Hace cinco meses que se reformó la ley para recuperar la independencia de la radio y la televisión pública y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos y no se ha avanzado ni un milímetro.

Los partidos se han enrocado en la fórmula para designar a la cúpula directiva de RTVE y el resultado es un indeseado inmovilismo. La ley prevé que los candidatos sean elegidos mediante un concurso público y cuenten con el visto bueno de dos tercios del Parlamento. Si en una primera votación no alcanzan ese respaldo, en la segunda solo sería necesaria mayoría absoluta y el apoyo de al menos la mitad de los grupos.

Este sistema garantiza un amplio consenso. Pero hace más de un mes que finalizó el plazo legalmente marcado para diseñar el marco del concurso sin que los grupos parlamentarios —en un síntoma de dejadez, apatía o cálculo partidista— movieran ficha. La ley, no obstante, prevé desbloquear la situación recurriendo al procedimiento vigente antes de la reforma del pasado septiembre. Es decir, dando un paso atrás y utilizando la fórmula que impuso el PP en 2012, que solo exige mayoría absoluta para nombrar al presidente de RTVE.

[Infolibre]

Los letrados de las Cortes han abierto con el informe conocido este jueves la puerta a la renovación de la cúpula de RTVE por medio de un posible acuerdo entre las principales fuerzas políticas. Se aparca de este modo el concurso público para su selección, contenido en la ley aprobada en septiembre, pero que no sido llevada a efecto en el plazo de tres meses previstos para su constitución.

Tras este documento, serán las Mesas de Congreso y Senado, que se reúnen el próximo lunes, quienes habrán de marcar las normas y plazos para la presentación, por parte de los grupos políticos, de los candidatos que serán posteriormente votados por los respectivos plenos de ambas cámaras.

"Sería posible proceder a la renovación del Consejo en su totalidad, aun cuando no se haya aprobado todavía la normativa de desarrollo de la Ley 5/2017. Aprobación que, sin embargo, se sigue considerando necesaria", se dice en el texto de los letrados, que dejan abierto si el procedimiento a utilizar para la aprobación de las candidaturas sería el de la ley impuesta por Rajoy en 2012 –bastaría con mayoría absoluta en segunda votación–, o la sancionada en septiembre –que exige el apoyo de cuatro grupos parlamentarios–.

[Dircomfidencial]

En los nueve años que lleva en vigor el Mandato Marco, Radio Televisión Española (RTVE) todavía no ha sido capaz de cumplir los objetivos mínimos de producción propia. El documento, aprobado en diciembre de 2007, estipula que el 55% de la parrilla de entretenimiento debe realizarse con recursos propios. Teóricamente, en el caso de los programas informativos debería ser el 100%.

En 2016 la corporación volvió a ceder una parte de la confección de su parrilla a terceros, si bien camino muy cerca de los porcentajes fijados, más que nunca otro año. Pero, a fin de cuentas, la producción interna en la programación de entretenimiento y demás variedades se quedó en el 52,3%, tal y como figuraba en el informe de gestión correspondiente al ejercicio 2016 disponible en la página de Transparencia de RTVE.

 

[Infolibre]

Lo urgente y lo importante para la renovación de RTVE han sido los dos principales términos presentes en las reuniones de una delegación del PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, con el Comité de Empresa y los Consejos de Informativos en la sede de Torrespaña. Lo urgente se sitúa en la renovación del Consejo de Administración, y elección de un nuevo presidente que sustituya a José Antonio Sánchez; lo importante, un nuevo modelo de empresa que acabe con la falta de plantilla o estudios y permita reducir la externalización de buena parte de la programación.

El énfasis en lo primero ha corrido de parte de la representación profesional de los Consejos, mientras que la representación laboral ha insistido en lo segundo, sin dejar de compartir la condena a la manipulación informativa protagonizada por la actual dirección.

Pedro Sánchez ha resumido los encuentros en su cuenta de Twitter. "Reunidos con representantes sindicales de RTVE y con su Consejo de Informativos. Urge la renovación de su Consejo de Admón. Sus decisiones comprometen el futuro del ente público. Compartimos la necesidad de una RTVE pública, independiente y de calidad. Trabajamos para lograrlo".

Por Sergio Ferrari, desde Berna, Suiza

En el fondo, se trata –una vez más- de la lucha por la información como bien público y no como simple mercancía. Y hablamos de un país, Suiza, donde la paz social parece tener la fuerza de un mandamiento bíblico y donde las huelgas se cuentan con los dedos de una mano. Es allí donde los periodistas de la ATS (agencia nacional, o literalmente, Agencia Telegráfica Suiza iniciaron esta última semana de enero un paro laboral por tiempo indeterminado. Esa huelga que muchos llaman “huelga coraje” o “de los valientes”, comenzó el martes 30. De momento, ha servido para sacar del anonimato a los históricos “agencieros”, es decir a los periodistas -sin nombre ni firma- que producen la más rica información de base. Quizá hay que decirlo también, como en cualquier país del mundo. Esa protesta ha situado en el centro del debate público helvético el concepto mismo de la información.

La huelga de este fin de enero, dio continuidad a otra previa de tres horas y realizada el martes 23 de enero, a través de la cual la redacción de la ATS lanzaba una advertencia al Consejo de Administración si no avanzaba –de verdad- la negociación entre las partes. Días antes, la dirección de la ATS había comunicado de repente un paquete de recortes económicos que implica la reducción de un 25 % de sus efectivos. Esas “economías” significan el despido directo o la disminución obligada de la jornada laboral para 40 empleados. El golpe implica a unos 60 periodistas con dedicación parcial-, sobre un total de 150 puestos con los que cuenta la agencia.

Los principales afectados son las y los jóvenes que realizaban su primera experiencia profesional, así como las y los periodistas de más de 60 años de edad, muchos de los cuales tienen tras de sí tres o cuatro décadas de experiencia en la misma ATS. Son quienes constituyen juntos un capital profesional y humano irremplazable.

Esa decisión del Consejo de Administración representa un cambio abrupto e inconsulto, sobre la definición y la esencia misma de la ATS. Y aunque desde su fundación (en 1895), la ATS tiene una estructura jurídica de empresa privada, cuenta también desde su nacimiento con una Carta de Principios que define “al producto de base” (flujo informativo diario) como “servicio público”, sin fines de rentabilidad o lucro. Este aspecto es decisivo, desde luego.

Dando muestras de un enorme oportunismo, en las últimas horas, la actual dirección de la ATS, borró de su sitio web esa Carta de Principios. En paralelo, el CEO (director ejecutivo) de la misma, Markus Schwab, declaraba en una entrevista dominical “no deberle nada a nadie” – ni al público, ni al personal, ni a la sociedad- sino, solamente, “a sus accionistas”, despreciando así por completo la responsabilidad ciudadana de la agencia nacional de noticias.

Los principales “clientes” de la misma son la Radio y Televisión Pública (SSR); el Gobierno suizo; así como un grupo de editores de prensa privados que están detrás de esas medidas de economía y reestructuración que sacrifican al personal.

La huelga de los periodistas, liderada por una juvenil y colectiva Comisión de Redacción (CORE) y apoyada en primera línea por el Sindicato de la Comunicación SYNDICOM, así como por la asociación Impressum, ha ganado la simpatía mayoritaria de todos los medios de prensa. Sin excepción. También de la sociedad civil en general -sindicatos, asociaciones, ONG, etcétera-, así como de buena parte de la clase política e importantes personalidades de los gobiernos cantonales y del propio gobierno nacional. Doris Leuthard, responsable de un megaministerio que incluye la Oficina Federal de Comunicación, expresó su comprensión por la lucha de los hombres y mujeres de prensa y propuso el diálogo razonable entre contrapartes sociales.

Diálogo que la dirección de la ATS rechaza aceptar de verdad. Es incapaz de adelantar a su personal una estrategia clara de futuro en l que la calidad y la cantidad de la producción de noticias puedan asegurarse. Donde el rol del aporte de la ATS a la integración nacional pueda continuar existiendo como premisa (la única agencia que asegura su servicio en las tres lenguas oficiales, es decir alemán, francés e italiano). Y en la cual, la responsabilidad ciudadana que ha jugado la agencia nacional – produciendo un tipo de información de gran calidad reconocido por todo el espectro mediático nacional- pueda seguir operando a favor de un verdadero reforzamiento de la democracia en la diversidad en una Confederación (Suiza) que nuclea cuatro regiones lingüísticas y 26 cantones (que son provincias descentralizadas, con gran poder de decisión y autonomía).

Huelga corajuda y ya “histórica”. Es la primera vez que en la ATS se hace una huelga en sus 123 años de existencia y es una de las primeras veces que el gremio periodístico convoca a una medida de este tipo por tiempo indeterminado. Movilización ciudadana que refuerza el debate ya presente en la sociedad suiza sobre el significado mismo de la información.
Para algunas empresas casi monopólicas como Tamedia -controla el 68 % de la cuota de mercado en el sector- dueñas de una gran parte de los diarios, revistas, grupos de publicidad etcétera, la información no es más que una mercancía y la ganancia, producto de su venta, debe alimentar los dividendos empresariales de sus accionistas.

Para parte de la clase política y una parte significativa de la sociedad civil – incluyendo sindicatos, ONG, mundo asociativo-, la información constituye un “bien público”. Es esencial para el reforzamiento de la democracia. Y por lo tanto una preciosa construcción ciudadana a la que no se le puede poner un precio de mercado sino el valor agregado propio de un cuarto pilar/poder de la democracia helvética.

Debate candente y apasionado que se recrudece no sólo a la luz de la huelga de la redacción de la ATS, sino de la próxima votación del 4 de marzo. El pueblo suizo deberá decidir en las urnas si acepta o no una iniciativa reaccionaria que propone liquidar la subvención pública a la Radio y Televisión Nacional, es decir, que conllevaría al desmantelamiento de la radio y televisión públicas.

La huelga de la Agencia Nacional de Noticias constituye, además, el mejor aporte al debate en torno a lo que puede pasar en Suiza si se aprobara el 4 de marzo esa iniciativa reaccionaria. El desmantelamiento de la ATS que propugna su dirección es el ejemplo, a pequeña escala, de lo que podría pasar a gran escala en Suiza si se aprueba el 4 de marzo la denominada Iniciativa No-Billag. La destrucción de los medios de comunicación que se consideran “servicios públicos” y el giro hacia la privatización total de la información.

 

Sergio Ferrari, es periodista y co-presidente de la Rama de Prensa del SYNDICOM, Sindicato Suizo de la Comunicación

[Bolsamanía]

Los grupos parlamentarios han decidido, ante la falta de un acuerdo, delegar en las Mesas de Congreso y Senado el sistema de renovación del Consejo de RTVE. La propia presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, ha encargado a los letrados del Congreso un informe para determinar si este proceso ha de producirse a través de candidaturas realizadas por los grupos, como plantean PP y PSOE, o a través de concurso público, como defienden Unidos Podemos y Ciudadanos.
Según la nueva Ley de RTVE, que entró en vigor en septiembre, el sistema para renovar al Consejo de la Corporación es el concurso público, pero la normativa que lo regula debía estar lista tres meses después de su puesta en marcha --el 30 de diciembre--. En el caso de no ser así, se aplicaría de forma la ley anterior, lo que se interpretó como una vuelta al texto de 2012 aprobada con la mayoría absoluta del PP, que habilita a los partidos a presentar a sus candidatos según el método tradicional.
Pero este texto es una disposición transitoria, por lo que sólo se aplicará hasta que el grupo de trabajo consiga poner en marcha la normativa del concurso, aunque lo haga fuera del primer plazo estipulado.
Así lo han defendido tanto Unidos Podemos como Ciudadanos, siendo el partido naranja quien solicitó una nueva reunión del grupo de trabajo que debe elaborar el concurso. Este encuentro, que ha tenido lugar este martes, no ha servido para acercar posturas sobre esta materia, según han señalado la portavoz morada sobre RTVE, Noelia Vera, y su homólogo de Ciudad

[RTVE]

Los portavoces parlamentarios de los distintos partidos en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE admitieron la inutilidad de las negociaciones, poco después de finalizar la reunión a puerta derrada del grupo de trabajo, informa Efe. Ahora tendrán que ser las Mesas del Congreso y Senado las que, en 2018, decidirán los siguientes pasos. Una de las opciones es ampliar las reuniones del grupo hasta dar con la fórmula para la renovación de los cargos. Ramón Moreno, portavoz popular, admitió que la reunión fue «un fracaso», sobre todo porque en su opinión la reforma de la ley se hizo «deprisa y corriendo» y con «la única dirección de que cesara el presidente de RTVE, al igual que los miembros del consejo de administración». «Los promotores de esta ley y del famoso concurso no han sido capaces de ponerse de acuerdo ni entre ellos», añadió. Así, las Mesas del Congreso y Senado deberán determinar qué ocurrirá a partir del 1 de enero y si se pasa al punto 2 de la ley y se vuelve a la elección por el anterior sistema o se abre un proceso para seguir trabajando en una norma o concurso.

[El País]

Cinco años después de su aprobación, el Tribunal Constitucional (TC) ha declarado nulos algunos aspectos de la reforma de la ley de RTVE que emprendió el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. El Grupo Parlamentario Socialista promovió un recurso de inconstitucionalidad en el que cuestionaba las argumentaciones “abstractas y ambiguas” del Gobierno para justificar cambios en la ley que regula la radio y la televisión públicas. Aquellas modificaciones, realizadas a través de un real decreto ley, recortaron de 12 a nueve el número de miembros del consejo de administración. Además, se eliminó uno de los aspectos que recogía la ley de 2006: que dos de los vocales fueran elegidos por los sindicatos más representativos (CC OO y UGT). Según el tribunal la eliminación de esta elección es inconstitucional.

El TC señala que la reducción del consejo y de su régimen retributivo no puede ampararse en una causa de “extraordinaria y urgente necesidad” y rechaza las apelaciones al “ahorro” y al “principio de austeridad”. “La exposición de motivos no relaciona la reducción del número de consejeros con la necesidad de reducir gastos ni con la garantía de un funcionamiento más eficaz y eficiente de la corporación”, dice la sentencia.

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